Así como en días pasados revivió el fantasma de las chuzadas del uribismo por cuenta del hacker Andrés Fernando Sepúlveda y de la reactivación de la solicitud de extradición de la ex directora del Das de Álvaro Uribe, esta semana el ejercicio de memoria es con los falsos positivos, el episodio más nefasto del período de Uribe. Más allá de si es intencional o una mera coincidencia, la confesión ante la Fiscalía del coronel Róbinson González, uno de los protagonistas de ese escándalo, se convierte en una arma poderosa para inclinar a favor de Santos a los indecisos a siete días de las elecciones. Pero es un arma de doble filo.
Nuevamente, como sucedió con el escándalo de J.J. Rendón y los supuestos pagos millonarios y por encima de los topes permitidos a Duda Mendoza, el estratega político de Zuluaga, fue Daniel Coronell quien reventó la noticia este domingo en su columna en la revista Semana.
El periodista anunció que “un terremoto judicial estremecerá a Colombia” por cuenta de que González del Río ofreció a la Fiscalía confesar y colaborar con la Justicia para esclarecer más de 200 ‘falsos positivos’ que probarían que estos asesinatos a sangre fría de jóvenes que luego fueron presentados como guerrilleros dados de baja “no sucedieron como hechos aislados sino que fueron parte de una política de Estado.”
Coronell dio el titular y contó que el periodista Juan Carlos Giraldo entrevistaría a del Río en el noticiero de RCN. En efecto, el noticiero pasó la primera parte de la entrevista en la que el coronel contó cómo había él participado directamente en el asesinato de 24 jóvenes y acusó directamente al general Mario Montoya de ser el cerebro detrás de esta macabra estrategia.
También dijo que el hermano de Uribe, Santiago Uribe, había tenido una reunión con paramilitares en 2008 para financiarlos. El noticiero anunció para mañana el resto de la entrevista, con lo cual, el escándalo dará para toda la semana.
El general retirado Montoya negó las acusaciones y anunció la consabida denuncia por injuria. Pero la entrevista fue suficiente para recordar que durante el período de Uribe, miembros del Ejército asesinaron a jóvenes para engrosar los éxitos de la política de Seguridad Democrática.
Según la respuesta de la Fiscalía a un derecho de petición interpuesto por el entonces senador del Polo Democrático Gustavo Petro, para 2009 la Fiscalía tenía registrada la aterradora cifra de 2.616 víctimas de homicidios presuntamente cometidos por agentes del Estado y que fueron asumidos por la justicia entre enero de 2008 y abril de 2009. La absoluta mayoría de los muertos son hombres, y entre ellos hay 53 menores de edad.
Antes de primera vuelta, había estallado otro escándalo que retrotrajo otro suceso del pasado oscuro uribista: el de las chuzadas. Esta vez por cuenta del hacker Sepúlveda, que fue capturado cuando supuestamente interceptaba los diálogos en la Habana y que hoy fue puesto en libertad por el juez de garantías que tumbó la imputación que le había hecho la Fiscalía.
Tanto el escándalo de las chuzadas como ahora este de los falsos positivos alimentarán el miedo de quienes temen un regreso del uribismo con Óscar Iván Zuluaga y ayudarán, seguramente, a reforzar su voto por Santos. También podría servir para ayudar a decidir a los que a estas alturas todavía no saben por quién votar.
Son el 12 por ciento de los que muy probablemente van a votar, según la última encuesta de Ipsos. Y el 6 por ciento de los votantes, según la Polimétrica, de Cifras y Conceptos.
Cuando la contienda está tan cerrada como la actual, esos 300 mil votos (si se atiene uno a Ipsos) o 600 mil votos (si le cree a Cifras y Conceptos) harían la diferencia.
También podría morderle al voto en blanco (10 por ciento, según Ipsos, 11 por ciento según la Polimétrica y 3,7 por ciento según la Gallup), que está siendo impulsado por líderes de izquierda como el senador Jorge Enrique Robledo.
Los falsos positivos horrorizaron a la mayoría de los colombianos, pero los crímenes de Estado encajan con la narrativa que tradicionalmente moviliza a la izquierda.
Por eso, y sin subestimar la tragedia que han sido estas ejecuciones extrajudiciales y lo importante que sería para las víctimas y el país que el coronel Robinson González ayude a esclarecer la verdad de lo sucedido, políticamente su confesión puede ser aprovechada por la campaña santista precisamente cuando este será un tema obligado en los debates de televisión que se llevarán a cabo todos estos días.
Sin embargo, es un escándalo que también plantea varios riesgos políticos para Santos.
Para comenzar, los falsos positivos que él narra de manera tan descarnada, ocurrieron entre 2007 y 2008, a manos de militares, cuando como ministro de Defensa Juan Manuel Santos era su superior. Para entonces, Santos llevaba ya dos años en el ministerio.
Como La Silla estableció en su momento, cuando Santos llegó al Ministerio en 2006, ya la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos había alertado sobre las ejecuciones extrajudiciales del Ejército en sus informes anuales del 2004 y del 2005, y sus delegados pusieron a Santos al corriente.
Lo primero que hizo Santos junto con el general Freddy Padilla de León, el Comandante de las Fuerzas Militares, y su viceministro Sergio Jaramillo, hoy Alto Comisionado de Paz, un año antes de que se destapara el escándalo de Soacha, fue cambiar los indicadores de éxito de la Fuerza Pública.
Mediante la directiva 300-28 de noviembre de 2007, comenzaron a premiar más las capturas y las desmovilizaciones que las muertes en combate. Santos sacó esta directiva a pesar de la oposición del general Mario Montoya, Comandante del Ejército, hoy acusado por el coronel Robinson de presionarlos por “litros de sangre”, algo que también reportó La Silla en 2009.
En septiembre de 2008, Medicina Legal le reportó a la Oficina de Derechos Humanos de la Vicepresidencia que el sistema de identificación de desaparecidos había encontrado que de 11 personas desaparecidas en Soacha, nueve aparecieron muertas dos días después en Ocaña y dos en Cimitarra. El Fiscal de Ocaña dijo que eran muertos en combate. Lo mismo el de Cimitarra. Con esa información, el director de la Oficina llamó al Ministro Santos y esa misma noche, en una rueda de prensa, Santos destapó el escándalo que más ha golpeado la reputación de las Fuerzas Armadas.
En cambio de tapar el escándalo con la tradicional actitud de solidaridad de cuerpo, Santos conformó una comisión para investigar el tema. Creó la figura de inspector delegado para cada brigada que no estaba en la línea de mando y también la de un asesor jurídico operacional para que el comandante de la brigada sepa qué tipo de acciones estan acorde con el derecho internacional humanitario.
Sacó una directiva obligando a que el levantamiento de cadáveres fuera realizado solo por fiscales, una medida que muchos militares rechazaron porque consideraban que esto entorpecía las operaciones militares pues se tenían que quedar cuidando a los guerrilleros muertos mientras llegan los fiscales.
Creó una unidad especial de 20 fiscales para investigar los casos y ordenó a todas las brigadas que entregaran la información requerida tanto por el Coronel Suárez a cargo de la comisión investigadora como a la Oficina de Derechos Humanos de la ONU.
De esa comisión salieron 15 recomendaciones que el Ministerio puso en práctica, incluido un documento con nuevas reglas de enfrentamiento que en gran parte se quedó en el papel y que, paradójicamente, su propio gobierno quiso tumbar al impulsar la reforma al fuero penal militar.
Los resultados de esa investigación sirvieron de sustento para despedir a 27 oficiales del Ejército, incluidos tres generales. La radical medida la tomó Santos, en contra de la voluntad del general Montoya, quien presentó su renuncia a raíz de ese episodio.
Con ese despido masivo, Santos logró también debilitar la línea de sucesión de Montoya, y la más cercana a los afectos del Presidente Uribe.
Aunque habiendo hecho todo lo anterior Santos podría explicar que él fue el que ayudó a frenar los falsos positivos, el hecho irrefutable y más fácil de entender para cualquier televidente que vea estas noches los debates en televisión es que él era el comandante de los militares que cometieron los falsos positivos y que por ende, le cabe una responsabilidad política.
A esto se suma otro dato que contó Coronell pero que RCN no mencionó hoy en su entrevista y es que cuando el coronel González del Río fue testigo de la supuesta reunión de Santiago Uribe con los paramilitares él era comandante del grupo Gaula de Antioquia, adscrito a la Cuarta Brigada, del Ejército en Medellín. Y su jefe era el general Juan Pablo Rodríguez Barragán, actual comandante general de las Fuerzas Militares nombrado por Juan Manuel Santos.
Curiosamente, Rodríguez llegó al cargo más alto en las Fuerzas Militares en el remezón de la cúpula militar de febrero de este año, que se debió al escándalo por unas grabaciones cuyo protagonista era Róbinson González, el que hoy prende el ventilador.
Para Santos, que se recuerde este escándalo de la grabaciones durante los debates tampoco será bueno por dos razones: por un lado, porque el manejo que le dio el Ministro de Defensa al escándalo de las grabaciones puso de relieve los problemas de control y la debilidad que ha tenido frente a las Fuerzas Mlitares.
Y por otro, porque obligará a Santos a hablar mal de un sector del Ejército que, como lo han denunciado en su propia campaña, está activamente haciendo proselitismo en favor de Zuluaga.
Róbinson González es un teniente coronel del Ejército que, detenido en agosto de 2012 por una investigación por varios “falsos positivos”, resultó envuelto en un escándalo en febrero de este año, cuando Semana sacó unas grabaciones en las que González ofrecía hacer varios negocios ilegales desde su centro de detención.
Solo en ese momento el Ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón decidió llamarlo a calificar servicios, a pesar de que, además de la acusación por falsos positivos, en octubre de 2013 había estado en el corazón de otro escándalo: al parecer le pagó 400 millones de pesos al entonces magistrado del Consejo Superior de la Judicatura Henry Villarraga para que éste tomara una decisión que pasaba su caso de la justicia ordinaria a la penal militar, lo que a la postrte terminó con Villarraga renunciando a su cargo.
En las grabaciones, González no solo hablaba de “cuadrar” negocios con la contratación del Ejército sino que también hablaba con un general de montar una mafia para desprestigiar a los fiscales que los investigaban y mostraba las condiciones de privilegio con las que llevaba su detención.
Estaba detenido por varios operativos del batallón 57 Mártires de Puerres, que estaba a su cargo en 2007. Además de cuatro muertes en Chinchiná, uno en Salamina, y cinco en la zona rural de Manizales, el caso más avanzado es el del asesinato de Janiot César Sepúlveda y Javier Moreno, el 29 de septiembre de 2007 en la finca Piamonte de Neira, Caldas. En total, González habría participado en 12 ejecuciones extrajudiciales en ese batallón. En sus declaraciones a RCN, González habló de otros 12 operativos y de un total de alrededor de 25 asesinatos.
Después de pasar por ese batallón González fue comandante del Gaula en Antioquia en 2008, cuando su jefe directo, como comandante de la Cuarta Brigada, era el hoy Comandante de las Fuerzas Militares, el general Juan Pablo Rodríguez Barragán.
El impacto judicial de las declaraciones del coronel Róbinson puede ser inmenso. El impacto político para estas elecciones solo se comenzará a dilucidar esta noche cuando termine el debate de El Tiempo y CityTv.