Si gana el Sí y los acuerdos de paz entre el Gobierno y las Farc se cumplen, una de las grandes transformaciones que traería es que habrá más garantías para hacer política de oposición y más incentivos para que movimientos y organizaciones sociales que cargan con el estigma de ser el brazo político de la guerrilla, participen y dejen de ser perseguidos.
“Este acuerdo es una ventana para resetear la manera cómo entendemos la democracia”, dice Álvaro Jiménez, de la Campaña Colombiana contra Minas. Una consecuencia directa de atravesarla es que habrá más movimientos sociales empoderados y también más movilización social.
De cómo el Gobierno canalice esa forma de hacer política de abajo hacia arriba, y de que las Farc realmente abandonen la combinación de las formas de lucha, incluyendo utilizar su plata mal habida para empujar a sus candidatos, dependerá qué tanto los cinco meses que invirtieron las delegaciones pactando el punto de Participación Política en Cuba, sirvan de algo.
Qué dice el acuerdo
Lo más importante de las 20 páginas del punto de Participación Política es un tema conceptual: la idea de democracia directa que introduce y desarrolla. Es una democracia para ser ejercida más allá de los partidos políticos y sin necesariamente pasar por la representación de candidatos elegidos popularmente.
Como la concepción de democracia es mucho más amplia, la de oposición también.
Porque el hilo conductor de todo ese punto parte de la distinción entre la oposición política ejercida en el Congreso, como la del Polo por ejemplo, y la que hacen movimientos como la Cumbre Agraria, cuando convocaron el paro agrario en mayo de este año; o la de organizaciones como la Marcha Patriótica, que para muchos es vista como la pista de aterrizaje más obvia para las Farc. O la oposición en donde convergen de manera coyuntural varios grupos como la de la Dignidad Agropecuaria, un matrimonio de indignados del campo que se creó en agosto de 2014, que agrupa a campesinos de todo el país y que quiere hacer un “referendo por el agro”.
Todas esas expresiones, más muchas otras que antes no cabían en la definición de oposición, con el acuerdo lo serían y para ellas habrá, al igual que para un partido como el Polo o para el que creen las Farc, garantías para hacer política. Para los movimientos que están y los que seguramente saldrán, el Gobierno se compromete a “promover y facilitar los espacios para que tramiten sus demandas”.
Para eso, el Acuerdo crea un Estatuto de Oposición que se debatirá en una Comisión apenas se firme la paz. En esta Comisión no solo estarán los partidos y movimientos con personería jurídica, sino dos expertos de la guerrilla y Marcha Patriótica y Congreso de los Pueblos, los dos movimientos, algunos de cuyos integrantes respectivamente tienen vasos comunicantes con las Farc y el Eln.
La idea es que de ahí salgan las recomendaciones para que el Gobierno haga un proyecto de ley que tiene que presentar al Congreso dentro de los tres meses siguientes y que seguramente -como buena parte de lo pactado- se va tramitar por ‘fast track’.
Fuera del Estatuto, el Gobierno se compromete a crear un nuevo ‘Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política’, que, básicamente, es un marco de garantías para hacer política y para que las diferencias nunca más se resuelvan a bala.
Esas garantías son de todo tipo. Desde la posibilidad de que los movimientos sociales den a conocer sus propuestas en “medios institucionales y regionales” (sobre todo televisión porque va a haber un canal al cual van a tener acceso igual que los partidos que no estén en oposición); la posibilidad de que formen parte de veedurías ciudadanas que ejerzan control frente a los gobernantes; la posibilidad de que participen en hacer y rendirle cuentas a los planes de desarrollo local, integrando los consejos territoriales de planeación; hasta “apoyos especiales” a nuevos movimientos y partidos o garantías para la movilización y la protesta.
Además, el Sistema incluye un programa de protección especializada y de alertas tempranas no solo para los integrantes del movimiento que surja de las Farc, sino para las personas que hayan sido elegidas popularmente y se declaren en oposición y también para líderes de movimientos políticos sobre la base de una evaluación de riesgo. Incluso, dice que considerará los riesgos de mujeres y personas perseguidas por su orientación sexual.
Aparte de esas garantías, que fortalecerán sin duda los movimientos sociales, el acuerdo tiene un punto que es quizás el más significativo de todo: las circunscripciones transitorias especiales de paz.
Son 16 circunscripciones que buscan integrar a las regiones más golpeadas por el conflicto (que en casi todos los casos son aquellas donde tiene presencia las Farc) para que durante un periodo de tiempo se puedan elegir representantes a la Cámara.
Eso significaría que, por ejemplo, la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), pueda postular en esta región sus candidatos, que la Minga en Cauca también lo haga o que una asociación de ganaderos en el Caquetá se organice y que los ciudadanos de esas regiones puedan votar o no por ellos.
Aún no han divulgado dónde van a ser esas 16 circunscripciones. Pero si varias de ellas coinciden con los lugares donde las Farc han hecho presencia -como probablemente será dado que el criterio es que sean azotadas por el conflicto, apartadas y con altos índices de pobreza- la guerrilla tendrá un margen de maniobra significativo para incidir en la escogencia de esos candidatos pues muchas de las organizaciones sociales que sobrevivieron al conflicto lo hicieron alinéandose con los objetivos del grupo armado ilegal de la zona. Auque también cabe la posibilidad, de que ya sin armas, muchos grupos que las Farc asumen que son sus bases sociales marquen distancia frente a ellos tras años de opresión y opten por candidatos que sean independientes de las Farc.
La otra pata clave de ese acuerdo es el de las medidas de promoción de transparencia en los procesos electorales. Que, entre otras cosas, crea un Tribunal Nacional de Garantías Electorales que será una institución paralela al Consejo Nacional Electoral y que tendrá tribunales especiales seccionales en las circunscripciones con mayor riesgo de fraude electoral.
Además, el Gobierno se compromete a revisar la manera en que los gobernantes aprovechan los dineros públicos para mover a los medios a su favor en épocas de campaña para poner a su sucesor, por ejemplo, y se compromete a que haya informes detallados de la plata que se le puede ir a una alcaldía o a una gobernación en eso.
Ese punto también habla de crear una “misión electoral especial” para “mejorar la calidad de la democracia”. Esa misión va tener siete expertos (uno de la Misión de Observación Electoral y los otros seis de universidades como la Nacional y los Andes) que, en seis meses, debe presentar recomendaciones sobre buenas prácticas electorales para que el Gobierno haga ajustes como la reforma al régimen electoral (que está en el punto de fin del conflicto).
Lo que cambiaría
Si esas garantías para la oposición aterrizan como se debe, la forma de hacer política cambiaría.
Como desde hace varios años los partidos políticos han ido perdiendo credibilidad y representación entre la gente, la calle, y no el Congreso, se ha vuelto el espacio para que los movimientos sociales reivindiquen sus intereses y negocien directamente con el Gobierno.
Lo que hace el Acuerdo es dotar a esos movimientos de institucionalidad y darles el reconocimiento de un poder que hasta hoy solo habían tenido de facto.
Eso significa, por ejemplo, que la Cumbre Agraria entraría a competir de tú a tú con el Polo también en la arena electoral.
Esa competencia en un escenario como el de ahora, en el que los partidos tienen una opinión desfavorable del 82 por ciento, de acuerdo con laúltima encuesta trimestral de Gallup, le abrirá un campo enorme a los movimientos sociales porque entrarán a disputarse sus votos con la gente a la que ya llevan años siendo realmente cercanos.
También competirá en el reclutamiento de los 'cuadros políticos'. Para un joven líder con aspiraciones políticas puede resultar mucho más interesante meterse a un movimiento social que hacer fila detrás de los caciques de un partido tradicional.
Pero, además, para esos movimientos este acuerdo abre la puerta para que la política ya no se haga solo desde Bogotá, sino que llegue al nivel de la vereda.
Por eso a líderes campesinos como César Jerez, lo que más lo ilusiona si se logran las garantías para hacer política es que: “nuestros mecanismos de decisión, como las Juntas de Acción Comunal, los consejos comunitarios o la asociaciones campesinas, que fueron perseguidos por la guerra, ya no tengan ese velo de desconfianza.” dice. “Que no me investiguen a mi, por ejemplo, por mi trabajo”, agrega.
Y al mismo tiempo, si las Farc de verdad se la juegan a fondo por convertirse en un partido político que compita en igualdad con los demás: “Lo que cambiaría es que le quitamos el revólver de la frente a decenas de movimientos sociales que no podían expresar de verdad lo que querían”, dice César Rodríguez, director del Think Thank DeJusticia.
Esa presión que por muchos años ejerció las Farc en sus zonas de influencia ha quedado sobradamente demostrada en estudios como el de los economistas del Cede Margarita Gáfaro, Ana María Ibáñez, y Patricia Justino, donde queda claro que en las zonas afectadas por el conflicto aumenta la participación en la organizaciones locales, pero que la gente participa más por la coerción de los grupos armados, que por ser una sociedad civil vibrante.
Por eso otra cosa que cambiaría si se implementan los acuerdos, es que en regiones como Caquetá o Tumaco, donde las Farc han ejercido su control territorial y han debilitado a organizaciones que no controla matando o desplazando a sus líderes, seguramente habrá una “ebullición de movimientos sociales de todo tipo”, dice Rodríguez.
Para Iván Cepeda, senador del Polo, otro cambio seguro, aparte de que habrá más movimientos no solo de izquierda o de derecha, sería que si hay más transparencia en las elecciones y se logra la reforma electoral: “el voto de opinión va a tener una posibilidades inéditas porque se acabaría, o bueno, se reduciría al menos la compraventa de votos. Eso en un país antidemocrático como Colombia, sería un salto enorme”.
Los retos
Que haya más garantías para la oposición, aparte de empoderar movimientos sociales y facilitar las condiciones para que nazcan otros, también puede hacer que crezca la movilización social.
Que los ciudadanos se organicen para pelear directamente, no a través de los políticos, por decisiones del Estado, como las marchas cristianas contra la ministra de Educación Gina Parody o las del movimiento lgbti porque los dejen adoptar o casarse, es algo más usual en las ciudades que en el campo, en parte por el estigma que implica movilizarse en las regiones. Y en parte porque tampoco hay seguridad ni garantías para hacerlo sin terminar amenazado ya sea por una banda criminal, por el Eln o porque terminan arrestados o enfrentados por el Esmad.
Y si la movilización social explota como se espera, como le dijo a La Silla Álvaro Jiménez: “se tiene que quebrar la relación perversa entre fuerza y protesta. El Gobierno va tener que pensar en estrategias distintas a mandar primero el Esmad y después los ministros a negociar”.
El reto es cómo va a manejar el Gobierno esta creciente oposición. De cómo el Gobierno canalice las protestas y reinvente su estrategia para manejar las movilizaciones sociales, depende si las garantías del acuerdo se van a quedar solo en el papel.
Porque mientras el espíritu de los acuerdos va por el camino de darle más fuerza a las organizaciones y a la protesta como expresión legítima, el nuevo Código de Policía (que rige a partir del 29 de enero de 2017), le pone muchas trabas.
Por ejemplo, dice que toda persona que quiera reunirse o manifestarse en un sitio público, tiene que mandarle una carta o un correo 48 horas antes al alcalde avisándole dónde, cuándo y a qué horas va ser el plantón.
“La esencia de una movilización es la espontaneidad y eso va totalmente en contravía con lo pactado en La Habana” dice Rodríguez de DeJusticia.
Otra cosa que dice el nuevo Código es que “toda reunión y manifestación que cause alteraciones a la convivencia podrá ser disuelta”, sin especificar qué se entiende por “alteraciones a la convivencia”.
El otro desafío es cómo se van a construir consensos en un escenario de alta conflictividad. Si solo con la protección de las consultas populares, muchas empresas sienten que será muy difícil hacer un megaproyecto minero o petrolero en el país es de preveer que el uso de estos mecanismos populares se multiplique y entre en choque con el aparato productivo.
El Alto Comisionado de Paz discrepa. "Los mecanismos de participación que acordamos, por el contrario, permiten crear escenarios, en una sociedad tan fragmentada y tan llena de odios y temores, para armar consensos sobre qué es lo que hay que hacer en cada región para construir la paz. Esa es la esencia de lo que hemos llamado la paz territorial", le dijo a La Silla el Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, en la entrevista que publicamos la semana pasada.
Independientemente de si se da el escenario optimista del Alto Comisionado o el más pesimista de varios en el sector empresarial, el Gobierno tendrá que afinar sus mecanismos para afrontar la protesta y la movilización social porque esta se multiplicará en la medida en que tenga estas garantías.
Pero el mayor reto será, quizás, para la sociedad. Consiste en entender que tener una oposición fuerte es algo bueno para la democracia y no un peligro.
