En el campo de golf y en los salones del Country Club de Bogotá se oye una queja permanente porque los reclamos de las comunidades negras “obstaculizan” el desarrollo de proyectos públicos o privados que tienen que someterse a consultas para convenir la manera de compensar los efectos del proyecto sobre la comunidad. “Eso se ha vuelto un negocio”, “no hay derecho a que un proyecto se pare años porque una gente se empeña en no dejarlo hacer”. Presionan para que se cambien las leyes, buscan convertirlo en tema de debate en los medios, tratan de influir en los magistrados de la Corte Constitucional para que disminuya las condiciones de la consulta: así no se puede hacer patria dicen, aunque en realidad quieren decir: “así no se puede hacer plata”.
La queja también es contra el Estado ineficaz porque no ha sido capaz de terminar, luego de más de una década, la doble calzada de Bogotá a Tunja, porque, dicen “dizque una señora que tiene una tienda por donde pasa la vía no quiere vender y está cobrando carísimo”. “No hay derecho”, sentencian mientras toman otro trago y fuman tabaco importado legal o ilegalmente, eso no importa.
El reclamo se vuelve airado, pero al revés, cuando el tema de conversación es sobre la intención del gobierno de Bogotá de construir un parque público en un lote que representa solo el 7% del terreno de ese Club. Ahí se invoca todo tipo de argumentos para defender el privilegio de tener más de cien hectáreas ubicadas en el corazón de Bogotá, en una zona con una altísima densidad poblacional, para el uso exclusivo de un puñado de socios que juegan golf y antes polo en ese lugar.
¡El pleito lleva 16 años!, como el doble de lo que duró el de la señora de Tocancipá sobre la doble calzada a Tunja y que tanta cana les sacó a socios del club, a la vez propietarios de haciendas sabaneras, que esperaban ansiosos la valorización de sus terrenos por cuenta de la acción del estado pagada por los usuarios de la vía, no por los propietarios de los bienes beneficiados.
La estrategia judicial dirigida a impedir la construcción de un parque público fue encargada al ex Ministro Fernando Londoño, experto en transitar los bordes legales para obtener provecho propio como lo hizo en Invercolsa, socio muy apreciado en el Club por sus valores morales, quien asumió el litigio y junto con otros abogados lo ha logrado dilatar durante 16 años, lapso en el que perdió en todas las instancias en que lo planteó, hasta que finalmente, cuando ya no se podía evitar que el terreno se convirtiera en un parque centraron la batalla en conseguir una cuantiosa indemnización, de la misma manera que lo quería hacer la dueña del Parador Rojo en la doble calzada a Cali a la altura de Buga, caso que ha sido cuestionado en todos los medios por considerar que la pretensión de la señora es un exabrupto dirigido a esquilmar al Estado. ¿El Country? Ah no, en ningún medio se ha cuestionado la pretensión, al contrario, se ha criticado al Gobierno local por querer hacer un parque en ese lugar reservado para un exclusivo grupo de socios.
Ahora un perito ha fijado un avalúo en más de 190 mil millones de pesos, valor al que llego sin considerar que el predio está afectado a un uso dotacional y que en él no se podrían hacer construcciones, es decir que en el fondo el terreno no tiene un precio comercial, razón por la cual su avalúo catastral y el impuesto predial son sustancialmente más bajos que los de un predio de casi 200 mil millones como ahora pretenden.
Los socios del Country son algo más de 1.300 y el valor de la acción está estimado en casi 200 millones de pesos, es decir que todo el Club -que tiene más de 100 hectáreas y en este caso se discuten 7- comprado por el valor de las acciones costaría 260 mil millones.
El poder de los dueños del Country amedrentó a los últimos alcaldes de la ciudad que prefirieron entrar en el juego de la dilación del proceso y aplazaron la ejecución del proyecto del parque antes que enfrentar la prevista andanada mediática para quien se atreviera a desafiar sus privilegios. Fue tal el temor que ni siquiera se atrevieron a hacer cumplir la disposición de ceder una franja perimetral para construir un andén (¡sí el andén!) que no existe en buena parte de los alrededores del club.
Esperemos que Peñalosa, que había mostrado toda la intención de enfrentar ese poder mantenga esa disposición e impida por la vía judicial que los socios del Country obtengan una indemnización que es a todas luces exagerada.
El Alcalde tiene una oportunidad linda para hacer estrenar el texto más progresista de la Constitución de 1991, que desafortunadamente se ha quedado escrito porque a todo el mundo le ha dado miedo aplicarlo, se trata de la regla fijada en el artículo 58 que dice que la indemnización previa, en casos de expropiación, “se fijará consultando los intereses de la comunidad y del afectado”. La indemnización no tiene que ser plena sino equitativa. ¿qué pierde el afectado y qué gana la comunidad?, es así como constitucionalmente se tiene que fijar la indemnización y por tanto a la señora de Tocancipá hay que indemnizarla en forma plena porque esa ha sido su fuente de ingreso y único patrimonio, en cambio la pérdida por la cancha de polo se tasa de una forma diferente.
El caso del Country es una gran oportunidad para medir si en Colombia de verdad estamos o no dispuestos a hacer una sociedad más igualitaria, o si quienes han disfrutado de todos los privilegios se van a aferrar a ellos, aún en los casos más baladíes, y van a utilizar todo su poder no solo para mantenerlos sino incluso para aumentarlos.
Hasta ahora, incluso a pesar del cambio generacional que ha ocurrido en el Club, han preferido la avaricia a la generosidad. ¿Estaremos perdidos como sociedad?
La Silla
Enrique Peñalosa Londoño
Alcalde de Bogotá