Coca, cocaína y narcotráfico.¿Para dónde mirar?

Por Hernando Zuleta

En el año 2006 hubo un cambio en la política de drogas del país: se comenzó a reducir el esfuerzo en erradicación y se aumentaron esfuerzos en incautación de cocaína y destrucción de laboratorios. Este cambio obedeció a varias razones: Primero, la participación de la hoja de coca en el valor total del negocio del narcotráfico es pequeña (9%), la mayor parte del valor del negocio está concentrado en el tráfico de cocaína (71%). Así, si se busca afectar los incentivos de los agentes involucrados en el negocio del narcotráfico, es más eficiente destruir la infraestructura que permite la producción de cocaína e incautar los cargamentos que van hacia los mercados de consumo (Mejía y Rico, 2011). Segundo, la efectividad de la estrategia de interdicción creció rápidamente: de acuerdo con cifras de UNODC, mientras en el 2000 se incautó el 13% de la producción nacional de cocaína, en el año 2008 se incautó cerca del 46%. Tercero, la erradicación aérea es ineficiente por cuanto el costo de erradicar una hectárea de coca utilizando aspersión aérea es ordenes de magnitud mayor que el precio de mercado de la hoja de coca sembrada en esa hectárea (Mejía, Restrepo y  Rozo, 2015). Cuarto, la relación entre el Estado y las comunidades en zonas de cultivos se dificulta a raíz de las aspersiones. Esto redunda en dificultades para llevar presencia policial y militar, servicios públicos, salud y educación a estas zonas.

No obstante, recientemente han surgido voces que llaman a revisar nuevamente la política de drogas. En particular, se ha pedido el retorno de las aspersiones aéreas y la erradicación forzosa. Una mirada a la evolución reciente del área cultivada ayuda a explicar esta posición: a partir del año 2013 hay un aumento sostenido en el área cultivada de manera que, en la medida en que se considere que esta variable refleja el resultado de la política, también sugiere que la efectividad de la política ha caído sustancialmente desde el 2013.

El problema fundamental con este diagnóstico es que ignora que ha habido una estrategia consiente por parte de las autoridades nacionales de reorientar la lucha contra las drogas haciendo de la interdicción una de las herramientas principales y reduciendo la importancia de la erradicación. En este sentido, deberíamos estar analizando la evolución de la oferta exportable de cocaína y, para este efecto, el área cultivada no provee suficiente información.

Cifras del Observatorio de Drogas de Colombia indican que las incautaciones de hoja de coca aumentaron un 74,25% entre el año 2013 y el año 2015. Aunque este guarismo es inferior al 100% de aumento que registran los cultivos ilícitos en este periodo, sigue siendo un resultado impresionante. Además, indica que la oferta efectiva de coca tuvo un crecimiento inferior al crecimiento de los cultivos. Adicional a lo anterior, para el mes de noviembre de este año, las incautaciones de cocaína ascendían a 308 toneladas métricas, esto es, 47,3% de la producción potencial de cocaína estimada por la Oficina de Drogas y Crimen de Naciones Unidas para el año 2015 (646 toneladas). Este hecho, se explica en buena parte por un esfuerzo de cooperación internacional y por una estrategia basada en la investigación. 

Desde la perspectiva del nuevo énfasis de la política nacional de drogas, el record de incautaciones es un éxito sin ambages: se ha incautado cerca de la mitad de la producción potencial y se ha golpeado a los eslabones más fuertes de la cadena del narcotráfico. No obstante, la métrica tradicional, centrada en el área cultivada, sugiere que la política de drogas está fracasando. Cualquier implicación de política que parta de un diagnóstico basado en esta falacia va a conducir a errores lamentables.