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El arma de doble filo para los militares con los falsos positivos

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Los llamados falsos positivos produjeron miles de víctimas. Fotografia: Santiago Mesa

El Tiempo publicó este domingo que al interior del gobierno había un debate sobre si los falsos positivos deberían ser cobijados por la justicia transicional. La Silla pudo establecer que esa discusión está prácticamente zanjada y que la mayoría de estos crímenes estarían incluidos en la fórmula de justicia que se está diseñando para los militares que han cometido delitos en el marco del conflicto armado. Aunque a primera vista parecería otra zanahoria para las Fuerzas Militares, podría terminar siendo un regalo envenenado.

Frente a si los falsos positivos deben ser cobijados por la justicia transicional si se firma un Acuerdo de Paz hay dos posiciones.

La primera, que dice que estas atrocidades de reclutar jóvenes pobres para después asesinarlos y presentarlos como bajas en combate para mostrar resultados, fueron delitos cometidos como parte del conflicto armado.

Muchas de estas atrocidades –según ha quedado claro en los juicios que se han llevado a cabo contra los responsables- estuvieron guiadas por incentivos individuales como obtener permisos de salida.

Sin embargo, arguyen los que creen en esta teoría, la comisión de estos crímenes estuvo inscrita en la lógica del conflicto armado en la que la presión por mostrar resultados –así fueran inflados- fue parte intrínseca de la guerra.

La otra posición defiende que aquellos crímenes que no estuvieron guiados por motivos “nobles” o políticos, no deberían ser cobijados por la justicia transicional porque eso la degradaría.

“Es un tema muy difícil”, dijo Rodrigo Uprimny, director de Dejusticia en una entrevista a La Silla en enero sobre este tema.  “Uno podría seguir en cierto sentido el modelo de Sudáfrica donde usaron como criterio para ver qué podían amnistiar el que el crimen estuviera políticamente motivado.”

Según ese criterio, explicó Uprimny, aquellos crímenes de la guerrilla que no tuvieran conexidad con la rebelión - por ejemplo, un comandante que secuestraba por beneficio propio- debería ser investigado por la justicia ordinaria.

“En el Estado, un análisis semejante diría que aquellos agentes del Estado que hicieron lo que hicieron motivados por lo que veían como la defensa de las instituciones así fueran crímenes si estarían cobijados. Pero lo que hicieron por beneficio individual debería seguir en la justicia ordinaria y quedar excluido de la transicional.”

En los falsos positivos hay casos que caen en una hipótesis y otros que cuadran en otra. Por ejemplo, los militares que mataron jóvenes para lograr un permiso de salida no deberían entrar –según esta teoría- dentro de la justicia transicional. En cambio, los que ejecutaron a una persona pensando que era un guerrillero sí, porque sería un crimen asociado al conflicto armado.

El debate también tiene una arista más práctica .

Los que defienden que los falsos positivos entren a la justicia transicional dicen que esta justicia debe resolver los problemas de justicia que tienen los que han participado en el conflicto y que los falsos positivos son un problema real para las Fuerzas Militares.

“Si no resolvemos esto, no vamos a cerrar el conflicto nunca”, dice una de las personas que ha participado en el debate.

Los que no están seguros de que esto sea una buena idea consideran que si se meten en la justicia transicional delitos que no tienen motivaciones políticas se le abre un boquete que puede llevar a que el día de mañana las bandas criminales, por ejemplo, pidan ser cubiertas también por la justicia transicional.

El veneno
El Fiscal General, Eduardo Montealegre, se comrpometió a dar resultados sobre los 22 generales investigados por falsos positivos 
En la mesa de negociaciones de La Habana se está discutiendo un esquema de justicia transicional, que seguramente también van a incluir a los militares.

Aunque la inclusión de los falsos positivos dentro de la justicia transicional conllevaría a que los responsables de estos delitos paguen una pena muy inferior a la que pagarían en la justicia ordinaria, para las Fuerzas Militares implicaría un dilema grande.

Por un lado, a febrero del año pasado 4,173 militares estaban siendo investigados por falsos positivos según un informe oficial de la Fiscalía, lo que representa un verdadero problema para las Fuerzas Militares.

Si estos casos entraran a la justicia transicional, solo una fracción de ellos terminarían pagando condenas - y serían condenas mucho más leves que los 60 años que les podría imponer la justicia ordinaria.

Sin embargo, si entran bajo la justicia transicional la responsabilidad recaerá en los militares de mayor jerarquía y habría un componente mucho más grande de verdad institucional.

De esos más de 4 mil investigados, casi 3 mil son soldados. Hay 823 suboficiales, 401 oficiales y 22 generales investigados. Pero hasta abril del año pasado, solo había 817 militares condenados, la mayoría de ellos de rangos bajos. Solo seis coroneles y cero generales.

Como según el Marco Jurídico para la Paz, que en principio sería el marco de la justicia transicional, son los máximos responsables los que terminarían respondiendo penalmente, la pirámide de responsabilidad se invertiría. Serían los oficiales, incluyendo los generales, los que correrían un mayor riesgo de terminar condenados.

Y son precisamente los militares de mayor jerarquía los que tienen más poder para oponerse a una fórmula de justicia transicional que les perjudique. De hecho, se han denunciado varias maniobras de oficiales para evitar que los soldados los salpiquen en los juicios por falsos positivos lo que ha llevado, entre otras cosas, a que la justicia ordinaria no haya logrado llegar a los niveles altos.

El otro riesgo para las Fuerzas Militares, es que la justicia transicional implica una ponderación entre la verdad y la justicia. Se acepta un menor grado de justicia a cambio de más verdad que garantice que no se repitan los crímenes. Esto obligaría a que si los falsos positivos entran a la justicia transicional, salga a la luz aquellos incentivos institucionales que favorecieron la comisión de los falsos positivos.

Como lo contó La Silla cuando la renuncia del general Mora a la negociación en La Habana, hay una gran resistencia en el Ejército a que en una eventual Comisión de la Verdad las Fuerzas tengas que aceptar algún tipo de responsabilidad institucional. Ellos quieren mantener la discusión al nivel de las manzanas podridas. Si los falsos positivos entran a la justicia transicional, esto sería imposible.

Así las cosas, el debate aunque parece zanjado por ahora será con el tiempo mucho más complejo de lo que parece hoy.


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