No solo el Ministerio de Agricultura se ha reformado pensando en las tareas necesarias para aterrizar los acuerdos sobre el campo firmados con las Farc en La Habana.
La Defensoría del Pueblo abrió hace un par de semanas un brazo que se dedicará a velar por los derechos de los campesinos y las poblaciones en zonas rurales. Al mando de esta nueva defensoría delegada para los asuntos agrarios y de tierras está Andrés Felipe García Azuero, el último viceministro de agricultura.
García, que fue el segundo vice del ex ministro Juan Camilo Restrepo y también trabajó con Francisco Estupiñán, es un economista con maestría en manejo y conservación de bosques tropicales del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (Catie) costarricense. Buena parte de su carrera ha girado en torno a temas de desarrollo rural, como director de desarrollo rural en Planeación Nacional durante dos años, director de planeación del ICA y Parques Nacionales y consultor en el Ideam.
Con esta doceava defensoría delegada, la Defensoría que lidera Jorge Armando Otálora tiene ya oficinas que se ocupan de los derechos de poblaciones vulnerables como las víctimas, los desplazados, las mujeres, las poblaciones étnicas, los adultos mayores y la niñez. Y ahora también de los campesinos.