Tras recibir la Alcaldía de Bucaramanga con un millonario déficit, Rodolfo Hernández no ha parado de denunciar que a esa ciudad "se la robaron" el cuatrienio anterior. Ahora, le tocó someter al municipio a una reestructuración financiera para poder pagar todas las deudas que le dejó su antecesor, Lucho Bohórquez, y al mismo tiempo, lograr liquidez para financiar su Plan de Desarrollo.
La Silla recopiló los hechos que llevaron a Hernández a solicitar la intervención del Ministerio de Hacienda en sus finanzas y lo que implica esa decisión para Bucaramanga.
El despilfarro de Lucho Bohórquez
Las versiones sobre el mal estado de las finanzas de Bucaramanga se empezaron a conocer desde mediados de la controvertida administración de Lucho Bohórquez en la Alcaldía de esa ciudad, cuando en abril de 2014 el tesorero de Bucaramanga le dijo al Concejo en un informe que el déficit en los dos primeros años de gobierno de Bohórquez se había duplicado (pasó de 45 mil millones a 86 mil millones).
Aunque desde ese entonces tanto Bohórquez como sus funcionarios más cercanos negaron que las cifras fueran reales, en adelante concejales de oposición a su gobierno empezaron a denunciar que la cifra en rojo seguía aumentando, y a finales de 2015 la Contraloría de Bucaramanga dio a conocer que al cierre de su periodo, el hueco fiscal sería de $200 mil millones.
Al final, la administración de Bohórquez reconoció que dejaba a la ciudad con $150 mil millones en cuentas por pagar.
A pocos días de que terminara su gobierno, contratistas de prestación de servicios, de obras y hasta organizaciones que habían firmado convenios con su administración, denunciaron que les debían plata y que nadie les respondía.
Las deudas superaron los $300 mil millones
Con ese telón de fondo Rodolfo Hernández asumió la Alcaldía de Bucaramanga y apenas tuvo acceso a los estados financieros del municipio denunció que le habían dejado la ciudad en la “ruina”.
Para hacer un balance detallado del estado financiero de Bucaramanga contrató al economista Mauricio Cabrera Galvis, quien tras revisar todas las cuentas del municipio dio a conocer que el saldo en rojo del municipio era de $304 mil millones.
Como lo contó La Silla primero se identificaron $181 mil millones de cuentas por pagar en tesorería, que son las que se deben cancelar inmediatamente, que hay otros $18 mil millones que se deben de 2014 y que hay un pasivo pensional de $7 mil millones.
Adicionalmente, el estudio evidenció que hay otra partida de $75 mil millones que fue comprometida con base en dinero que no se recaudó por valorización, convenios y créditos, y que ahora debe ser pagada por el municipio con recursos propios.
En las cuentas por pagar también está un laudo arbitral que Metrolínea - el sistema integrado de transporte masivo del área metropolitana de Bucaramanga- perdió por $27 mil millones con la firma XIE SA y que fue conciliado por $22 mil millones por la Alcaldía –como principal accionista- en diciembre del año pasado.
La plata no alcanzó para pagar y llegaron las demandas y los embargos
Como los $304 mil millones se deben pagar en 2016, y los ingresos que la Alcaldía podría utilizar para asumir esa deuda para este año están por el mismo orden, y a esa suma se le deben descontar los gastos de funcionamiento (aproximadamente $102 mil millones) y los del pago de los créditos que la ciudad tiene con la banca (aproximadamente $73 mil millones), la administración se quedó sin plata para pagarles a los acreedores.
En lo corrido del año, según cifras de la secretaria de Hacienda, Olga Chacón, de esos $304 mil millones solo se han saneado deudas por $113 mil millones, por lo que los demás contratistas están reclamando lo que les corresponde.
Además, aunque se ha disminuido la vinculación de contratistas de prestación de servicios (en lo corrido del año se han contratado 800 y la pasada administración tenía 4000 al cierre de 2015), y de hecho se reformuló el alcance de las metas del plan de desarrollo para 2016, el ahorro no ha sido significativo para cubrir las deudas.
En medio de las reclamaciones de contratistas, el municipio ya ha sido demandando y en algunos casos le han librado órdenes de embargo para que responda por las obligaciones que fueron contraídas en 2015.
La ley de quiebra
Debido a que los embargos congelan las cuentas del municipio, el Alcalde de Bucaramanga anunció que para evitar que la ciudad se frene le solicitó al Ministerio de Hacienda su intervención para someter al municipio a la ‘Ley de quiebra’.
Aunque así es conocida coloquialmente esa ley, el hecho de que un municipio se someta a ella no significa que va a desaparecer. Por ejemplo, las finanzas de Barranquilla han sido regidas por esa ley desde el 2002 y en 2015 cumplió con los planes de pago y saneó sus estados contables.
Por ser una entidad pública, lo que permitirá esa ley a la Alcaldía de Bucaramanga será blindar las cuentas del municipio para que no puedan ser embargadas, además, con intermediación del Ministerio de Hacienda, le dará la posibilidad de establecer acuerdos de pago con todos los acreedores para que en un plazo razonable se paguen todas las obligaciones.
Lo que implica
Si el Ministerio le permite a la Alcaldía de Bucaramanga acogerse a esa ley, le designará un funcionario para que vigile que los acuerdos de pago con los acreedores se cumplan, de acuerdo a las condiciones que se pacten.
Eso también le permitirá a la ciudad reestructurar sus finanzas y a Rodolfo Hernández le dará un margen de maniobra para poner en marcha los proyectos y programas de su plan de desarrollo, que como lo contó La Silla, desde que se aplazó la inversión de 2016 para financiar la deuda, va contra el tiempo.
