Hoy el Gobierno y las Farc anunciaron cómo será el mecanismo de selección de los jueces de la Jurisdicción Especial de Paz, una de las incógnitas que aún subsistía y de la que dependía en gran parte si el Tribunal de Paz iba a ser un “tribunal de las Farc” como decían los uribistas o no.
Varias dudas, especialmente aquella sobre la independencia del Tribunal, quedaron despejadas. Otras permanecen. Esto es lo bueno, lo riesgoso y lo incierto del nuevo acuerdo:
Lo más importante de este acuerdo es que quedó claro que el Tribunal de Paz no será un “Tribunal de las Farc” como lo venía diciendo el ex presidente Álvaro Uribe en todas sus intervenciones.
De acuerdo al comunicado conjunto revelado hoy, el Papa Francisco, el Secretario General de las Naciones Unidas, la Sala Penal de la Corte Suprema, la delegación en Colombia del Centro Internacional de Justicia Transicional (ICTJ), y La Comisión Permanente del Sistema Universitario del Estado (SUE) escogerán cada una a una persona para que entre los cinco delegados escojan a los magistrados que conformarán la justicia especial que juzgara a los que cometieron crímenes atroces durante el conflicto armado.
Con este mecanismo queda claro que ni las Farc ni el Gobierno escogerán directamente a aquellos que los van a juzgar, y eso ya de entrada, le concede una mayor legitimidad a la Jurisdicción Especial de Paz, de la que dependerá que haya o no impunidad.
“Estos tribunales tienen que resolver dos problemas: tener independencia y credibilidad”, dice César Rodríguez, director de Dejusticia. “Los criterios que utilizaron, unido a que los que exigen para las calidades de los magistrados, consigue que tenga credibilidad y competencia”.
También le concede credibilidad entre la gente que entre las instituciones nominadoras esté el Papa Francisco o el Secretario de las Naciones Unidas o la Corte Suprema de Justicia pues difícilmente alguien podrá decir que son delegados o manipulables por las Farc.
A otro sector, más ligado a las víctimas, le genera tranquilidad que esté el Centro para la Justicia Transicional, la organización internacional más respetada en temas de justicia transicional.
El SUE, que reúne a los rectores de las 32 universidades públicas y estatales, es el miembro nominador menos conocido y el que menos reputación tiene para la misión asignada.
Una crítica que tiene es que el voto del rector de la Universidad Nacional tiene el mismo peso que el de una universidad pequeña de provincia que tiene solo un puñado de profesores de planta. La otra es que es un mecanismo muy permeado políticamente pues los gobernadores suelen tener gran incidencia en el nombramiento de los rectores. La junta del SUE la dirige Luis Fernando Gaviria Trujillo, hermano de César Gaviria. Y por último, que su independencia frente al Gobierno no es tan clara puesto que el SUE asesora al Ministerio de Educación de acuerdo a la Ley 30.
A pesar de estas críticas, es un mecanismo que tampoco es tan fácilmente manipulable por la diversidad de los rectores que la conforman.
El hecho de que la ONU, el Papa, el Ictj y la Corte Suprema sean el origen de la justicia también le da una capa adicional de blindaje frente a la comunidad internacional.
Es más difícil para la Corte Penal Internacional decir que no cumple con los estándares internacionales un tribunal en cuya conformación participó un delegado del Secretario de Naciones Unidas (los países con asiento permanente en el consejo de seguridad de la ONU pueden pedirle a la CPI que no inicie o suspenda una investigación a un país).
Por otro lado, que la Corte Suprema de Justicia sea uno de los nominadores es interesante por dos lados: por un lado, le resta fuerza a la crítica del uribismo sobre que el Tribunal de Paz “suplanta” a la justicia colombiana pues el tribunal insigne de la justicia ordinaria tiene un papel clave en ella. Además, la persona que delegue la Corte (si es bueno) seguramente será la que más conocimiento tenga de la justicia y por ende, tendrá un liderazgo importante. Y por otro, porque es una nueva aceptación por parte de las Farc de la legitimidad de las instituciones del Estado colombiano.
"En un claro ejemplo de reconciliación, las FARC-EP para la estructuración del mecanismo de escogencia hemos confiado en una de las instituciones del Estado que más nos ha perseguido, y que, desde nuestro punto de vista, ha ejecutado el derecho penal del enemigo que la comunidad mundial de los derechos humanos ha denunciado como transgresor del derecho internacional. Habría sido fácil oponernos a ello, por sencillo ejercicio de recusación jurídica. Corresponde ahora a los tribunales penales de nuestro país mostrar que están a la altura del momento histórico, que no cabe perpetuar practicas propias de los tiempos de guerra. Para ello, qué mejor herramienta que la autonomía e independencia del poder judicial ejercida conforme al espíritu de la paz y la reconciliación. En ese camino, sin duda nos encontraremos todos los colombianos", escribió la delegación de las Farc hoy en un comunicado.
Esto también reduce las resistencias que tenía la Corte Suprema frente a la JEP por el hecho de que el nuevo tribunal tendrá la facultad de revisar sentencias de la justicia ordinaria contra actores del conflicto armado cuando entren en conflicto con las nuevas reglas de juego de la justicia transicional.
El comunicado revelado hoy dice que los integrantes del comité “seleccionarán a los magistrados por mayoría de 4/5, con un sistema de votación que promueva el consenso.”
Es decir que no es que el delegado del Papa escoja a unos magistrados y la Corte Suprema a otra sino que por lo menos cuatro tienen que ponerse de acuerdo para seleccionar a cada magistrado.
La ventaja de este mecanismo, como lo anotó el analista Héctor Riveros a La Silla, es que eso le da tranquilidad a los sectores que temían que el tribunal se preste para perseguir a un grupo específico como los uribistas. “Con este mecanismo se compensa esa preocupación”.
El riesgo del mecanismo según otra fuente experta en temas de justicia que por su trabajo no puede dar la cara es que en general las mayorías cualificadas como la de 4/5 llevan a escoger personas que no tengan enemigos y normalmente la gente que no “genera olas” también suele ser mediocre.
El ejemplo que da es el de Rodrigo Uprimny, que mucha gente tiene en mente como el perfil ideal para ese tribunal. Como Dejusticia, el centro que él fundó y que dirigía hasta hace poco, ha hecho litigio estratégico para despenalizar el aborto y a favor de temas como el matrimonio igualitario podría tener el veto de la Iglesia. Y, por otro lado, como se ha opuesto abiertamente a la rosca de Rama Judicial podría también contar con el veto de la Corte Suprema. Bastarían, entonces, esos dos para eliminar a alguien como Uprimny.
Lo mismo del otro lado. Alguien muy bueno de derecha, podría ser vetado eventualmente por el delegado de los rectores y de la ICTJ.
“No veo bloques obvios”, discrepa César Rodríguez, director de Dejusticia. Otro de los entrevistados coincide en que no hay “mangualas previas obvias” y en que en todo caso como no se trata de la elección de un solo magistrado sino de más de 40 puede haber negociaciones alrededor del “paquete” completo de magistrados. Mejor dicho, un delegado puede acordar suspender el veto de alguien que no le gusta si otro cede en uno que sí le gusta.
El otro argumento es más de tipo práctico. Y es de dónde saldrán tantas personas con las calidades para ser magistrados de este tribunal de Paz.
Según el acuerdo, todos los Magistrados deben ser abogados y deberán “estar altamente calificados y deberá incluirse expertos en distintas ramas del Derecho, con énfasis en conocimiento del DIH, Derechos Humanos o resolución de conflictos.”
Para ser elegido Magistrado del Tribunal para la Paz deberán reunirse los mismos requisitos que para ser magistrado de las altas cortes, salvo la nacionalidad colombiana para los extranjeros. Y para ser magistrado de alguna de las salas por donde entran los procesos antes de llegar al Tribunal deben reunir los mismos requisitos que para ser magistrado de Tribunal Superior de distrito judicial.
“Hay más demanda que oferta de personal muy especializado”, dice Riveros. “Queda imposible vetar a alguien como Uprimny”.
Si bien la duda mayor de la independencia quedó despejada, todavía hay unas variables inciertas.
La primera tiene que ver con el hecho de que si bien nadie tiene dudas sobre la credibilidad del Papa para esta misión, falta ver a quién delega en Colombia. Porque no será lo mismo si su delegado es la Conferencia Episcopal o si su delegado es Pastoral Social o si es el Cinep o si es el rector de derecho de la Universidad Javeriana. Lo mismo con el delegado del Secretario General de la Onu o incluso el del SUE.
Qué tan competente sea el Tribunal dependerá mucho de las calidades de los delegados que al final serán los que escogerán a los magistrados.
La segunda incertidumbre es qué pasa si estos escogidos no aceptan la misión. ¿Se autodestruirá la credibilidad del mecanismo en cinco segundos? En el comunicado dice explícitamente que esos nombres son una propuesta y que "si decidieran aceptar esta solicitud" funcionaría de la forma que explican. La Silla confirmó con fuentes de la Habana que, por lo menos el Papa, no ha aceptado todavía. Si alguno no acepta eso le quitaría credibilidad al mecanismo.
La otra incertidumbre es más de tipo jurídico. En un país de abogados, no faltarán las demandas contra la Jurisdicción Especial de Paz cuestionando la validez constitucional con dos argumentos: el que el juez escogido no existiera antes de los hechos que va a juzgar sino después; y que unos jueces de un tribunal ad hoc, incluidos unos internacionales, tengan la potestad de revisar sentencias de la Corte Suprema de Justicia.
