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| El Plan Nacional de Desarrollo de Santos II, que lideró Simón Gaviria, llegará el viernes al Congreso pero posiblemente sin surtir la consulta previa obligatoria con los afro. |
Este viernes vencen los seis meses de plazo que tiene el gobierno Santos II para presentarle el Plan Nacional de Desarrollo al Congreso. A ese día va a llegar Simón Gaviria corriendo a marcha forzada porque, para evitar que se caiga en la Corte Constitucional más adelante, el ministro del Interior está desde ayer en proceso de hacer una consulta previa exprés con las comunidades afrocolombianas.
Juan Fernando Cristo estuvo todo el domingo reunido en el Hotel Tequendama de Bogotá con 576 líderes afro de todo el país para persuadirlos de llegar a un acuerdo sobre el Plan, que es la matriz de las políticas que Santos II ejecutará en estos cuatro años. Pero la reunión comenzó en un ambiente de alta tensión.
La razón es que originalmente el encuentro era para comenzar a darle forma al espacio afro que se encargará en el futuro de las consultas previas para asuntos de interés nacional (incluidos los planes de desarrollo), pero como los cogió la noche para hacer la consulta previa del Plan de Desarrollo optaron por “matar dos pájaros de un tiro” y hacer en cinco días lo que no han logrado hacer en cinco años de Santos y ocho de Uribe.
El lunes pasado, Cristo y Gaviria se habían reunido con una decena de líderes de base afro y varios altos funcionarios afro como Luis Gilberto Murillo y Nigeria Rentería para proponerles la posibilidad de consultar el Plan de Desarrollo en la reunión pensada inicialmente para crear el espacio para las consultas afro. La mayoría de líderes de base dijeron que no estaban de acuerdo.
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La situación era tan tensa a finales de la semana pasada que varias de las organizaciones afro más representativas ya le advirtieron al Gobierno que están contemplando demandar el Plan y así se lo hicieron saber al presidente Santos en una dura carta que le entregaron los líderes de diez organizaciones ttras el 'consejo de ministros regional' que presidió el sábado en Guapi (Cauca).
Pero si el Gobierno no hace la consulta, lo más seguro es que a Gaviria le tumben parte de su Plan en la Corte, como ha sucedido ya con leyes que no consultaron a los afro como la reforma al Código minero de 2011 o la ley forestal de Uribe. Por eso, Cristo decidió intentar persuadirlos de todas formas.
Ayer, en la reunión con los 576 líderes, Cristo se los volvió a plantear, diciéndoles que “tenemos muy poco tiempo para ello, lamentablemente no fue culpa de ellos ni del gobierno” y que esperaba que ellos tomen su decisión de abordar o no la discusión del Plan. La reacción de los líderes fue mixta.
“El Gobierno está con los afanes y no le importa cómo quede constituido el Espacio nacional de consulta. Lo que le importa es su Plan de Desarrollo porque si no consulta se le va a caer”, le dijo a La Silla José Santos Caicedo, uno de los líderes históricos del Proceso de Comunidades Negras (PCN). “Una cosa es la creación del Espacio y otra la consulta del Plan. No deberían confundirse”.
“Esto no es una consulta previa, que es un derecho fundamental que el Gobierno ya nos violó. Las consultas se hacen en los territorios y con las comunidades, no solo con sus representantes y en Bogotá”, dice Emigdio Pertuz, líder de PCN del Urabá chocoano.
El PCN es uno de los grupos más influyentes y numerosos dentro del movimiento negro. Pero otras organizaciones están abogando por hacérsela más fácil al gobierno.
“Las organizaciones [afro] no podemos ser ingenuas políticamente y exigir que se desarrolle el proceso tradicional [esta vez]. Por defender la aplicación del derecho no podemos afectar el otro derecho, a tener un componente afro en el Plan. Tenemos que ser políticamente responsables ante la coyuntura”, dice Juan de Dios Mosquera, fundador de Cimarrón (otra de las organizaciones afro influyentes) y uno de los pioneros del activismo afro en el país.
Mosquera admite que “no hay tiempo para realizar una consulta”, pero insiste en que la prioridad debería ser encontrar una fórmula en la que “gane la consulta y gane la comunidad”.
Que el PCN, que ya logró tumbar la polémica alta consultiva afro que lideraba Rosa Solís a comienzos del gobierno Santos, esté en contra atisba desde ya la pelea jurídica que se podría venir.
Todos reconocen que es muy factible que le lluevan demandas al Plan, al margen de si llegan a un acuerdo o no, y es posible que en la Corte se caigan algunos de los artículos que afecten a las comunidades étnica o incluso, todo el Plan.
Por ahora, las organizaciones negras no descartan llegar a acuerdos en algunos temas que afectan a los afro, pero rechazan de plano un compromiso como el que fraguó Germán Vargas Lleras y que permitió aprobar sin ninguna consulta la Ley de Víctimas en 2010 (que consideraban prioritaria y prometieron no demandar para evitar que se cayera, trabajando luego con el Gobierno en los decretos que le daban un enfoque étnico). Ellos ven esa como una gran excepción y temen, según dicen, que se convierta en la regla.
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Desde que Santos estaba en campaña en 2010, el tema de la consulta previa con las comunidades afro está sobre la mesa.
La consulta previa es un derecho constitucional que tienen los indígenas y las comunidades negras a ser consultadas sobre proyectos que puedan afectar su comunidad como una forma de proteger la identidad cultural, social y económica de las minorías étnicas.
Sin embargo, garantizarles este derecho se ha vuelto un dolor de cabeza para los gobiernos y un ‘sobre costo’ altísimo para los proyectos. Por ejemplo, la consulta de la ley de desarrollo rural de Restrepo iba a costar 800 millones de pesos y, como lo denunció La Silla en su momento, es un proceso que lejos de consultar la verdadera voluntad de las comunidades fue con el tiempo cooptado por grupúsculos de poder.
Dado que tanto el Gobierno como los mismos representantes afro reconocieron que el mecanismo tal como estaba había dejado de servir su propósito, Santos anunció en su primer año que presentaría una reforma constitucional para regular la consulta previa, algo que se ha debido hacer desde 1991. Pero el proceso ha sido pospuesto indefinidamente.
La principal razón es que la misma reglamentación tendría que ser consultada y en este momento hay todo un debate sobre quién representa a los afro y por ende, sobre quiénes deberían ser consultados.
Esa situación tiene a todos en un limbo complicado. A las comunidades afro porque hasta ahora van a definir a quiénes debe consultar el Gobierno y cómo debe hacerlo. Y a Santos II porque hay un número de proyectos -como la ley de desarrollo rural del ex ministro Juan Camilo Restrepo o la reforma a las CAR- que están varados desde hace años porque no hay a quién consultar.
De hecho, hoy las negritudes ni siquiera tienen vocería política. Como ha contado La Silla, las dos personas elegidas para representarlas en el Congreso no son afro, nunca han hecho trabajo por los afro y vienen avaladas por una fundación de bolsillo del representante Yahir Acuña sin ninguna trayectoria en temas afro.
El Espacio Nacional de Consulta que iban a discutir ayer era en teoría el primer paso para desenredar la madeja de a quién consultar, siguiendo una serie de pronunciamientos de la Corte Constitucional que tumbaron las polémicas altas consultivas afro que existían y ordenándole al Gobierno que asegure que esas instancias realmente representan al universo de los afrocolombianos.
Después de que la Corte tumbara la alta consultiva en 2012, arrancó el proceso desde cero.
El entonces Ministro del Interior Fernando Carrillo y su vice Aníbal Fernández de Soto organizaron un primer gran Congreso Nacional Afro en Quibdó, que convocó a 1500 líderes afro, palenqueros y raizales en agosto de 2013 -tras una serie de precongresos regionales- y donde se acordó la carta de navegación para el proceso que iba a retomarse ayer en el Tequendama.
Pero con la salida prematura de Carrillo las cosas se estancaron. Tras el remezón en el gabinete y la llegada de Aurelio Iragorri, hizo carrera en el Gobierno la idea de que no se podía seguir avanzando hasta que la Corte fallara de fondo sobre cómo debía ser la consulta afro.
Cuando finalmente lo hizo en octubre de 2014, respaldando todo el proceso de Quibdó, los tiempos para el Plan de Desarrollo ya eran muy apretados.
“La Corte le metió un espaldarazo [al trabajo de Quibdó] y dijo que por ahí es el camino, pero no se le dio continuidad a ese proceso”, dice un ex alto funcionario de Santos I.
Es decir, la Asamblea que inauguró ayer Cristo se hubiera podido hacer hace más de un año. Como no lo hicieron, les tocó correr.
En diciembre Cristo y su viceministra Carmen Inés Vásquez lanzaron una convocatoria exprés para darle forma al Espacio Nacional de Consulta. De ahí a enero hicieron asambleas en los 32 departamentos, que eligieron a los delegados que llegaron ayer al Tequendama.
Este grupo inicial de 576 personas debe decantarse a uno más manejable de unas 50 o 60 que -a diferencia de las veces pasada- no margine a los afros sin tierras colectivas o de la ciudad. Y que incluya, como mínimo, una tercera parte de mujeres.
“Apenas estamos en proceso de definirlo y de proponer los criterios de representatividad que asegurarán que en el espacio están las mujeres, los jóvenes, los discapacitados, los desplazados y las víctimas, los consejos comunitarios sin tierras”, dice Emigdio Pertuz. Por eso su insistencia de que mientras esté en proceso de constitución, no puede asumir la responsabilidad de la consulta del Plan.
Ellos cuestionan que el proceso fue, a diferencia del de Quibdó, acelerado y desbalanceado. Mientras Chocó tiene 150 delegados, Nariño -cuya costa y Tumaco cuentan con una significativa población afro- apenas vino con siete. En el Cauca fue necesario hacer una segunda asamblea con 600 personas en Santander de Quilichao, dado que la primera en Popayán -que PCN y otras organizaciones habían pedido aplazar por problemas logísticos- tuvo apenas 200. En Antioquia algunos grupos la impugnaron. Y temen que eso afecte la composición del Espacio.
En el Gobierno ven este carrerón como “inevitable” -en palabras de la vice Carmen Inés Vásquez- por lo que el fallo de la Corte hasta ahora salió, pero defiende que las asambleas se hicieron con las convocatorias más amplias que los tiempos permitieron y que es necesario avanzar en todos los temas afro donde hay rezagos.
“Como Gobierno, las dos cosas -el espacio y el Plan- son importantes. Todo depende de lo que ellos [los afro] definan. Nosotros estamos listos para avanzar en los dos procesos al ritmo que ellos definan autónomamente”, le dijo a La Silla Vásquez, la encargada de minorías étnicas en Interior y quien también es afro. Sin embargo, el gobierno necesita la consulta para el Plan de Desarrollo.
En el sector ven, sin embargo, que el carrerón del Plan es el resultado de la improvisación durante el último año.
“Ya vamos a cumplir diez años de ires y venires, donde cada vez que tumban una ley importante el Gobierno dice que hay que correr con eso y el siguiente ministro de Interior abandona el esfuerzo. Esto no debería haber ocurrido ahora porque hay un proceso adelantado”, dice César Rodríguez Garavito, quien sigue los temas de consulta previa y minorías étnicas en DeJusticia. “¿Cómo vamos a hacer con la próxima ley importante, como el Código minero? ¿Empezar otra vez?”.
De estos cuatro días que vienen en el Hotel Tequendama puede depender que Simón Gaviria logre cumplir satisfactoriamente con su primera gran meta como director de Planeación Nacional.
El Plan Nacional de Desarrollo es la misión central de un director de Planeación y Gaviria lleva estos seis meses viajando por todo el país -en una gira llamada la ‘Vuelta a Colombia’- haciendo mesas regionales para recoger los insumos de las comunidades.
Es una estrategia que le sirve para sus aspiraciones presidenciales pues lo mantiene vigente con los políticos en las regiones y le da visibilidad en los medios, pero sobre todo da cuenta del esfuerzo que implicó llegar a este punto.
Por eso, si Cristo no logra sacar adelante la consulta, Gaviria terminaría pagando la incapacidad de Santos I para sacar adelante la promesa de su primera campaña. Porque lo que sí es claro es que si no lo consultan medianamente bien, las organizaciones afro acudirán a la Corte a decirle que -en palabras del líder Carlos Rosero- “no es que no esté bien consultado, sino que no está consultado”.