Una de las grandes banderas del Polo en los últimos años ha sido contra la concentración de poderes y la criminalización de la protesta. Sin embargo, a juzgar por un artículo de la página oficial del Partido, este rasero es muy diferente cuando se trata de un gobierno de izquierda como el de Rafael Correa. Es tan diferente que incluso en defensa del presidente ecuatoriano atacan a uno de los juristas y académicos más respetados del país por su defensa de los derechos económicos, civiles y sociales que tanto promueve la izquierda como es Rodrigo Uprimny y su centro Dejusticia.
El artículo de la página oficial del Polo se titula “Dejusticia de Colombia salpicada de intervenir en campaña mercenaria pagada por Chevron para desprestigiar gobierno de Rafael Correa”.
La nota no viene firmada por nadie, con lo cual se infiere -como suele ser la práctica común- que es asumida como posición editorial del partido. Se basa en información de la Agencia Andes, que es uno de los medios oficiales creados por Correa en su cruzada por controlar la información en el Ecuador (dato que no menciona el Polo) y recoge una investigación de Ricardo Restrepo, profesor colombiano del Centro de Derecho y Justicia del instituto de la universidad pública Altos Estudios Nacionales del Ecuador.
El artículo apunta a demostrar que una investigación sobre los problemas de independencia judicial en Ecuador realizada por Dejusticia (bloguer de La Silla) y otras dos fundaciones que trabajan en temas de acceso a la justicia en Ecuador (Dplf) y Perú (Idl) forma parte de una campaña de desprestigio de Correa impulsada por la multinacional Chevron.
La teoría es que como Chevron se niega a pagarle al Ecuador la multimillonaria indemnización (reducida a 9,5 billones de dólares) impuesta por los jueces ecuatorianos por el derrame de millones de galones de residuos tóxicos en la selva amazónica en los años setenta y ochenta, la multinacional ha contratado abogados, académicos, economistas e investigadores (como los de Dejusticia) con el fin de “impulsar una campaña de descrédito en el ámbito internacional contra el Estado y el gobierno de Correa.”
El artículo no prueba que Chevron haya pagado directamente a Uprimny o a Cesar Rodríguez Garavito, quien participó en la investigación por parte de Dejusticia. Tampoco que Chevron haya pagado directamente el estudio. Pero llegan a esa conclusión por una enrevesada cadena de conexiones.
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La lógica del artículo publicado por el Polo es la siguiente: el autor principal de la investigación sobre la falta de independencia judicial en Perú es el abogado peruano Luis Pásara, quien es miembro del Centro Woodrow Wilson de Washington, centro académico que a la vez recibe honorarios de Chevron y además alberga a muchos expertos que -según el partido- también tiene altos cargos en Chevron. Como los de Dejusticia participaron en el mismo informe, entonces están “salpicados” por la plata de Chevron.
Entre las conexiones que establecen entre el Centro Wilson y la Chevron hay unos tan indirectos como que el presidente de la junta de esta Ong gringa Thomas Nides trabajó para el banco de inversión Morgan Stanley, uno de cuyos principales clientes era Chevron.
En todo caso, la nota del Polo, y la de la Agencia Andes en la que se basa, omiten varios detalles: Pásara fue fellow del Centro Wilson de 2011 a 2012 como lo han sido decenas de intelectuales de izquierda. Sin ir más lejos, Daniel García-Peña, el ex secretario General del Polo, fue uno de ellos. Pero no es funcionario del centro.
En todo caso, el Centro Wilson no financió el estudio. Lo hizo la Fundación Tinker, ong gringa que trabaja en temas de acceso a la justicia en el mundo entero. También tuvo el apoyo de la Open Society Foundation (que financia a La Silla y a organizaciones que promueven sociedades abiertas, muchas de ellas de izquierda).
Pero más allá del nivel al que llevan la teoría de la conspiración en esta nota, lo paradójico es que el Polo, en su página oficial, acoja un artículo sin firma que recoje la posición del gobierno de Correa frente a una investigación que demuestra, entre otras cosas, cómo el gobierno ecuatoriano ha perseguido a los jueces, a los periodistas, a las ong de derechos humanos y a los movimientos sociales e indígenas que le han hecho oposición a Correa. Exactamente a lo que este partido de izquierda se opuso con vehemencia durante el gobierno de Uribe.
“Actualmente existe en Ecuador una utilización política de la justicia que compromete seriamente la independencia judicial en aquellos casos en los que está de por medio el interés gubernamental”, dice la investigación.
Como lo explicó César Rodríguez en una columna de El Espectador, Correa impulsó una reforma constitucional en 2011 que alineó el poder judicial con el Ejecutivo al convertir al Consejo de la Judicatura, que está bajo su influencia, en el juez de jueces.
Desde entonces, según documentó la investigación en la que participó Dejusticia, este Consejo ha destituído a decenas de jueces con el argumento de que cometieron “errores inexcusables” de interpretación del derecho. En la mayoría de ocasiones, según este estudio, el “error” se descubrió después de que los jueces se habían opuesto a una decisión de algún funcionario de Correa.
La investigación en la que participó Dejusticia también mostró que el Poder Judicial se ha utilizado para condenar por “terrorismo” y “sabotaje” a los disidentes de Correa. Los casos son parecidos a aquellos contra los cuales el Polo ha alzado su voz en Colombia.
Entre los ejemplos citados en la investigación está el caso de tres dirigentes indígenas condenados a 12 años de cárcel por “terrorismo organizado” por una marcha contra el proyecto de ley de aguas de 2010, por la cual otros tres están condenados por “obstaculización de las vías públicas”.
Luego de una intervención pública del presidente Correa, doce estudiantes de secundaria del Colegio Central Técnico fueron condenados por “rebelión” por salir a protestar en 2013 contra el cambio de nombre de su colegio (la escaramuza con la policía produjo sólo daños materiales menores).
A la dirigente magisterial Mery Zamora se le acusó de haber impulsado a la protesta al estudiantado de un colegio para que se aunara a los desórdenes y se le condenó en junio de 2013 a ocho años de reclusión mayor, por “interrupción o paralización del servicio público de la educación”.
Otro caso es el de José Acacho y otros dirigentes que encabezaron una movilización indígena en la provincia de Morona, en septiembre de 2009, de cuya confrontación con la policía resultó una persona muerta. "De los once dirigentes procesados, a tres se les condenó en agosto de 2013 como autores del delito de “terrorismo organizado” y se les sentenció a una pena de doce años", dice el estudio.
Eso, sin mencionar, los casos de persecución contra los medios opositores de Correa como el diario El Universo.
Es el lado oscuro de la Revolución Ciudadana de Correa. La Silla contactó a Clara López, la presidenta del Polo, para preguntarle si la publicación de esta nota sin autor reflejaba la posición oficial del Polo. Si es así, sería también el lado oscuro de este partido que tradicionalmente ha defendido todo lo contrario.