La decisión del presidente Juan Manuel Santos de suspender los diálogos de paz hasta que las Farc liberen al general Alzate y las demás personas secuestradas con él rompe uno de los principios que había dominado el proceso de paz hasta ahora. Al hacerlo, la dinámica de las negociaciones puede cambiar drásticamente y no necesariamente para bien.
En el Acuerdo Marco negociado entre el Alto Comisionado Sergio Jaramillo y el jefe guerrillero “El Médico” quedó estipulado que, dado que negociarían en medio del conflicto, nada de lo que sucediera en el campo de batalla afectaría la negociación en La Habana. De esta manera aspiraban a evitar que los hechos de la guerra alteraran el curso de la negociación de paz.
Por eso, ni siquiera la muerte de Alfonso Cano -máximo líder de esa guerrilla- dado de baja en un bombardeo en el Cauca, cuando las negociaciones aún no se habían hecho públicas, truncó las conversaciones. Tampoco cuando las Farc mataron a nueve militares en Paraguachón (La Guajira) en febrero de 2013, ni cuando el Ejército dio de baja a alias Caliche en mayo de 2013.
¿Qué cambió ahora para que el secuestro del general y sus acompañantes sí provocara la suspensión?
Según lo que pudo averiguar La Silla, dos factores grandes pesaron en la decisión de acabar con ese principio.
El primero es que llevaban semanas discutiendo en la mesa de La Habana con los guerrilleros de las Farc medidas concretas para desescalar el conflicto. Ya estaban muy de cerca de llegar a un acuerdo para que las Farc se comprometieran a suspender todos los ataques a la infraestructura como un primer paso en ese desescalamiento.
El Presidente consideró que el que este secuestro sucediera justo en medio de esa discusión ponía en duda la seriedad de lo que estaban discutiendo, según dijo a La Silla una fuente del alto gobierno.
Sobre todo porque una de las condiciones que existió para entrar a negociar es que las Farc se comprometieran públicamente a suspender el secuestro.
De hecho, en febrero de 2012 la guerrilla anunció que proscribía como práctica de la guerrilla el secuestro extorsivo justo cuando también anunció su interés de dialogar con el Gobierno.
Lo sucedido este fin de semana técnicamente no clasificaría dentro de este delito pues no han pedido ningún rescate a cambio, pero políticamente da igual porque para la opinión pública un secuestro es un secuestro.
“La opinión pública no ha visto nada de ellos, ningún gesto. El único compromiso es que no secuestraban”, dijo la misma fuente.
La desconfianza que esto genera en la opinión pública (y que no se ha compensado de forma sustancial por las dos treguas navideñas de las Farc) fue uno de los factores que al parecer tomó en cuenta Santos para pedirle a los negociadores que no viajaran a La Habana hasta que los liberaran.
“Hay que ser claros: aunque estamos negociando en medio del conflicto, las Farc tienen que entender que a la paz no se llega recrudeciendo las acciones violentas y minando la confianza. La muerte de los indígenas en Toribío, Cauca, es solo un ejemplo. El secuestro ayer en Chocó del general Alzate, de un suboficial y una abogada, que se une al de dos de nuestros soldados en Arauca, son actos que en nada ayudan a avanzar hacia la paz”, puntualizó.
Hay otra razón, quizás más inmediata y poderosa, que seguramente ayudó a apuntalar la decisión y es el impacto que produjo la noticia de la retención entre los militares.
Según le dijo a La Silla alguien que conoce muy bien a los militares, aunque no hubo una amenaza de renuncia masiva ni ruido de sables –como se ha rumorado en ciertos círculos- si hubo un “conato fuerte de oposición”.
“El grupo más anti-proceso de los militares estaba moviendo a otra gente para decir que el proceso se tenía que acabar”, dijo la fuente y contó que recibió varias cadenas de chat en ese sentido. “Entre más se demore la devolución del general, más fuerza ganarán los militares anti-proceso”.
La Silla no pudo verificar esta información con otra fuente pero no deja de ser diciente que el presidente Santos haya anunciado la decisión de suspender el proceso el domingo por la noche, tras su reunión con los militares y desde el Ministerio de Defensa, e incluso antes de reunirse con su equipo negociador de paz el lunes festivo.
Como ha contado La Silla, dentro de un sector grande del Ejército existe un fuerte malestar con el proceso de paz y el secuestro de un general es otro detonante más para convencerlos de que las Farc no es sincera en su propósito de negociar.
El temor a que esto pusiera a los militares más en contra de Santos y del proceso, y seguramente que el ex presidente Álvaro Uribe lo capitalizara políticamente, podría explicar por qué Santos -en vez de manejarlo discretamente como ha manejado otros incidentes que han ocurrido en la mesa- haya optado por el emplazamiento público suspendiendo también el principio de separación entre la mesa y el campo de batalla.
El problema de haber roto esta separación entre la mesa de diálogo y el campo de batalla es que puede suceder lo que ocurrió en el proceso de El Caguán y es que los negociadores gastan más tiempo en el micrófono denunciando los abusos de la guerrilla (que son muchos y permanentes) que encontrando las fórmulas para ponerle fin a la guerra.
Esto genera rating porque los “machos” siempre son bienvenidos, pero termina desgastando la negociación y en muchos casos acabando con ella como sucedió en las negociaciones de Caracas y Tlaxcala durante el gobierno Gaviria, y en el mismo Caguán.
Después de esta suspensión no será fácil para el Gobierno no reaccionar con la misma contundencia cuando las Farc realicen otras acciones, porque queda en el aire la sensación de que hay una desigualdad, como ya se ha notado con críticas sobre por qué no se suspendió el proceso cuando las Farc asesinaron a dos indígenas en el Cauca.
Además, la suspensión abre la puerta para las Farc tomen decisiones similares, que obstruyan el proceso, si son golpeadas por el Ejército.
También es problemático que haya decidido suspenderlo cuando retienen a un general, algo que podría ser legítimo según el Derecho Internacional Humanitario como parte de las reglas de la guerra (sin menoscabar su crueldad) porque se trata de un combatiente, y que no lo haya hecho cuando mataron a dos indígenas o cuando secuestraron a dos soldados en Arauca la semana pasada, por solo citar dos casos.
“Al darle tanta relevancia la gente está pensando en las Farc no como los que atentan contra civiles como en Tumaco, sino como los que hacen acciones militares contra un General”, dice un ex consejero presidencial de Derechos Humanos. “Además, deja lo del cese de hostilidades, algo que quieren las Farc, sobre el tapete”.
Desde un principio de la negociación, la guerrilla ha insistido en un cese bilateral de fuego y el gobierno ha dicho que no precisamente porque cree que eso le podría representar ventajas militares a la guerrilla.
Al suspender el proceso por un acto propio que podría ser propio de la guerra, como es capturar a un enemigo (el caso de la abogada sí es una clara violación al DIH pero no es sobre ella que Santos ha hecho énfasis para la suspensión), el Presidente sitúa el debate en el terreno donde las Farc han querido tenerlo siempre.
Es posible que, con la presión nacional y la internacional, las Farc liberen al General y a sus acompañantes pronto. Pero aun cuando lo hagan, la negociación ya no volverá a ser la misma.