Hoy la plenaria del Senado iniciará la discusión, en segundo debate, de la Reforma Política. Uno de los 12 artículos de su ponencia cambiaría totalmente la relación del Congreso con el Gobierno porque permitiría que los congresistas definan en qué se va uno de cada cinco pesos de inversión del presupuesto sin tener que negociar con el Ejecutivo.
Eso equivale a legalizar lo que decidían, por debajo de la mesa, en la llamada mermelada: plata del presupuesto para sus regiones. Aunque la propuesta no es del Gobierno, si el presidente Iván Duque permite que salga adelante, podría quedar muy bien parado con los congresistas sin necesidad de negociar esas partidas con ellos como hicieron los gobiernos anteriores.
Es decir, mientras dura ese trámite tendrá un as bajo la manga para tener tranquilos a los congresistas. Y en ese plazo, e incluso después, puede quedar tan bien con ellos como lo hicieron quienes dieron mermelada, sin negociar cada proyecto ni girar ni un cheque.
La propuesta
En el primer debate la Reforma no tenía ese articulito y salió adelante sin él, pues la Comisión Primera aprobó varios artículos de la ponencia que lideró el coordinador ponente Roy Barreras.
Sin embargo, en esa discusión la uribista Paloma Valencia presentó como proposición un artículo que se había hundido en la reforma a la justicia que presentó, y que revive una pelea que perdió hace cuatro años.
El artículo dice así:
“Por lo menos una quinta parte del presupuesto nacional de inversión se denominará Inversión de Iniciativa Congresional. El Congreso de la República por iniciativa de sus miembros y con aprobación de las plenarias, podrá solicitar la inversión en proyectos específicos que previamente hayan sido aprobados por el Departamento Nacional de Planeación.”
Valencia también había liderado el tema hace cuatro años, junto con otro senadores uribistas, incluyendo al actual Alto Consejero para la Política, Jaime Amín.
El articulito no parece ser flor de un día.
Además de los uribistas, esta vez la idea la han comprado senadores que no lo son, empezando por Barreras y su compañero en la coordinación de la ponencia, Temístocles Ortega de Cambio Radical.
También la firmaron el liberal Luis Fernando Velasco, la conservadora Esperanza Andrade, el miraísta Carlos Guevara y el fariano Julián Gallo.
Además, según una persona que conoció de primera mano el trámite de la ponencia, ésta fue concertada íntegramente por Barreras y Ortega con el Gobierno.
Eso quiere decir que el articulito tiene el aval implícito de Duque, por lo que no es absurdo pensar que puede terminar saliendo aprobado.
La mermelada sobre la mesa
El presidente Iván Duque ha repetido en varias ocasiones que no le dará mermelada a los congresistas, lo que tiene en el aire la gobernabilidad en el Congreso. Hasta ahora no hay un reemplazo para el tradicional sistema clientelar en el que el Gobierno da cuotas burocráticas y cupos indicativos a cambio de que los congresistas le aprueben sus proyectos y no son un contrapeso a su poder.
Como contó La Silla Vacía, con Duque la cosa está cambiando porque no les ha dado ni representación burocrática a la mayoría de congresistas ni ha hablado de cupos indicativos.
Eso tiene desorientados a muchos congresistas, según nos han dicho de primera mano más de 30 de ellos, de diferentes partidos y de todas las regiones que cubrimos.
Aunque por ahora no ha hundido proyectos, la votación apretada para revivir la moción de censura contra el Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, en el Senado la semana pasada; o la resurrección de esa misma moción en la Cámara, pueden ser muestras tempranas de una mayor autonomía y presión el Gobierno.
El articulito podría facilitar esas relaciones.
Primero, mientras se aprueba, le deja al Gobierno la ventaja de que su apoyo, o por lo menos no objeción al articulito tiene un gran valor para los congresistas. Si decide atravesarse al cambio, podría enredar la reforma y quitarle ese futuro poder a los congresistas.
Segundo, porque si es aprobado dejaría en manos de los congresistas la inversión de unos 9 billones de pesos, una forma de gran dosis de mermelada. Con la diferencia de que esa "tecnomermelada" ya no dependería de sus relaciones con el Gobierno ni de negociaciones debajo de la mesa, aunque sí de las correlaciones de fuerza en el Congreso, ya que la decisión quedaría en manos de la plenaria.
Eso abriría la puerta para que los congresistas sigan mostrando obras en sus regiones, algo que les suelen pedir sus electores y es fundamental para seguir en el poder, sin tener que perder independencia para ello.
“Podría cortar un poco la dependencia de gestión del Congreso frente al Ejecutivo, que casi que a modo de extorsión hace perder las facultades del congresista”, le argumentó a La Silla el senador uribista Santiago Valencia, quien dice que es un deber constitucional de los congresistas llevar o gestionar inversión a sus regiones.
Eso no quiere decir que sea obvio que el articulito sea aprobado, por lo menos por dos motivos.
Uno es que hay un debate teórico sobre los beneficios de que los congresistas definan parte de la inversión nacional de forma autónoma, pues podría llevar a que se financien proyectos desarticulados de los del Gobierno, que seguriría manejando la gran mayoría del presupuesto de inversión.
En Colombia los congresistas tuvieron esa facultad entre 1968 y 1991, bajo el nombre de auxilios parlamentarios. La Constituyente los eliminó sobre todo porque era usual que una parte de la plata terminara en las maquinarias políticas de los congresistas.
Desde entonces han revivido varias veces, por debajo de la mesa, y como partidas que los gobiernos han creado para repartir a su conveniencia.
El segundo motivo por el que puede naufragar es que el Gobierno perdería poder frente al Congreso, pues los congresistas ya no tendrían que buscar su apoyo para llegar inversiones a sus regiones.
Eso le quitaría al Ejecutivo una de sus cartas más fuertes para negociar con ellos, excepto durante el trámite de la Reforma y de la ley que luego la reglamente, cuando cada detalle podría definir qué tanto poder pierde y cuánto ganan los congresistas
Y es ahí donde Duque tendría una carta fuerte para obtener la lealtad de los congresistas, aunque también quedan muchos interrogantes.
Los interrogantes
La Reforma Política es un cambio a la Constitución y por eso le quedan seis debates más. Si sale aprobada, una o varias leyes definirán los detalles para aplicarla.
En todo ese proceso, que tardaría entre nueve meses y dos años más, queda un espacio para negociar entre los congresistas y el Gobierno, y para ayudar a que los primeros mantengan buenas relaciones con el segundo incluso sin cupos indicativos ni cuotas, por la aspiración de que el articulito termine siendo realidad.
Esos serían algunos de los puntos a negociar, que hoy siguen siendo interrogantes.
¿Quién en el Congreso tendría el poder para definir las inversiones? No es claro cuál sería el procedimiento para elegir los proyectos. Por ejemplo, si se tramita como un solo proyecto de ley o un solo paquete de presupuesto una vez al año, si serían proposiciones aisladas de los congresistas, si deben pasar por alguna comisión actual o por una nueva para discutir el tema, o si simplemente se debate en plenaria. Todo eso definiría quién tendría el poder dentro del Congreso para definir el destino de esa plata, y si las mayorías podrían imponerse para definirla toda o la oposición tendría margen para, por primera vez, tener la posibilidad de definir inversiones directamente.
¿Planeación podría ser el veto del Gobierno? Aunque el Gobierno perdería poder con el articulito, Planeación Nacional tendría un papel importante pues los congresistas solo podrían elegir proyectos que éste haya aprobado. Sin embargo, no está claro cuáles serían esos proyectos, si los Congresistas podrían formularle proyectos o si Planeación podría vetarlos. La experiencia del sistema para definir a qué proyectos van las regalías muestra que en la práctica probablemente habría una tensión entre el deseo político de los congresistas de ejecutar los proyectos que quieran, el de los técnicos de Planeación de asegurar que sean proyectos sólidos y viables, y las necesidades del país de que se ejecuten los recursos y no se queden parqueados en los bancos.
¿Se lograría más transparencia? El articulito va de la mano con otro que el senador Álvaro Uribe logró incluir en el presupuesto del próximo año, que obliga a revelar el nombre del congresista que proponga un proyecto concreto que se financia con plata de éste. Las dos medidas, juntas, deberían ayudar a que los congresistas gestionen inversiones por encima de la mesa. Sin embargo, como la decisión pasa por plenaria y el trámite no está claro, podría ocurrir lo que pasa hoy con los ajustes a los proyectos, incluyendo algunos clave como el presupuesto o el Plan de Desarrollo, en los que los congresistas inciden con proposiciones que presentan con nombre propio pero que no se revelan de forma oportuna y transparente a la sociedad.
