Por Marc Hofstetter
twitter: @mahofste
Hace 17 años entrábamos al último año del gobierno de Samper. Nos adentrábamos sin darnos cuenta en la peor crisis económica en medio siglo, el desempleo se dispararía pronto, muchos colombianos perderían sus casas tras el desastre hipotecario que se avecinaba, los diálogos del Caguán no estaban todavía a la vista y muchos mirábamos con alivio el ocaso del gobierno cuyo mérito había sido no caerse tras el escándalo sobre la financiación de la campaña presidencial anterior. La selección Colombia iba a ir a su tercer mundial consecutivo pero no había mucha ilusión en la hinchada. Tenía razón en ser escéptica. De ese mundial nos iríamos con un solo gol marcado y faltaríamos a las tres siguientes citas mundialistas.
Por aquella época, Andrés Arias, el que sería a la vuelta de unos años Ministro de agricultura, terminaba sus estudios de economía en Colombia y tomaba vuelo hacia Estados Unidos para empezar un doctorado en UCLA, la Universidad de California en Los Ángeles. Según una reciente sentencia de la Corte Suprema, habrán de pasar otros 17 años para que ese personaje abandone la cárcel. Cuando se cumpla la sentencia, Farid Mondragón tendrá 60 años y James Rodríguez, con 40 años y algo barrigón, recordará con su hija de veinte años sus hazañas en el Mundial de Brasil donde salió goleador.
De ese tamaño es la sentencia que enfrenta el alfil de Uribe. Bien hecho dirán algunos. El que la hace la paga, dirán otros. Por fin actuó la justicia aplaudirán todos. Me uno a los coros justicieros. Con una salvedad: sólo aplaudo si el sentenciado cometió delitos y si estos merecen esa condena.
Sé de un crimen que cometió como Ministro. Pero es uno que no da cárcel. Es uno que el gobierno anterior cometió desde que se empezó a hablar de reelección y del cual este ministro se contagió y quizás incluso promovió: el matoneo mediático, la sevicia en el lenguaje con los adversarios políticos, la sonrisa burlona tras cada triunfo, el disfrute al ver los retorcijones del adversario. Si la Silla me permite este lenguaje usaré la expresión con la que un amigo resumía esa actitud: la hijueputez. De ese delito sí que hubo varios culpables en ese gobierno y Arias fue un alumno aventajado en esas lides.
Pero en principio al exministro no lo condenaron por eso. Lo condenaron por dos delitos. El primero, por no haber sacado a licitación pública el contrato que le dio vida a la asignación de subsidios del programa de AIS cuya aprobación había logrado unos meses atrás en el Congreso de la República. De allí había salido con sonrisa orgullosa. Burlona dirían sus adversarios políticos; yo coincidiría con ellos.
El tema de la licitación pública en este caso luce como una zona llena de grises jurídicos. La ley ordena que contratos de ese tamaño pasen por un proceso de licitación pública, evitando que los funcionarios los asignen a dedo. Pero la ley establece que los contratos de ciencia y tecnología podrán ser asignados sin licitación. El Ministerio consideró en aquel entonces, siguiendo una larga tradición al interior de la institución, que ese tipo de contrato era de ciencia y tecnología y por tanto se lo encargó al IICA, una entidad que depende de la Organización de Estados Americanos, sin una licitación de por medio.
La Corte Suprema discrepó de esa interpretación y condenó a Arias por firmar ese contrato sin cumplir con los requisitos de ley. Arias puede haber obrado de buena fe guiado por la tradición jurídica al interior del Ministerio. Y claro, la arrogancia que destilaba el gobierno del que hacía parte no le debe haber ayudado a tener el recato necesario a la hora de tomar decisiones de ese calado. El triunfo de unos meses atrás en el Congreso, la sonrisa orgullosa o burlona que casi lo catapultan a la presidencia de la República, terminaron un lustro después enviándolo a la cárcel.
El segundo delito es peculado por apropiación en favor de terceros. Algunos empresarios de la Costa dividieron sus predios para poder acceder a una mayor cantidad de subsidios. La Corte consideró que Arias tuvo injerencia directa en la entrega de los subsidios de AIS, incluidos los que fueron otorgados a estos empresarios. En su concepto Arias sabía que los predios se habían fraccionado para ser merecedores del subsidio y no impidió el giro de los recursos. Personalmente me cuesta creer que un ministro pueda estar al tanto de si un predio de muchos miles que recibieron el subsidio se fraccionó o no. Pero vaya uno a saber si alguien con las capacidades de micro gerencia que tenía el presidente de la época podía estar enterado de la historia catastral de un predio beneficiario. En este punto me declaro agnóstico.
Arias era el hijo predilecto de un gobierno que llegó al extremo de interceptar las conversaciones de la Corte Suprema de Justicia, la misma que ahora le condenó hasta que Farid cumpla 60 años por los dos delitos mencionados. Un gobierno que a medida que acumulaba poder y popularidad le pareció natural postular que el estado de opinión era una fase superior del Estado de Derecho. Sin sonrojarse. Un gobierno en el que con certeza se cruzaron muchas líneas penales. Un gobierno en el que—de nuevo con la venia de lasillavacia.com—la hijueputez se volvió consuetudinaria. Pero ese delito lo sancionamos en las urnas. No es penal, no da cárcel.
Arias además de ser el hijo predilecto del gobierno resultó el eslabón más débil con el que los muchos ofendidos pudieron devolver los favores recibidos. La venganza es un plato que se sirve frío. Quedo con la impresión de que un pedazo de ese banquete servido en la Corte está condimentado con los odios que sembraron Uribe y sus colaboradores. Por cada año de ofensas de Uribe y sus amigos a la Corte, dos años de cárcel para Arias. Si estoy en lo correcto la Corte está cometiendo una tremenda injusticia. TREMENDA.