Como ya lo contó la revista Semana, en el sector empresarial hay miedo de que eventualmente los empresarios vayan a ser llamados al Tribunal de Paz como cómplices de los paramilitares. Ese temor se concretó aún más cuando se nombró a la ex magistrada Alexandra Valencia Molina como directora de la Unidad de Desmantelamiento de Organizaciones Criminales.
La creación de esta Dirección fue una condición que exigieron las Farc para firmar el Acuerdo Final en la última etapa del proceso. Fue creada el 24 de agosto, un día después del cierre de la negociación y ella fue nombrada el 25.
Según el Acuerdo de Paz, esta Unidad debe investigar, perseguir y acusar a las organizaciones criminales responsables de homicidios, masacres, violencia sistemática de género o que atenten contra los defensores de derechos humanos, movimientos sociales o políticos. También tiene la misión genérica de investigar “ las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz”.
Entre sus funciones está investigar las compulsas que existen en los procesos de paramilitarismo sobre las redes de apoyo y financiadores, en las que aparecen mencionadas varias empresas.
Como varios empresarios financiaron a los paras por convicción o conveniencia pero muchos otros les dieron plata obligados porque fueron extorsionados el nombramiento de Valencia Molina en la entidad les tiene los pelos de punta.
Cuando era magistrada del Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Justicia y Paz, Alexandra Valencia Molina fue la que le ordenó a la Fiscalía iniciar el proceso contra Postobón, tras los señalamientos de Armando Madriaga Picón, jefe de finanzas en Aguachica, César, de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).
Este y otro desmovilizado acusaron a miembros de la empresa de pagar millonarias sumas de dinero a las Auc, cuyos dineros eran destinados para la manutención de los miembros de la organización.
A partir de esos testimonios, Valencia exhortó a la Fiscalía, para que informe a la autoridad de vigilancia, si se han adelantado investigaciones para a corrobar si el aporte de la empresa fue voluntario u obligatorio.
Antes de ser magistrada, esta penalista de la Universidad Católica, que hizo carrera como Fiscal local y seccional en Bogotá, era la directora de Investigaciones Especiales de Edgardo Maya en la Procuraduría.
En ese cargo fue víctima de chuzadas ilegales por el extinto DAS e impulsó la investigación de una fosa común en La Macarena que supuestamente tendría unos 2 mil cuerpos, muchos de ellos guerrilleros muertos en combate.
Como magistrada fue ponente de la sentencia contra Salvatore Mancuso, en la que también señaló a algunos medios de comunicación de propagar un discurso funcional a los paramilitares.
Dados sus fallos exhortando a investigar a terceros civiles que pudieron estar o no comprometidos con el conflicto armado, que ahora llegue a dirigir una unidad de la Fiscalía que surgió de la mesa de negociación de la Habana y que solo puede ser cambiada por el Fiscal Néstor Humberto Martínez si se le comprueba una falta “gravísima” ha tocado los nervios empresariales.
