Seis meses después de que Aurelio Iragorri llegara al Ministerio de Agricultura y tras un rediseño de la entidad que buscaba dejarla listo para aterrizar los acuerdos de La Habana, la entrega de muchas de sus misiones claves a cuatro asesores del ministro -que una persona describió como un “universo paralelo”- ha generado una crisis al interior de la entidad.
Estos cuatro hombres de confianza de Iragorri -a quienes en el sector llaman sus 'gerentes'- no aparecen siquiera en el directorio oficial del Ministerio. Llegaron como contratistas con salarios por encima de lo habitual en la entidad (aunque dos de ellos pasaron luego a ser funcionarios de planta) y se convirtieron en una suerte de gabinete en la sombra que heredó muchas de las funciones que tradicionalmente tenían los técnicos allí, incluyendo a los dos viceministros y siete directores.
Son ellos los que conversan -en nombre del Ministro- con los gobernadores y alcaldes, los que se reúnen con los gremios agropecuarios, los que coordinan con los jefes de las otras entidades del campo que dependen del Ministerio y los que deciden la suerte de sus contratistas.
Ninguno de ellos tiene trayectoria en temas rurales, pero su voz se ha vuelto decisiva -según doce fuentes del sector- en determinar cómo se ejecuta un proyecto o un convenio, dónde se hace una inversión o simplemente para mandarle un mensaje al ministro. Desde la oficina que comparten en el tercer piso del Ministerio en la Avenida Jiménez, se volvieron -en palabras de un ex alto funcionario- los “guardianes de la llave” de la entidad.
Tres de ellos vienen de trabajar con el actual ministro en el Ministerio del Interior y llegaron a Agricultura con contratos de 16 millones de pesos mensuales. En esa misma cartera, un viceministro -que sí es empleado de planta- gana casi lo mismo tras sumarse su salario base, sus primas técnicas y sus cuatro primas de rendimiento anuales. Los directores, muchos con una década de experiencia en el agro, ganan casi la mitad.
Cada uno se ocupó de 'gerenciar' un tema distinto. Boris Zapata, quien fue director de asuntos afro cuando Iragorri era vice de Germán Vargas Lleras, estuvo a cargo de los programas sociales y de las relaciones con alcaldes y gobernadores (Renunció el viernes pasado, aunque aún tiene un contrato vigente hasta finales de febrero). Arturo Dajud, que fue asesor de despacho de Iragorri, es el puente con todas las entidades del campo bajo el ala del Ministerio.
Julián Murcia, también ex asesor del ministro y su compañero de trabajo durante años en la Registraduría, lleva la voz cantante en los temas de presupuesto y en definir las contrataciones. Y Juan Pablo Pineda -cuyo contrato es por 9,5 millones al mes- tomó las relaciones con los gremios al punto que cualquier comunicación con el Ministro pasa, para ellos, a través suyo. Son, en palabras de otra fuente, “muy leales a Iragorri, muy trabajadores y conocedores de lo público, aunque para nada expertos en el sector rural”.
El rol de los cuatro ha creado mucha confusión dentro del ministerio, en las entidades cercanas y los sectores que trabajan con él, porque -como dice un ex alto funcionario- “los cables se cruzan allá todo el tiempo”.
Una persona del sector le contó a La Silla que, según supo, aparecieron en las distintas direcciones -en épocas de empalme con el anterior ministro Rubén Darío Lizarralde- para entender los proyectos que cada una llevaba. Con el tiempo fueron comenzando a dialogar directamente con los terceros que trabajaban esos temas, en el sector agrario y en los gremios. Y finalmente asumieron esas relaciones directamente, marginando a muchos de los técnicos.
Uno de ellos le dijo a La Silla que se volvió muy común oírle a sus pares en otras entidades respuestas como “pero si yo ya hablé con mengano y se va a hacer así” o “me llamó sutano para decirme que la razón [del Ministro] es tal”.
Eso ha generado que, según otra persona del sector, “la interlocución no sea sencilla y los técnicos prácticamente no tengan acceso al Ministro”. La Silla comprobó que lo mismo sucede con personas externas que tienen proyectos con el Ministerio, que intentaban sacar citas con Iragorri pero terminaban siempre atendidas por alguno de sus súper asesores. Y también con los líderes gremiales.
Un ex alto funcionario va más allá y dice que “la figura del viceministro se desdibujó [ya que] deberían ser los segundos en la estructura, pero cuando hay mucha gente a su lado eso se pierde”.
La Silla intentó varias veces comunicarse con Iragorri sin éxito. Una persona que ha trabajado con él defendió el modelo de los cuatro gerentes, describiéndolo como un “esquema temporal” pensado para acompañarlo durante la etapa de empalme para entender el sector y señalando que ya cumplió su misión.
Estos son los cuatro súper asesores de Iragorri.
Instrucciones: haga clic y suba en la pantalla hasta que le aparezca el rol de cada asesor.
La difícil atmósfera laboral ha coincidido con que en los últimos dos meses se han ido muchos de los técnicos del Ministerio, en momentos en que -tras el rediseño que trajo 80 nuevos funcionarios- debería estar comenzando a pensar en la creación del fondo de tierras, en la actualización del catastro rural y otras tareas centrales para un eventual éxito del posconflicto.
En noviembre Iragorri le pidió la renuncia -como contó La Silla- a los tres directores técnicos a cargo de la formalización de las tierras de campesinos (un punto central en el acuerdo agrario de La Habana), las cadenas vegetales y los programas productivos para pequeños productores.
Dos meses después, el ministro solo ha nombrado reemplazo para uno de esos cargos, hace dos semanas. Sin cabeza también está Finagro, el brazo financiero del sector, desde la salida hace una semana de su gerente Luis Eduardo Gómez y en medio de rumores de que podría llegar el ex congresista liberal Luis Enrique Dussán.
El viernes pasado renunció -según El Espectador- el viceministro Aníbal Fernández de Soto, quien viene liderando la pata de desarrollo rural que es el centro del rediseño del Ministerio y que se ocupará de muchas de las áreas claves para el aterrizaje de la 'paz territorial'(si se firma un Acuerdo final con las Farc). La Silla no pudo comprobar las razones de su salida, aunque ese periódico se la atribuye a diferencias con Iragorri.
Uno de los temas que más zozobra ha generado entre los funcionarios es el temor a firmar papeles que obedecen a las decisiones de otros, pero por los que ellos la responsabilidad. Una situación que uno de ellos llamó el “síndrome AIS”.
Esto porque, como contratistas, los gerentes no tenían ninguna competencia para hacerlo (y de hecho no están sujetos a la misma supervisión de las 'ías' o del Congreso que un funcionario). Pero tampoco pueden hacerlo hoy como asesores de despacho de planta, ya que no tienen poder legal de decisión y se expondrían a ser investigados por prevaricato.
Este reciente 'diseño institucional' que montó Iragorri ha despertado nuevas preocupaciones de que las entidades del campo se sigan politizando, después de que hace un año el gobierno Santos entregara el manejo del Incoder al senador Hernán Andrade, el ICA a Efraín Cepeda y el Banco Agrario a Roberto Gerlein.
Por eso, muchos en el sector respiraron con alivio cuando el Gobierno le pidió la renuncia a Alvaro Navas Patrón -sobrino político de Gerlein- de la presidencia del banco del campo e Iragorri se la jugó por un técnico de adentro (Francisco Solano) para sucederlo.
Con las últimas oleadas de salidas, el pesimismo ha vuelto. Como dice una persona del sector, “con el Gobierno apostándole a la paz, el Ministerio siendo central en el aterrizaje de la paz territorial y la Misión Rural queriendo intentar cosas nuevas, uno no entiende cómo puede suceder esto. Hay una desinstitucionalización total del Ministerio”.