En los últimos meses, dos construcciones de vivienda han levantado polémica en Bogotá porque están en zonas ambientalmente protegidas y porque la alcaldía de Gustavo Petro ha tomado decisiones muy diferentes a la hora de definir su futuro.
Se trata de las urbanizaciones Cerro Verde, en plena reserva forestal de los cerros orientales de la capital, y Fontanar del Río en el Humedal La Conejera, que es de propiedad del papá del concuñado del Alcalde Petro.
En el primer caso, el Distrito emitió un concepto diciendo que la licencia de construcción que fue prorrogada el año pasado, no está vigente y por lo tanto, no se podía prorrogar. Así, si se inician las obras, la alcaldía local de Chapinero -que es la que toma la decisión- puede tener un argumento con el cual suspenderlas. Además, prometió demandar la licencia usando ese concepto como sustento porque considera que la licencia es ilegal.
En el caso de la Conejera, en cambio, el Distrito no ha tomado ninguna decisión para frenar la construcción de la obra. La razón, según la Secretaria de Ambiente, Susana Muhamad, que ha investigado el caso, es que no se cumplen las condiciones para pedir medidas preventivas porque la licencia de construcción es legal y porque el daño ambiental no es grave e irreversible como aseguran los defensores del Humedal que han pedido que se suspenda la obra.
El Distrito dice que ambas construcciones son totalmente opuestas por lo que afirma que no se puede comparar la decisión que se tomó en ambos casos. “Es comparar peras con manzanas”, le dijo a La Silla Muhamad. Sin embargo, hay voces que se han levantado para decir que como en el caso de Cerro Verde, en Fontanar se pudo haber suspendido la obra hasta que se tomara una decisión de fondo.
“La diferencia es la voluntad política de tomar una decisión. La decisión de Cerro Verde es una prueba que se puede suspender una obra en cualquier etapa”, le dijo a La Silla el Concejal de Alianza Verde del progresismo, Roberto Sáenz, que ha planteado los debates en el Concejo de la ciudad para los dos casos. “En ambos casos hay demostraciones amplias y contundentes de por qué se deben suspender las obras pero en el caso de La Conejera, el Distrito no la quiso tomar. Ambas son decisiones políticas”.
En el mismo sentido, cuando Petro anunció el concepto de la Alcaldía frente a Cerro Verde, (que en principio dijo que se suspendía pero luego corrigió porque el Distrito no puede tomar esa decisión) hubo una sucesión de trinos preguntándole por qué el diferente rasero frente al proyecto de la Conejera.
Apoyo la protección de los cerros orientales y espero esa misma protección para La Conejera: https://t.co/2Se41GjEBd
— Clara Lucía Sandoval (@clarasandoval) enero 9, 2015
. @petrogustavo Gus ¿Por qué gobiernas para unas cosas y para otras no?
— A sequitas. (@Davidasecas) enero 8, 2015
Distrito demandará licencia de construcción en los cerros orientales // Y la conejera? Nos va a hacer "Conejo" la familia Petro-Alcocer?
— Mielmesabe (@rzneas) enero 10, 2015
La Silla consultó a varios expertos en el tema y contrastó las versiones de las partes involucradas en ambos proyectos para entender por qué el Distrito tomó decisiones tan distintas en un tema que aparentemente tiene cosas en común como por ejemplo que ambos proyectos de vivienda tienen licencias de construcción vigentes y además, están ubicados en zonas ambientalmente sensibles.
El argumento principal del Distrito para justificar sus decisiones es que la licencia de Cerro Verde es ilegal y la de Fontanar no. Una posición que no comparten los defensores del Humedal. Estos son sus argumentos.
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Cerro Verde es una urbanización que planea construir en 17 hectáreas de zona de reserva de los cerros orientales 16 torres con 200 apartamentos de estrato seis.
El proyecto tiene licencia de desarrollo integral desde agosto de 1996, hace casi 20 años. Esa licencia inicial implicaba que el constructor, Megaterra S.A. debía urbanizar el predio: construir vías de acceso y redes de servicios públicos, que debían entregarse a empresas públicas del Distrito.
Posteriormente, en el 2004 obtuvieron la licencia de construcción. Ese año, la constructora pidió una prórroga pero entonces, en el 2005, vino la decisión de suspender la aprobación de las licencias mientras el Consejo de Estado tomaba la decisión que congeló toda la construcción en los cerros orientales como medida cautelar. Hasta noviembre de 2013 se resolvió que si se podía construir, si los constructores que tenían licencia no sabían que era reserva y ya se habían iniciado las obras. Así se les respetarían los derechos adquiridos antes del fallo.
Después de la sentencia, la Curaduría No. 4 les otorgó la prórroga en julio del 2014 argumentando que la constructora ya tenía los derechos adquiridos (ya tenía licencia) sobre el predio y que el responsable de la construcción dijo que ya se habían iniciado las obras. Esa es la decisión que la Secretaría de Planeación dijo en un concepto emitido el pasado 30 de diciembre que no se podía hacer porque es ilegal y dijo que va a demandar la que ya le otorgaron.
La Alcaldía alega, por un lado, que esa prórroga sólo se podía conceder si el constructor certificaba la iniciación de las obras, que en su concepto, no ha ocurrido. Por lo tanto, dice la Alcaldía, “hizo incurrir en error” a la Curaduría que le prorrogó la licencia de construcción.
Por otro lado, frente a los derechos adquiridos en el predio previo a la sentencia, Planeación Distrital dice que el proyecto estaba en una zona de reserva (19,8 por ciento en franja de adecuación y 80,1 por ciento en zona de reserva) y que la constructora lo sabía antes de que se fuera al Consejo de Estado. Como el constructor no realizó las obras en su momento, como argumenta el Distrito, no hay motivo para reconocerle derechos adquiridos para construir, pues el fallo del Consejo de Estado establece que “si las licencias obtenidas legalmente en la zona de reserva no se han materializado en una construcción, ya no podrán realizarse” luego del fallo. Por lo tanto, no hay derechos adquiridos.
En suma, el Distrito considera que la prórroga de esa licencia es ilegal porque no cumplió con los requisitos exigidos.
Sin embargo, la constructora Megaterra dice que ellos sí entregaron obras de urbanización y le envió a La Silla unos documentos que según ellos, lo prueba: el primero es un acta de recibo de obras de cesión para vías locales firmado por la delegada de Procuraduría de Bienes del Distrito del 27 de agosto de 1997, justo al año de que se entregó la primera licencia, la de desarrollo integral. La otra es un acta de la alcaldía local de Chapinero que hizo una visita en 2006 y constata que hay 1800 metros construidos de vías de acceso y pozos de alcantarillado.
Estos argumentos no convencen al Distrito porque, según la Secretaría de Planeación, con información del Idu y dos visitas de la alcaldía local de Chapinero a finales del año pasado, se comprobó que el primero no recibió las obras y que la segunda no encontró obras realizadas en el predio en esa fecha. Ese concepto, como contó El Espectador, será la base para argumentar la demanda en contra de la licencia de construcción.
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En cambio, en el caso de la Reserva Fontanar del Río, en el Humedal La Conejera, la Alcaldía no ha pedido la suspensión preventiva ni ha hecho ninguna acción para que se suspenda la obra.
Por el contrario, la Secretaria de Ambiente, Susana Muhamad, le aseguró a La Silla que su licencia para construir cinco torres de apartamentos de vivienda de interés social (uno de cuatro pisos y el resto de cinco pisos), en media hectárea de la zona del Humedal es legal porque el proyecto no se cruza con las zonas de manejo y preservación ambiental (zmpa en términos técnicos) y que es la franja que divide el humedal de las zonas urbanizables.
Pero el concepto de la Personería de Bogotá, del Concejal Roberto Sáenz y de la comunidad que ha denunciado la obra es distinta.
Ellos argumentan que la construcción sí está dentro de la zmpa, lo que en principio obligaría a que allí no se pueda construir: para la Personería, la obra se sobrepone en 238 metros cuadrados de la zmpa por lo que pidieron que se vuelva a revisar la decisión que le otorgó la licencia a los familiares políticos del Alcalde Petro a principios del 2014 que aparecen como responsables de la obra.
Pero la decisión de revisar o no la decisión está en veremos porque el Alcalde Petro se declaró impedido y el Presidente Juan Manuel Santos no ha designado a un Alcalde ad hoc que lo reemplace. Mientras tanto, la construcción de esa obra sigue en marcha.
La Silla supo que en una reunión informal en noviembre pasado donde estuvo presente el equipo de la Personería que diseñó los mapas que muestran la supuesta superposición de los límites, la Secretaria de Ambiente, Muhamad y la ex Secretaria de Planeación, María Mercedes Maldonado, entre otros, se estableció que los mapas de la Personería están desactualizados por lo que sus conclusiones están equivocadas.
“Nosotros sí hicimos mediciones en el terreno, las hicimos tres veces para tranquilidad de la comunidad. Ellos no. Por eso, en la reunión no pudieron rebatir nuestros argumentos”, le dijo Muhamad a La Silla.
Rodrigo Carrizosa, el Presidente de la Asociación Colombiana de Arquitectos de Bogotá que estuvo también en esa reunión, le confirmó a La Silla que en efecto ahí se demostró que ambas entidades estaban midiendo los linderos del predio de La Conejera con mapas distintos que pueden estar desactualizados.
Sin embargo, para él, que hace parte de la Comisión de Veeduría de las Curadurías (quienes emiten conceptos para otorgar las licencias de construcción), el hecho de que las bases de las argumentaciones de ambas fueran distintas ameritaba que se suspendieran las obras, al menos mientras se definía quién tenía la razón.
“Si el Distrito se tomó el trabajo de ir a mirar el terreno, con equipos especializados, ¿por qué al menos no se tomaron decisiones preventivas de suspender la obra hasta tanto no se nombre un alcalde Ad hoc para decidir sobre el tema?”, le dijo Carrizosa a La Silla. “Hay una incongruencia entre las distintas entidades del Distrito (frente a la invasión del proyecto en la zmpa) que ameritaba una suspensión mientras se resuelve el asunto. Así no se hubieran precipitado las decisiones. La pregunta queda abierta”.
Además, Carrizosa asegura que una parte de la obra sí entra en la zona de manejo y prevención, aunque según él, no son más de 50 metros cuadrados.
En la misma línea, el Concejal Roberto Sáenz y la comunidad aseguran que en la otorgación de la licencia de construcción no se tomó en cuenta que dentro del predio quedó el canal Afidro que hace parte del humedal y que debe ser protegido. Para Sáenz la prueba de que el proyecto sí se mete en esta zona protegida es que la misma Secretaría de Ambiente publicó un comunicado de prensa a finales de octubre (después de otorgada la licencia) donde “se declara Zona de Manejo y Preservación Ambiental- ZMPA de 15 metros a cada lado del canal Afridro” y que está dentro del predio.
“Esa es una recomendación que le hace la autoridad ambiental al constructor como obras de mitigación. Lo hacemos en todas las obras pero no son de obligatorio cumplimiento”, le dijo a La Silla Muhamad. “Afridro no es un cuerpo de agua del humedal, es un canal artificial que hizo el Acueducto. Por eso no está en el Pot”.
Muhamad asegura que ninguno de los dos argumentos es suficiente para tomar la decisión de suspender la obra de manera preventiva porque no hay inconsistencias legales en la licencia. Para el Distrito, no hay una afectación grave porque el lote de media hectárea, de las 58 que tiene el humedal, es la octava etapa de un proyecto que ya tiene las otras siete construidas y donde hay muchos otras urbanizaciones en pie, todas en el borde sur del humedal que es legalmente urbanizable.
“Es la última media hectárea que se puede urbanizar”, le dijo a La Silla. Por eso, asegura que ya se conocen los impactos de este tipo de obras y que no está dentro de las zonas sensibles del humedal que están en el borde norte.
“Se hizo una evaluación y no es suficiente el impacto para justificar que se frene la obra. Esas decisiones tienen que ser motivadas por eso no paramos la obra” dice Muhamad. “La licencia se otorgó legalmente”.
Sin embargo, La Silla supo que las medidas preventivas se pueden aplicar si hay alguna duda de que un proyecto invade al menos un centímetro de la zona de reserva. Así lo explica el asesor jurídico de Amigos de la Montaña que lleva el caso contra Cerro Verde, Juan Luis Moreno, y experto en norma urbana con 20 años trabajando en el tema. Una duda que sin embargo, tiene que ser avalada por la autoridad ambiental de la ciudad, en este caso, el Distrito y que en el caso de Cerro Verde si existe (y que según Muhamad más que duda es una certeza) mientras que en el caso de La Conejera, no.
Aunque Moreno asegura que no conoce en particular el caso de La Conejera, explica que “el punto no es el tamaño (de la invasión del proyecto en las áreas protegidas) sino si las invade o no. “Si lo invade, la licencia debe anularse y corregirse”, dice.
Eso es lo que está en veremos mientras se designa al alcalde ad hoc para decidir se si se vuelve a revisar la licencia en el caso de La Conejera como pide la Personería y el Concejal Sáenz, además de la comunidad que ha acampando en el terreno para que no se sigan haciendo las obras.
Faltará ver si cuando se nombre al reemplazo de Petro para el caso de La Conejera, se decidirá revisar la licencia de la construcción de Fontanar, que sigue generando mucha polémica por que están involucrados familiares políticos del Alcalde. Algo que no parece muy probable dados los argumentos que tienen el Distrito y en los que aseguran que la licencia de ese proyecto está bien dada. Mientras tanto, lo que no deja de sorprender a los críticos de Petro es la celeridad con la que el Distrito actuó en el primer caso (un mes después de la denuncia de Amigos de la Montaña emitió su concepto), mientras que en La Conejera la obra sigue en pie.