Gran paradoja: en el acuerdo alcanzado entre los maestros y el Gobierno para su nivelación salarial, que según el Ministro de Hacienda va a costar aproximadamente 1.7 billones de pesos al año, las grandes ganadoras pueden ser unas empresas privadas, que han sido objeto de cuestionamientos y que prestan un servicio de salud de pésima calidad, según dicen los propios maestros. Como consecuencia del acuerdo, al hoyo negro del servicio de salud van a ir a parar, pesos más, pesos menos, unos 250 mil millones de pesos adicionales por hacer lo mismo y atender al mismo número de personas. ¡Alguien se ganó el baloto!
Las cuentas serán más precisas, pero la historia es sencilla. Por mandato de la ley 100 de 1993 los docentes no están vinculados al régimen general de salud, sino que reciben un servicio distinto y especial. Los maestros cotizan, como todos los demás trabajadores, el 4% de su salario, el Gobierno paga otro 8%. En números redondos, el presupuesto para la atención en salud de los docentes es de apróximadamente 1.5 billones de pesos al año. Pues ahora será de 1.7 billones, porque la cotización está atada al salario, aunque el pago a los que prestan el servicio no.
Una de las causas del paro era quejarse por el mal servicio de salud y resulta que gracias al arreglo, quienes lo administran van a recibir un 12% más a cambio de nada. Claro, esto mismo pasa todas las veces que se produce un acuerdo de nivelación salarial como el que esta vez se acordó. Eso, por ejemplo, ha pasado con los acuerdos en el sector justicia, con la diferencia que en esos casos la plata va directamente a bolsillos privados, mientras que en el caso de los docentes va al Fondo del Magisterio y por esa vía a unas empresas asociadas a políticos o dirigentes sindicales.
En el año 2012, la Universidad Nacional hizo un estudio para Fecode sobre los costos del sistema de salud del magisterio y tuvo que desechar para la muestra la información de 7 de las 11 empresas que prestaban el servicio porque encontró que no tenían la información actualizada, los siniestros eran exageradamente desproporcionados, el número de personas que recibieron acciones de promoción y prevención es hasta 10 veces mayor que el número de afiliados, para algunos períodos el “valor unitario de las actividades esta fuera de toda racionalidad” y un largo etc de inconsistencias.
La Contraloría General ha hecho un sinnúmero de advertencias sobre la mala calidad de la prestación de los servicios especialmente de la firma Cosmitet en el eje cafetero y el occidente del país. En una revisión, ese órgano encontró que casi el 34% de los docentes se encontraban por fuera del servicio.
En todas las auditorías se han encontrado casos de multiafiliación, que llegan a casi el 10% de los beneficiarios del sistema excepcional que son algo más de 800 mil, 350 mil profesores y 450 mil miembros de sus familias. Los maestros denuncian reportes duplicados en asistencias a seminarios de prevención, con lo que facturan por actividades que no se prestan y las encuestas que se han hecho registran un altísimo nivel de insatisfacción con el servicio.
La Ministra de Educación, Gina Parody, en medio del paro, denunció en la emisora Blu Radio que había corrupción en la prestación de la salud a los docentes y en los acuerdos se incluyó una mayor participación de la Junta Directiva del Fondo de prestaciones del magisterio en los procesos de contratación de esos servicios.
Este sí que es un tema grueso. Hay múltiples intereses económicos y políticos comprometidos. Sobre las entidades que prestan la salud a los maestros hay ruidos desde hace 20 años y el rumor permanente ha sido que varias de ellas están o han estado asociadas a miembros de los sindicatos y a la lista se han ido sumando políticos comprometidos con la comisión de otros delitos.
Hay mucha gente que se ha enriquecido ilícitamente con los recursos que se deberían destinar a la prestación del servicio para los docentes. Las investigaciones no han prosperado, pero Parody tiene un desafío enorme con un foco de corrupción que ella misma denunció y frente al cual toca actuar con prontitud.
Por ahora, el resultado concreto es que a ese sistema ineficiente y poco transparente se le aumentaron los ingresos en más de 200 mil millones de pesos al año a cambio de nada.