Unas son las responsabilidades jurídicas, las que se definen en los tribunales y dependen del debate probatorio. Sus consecuencias son las que están en la ley: prisión, multas, inhabilidades, etc. Otras son las responsabilidades políticas esas se discuten en los espacios y los escenarios donde se define la política: el Congreso, los medios, la calle, etc. No se derivan de la violación concreta de una ley. Sus consecuencias son la pérdida de confianza y legitimidad por parte de los electores, en concreto pérdida de votos.
En casi todos los países hay grandes escándalos políticos. Solo en estos días un ex presidente de Francia fue detenido, uno de El Salvador lo llevaron a la cárcel ayer, el círculo cercano de la Presidenta de Brasil deberá responder por corrupción en Petrobras y lo de Lula ya lo hicieron por sobornar al Congreso y en los Estados Unidos un ex candidato republicano a la Vicepresidencia y precandidato a la Presidencia en el 2016 fue condenado por cohecho. En Italia, hace ya 20 años, los partidos políticos volaron en mil pedazos por el caso de “manos limpias” y aún no se recuperan. Los casos se definen en los tribunales y en las urnas.
En algunos casos las condenas judiciales no necesariamente tienen costo político, porque los partidarios de los implicados no creen y asumen que es una persecución o una injusticia o porque no les parece grave aquello de lo que se les acusa. El PT ganó las elecciones mientras condenaban a varios de los que oficiaron en el círculo más cercano del Presidente Lula Da Silva, quien tiene un enorme teflón de popularidad. En un mes se sabrá si ese teflón todavía sirve.
El debate de esta semana en el Congreso fue un muy interesante recuento de los más graves escándalos políticos de los últimos 30 años. Los protagonistas salieron del Congreso y se fueron a los tribunales a “llevar las pruebas” y mucha gente reaccionó diciendo que es en los juzgados donde deben debatirse esos hechos y no en el Capitolio, pero no, es en ambas partes y en los medios y en la calle y en todas partes que hay que hablar de eso.
En Colombia hay una percepción más o menos generalizada de que no pasa nada, pero sí pasa. En los últimos 20 años se han condenado más de 100 congresistas y miles de políticos casi todos ellos juzgados mientras ejercían: por enriquecimiento indebido, por vínculos con organizaciones del narcotráfico, por relaciones con paramilitares.
En la historia ha habido muchos otros casos en los que las responsabilidades jurídicas han quedado a medias, pero ha habido responsabilidades políticas: el Partido Conservador ha cargado como un karma la violencia de mitad del siglo XX, que quedó en la impunidad jurídica, pero que le pasó factura durante décadas en las urnas. El Partido Liberal lleva a sus espaldas el 8000, tanto que desde entonces no gana una elección nacional y pasó su representación de 55 a 17% del Congreso. A la izquierda una parte de la opinión le pasa la cuenta en cada elección por la “combinación de las formas de lucha” que algunas de sus organizaciones han predicado, o por el pasado guerrillero de varios de sus dirigentes.
Los vínculos con paramilitares, en cambio, han traído más responsabilidades jurídicas que políticas. Ha habido muchos condenados, tantos que algunos lo pueden haber sido injustamente. Hay todavía mucho por investigar y juzgar en las cortes. Esos vínculos también han tenido consecuencias políticas, pero hasta ahora muchos de los sectores políticos involucrados han sido incluso premiados en las urnas por los electores. Este capítulo está muy vigente aún y por ello es el que genera mayor crispación y debate jurídico y político.
Las relaciones con el Cartel de Cali terminaron no solo con condenas sino con enormes costos políticos. Congresistas de diversas partes del país pero especialmente del Valle terminaron condenados. Alcaldes y Gobernadores terminaron en la cárcel y sectores políticos, la mayoría de ellos vinculados al liberalismo desaparecieron del mapa electoral o perdieron mucho de su peso.
Haciendo el repaso, sin duda, tienen razón Rodrigo Lara y los Galán de que el capítulo que está sin estudiar es el de las relaciones de los políticos con el cartel de Medellín. Santofimio terminó condenado por esa relación, pero a diferencia de los otros casos en este es el único en el que no hubo alcaldes, gobernadores o congresistas juzgados y condenados, ni sectores políticos afectados electoralmente. En casi todos los otros casos o ha habido responsabilidades jurídicas o políticas o ambas en este ninguna de las dos.
Por ahí comenzó el debate el senador Iván Cepeda. Desempolvó viejas acusaciones no resueltas que se le hacen a Uribe de cuando fue director de la Aeronáutica, de cuando fue Alcalde de Medellín, de relaciones comerciales y familiares con personas vinculadas al Cartel de Medellín.
Habrá algunos hechos por los que no necesariamente debería responder Uribe, pero que podría reconocer y rechazar. Por ejemplo, por los temas familiares no tendría que responder pero él asume las responsabilidades porque asume la defensa. Desafortunadamente Uribe no tuvo la decencia de oír las cosas –justas o injustas- de las que se le acusa y por eso no las pudo responder.
Hay otras en las que podría haber una especie de “responsabilidad culposa” como la hubo de muchos sectores que por “pragmatismo político” o porque “para la época era un empresario reconocido” o cualquiera de esas excusas que se le han aceptado a otros que han tenido vínculos con delincuentes se le podrían aceptar a Uribe. Hay otras de “culpa in eligendo” que no necesariamente lo llevarían a responder por los hechos de sus “elegidos”, por ejemplo, Santoyo o Noguera. En fin, hay muchas cosas que Uribe podría aceptar, lamentar, rechazar, arrepentirse de errores, etc. Nadie está obligado a autoincriminarse y los demás no tenemos derecho a condenarlo por lo que la justicia no ha probado, pero en términos políticos los ciudadanos no solo tenemos el derecho, sino incluso el deber de decidir si confiamos o no en determinados políticos por sus actos, sus relaciones, su manera de enfrentarlos y afrontarlos.
Uribe ha preferido eludirlos, autoproclamarse como “hombre límpio” y sus aúlicos lo exoneran de toda responsabilidad. Ahí está el error –a mi juicio-, el uribismo y todos los sectores políticos tendrán que asumir sus responsabilidades, reconocer hechos, tratar de enmendarlos para poder cerrar la página. Si no, de cuando en cuando aparecerán las acusaciones que solo serán “refritos” si se fritan de verdad y no si no se meten en el caldero de la justicia y de la política.
Un gran aporte del debate de esta semana podría ser que ventilaramos el capítulo pendiente de las responsabilidades por vínculos de políticos con el cartel de Medellín. ¿Nos ayuda con lo que sepa Doctor Uribe?