Por: Lorenzo Morales y Carolina García Arbeláez
El medio ambiente perdió en primera vuelta. En realidad, perdió desde que empezó la campaña electoral. Los dos candidatos que pasaron a segunda vuelta, enfrascados en sus rencillas de pandilla, avanzaron con discursos huecos y como si vivieran en otro país: un país de papel y no uno de cordilleras, valles, ríos y cuencas, mares y páramos, mega-ciudades y humedales, agricultores, pescadores y transeúntes. Ni Oscar Iván Zuluaga ni Juan Manuel Santos (los otros tampoco) plantearon políticas para los desafíos ambientales -que son también económicos y sociales- que tendrá que enfrentar el país, no sólo en los próximos cuatro años sino en las próximas cuatro décadas.
Tío Conejo pone sobre la mesa 5 preguntas inaplazables que merecen una respuesta de los dos candidatos. Sabemos que no quedan cubiertos todos los problemas y desafíos ambientales del país, pero sí al menos, para nosotros, los más trascendentales, léase urgentes. Con los aportes de ustedes, los usuarios, la ampliaremos a 10 preguntas. Tío Conejo le hará llegar a los dos candidatos esas 10 urgencias ambientales. Esperamos respuestas y las compartiremos con ustedes.
En estos tiempos, tenemos que tener orejas aguzadas y dientes afilados para asegurarnos que para el gobierno de turno el medio ambiente no siga siendo una simple arandela de la política y un modismo para parecer globalizados y correctos o, peor aún, un estorbo, un palo en la rueda de la feria de las complacencias.
1. ¿Cuál va ser su política frente al Cambio climático?
Actualmente Colombia no tiene una política nacional de adaptación al cambio climático a pesar de ser uno de los países más vulnerables a este fenómeno. Ya podemos intuir la magnitud de aquello a lo que nos enfrentamos: las inundaciones por el fenómeno de la Niña entre 2010 y 2012 afectaron a 2,9 millones de colombianos en 28 de los 32 departamentos, según el DANE. En su momento el gobierno estimó que dicho fenómeno le pudo costar al país un 2.5 por ciento de su Producto Interno Bruto. Esto es casi equivalente a juntar los tres desastres naturales más grandes de los últimos 30 años: el terremoto de Armenia (1,86 por ciento del PIB), la avalancha de Armero (0,29 por ciento) y el terremoto de Popayán (0,45 por ciento). Según los pronósticos el fenómeno del Niño que tendrá lugar a comienzos de 2015 se verá intensificado por el cambio climático y colombia tendrá que enfrentarse a una sequía sin precedentes. Colombia no tiene un fondo de adaptación al Cambio Climático, el fondo que se creó fue para reconstruir el país después de las calamidades de la ola invernal ¿Vamos a esperar a que el Niño haga estragos para desempolvar la urna de cristal y volver a prometer acciones, planes y políticas?
2. ¿Cuál va ser su posición frente a la minería en páramos?
La discusión sobre la minería en los páramos ha sido uno de los temas ambientales más polémicos en la actualidad. En los páramos se produce el 70 por ciento del agua que consumen los colombianos. Actualmente los páramos están protegidos por diferentes disposiciones legales y por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Sin embargo, la única ley que los protege de actividades de alto impacto como las extractivas y las agropecuarias es el Plan Nacional de Desarrollo que se expira el próximo 7 de agosto. En esta fecha, cuando se posesione el nuevo gobierno, la suerte de la principal fábrica de agua en Colombia estará en manos del gobierno de turno. ¿No es este acaso un patrimonio de todos los Colombianos y fuente de un derecho y un recurso que no es transable?
Pero además de no estar protegidos también ha habido problemas con su delimitación. El Atlas de Páramos de Colombia fue elaborado por el Instituto Humboldt a una escala de 1 :250.000 en 2007 y se convirtió en el documento para delimitar el ecosistema. No obstante, el Humbolt ya le entregó al ministerio una nueva cartografía de páramos con una escala de 1:25, que le permite al ministerio saber con precisión cómo delimitar el ecosistema. El ministerio aún no ha adoptado esta nueva cartografía, por lo que se ha permitido delimitar ecosistemas, como el de Santurbán, a punta de ojímetro político y no de una afinado y riguroso aparato científico.
Si el gobierno no se toma en serio la protección de los páramos está poniendo en riesgo el recurso más importante y valioso de todos: el agua.
3. ¿Qué va a hacer para recuperar las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) de las garras de la corrupción?
Las Corporaciones Autónomas Regionales son la punta de lanza de la gestión ambiental a nivel local pero terminaron convertidas en la caja menor para pagar favores políticos de los últimos gobiernos. Santos prometió reformarlas y no lo hizo. Lo último que se supo es que su proyecto de ley se le iba a presentar a las comunidades indígenas y afrodescendientes para surtir la consulta previa antes de presentarlo al Congreso. Pero el gobierno se dejó coger la noche y en plena contienda electoral la reforma institucional quedó en el tintero. El gobierno Uribe durante 8 años tuvo una oposición abierta a la autoridad ambiental regional pero tampoco pudo modificarla.
Las CAR hoy día son fortines politiqueros con altos niveles de corrupción. Además, no cuentan con la capacidad operativa y presupuestal para hacer seguimiento y controlar los proyectos que impactan el medio ambiente.
En el debate sobre la institucionalidad ambiental ha surgido la propuesta de que la autoridad ambiental en las regiones esté ordenada por cuencas hidrográficas y no por departamentos. Lo cierto es que el modelo actual no parece estar funcionando y el próximo gobierno tendrá que definir qué hacer con estas entidades.
4. ¿Cuál va a ser su política de exenciones a la gran minería?
El pago de regalías es casi una ilusión que el gobierno anuncia con bombos y platillos cuando entran por la puerta pero que oculta con disimulo cuando buena parte sale por la ventana de atrás en deducciones, rentas exentas y descuentos tributarios. Hoy día, las regalías se deducen del impuesto a la renta que pagan las grandes empresas. Una tributación acorde con los buenos vientos de la industria y sus ganancias descomunales es lo mínimo para que el país pueda reinvertir en una compensación social y ambiental por el daño que han infringido durante décadas a nuestro patrimonio natural. La Contraloría y otras organizaciones han advertido como al país se le retribuye una fracción mínima de la riqueza explotada. En las últimas dos décadas, por cada dólar aportado por la minería y los hidrocarburos, el Estado percibió ingresos fiscales de apenas dieciséis centavos. Incluso en 2007 y 2009 las deducciones fiscales al carbón fueron superiores al valor de los impuestos pagados.
5. ¿Qué plan tiene para el desarrollo ordenado de la Orinoquia?
Allí se cruzan varias riquezas que necesitan armonizarse para evitar que ese valioso cuarto de país se vuelva una "milhoja" de improvisaciones y después un retazo de expolio y mal desarrollo. La Orinoquia está en la mira de la minería, de la agroindustria, de la extracción de gas y petróleo. A su vez tiene una inmensa y frágil riqueza ambiental. En enero de este año se aprobó un CONPES para la región, una herramienta valiosa de política pero que se volvió un excelente distractor técnico, con muchas mesas, comités y unidades y un carnaval de siglas (UARIV, SNARIV, UACT, DPCI, PGIRS y más), una receta que diluye responsabilidades y perpetúa la indecisión. Precisamente ese limbo de acción y jurisdicción fue el que aprovechó la firma de abogados Birgard & Urrutia para orquestar una maña delictuosa para que el ingenio Riopaila se apropiara de 42.000 hectáreas de tierra con antecedente de baldío en Vichada, al cuales deberían ser entregadas a campesinos sin tierra. (A propósito, en julio se cumple un año desde que la Fiscalía anunció investigación. ¿En qué va el proceso?)
Tío conejo invita a todos los usuarios a completar esta lista de preguntas ambientales inaplazables. Es hora de que el medio ambiente esté en la agenda del próximo gobierno.
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