Denuncias de presuntos sobornos, presiones y movidas políticas y una marcha multitudinaria hacen parte de la puja de dos pueblos del sur de Córdoba por la jurisdicción de Cerro Matoso, la mina de ferroníquel a cielo abierto más grande del continente y cuarta del mundo, que le deja al país más de 83 mil millones de pesos anuales en regalías directas.
Se trata de los pueblos de Montelíbano y San José de Uré, que hasta 2007 fueron uno solo.
Uré, con una población de 13 mil habitantes y asentamientos indígena y afrodescendiente, era uno de los nueve corregimientos de Montelíbano y tenía en sus terrenos la mina.
Pero por gestión de líderes comunales y a raíz del abandono histórico en que estaba en junio de ese año Uré logró convertirse en municipio y entonces se llevó consigo la jurisdicción de Cerro Matoso.
Sin embargo, apenas un año después, dos ordenanzas en la Asamblea redelimitaron el recién nacido pueblo y no sólo le quitaron la mina, sino también veredas y algunas haciendas.
La movida fue impulsada por la entonces gobernadora liberal Martha Sáenz, quien tenía a un alcalde de su grupo político en Montelíbano y, además, contaba con mayorías en la Asamblea.
Así estaba todo hasta este año que el Alcalde de Uré, Luis José González Acosta, del partido de La U y de la cuerda del senador Musa Besaile, presentó a la Asamblea un proyecto (que ya fue aprobado por unanimidad en primer y segundo debate) para anular esas dos ordenanzas y regresar a los uresanos la mina y sus beneficios económicos.
Esas regalías llegan a las arcas de todos los pueblos en donde tiene influencia Cerro Matoso: Montelíbano, San José de Uré, La Apartada y Puerto Libertador, pero el mayor porcentaje se queda hoy en Montelíbano (12 mil millones de pesos anuales, según el alcalde de esa población) por ser el lugar que tiene potestad en el predio donde está la mina.
Además, Cerro Matoso paga 800 millones de pesos anuales a la Alcaldía de Montelíbano entre impuestos de industria y comercio, predial y alumbrado público. Y a través de Fundación Cerro Matoso, la mina invirtió el año pasado 7.151 millones de pesos en proyectos sociales en los cuatro municipios de influencia.
Este es precisamente uno de los puntos que le critican a Montelíbano: que en los más de 30 años que lleva la mina girando regalías a ese pueblo de unos 80 mil habitantes, el desarrollo no ha sido proporcional a los dineros que le han ingresado.
El abandono es más evidente en la zona rural, pero también se siente en el casco urbano, donde se pueden ver elefantes blancos, como por ejemplo el mercado del sur, que aunque fue terminado tiene más locales que vendedores y los que están ahí cuentan que son más las pérdidas que la ganancia porque en ese pueblo ya había otra central de abastos, como lo contó La Silla Caribe en una historia sobre las regalías de Córdoba.
Uré, en cambio, desde su creación como municipio, ha logrado pavimentar el 80 por ciento de las calles de su pequeño casco urbano, cuenta con escuelas, centros recreacionales y una planta de agua potable que cubre la zona urbana la mitad del día. El alcantarillado cubre un 70 por ciento de la población.
Detrás de la puja por la mina no están sólo los habitantes de ambos municipios, que en Montelíbano salieron a protestar este martes y en Uré hicieron una presentación cultural en la Asamblea al momento de de exponer el proyecto.
También están los intereses de dos súper poderosos de Córdoba que son aliados en la Gobernación, pero miden fuerzas por la mina: Musa Besaile como líder del Alcalde de Uré, y el exgobernador (también de La U) Alejandro Lyons, jefe político del mandatario de Montelibano, Francisco Alean Martínez.
Las movidas políticas
El proyecto que presentó el Alcalde de San José de Uré para que le sea devuelta la mina a su pueblo ya fue aprobado sin mayores inconvenientes en dos de tres debates por unanimidad.
Votaron los tres diputados del senador de La U Bernardo ‘el Ñoño’ Elías, principal aliado político de Musa Besaile, por lo cual allegados del alcalde Alean aseguran que detrás de todo esto está también el otro super poderoso del departamento.
En la Ñoñomanía niegan que Elías esté metido en esta pelea, pero en todo caso el Ñoño es parte de la coalición de Besaile, y esta sería una nueva oportunidad de frenarle las ambiciones a Lyons.
Como lo ha contado La Silla Caribe, Lyons y el Ñoño son cuñados y fueron socios políticos hasta que partieron cobijas cuando el primero (ya sentado en la silla de la Gobernación) le incumplió al segundo los acuerdos políticos que tenían. Desde entonces, todo Córdoba político sabe que la relación entre ambos desapareció por completo, incluso la personal.
Entre los votos a favor estuvieron incluso los de los diputados del exgobernador Lyons (Antonio Ortega de La U y Milton Oviedo de Cambio Radical). Votaron en contra de la voluntad de su padrino político porque también hacen parte de la coalición del Gobernador (cuyo hermano, Musa, es el jefe político del mandatario que está pedaleando el proyecto).
Según precisó uno de los tres diputados que nos hablaron para esta historia, el proyecto no ha pasado a plenaria porque están a la espera de un estudio del Ministerio de Hacienda que va a determinar si la situación financiera en la que queda Montelíbano si se le quita Cerro Matoso es estable y un informe del instituto Agustín Codazzi sobre los actuales límites de Uré.
Además, sobre Uré “Minhacienda nos tiene que aclarar si tiene estabilidad económica y no tiene ningún empréstito que pueda terminar pagando con los ingresos de regalías que representa la mina, porque esos recursos deben invertirse en beneficio de las comunidades”, explicó el diputado.
Además de los informes de Minhacienda y del Agustín Codazzi, la Asamblea espera que en Uré se adelante una consulta previa, porque allá hay asentamientos indígenas y buena parte de la población es afrodescendiente. “Cuando nos llegue esta información y la estudiemos, el plan es pedirle al Gobernador que llame a extras y entonces sí darle el último debate y aprobar la ordenanza”, nos contó un diputado.
Sin embargo, el Alcalde de Montelíbano dice que la movida de la Asamblea es un “complot político” y que la duma “actúa en llave con el gobernador Edwin Besaile” (es decir, con un aliado del Alcalde de Uré).
Alean Martínez, el alcalde de Montelíbano, incluso aseguró ante los medios de comunicación que algunos diputados le han pedido plata para no aprobar el proyecto.
En respuesta, miembros de la duma aseguran que preparan una demanda contra el Alcalde por calumnia y además le pidieron que presentara pruebas.
Otro diputado, de La U, nos aseguró que “no hay órdenes para direccionar nuestra votación. Los jefes políticos (los senadores de La U) han dado total libertad para la votación, pero sí queremos devolverle a Uré esa zona”.
A este panorama se suma lo que algunos podrían considerar con razón la incertidumbre jurídica derivada de una demanda que, en el mismo 2007, tras la creación del municipio de San José de Uré, interpuso el abogado William Quintero para intentar derogar la ordenanza del nuevo municipio porque -según él- éste no cumplía en su momento con el número de habitantes para segregarse y porque además no se había hecho consulta previa los grupos étnicos que ahí habitan.
Esa demanda ya fue fallada en primera instancia la semana pasada por el Tribunal Administrativo de Córdoba ratificando en sala plena la legalidad de la creación del municipio de Uré. Pero Quintero apelará y el proceso pasa a segunda instancia en el Consejo de Estado, por lo que la duda sobre si Uré seguirá siendo pueblo o no de alguna manera permanece.
Aunque la batalla en la Asamblea parece cantada a favor de la gente de Uré que recibiría nuevamente la mina y del grupo de Musa, según nos contó un congresista de Córdoba, Lyons no se da por vencido y se ha acercado a algunos diputados pidiendo ayuda para su Alcalde de Montelíbano. Así que seguramente a la puja le falta más de un capítulo.
