La decisión del Consejo de Estado de declarar la nulidad de la reelección de Alejandro Ordóñez en la Procuraduría le da un duro golpe a la rosca de amiguismo y favorecimientos en la cúpula de la justicia. Pero también le permite a Ordóñez pasar de ser un crítico del proceso de La Habana para convertirse en un jefe de debate de la campaña por el No, y sin perder el control de la Procuraduría.
Ordóñez, que se ha ido perfilando como potencial candidato para 2018 e incluso ha ido arrancando su campaña, estaba a solo cuatro meses de terminar su período y en pleno eclipse de su poder. Pero ese “pato rengo” puede pasar a convertirse en un mártir de un sector de la opinión, que coincide con quienes se oponen al plebiscito.
Más porque ocurre justo el día después de los titulares en la prensa sobre su enfrentamiento con el presidente Juan Manuel Santos por la participación de funcionarios y dos semanas después de que Santos hubiera pedido al Consejo de Estado que acelerara la toma de la decisión en el proceso de la reelección de Ordóñez.
Un proceso enredado
La demanda contra la reelección de Ordóñez la interpusieron Dejusticia, la Comisión Colombiana de Juristas y otras ONG hace tres años, cuando llevaba menos de un mes de su segundo período. Lo hicieron argumentando que había incurrido en el “yo te elijo, tú me elijes”, gracias a esta investigación de La Silla Vacía, que tuvo una importante ayuda de sus usuarios.
En concreto, el argumento giró alrededor del artículo 126 de la Constitución, que dice que los funcionarios públicos no podrán nombrar como empleados a parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil, o con quien estén ligados por matrimonio o unión permanente ni a personas con estos mismos lazos con los funcionarios competentes para intervenir en su designación.
Como lo denunció La Silla en su momento, antes de ser reelegido Ordóñez nombró en puestos de hasta 19 millones de pesos mensuales a amigos o familiares de 31 senadores (que eran los encargados de elegirlo) y nueve ex senadores; 22 amigos y familiares de magistrados de las altas cortes (que estaban a cargo de su nominación), incluyendo de siete consejeros de Estado, de dos magistrados de la Corte Constitucional, de siete magistrados o ex magistrados de la Corte Suprema y de un ex magistrado del Consejo Superior de la Judicatura.
En particular, hay seis nombramientos que lo enredaron porque se trataba de parientes de los magistrados que eran competentes para incidir en su nominación: la sobrina y la esposa de dos magistrados de la Corte Suprema y la hermana y dos hijos de otros tres magistrados del Consejo de Estado.
Al parecer, en el Consejo nunca hubo duda de que Ordóñez incurrió en una falta al hacer estos nombramientos. El interrogante era si esto daba para una sanción disciplinaria, que lo habría inhabilitado, o si daba para anular su elección.
Dejusticia, en su demanda, argumentaba que el Procurador debería quedar inhabilitado por esa falta porque si los magistrados, cuyos parientes él nombró, se hubieran declarado impedidos, Ordóñez no habría tenido la mayoría para ser elegido.
El proceso se demoró mucho, por todo tipo de tropiezos, incluyendo que pasó de la Sección Quinta a la Sala Plena, por su importancia, y una larga cadena de impedimentos, recusaciones y solicitudes de pruebas de parte de Ordóñez que enredaron el proceso. Por eso, a pesar de que el problema jurídico estaba claro hace meses, la decisión terminó saliendo en esta coyuntura.
Al final 14 consejeros (justo el número que se necesitaba) votaron a favor de la ponencia de Alberto Yepes, que pedía tumbarlo por haber incurrido en ese "yo te elijo, tú me eliges". Solo cinco (Hugo Bastidas, María Claudia Rojas, Carlos Zambrano, Marta Teresa Briceño y Guillermo Sánchez) votaron en contra.
Eso es un cambio grande frente a la aparente imposibilidad de moverse unas votaciones de 12 a 8, que lo matuvieron en el cargo varios meses.
Una de las cosas que cambió fue la llegada de César Palomino, un magistrado de la sección segunda que fue elegido hace menos de dos meses y se posesionó hace apenas dos semanas. Como el nuevo consejero no había participado en los debates anteriores y la mayoría en favor de anular la reelección de Ordóñez estaba muy justa, su voto era fundamental.
Lo otro es que los magistrados Guillermo Vargas y Hernán Andrade votó finalmente a favor de la ponencia.
La decisión retomó la jurisprudencia del mismo Consejo de Estado de 2014, cuando tumbó al magistrado Francisco Ricaurte del Consejo de la Judicatura porque había sido elegido para ese cargo por magistrados a los que él había elegido en su pasado.
En cambio, el Consejo de Estado no dijo que un procurador no puede reelegirse, que era otro de los argumentos de la demanda.
Con la decisión, más allá del caso específico de Ordóñez, el Consejo de Estado de muestra una vez más el debilitamiento de la rosca de la rama judicial que era cercana al Procurador y que lleva un par de años cambiando, como ha contado La Silla. Y se refuerza porque lo decidió el mismo día que ternó a Fernando Carrillo, un abogado que no viene de esa rosca, como su candidato para reemplazar a Ordóñez.
Un mártir para el No
Ordóñez es la cabeza visible de una corriente minoritaria dentro del conservatismo, el religioso. A eso le ha sumado que es una de las caras visibles de la oposición al Gobierno en temas álgidos como el proceso de paz, por lo que ha terminado alineado en ello con la oposición uribista.
De hecho, el ex presidente Álvaro Uribe salió en su principal medio de comunicación, Twitter, a defender la continuidad de Ordóñez en su cargo:
Sobre la vulneración al Procurador de su derecho fundamental a participar en la función pública nos hemos pronunciado. En breve se publica
— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) 7 de septiembre de 2016
Pero todavía no es seguro que Ordóñez se vaya antes del plebiscito. Si la sentencia sale mañana, tiene hasta el lunes para notificarse, y luego puede presentar una solicitud de aclaración del fallo, que no cambiaría su sentido pero se usa en algunas ocasiones para demorar su aplicación. Como Ordóñez logró demorar el proceso, no es extraño que lo hiciera. Con eso quedaría con el aura de mártir sin perder el manejo de la Procuraduría y la figuración en medios que le da su cargo.
Sin embargo, tiene un incentivo para no demorarla porque si deja de ser Procurador se puede conviertir en un nuevo vocero del No. Una figura, además, conocida por la gente, con una voz fuerte y reconocida, y que no está bajo la sombra de Uribe, pues ha hecho carrera por su lado y siempre se ha identificado como conservador.
Por eso, el No ganaría un vocero que encaja justo con la creciente campaña de grupos religiosos por el No, que se disparó después del escándalo por la educación sexual, que le aguó el voto cristiano al Sí y que hoy retoman activistas como el pastor Oswaldo Ortiz, el blogger estrella de ese sector o líderes como el pastor Miguel Arrázola.
Es una vertiente del No, que hasta ahora se ha acercado al uribismo sin que la mayoría de políticos del Centro Democrático la defiendan directamente.
Y Ordóñez no está confinado a ese sector. Por ejemplo ha atendido y defendido a las llamadas víctimas de la restitución de tierras , hasta el punto de ir con ellos a plaza pública en Cesar y Magdalena, y convertirse en unos de los líderes.
Además, ha ganado presencia en redes sociales y lleva años entregando mercados, kits de aseo y jugos de cama, como contó La Silla.
Mejor dicho, ahora puede usar la campaña política que ha venido montando con un fin cercano, tangible y que lo puede conectar con todavía más gente. Y todo con la ventaja de que no necesariamente va a perder el poder de la Procuraduría.
La probable encargada, más ordoñista que Ordóñez
Ordóñez armó una Procuraduría activista de su línea del conservatismo que, por ejemplo, puso a sus funcionarios a tratar de evitar que jueces y notarios casaran a personas del mismo sexo, usando para ello las Procuradurías Regionales y los Procuradores Judiciales, como contó La Silla.
Una buena muestra es su viceprocuradora durante todo el período, que quedaría de encargada de la entidad, lo que significa que Ordóñez no pierde ese poder.
Se trata de Martha Isabel Castañeda Curvelo, que llegó al cargo con Ordóñez y ha estado con él estos casi 8 años. Seguramente se quedará en el cargo hasta enero, cuando el nuevo Procurador se posesione. Eso significa que de cómo actúe la hoy viceprocuradora dependerá de si Ordóñez pierde el poder que le daba la Procuraduría, y los antecedentes señalarían que lo mantendrá.
Esta abogada samaria tiene un trayectoria similar a la de Ordóñez: viene de la Rama Judicial, donde estuvo por más de 30 años, y fue magistrada del Tribunal Contencioso del Magdalena entre 1990 y 2009, cuando Ordóñez la nombró. Como Ordóñez, también tiene familiaridad con la política, pues es hija de congresista.
Castañeda tiene fama de ser de mano dura, incluso más que Ordóñez. Tiene una trayectoria larga, es muy trabajadora y ha sido la punta de lanza de la Procuraduría en varias de sus polémicas más grandes.
Por ejemplo, lideró la oposición a que los procuradores judiciales fueran nombrados a dedo, el intento de evitar el matrimonio igualitario en la Corte Constitucional, la defensa del suspendido magistrado Jorge Pretelt o la ofensiva para evitar la consulta popular contra la minería en Ibagué.
De hecho, fue ella y no Ordóñez la primera en amenazar con castigar a los funcionarios que promovieran el Sí en un acuerdo de paz (lo hizo en mayo, cuando no había Acuerdo).
A pesar de eso, es posible que Castañeda se convierta en el "pato rengo" que era Ordóñez.
Por un lado, para muchas personas es una desconocida, lo que hace que tenga menos impacto mediático. Y, por otra, a pesar de su fama de mano dura, para los políticos locales no es lo mismo una amenaza de Ordóñez que la de una procuradora encargada por algunos meses, según la explicó a La Silla un asesor de comunicaciones de varios mandatarios locales.
Por eso es que Ordóñez puede buscar que se demore su salida del cargo, para seguir siendo una talanquera para que alcaldes y gobernadores hagan campaña de frente por el Sí, sobre todo los que hasta ahora no lo han hecho por miedo real a una sanción o que han usado esa amenaza como excusa para no hacerlo sin quedar mal con Santos.
En todo caso, la decisión del Consejo de Estado sí es una carga para Ordóñez. Por más que logre convertirse en vocero del No y seguir manejando los hilos y el poder de la Procuraduría, su discurso de gran líder contra la corrupción queda muy golpeado por una sentencia que lo muestra como un politiquero que se hizo reelegir gracias a que le hizo favores a algunos de sus electores.
En la encuesta trimestral de Gallup más reciente, su imagen favorable superó a la desfavorable, aunque por pocos puntos. Dependiendo de cómo entiendan los colombianos la sentencia de hoy y de los resultados del plebiscito, y a medida que se acerque la campaña presidencial de 2018, esa situación puede cambiar.
La Silla
Alejandro Ordóñez
Procurador General