En medio de la tragedia del equipo Chapecoense que dejó 71 muertos y seis heridos, en el Congreso revive la esperanza para un proyecto de ley que busca aumentar los descansos laborales de las tripulaciones y que lleva enredado tres años por el lobby de aerolíneas y del sindicato de trabajadores aéreos ante el Congreso.
El proyecto propone que el régimen laboral para los tripulantes quede incluido en el Código Sustantivo del Trabajo y no en el Código Aeronáutico de la Aerocivil, donde están en este momento.
Además pide que los tripulantes tengan horarios diferentes de trabajo (de 12 a 8 horas diarias los días que trabajan), más días de descanso por mes (de 9 a 11) y más tiempo en la licencia de maternidad (de 12 a 28 semanas).
Al proyecto lo respalda la Asociación de Aviadores Civiles, que según su presidente el capitán Jaime Hernández, representa a 674 de los 1.700 pilotos comerciales que hay en el país.
Hernández le dijo a La Silla que el cansancio acumulado en las tripulaciones es un problema de seguridad aérea. En Avianca, la aerolínea donde trabaja, dice que hay pilotos hasta con cuatro años de trabajo sin vacaciones porque las acumulan.
El sindicato de pilotos comerciales considera que este proyecto, al convertirse en ley, permitiría que aumenten las plazas de trabajo en el sector, porque el trabajo que hoy hacen siete pilotos, lo tendrían que hacer 10.
Pero precisamente por eso, las aerolíneas se oponen. Para las empresas, las normas actuales ya son lo suficientemente conservadoras para proteger a los pilotos de estrés y cansancio excesivo en su labor.
En comparación con Canadá y Estados Unidos, donde trabajan 14 horas al día, en Colombia hay un tope máximo de trabajo de 12 horas y media por día.
“Quieren trabajar menos y ganar lo mismo”, dijo a La Silla, Gilberto Salcedo, presidente de la Asociación de Transporte Aéreo del país, Atac, que reúne a 21 aerolíneas comerciales que tienen registro comercial en Colombia.
La iniciativa lleva tres años dando vueltas por el Congreso. En 2013, luego de dos años de cabildeo de sindicatos, radicaciones y audiencias, terminó archivada. El senador Juan Manuel Galán la volvió a presentar en 2015, y hasta este año pasó su primer debate en la comisión Séptima de la Cámara.
Si para junio de 2017 el proyecto no tiene un segundo debate, volvería al archivo.
El siguiente paso para el proyecto es en la Plenaria, en donde, nos dijo Galán, los ponentes exigen una audiencia pública para iniciar el debate, algo que normalmente no sucede en este punto del trámite.
Las aerolíneas, representadas en la asociación de Transporte Aéreo de Colombia, Atac, aseguran que el sindicato sólo representa un 6% de todos los empleados del sector en el país, poco más de 65 mil personas, y que no expresa el sentimiento colectivo.
Su presidente, Gilberto Salcedo, le dijo a La Silla que el proyecto no aporta a la seguridad aérea del país y, por el contrario, afecta la competitividad de la industria. Y el tema de la competitividad es el que tiene dividido al Gobierno en torno a este proyecto.
La movida
El Gobierno tiene dos posiciones sobre la iniciativa: una que proviene de Presidencia y otra del Ministerio de Trabajo.
Galán reconoce que el proyecto pasó, por fin, de la Comisión Séptima de la Cámara hacia la Plenaria, gracias a la ministra de Trabajo, Clara López, quien apoyó la iniciativa e intervino en el debate.
A Clara, según nos dijeron dos asesores del Ministerio pendientes de este tema, el proyecto le parece justo. Entre las preocupaciones que tiene en torno a la actual situación de los pilotos y azafatas es que tienen muchas horas de vuelo acumulado, lo que reduce su capacidad de reacción ante una emergencia.
Desde el Ministerio de Trabajo no entienden por qué la regulación laboral va por la Aeronáutica Civil y no por el Código del Trabajo, que es revisado por esta Cartera, “más aún tratándose de una actividad tan esencial, es una cuestión laboral y de seguridad”, nos dijo una de las fuentes del Ministerio.
“Hay sentencias de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado que dicen que debe haber regulación laboral, en el Código del Trabajo”, dice Galán.
Sin embargo, las aerolíneas dicen que el principio de regulación laboral para una labor tan específica como la aérea debe recaer en manos de las autoridades competentes, es decir, la Aerocivil.
La postura de Clara, Galán y los sindicatos, contrasta con las que tienen los ministerios de Transporte y Comercio, y la Alta Consejería para la Competitividad de la Presidencia.
Las entidades sostienen, cada uno con sus bemoles, que el proyecto afectaría la competitividad del país: aumentaría los costos de los tiquetes para los usuarios, hasta las inversiones en los aeropuertos.
El viceministro de Transporte, Alejandro Maya, quien está encargado del tema, le dijo a La Silla que la línea que ha dado la consejería de la Competitividad, dirigida por Carolina Soto, es que no se generen altos costos para los usuarios del transporte aéreo, pero también revisar las quejas de las tripulaciones.
“Entendemos que, en la medida de que las aerolíneas deban incrementar costos, eso se reflejaría en el usuario”, nos dijo Maya.
Una línea muy similar a la de las empresas aeronáuticas.
El presidente de Atac dice que ha acudido a todas las instancias posibles dentro del Gobierno “para que entiendan el impacto” del proyecto.
Empresas como Avianca y Satena (cuyo dueño es el Estado), también han tenido reuniones con la Presidencia de la República y el Ministerio de Hacienda.
A este último, Satena le dijo que si se aprobara el proyecto, al día siguiente tendría que cancelar 26 rutas, porque incrementar el personal aéreo para atender las demandas de los sindicatos y las rutas aumentaría el costo salarial de 6 mil millones a 8 mil millones de pesos anuales.
“Esto contribuiría de forma negativa a la ya difícil situación de la empresa estatal”, dijo su presidente, el general Pedro Lozano, en carta al ministro Mauricio Cárdenas.
Según Atac, aprobar el proyecto traería consecuencias inmediatas, como la disminución de al menos 26 por ciento de las rutas aéreas en el país porque no serían rentables y esto a su vez provocaría el despidos de al menos 10 mil empleados y dejaría a Colombia al margen de la industria internacional.
Esto, dice la industria, aumentaría las pérdidas de la industria que a junio de 2016 llegaban a los 100 mil millones de pesos, por tercer año consecutivo.
En los próximos días debe haber una concertación entre el autor del proyecto y los ponentes para destrabar la iniciativa y que sea agendada para la Plenaria de la Cámara, lo que debería llegar pronto, antes de que el Congreso entre en modo implementación de los Acuerdos de paz y de la reforma tributaria, lo que obligaría a que, por falta de trámite y de interés, el proyecto se archive de nuevo.
