Los contratos del DPS, casi todos a dedo

El Departamento de Prosperidad Social (DPS) es la entidad encargada de sacar a las comunidades más pobres de esa situación. Para lograrlo busca que sean emprendedores, que tengan cómo producir sus propios alimentos o que las comunidades desplazadas que retornen a sus lugares de origen vuelvan a tener una vida económica viable. Para todo eso, contrata con externos. Y con mucha frecuencia lo hace a dedo.

Como es una de las entidades que le llegan a más personas en todo el país, la tercera entrega de la serie sobre la contratación de entidades es sobre el DPS.

Para ello revisamos los 1.551 procesos de contratación que, por casi 800 mil millones de pesos (casi tres años de Ser Pilo Paga), hizo entre 2012 y 2015, en las administraciones de Bruce MacMaster, Gabriel Vallejo y Tatyana Orozco, según consta en la página del sistema electrónico de contratación pública, donde las entidades están obligadas a colgar sus procesos.

A partir del análisis de la base de datos que construimos, encontramos que esa contratación funciona así:

1. La mayoría se entrega a dedo

Sumando los convenios con fundaciones y entidades públicas y los contratos de prestación de servicios de personas, la gran mayoría de los recursos se han entregado a dedo.

Solo uno de cada cuatro pesos se entrega en procesos donde puede haber competencia, como licitaciones o concursos.

En esa forma de contratar el DPS se parece a la de Icbf, con la diferencia de que Bienestar Familiar tiene un régimen especial de contratación que le facilita hacerlo y el DPS no. Pero como en todo caso el régimen general tiene varias vías para entregar plata a dedo, el DPS lo hace legalmente.

2. La mayor parte de la plata sale por convenios

Y es que esa gran cantidad de plata entregada a dedo, se debe sobre todo a la firma de convenios con entidades públicas o fundaciones, algo que permite la ley:

La plata de los otros contratos, que no aprovechan las excepciones sino que aplican la regla general que exige que desde ciertos montos haya competencia, se fue especialmente comprar cosas o comprar servicios.

Al ver que el DPS hace sobre todo convenios, queda claro que su forma de funcionar es muy similar al Icbf. Y las dos entidades cargan con el peso histórico del sector social del Estado: conseguir fundaciones o entidades similares para que ejecuten sus planes, en lugar de hacerlo directamente o buscar empresas que lo haga, Y eso es preocupante en la medida en que als entidades sin ánimod e lucor son menos transparentes que las compañías comerciales y pagan menos impuestos, así tengan ganancias.

3. La plata se va en lo que es

Cuatro de cada cinco pesos se van para cumplir las funciones para las que fue creado el DPS, y solo uno de cada cinco en labores administrativas para que eso ocurra.

Eso a pesar de que la mayoría de los 1462 contratos son para asuntos administrativos, pero son contratos de montos más pequeños para contratar personal o gastos como pólizas de seguros, arriendos o software.

4. La alimentación es la reina, y el posconficto la princesa

EL DPS le apuesta duro a que sus beneficiarios produzcan los alimentos para consumir, con el programa “Red de Seguridad Alimentaria” (Resa). O por lo menos eso muestra la contratación:

Después de esa prioridad, siguen los programas que tienen que ver con el conflicto y que pueden ser semillas para implementar un Acuerdo Final con las Farc: los contratos para las víctimas (con el programa Familias en su tierra, que los apoya tras su retorno) y para la paz territorial (en varios programas como “desarrollo Regional, Paz Y Estabilidad” o “Nuevos territorios de paz”, que buscan promover el desarrollo económico y la convivencia pacífica en las regiones más afectadas por el conflicto) suman más plata que programas más conocidos como jóvenes en acción.

5. Los que ejecutaron la plata

De casi 800 contratistas que tuvo el DPS, los 20 que más dinero recibieron ejecutaron más de la mitad de la plata. En su mayoría son entidades sin ánimo de lucro no muy conocidas:

La que más llama la atención es la Corporación Para La Investigación Y El Fomento Empresarial (Cefin), una fundación de Valledupar que encabeza el ingeniero de alimentos Alberto Luis Torres Rapelo que además de eso es encuestadora en certámenes electorales. O por lo menos lo fue en 2015 en el Cesar.

Cefin lleva más de una década contratando con el Estado, especialmente en Cesar y La Guajira. Uno de esos contratos, realizado con el municipio cesarense de La Jagua de Ibirico, terminó con el alcalde de ese entonces (Laureano Rincón Ortiz) condenado penalmente por celebración de contrato sin el lleno de los requisitos legales

En estos años, el DPS le dio directamente seis convenios para ejecutar los programas de seguridad alimentaria en La Guajira y el Cesar.

Además, en 2015 Cefin fue el líder del consorcio (que armó con la Universidad Popular del Cesar y la Corporación Gers) que se ganó la licitación para manejar la seguridad alimentaria en toda la región Caribe por casi 18 mil millones de pesos.

Lo hizo en medio de acusaciones nunca probadas de que había presentado algunas certificaciones de experiencia falsas, según contó Caracol Radio.