La semana pasada, los medios anunciaron que la Procuraduría compulsó copias a la Comisión de la Cámara de Representantes para que investigara la ‘mermelada’ y si el presidente Santos estaba usando su condición de mandatario en las regiones para capitalizar el apoyo de alcaldes y gobernadores.
Lo que no dijeron los medios y La Silla pudo confirmar es que lo que el 6 de mayo recibió la Comisión de parte de la procuradora María Eugenia Carreño es básicamente la denuncia del senador electo uribista Ernesto Macías tal como venía, sin ningún desarrollo adicional.
Es decir, el Ministerio Público se tomó más de tres meses para enviarle a la Comisión la queja que había recibido de Macías en enero. Y escogió hacerlo justo cuando los escándalos de la campaña reeleccionista, por cuenta del asesor J.J. Rendón, y de la campaña del uribista, por cuenta del hacker Andrés Sepúlveda, sacudieron las elecciones.
Fue un hecho político más que jurídico. Una alta fuente de la Comisión le confirmó a La Silla “no hay nada nuevo” en lo que recibieron de la Procuraduría y que “no es mucho lo que se puede hacer”.
El propio Macías ya le había entregado a la Comisión de Acusación su denuncia entre diciembre y enero del año pasado. Y además, como contó La Silla en febrero, la de la burocracia entregada a los congresistas estaba inflada y tenía muchas inexactitudes.
Además hay otro pero. Trece de los 14 representantes que conforman la Comisión de Acusación están impedidos, entre esos José Rodolfo Pérez, a quién le tocó asumir el tema en la repartición de la queja remitida por la Procuradora. Todos aparecen como ‘enmermelados’.
“Esa queja en la Comisión es como si estuviera viajando en el vuelo de Malasia, puede ser que nunca se sepa nada”, le dijo a La Silla una alta fuente de la Procuraduría.
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Aunque frente a Santos la Procuraduría solo ‘ladra’, porque no lo puede disciplinar y lo más probable es que lo de la Comisión de Acusación termine en nada, el Ministerio Público sí podría ‘morder’ a sus subalternos.
Un funcionario de la Procuraduría que conoce de cerca el tema le contó a La Silla que hay dos investigaciones relacionadas con la ‘mermelada’.
La primera avanza en la Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda. Y que todo apunta hacia el Ministro de Hacienda, el conservador Mauricio Cárdenas, y la dirección y subdirecciones de presupuesto de este ministerio.
Como contó La Silla, el modus operandi de la mermelada pasa por una negociación entre los ministerios de Hacienda y del Interior y los congresistas a cargo del trámite de proyectos claves de ley, sobre todo las reformas tributarias y el Presupuesto Nacional.
En la Procuraduría los ojos están puestos principalmente sobre Cárdenas y sus enlaces con el Congreso porque habrían sido los intermediarios entre el gobierno y los senadores y representantes enmermelados.
También están investigando a los congresistas que le habrían comprado a otros colegas los cupos indicativos para agrandar su botín, con el beneplácito del Gobierno.
Esta compra-venta de cupos también ya la advirtió La Silla en su investigación sobre el tema.
Para avanzar, la Procuraduría está verificando todas las partidas presupuestales de la Nación para las regiones y la base para irse contra el Ministro es “la sospechosa inequidad en la distribución de los recursos a algunas regiones que ya conocemos todos” y la coincidencia “con un voto masivo” a favor de los congresistas enmermelados, según le confirmó una alta fuente del organismo de control a La Silla.
La ficha que le falta al rompecabezas, y no es menor, es la prueba concreta sobre la existencia de negociaciones irregulares. Para ello, en la Procuraduría esperan que alguien involucrado se voltee y colabore con la investigación. “Como sucedió en la investigación del carrusel de la contratación en Bogotá”, dijo la fuente.
Una eventual sanción contra Cárdenas tendría una lectura política puesto que tanto el Ministro de Hacienda como el Procurador Alejandro Ordóñez son potenciales candidatos a la Presidencia del Partido Conservador en 2018 y sacar a un rival del juego, justa o injustamente, beneficiaría a Ordóñez.
El punto de partida de la segunda investigación en la Procuraduría coincide con la historia de La Silla sobre la mermelada en Córdoba, que recibió más recursos del gobierno nacional por la obsesión que tenía Santos de quitarle ese departamento a Uribe, usando a los senadores Noño Elías y Musa Besaile como las puntas de lanza.
Más concretamente, la Procuradora Delegada para la Contratación Estatal Irma Trujillo ha adelantado trabajado para abrir una investigación en Sahagún, el pueblo donde Bernardo Noño Elías recibió la mayor porción de mermelada y del cual su primo es alcalde. Así se lo confirmaron a La Silla funcionarios de la Procuraduría. Una comisión de la entidad ya visitó la Alcaldía de Sahagún para determinar en cuales contratos se cometieron irregularidades. La Procuradora Trujillo fue la que destituyó e inhabilitó al exgobernador de La Guajira Kiko Gómez,
La procuradora María Eugenia Carreño cuestionó la semana pasada, que Santos se reuniera con alcaldes y gobernadores para “asegurar el apoyo a su campaña a cambio de partidas presupuestales”.
El Presidente negó esas acusaciones y dijo que “no tienen ningún fundamento”.
Funcionarios de la Procuraduría que están revisando al tema creen que el Presidente sí está sujetando la inversión al apoyo político de los alcaldes pero, según dijeron a La Silla, “es imposible probarlo”.
“Se amangualan de una manera impresionante…..No le cabe ninguna al presidente, porque es muy sutil”, le dijo a La Silla un procurador delegado.
Los alcaldes y gobernadores que apoyen al presidente sí podrían terminar enredados.
La Procuraduría ya remitió a la Regional de Antioquia la presunta participación en política de algunos alcaldes del departamento a favor de Santos, para que inicien indagación preliminar.
La Procuraduría para la Vigilancia Administrativa hizo lo propio por un vídeo en el que el gobernador de Arauca, según una denuncia del Centro Democrático, podría estar incurso en participación en política a favor de Santos.
A esto se le suma la presunta participación en política del gobernador de Boyacá, que habría invitado a contratistas a un evento con Vargas Lleras, denuncia que ya llegó a oídos de la Procuraduría. También la reunión entre la fórmula vicepresidencial de la reelección y los alcaldes boyacenses.
En los próximos meses, se sabrá si la Procuraduría, además de ladrar y asustarlos, muerde a los santistas que puede sancionar.