Al Gobierno le puede salir más caro de lo esperado que algunos sectores se sumen al SÍ. Porque aprovechando que está necesitado de votos para el plebiscito, ya hay sectores pidiendo cosas a cambio.
“Es el momento perfecto para presionar”, le dijo un alto funcionario del Gobierno a La Silla. “Aquí adentro estamos optimistas con que vamos a pasar el umbral, pero eso no quita que hay lugares donde uno va y el lenguaje es amenazante. Le dicen a uno que si no cumple rápido, pues no esperen apoyo. Cosas así”, agregó.
Éstos son los casos.
Los taxistas
Para los taxistas su voto depende de que el Gobierno saque Uber de circulación y regule Tappsi y Easy Taxi. Los últimos dos, porque según su vocero, Hugo Ospina, están usando también carros blancos para prestar el servicio.
“Nosotros en este momento estamos con el SÍ porque vemos que el Gobierno se ha puesto las pilas con el tema. Pero si nos incumplen, nos vamos con el NO”, le dijo a La Silla Ospina, quien representa, según sus cálculos, a unos 50 mil taxistas por todo el país.
Como ha contado La Silla, después de dos años y medio funcionando, el Gobierno sacó un decreto a finales del año pasado para obligar a quienes prestan el servicio de taxi de lujo a constituirse como empresas de transporte. Cosa que a la fecha no ha pasado, luego de que la Superintendencia de Transporte sancionara a Uber, obligándolos a pagar 450 millones de pesos.
“Aquí lo claro es que los que no habiliten su servicio por medio de una empresa de transporte no pueden funcionar y los que tomen un atajo los sacamos”, le dijo a La Silla el viceministro de Transporte, Alejandro Maya.
Lo más reciente y que dijo la directora nacional de Transporte y Tránsito, Ayda Lucy Ospina, es que dentro del ministerio de Trabajo ya tomaron la decisión de llevar una demanda ante un juzgado para que le de la orden al ministerio TIC de bloquear Uber.
De hecho, La Silla supo que el ministerio de Transporte ya contrató al exconsejero de estado Rafael Lafont para que haga la demanda.
Con Tappsi e EasyTaxi todavía no hay medidas concretas.
Lo cierto es que si quieren que los taxistas se vayan con el SÍ, esa demanda tendría que darse muy pronto.
Campesinos en Caquetá
En el municipio de Doncello, al oriente de Florencia, en Caquetá, cuatro mil campesinos firmaron una carta en la que condicionan su apoyo al SÍ a que saquen las petroleras de ese municipio.
Así se lo confirmó a La Silla la alcaldesa Sandra Milena Losada. “Los campesinos están muy inconformes y yo he venido tratando de hacer visible el tema de que no queremos a las petroleras aquí. Hablar de paz es aprender a escuchar a los territorios”.
Como también contamos, desde hace más de un año, hay comunidades como Valparaíso en Caquetá, plantándosele a la entrada de la petrolera china Emerald Energy en su territorio, al punto de que hace dos meses un campesino que entró en huelga de hambre (que le duró tres días).
La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) tiene mapeados hasta ahora 20 bloques petroleros en Caquetá. María Mercedes Rozo, la vicepresidenta de exploración, le dijo a La Silla hace un mes que el potencial petrolero es indeterminado. Y que eso se resolverá cuando “se adelanten actividades exploratorias en el área.” Cosa que por ahora no ha pasado.
Pero en el Doncello no quieren que esa petrolera ponga un pie, así desde hace rato haya puesto los ojos en su territorio. Y ahora condicionan la salida de la Emerald para apoyar el proceso de paz.
La Mesa Nacional de Víctimas
A manos de Alan Jara, el director de la Unidad de Víctimas, llegó una carta durante un encuentro de la Mesa Nacional de Víctimas en San Carlos, Antioquia a principios de agosto, firmada por 54 delegados en donde le dicen al presidente Santos que si no se reúne con ellos en ocho días (que ya pasaron), van a votar NO en el plebiscito.
Así se lo confirmó a La Silla un miembro de la Mesa que pidió no ser citado. “Esto es un mecanismo de presión para que el presidente nos diga de una vez si sí nos va tener en cuenta, porque en el punto de víctimas de La Habana dicen que tendremos igual representación y nos sentimos relegados. Sentimos que hay víctimas estrato 6 y que han mandado gente a Cuba que no nos representa. Nuestra posición es decir NO hasta que el Presidente no hable con nosotros. ”
Piden que se aclaren las instancias de participación de las víctimas y que les consulten sobre la pedagogía que se hará de los acuerdos con todas las víctimas.
Rosa Amelia Hernández, que está en la mesa municipal de Planeta Rica en Córdoba, también le confirmó a La Silla que por lo menos en ese departamento y en Antioquia las mesas de víctimas sienten que no hay pedagogía de los acuerdos y que por eso se van por el NO.
Dice también que lo de la carta sí pasó y que en efecto la firmaron los de la Mesa Nacional: “pero no era la forma de hacerlo porque muchos en los municipios no nos enteramos de lo de la carta sino hasta después.”
Esa Mesa Nacional de Víctimas mueve mucha gente porque tiene 1032 mesas municipales y 32 departamentales en donde hacen trabajo de recolección de denuncias de víctimas y le hacen seguimiento a procesos que pueden ir desde la restitución de un predio, hasta un caso de desplazamiento o de un desaparecido.
Según supo La Silla, desde que mandaron la carta con Jara no han recibido ninguna respuesta y hubo miembros de la Mesa que no la firmaron. “Pero igual adentro habíamos discutido que era una decisión de la plenaria y que es la única forma de que Santos nos oiga”, nos dijo que pidió no ser citada.
Los camioneros
Desde que se levantó el paro camionero hace unos veinte días, ese sector insiste en que no se han cumplido algunas promesas y que si no se cumplen, ellos también van a votar NO.
“Los peajes no han bajado. Al contrario, nos han subido algunos como por ejemplo en Puerto López. Tenemos compañeros a los que les están llegando citaciones por bloqueo de vías cuando el Gobierno se comprometió a levantarnos eso; no nos han agendado cita con el ministerio de Trabajo para definirnos lo de las condiciones laborales”, le dijo a La Silla Manfry Parra, líder de la ‘cruzada camionera’ que comenzó el paro y de un grupo cerrado en Facebook que se llama ‘Camioneros por Colombia’ y que ya va para los 30 mil miembros. “Todo eso sumado nos hace tomar la decisión de que si el Gobierno no tiene gestos de cumplimiento, no vamos a votarles el plebiscito”.
Como contamos, el Gobierno salió ganando de ese paro porque de los 26 puntos del acuerdo final, los camioneros apenas ganaron en cinco.
El viceministro de Transporte Alejandro Maya le dijo a La Silla que no es cierto que estén incumpliendo. “Ya estamos sacando los decretos, ya esta actualizado el Sice-Tac, ya intervenimos las 21 rutas en las que quedamos, reformamos el observatorio de transporte de carga para que ellos tengan más representación. Y lo que falta es porque son cosas a mediano plazo”.
En lo de los peajes, Maya asegura que sobre la mesa quedaron en bajarles los precios de tres en la Costa, pero no en los demás.
Pero para los camioneros aparte de los acuerdos, también hay un argumento de seguridad. “Venimos de una política de Seguridad Democrática donde nos sentíamos seguros de viajar en las carreteras y fuera de eso está corriendo el rumor de que a los desmovilizados les van a dar cursos en el Sena para ponerlos a manejar tractomula y no estamos de acuerdo”, agregó Parra.
El combo paro y NO
Una fuente de la Casa de Nariño le dijo a La Silla que el grupo de los antiguos aliados del procesado ex gobernador Kiko Gómez, en la Guajira, cuyo epicentro de poder hoy en día es la Universidad de la Guajira, están amenazando al Gobierno con irse a paro si Santos no convoca las elecciones atípicas para reemplazar a Oneida Pinto. Pero no solo eso, a lo que en principio tendrían derecho. Si no que también amenazaron con votar No en el plebiscito si no les resuelven esta cuestión. A ellos se les sumó el grupo Dignidad por la Guajira, ligados al Polo.
Pero dos fuentes de ese departamento nos contaron por aparte que hay un comité cívico que incluye a la mesa de concertación del pueblo Wayúu, a los del kikismo e incluso a gente del partido de la U, que no solo están amenazando con irse a paro por eso, sino también porque exigen que se cumplan las medidas cautelares que la Cidh ordenó por la desnutrición y el problema de acceso al agua potable que hay en el territorio y también porque piden fortalecer la Universidad de la Guajira. Dicen también que no todos en ese comité quieren promover el NO, ni es una decisión tomada.
En el Chocó también están haciendo amago de paro si de aquí al miércoles el gobierno no se compromete a pavimentarles los 60 kilómetros que hacen falta de la vía Medellín-Quibdó. Esta vía tiene 110 kilómetros y el gobierno de Santos ya les pavimentó 50. El resto, según una fuente del gobierno, cuesta medio billón de pesos. Ellos también amenazaron con el paro y el No.
