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| El presidente Santos volvió a inaugurar un congreso minero este año y le pidió ganarse confianza de las comunidades locales. Foto: Andrés Piscov - Presidencia |
Hasta hace un año, lo que desvelaba a los grandes empresarios mineros era que el presidente Juan Manuel Santos les pusiera reglas de juego claras y que volviera a defender a su industria.
Las cosas han cambiado bastante desde entonces. Tras un tenso 2013, la minería está en “modo de supervivencia” -en palabras de un alto ejecutivo del sector- y haciendo una profunda autocrítica sobre cómo mejorar las relaciones con las comunidades locales en las zonas donde opera o donde aspira hacerlo. Lo que se llama en el sector conseguir la “licencia social”.
Esa preocupación se veía en las caras de muchas de las personas que se reunieron el jueves y viernes pasado en el el Hotel Hilton de Cartagena para la tercera cumbre anual minera. En el sector saben, al final de un año lleno de movilizaciones sociales, al terminar un año en el que varias empresas cometieron errores que las pusieron en primera página y en que el sentimiento antiminero se coló hasta en el debate electoral, que su futuro depende de si se ganan y logran mantener una licencia social.
Se los advirtió el Ministro de Minas Amylkar Acosta hace un mes, cuando les dijo que “si no tienen la licencia social los proyectos se tornan inviables”.
Y se los reiteró Santos al inaugurar la Cumbre de la Minería de Gran Escala en el Hotel Hilton. “Hay que reconocer que por diversas circunstancias nos hemos dejado ganar espacios por los que no creen en la minería. Nuestra misión hoy es recuperar ese espacio que hemos perdido (...) Ustedes deben ganarse la confianza de las comunidades en donde operan”, les dijo el presidente, que hace un año había decidido no asistir a ese mismo evento.
Las lecciones de un año negro
2013 fue una prueba dura para la minería y el sector está comenzando a digerir las lecciones que le dejó.
Primero, porque las cuentas del negocio ya no son tan alegres. El súperciclo de los precios altos terminó con el frenazo económico de China y la crisis europea, dejando una caída del 40 por ciento en el precio del carbón en tres años y del 45 por ciento para el níquel. El del oro venía mejor, pero se desplomó un 30 por ciento en apenas año y medio.
En ese tiempo no ha arrancado ningún proyecto minero nuevo. Y Estados Unidos, que era uno de los clientes tradicionales del carbón colombiano, desarrolló la tecnología para sacar el shale gas -una fuente alternativa de combustible que se encuentra en las rocas de esquisto- y ahora le está compitiendo a Colombia en el mercado europeo.
Eso hace que las perspectivas para el sector ya no sean tan buenas. Si hace cuatro años aportaba la cuarta parte de las exportaciones del país, al cerrar el 2013 no llegaba al 17 por ciento. De ser el 2,3 por ciento del PIB hace dos años, ahora raspa el 2 por ciento.
Pero, sobre todo, porque el sector copó titulares de prensa, usualmente por razones negativas. Drummond fue el centro de todas las miradas, tras una huelga de casi dos meses y un derrame no reportado de carbón que terminó acarreándole una sanción de 6.965 millones de pesos. Y en este momento tiene paradas sus exportaciones tras haber incumplido el plazo que le fue fijado hace seis años para tener listo su puerto de cargue directo.
Anglogold Ashanti vio cómo su conflicto con las comunidades locales en Piedras, Tolima, escaló hasta el punto que el municipio tolimense convocó una consulta popular que le dio un resonante 'no' a la minería. Todo para frenar los posibles planes de la minera sudafricana de instalar una planta de procesamiento del oro que extraiga de las montañas de La Colosa, en Cajamarca, y que en el pueblo arrocero temen puede afectar sus abundantes acuíferos.
“Hoy nuestra mayor dificultad está en cómo nos relacionamos con las comunidades”, admite Claudia Jiménez, cabeza del Sector de la Minería a Gran Escala (Sgme), el gremio que reúne a las 13 mayores mineras en el país.
Tan claro lo tienen los mineros que el tema central de su cumbre en Cartagena fue precisamente ese: cómo mantener la licencia social, en un momento en que la minería goza de una imagen negativa entre la opinión pública y que muchas de sus empresas se han echado a muchas comunidades en contra.
“Basta con que uno haga las cosas mal, para que perdamos todos”. “No estamos sabiendo comunicar bien lo que hacemos”. “Se puso de moda odiarnos” “Nadie sale a defendernos porque es más rentable en elecciones atacarnos”. Estas son algunas de las frases que se oían en el congreso minero, tanto en la tarima como en las conversaciones de corredor.
Drummond y Anglogold no han sido las únicas en tener dificultades. Los proyectos de Eco Oro y Leyhat siguen en vilo hasta que no salga la delimitación del páramo de Santurbán, aplazado durante varios meses. CCX y AUX tienen su suerte atada a la de su dueño brasilero Eike Batista, que hasta hace poco era multimillonario y que protagonizó una de las más aparatosas caídas financieras de la década.
Y para rematar, hace apenas tres semanas se supo que Cosigo Resources -que, a diferencia de las demás, no pertenece al gremio minero más importante- estaría detrás de la estrategia legal de una comunidad indígena que buscaba tumbar el parque amazónico Yaigojé-Apaporis, donde la minera canadiense tiene un título que no podía explotar mientras la zona siga siendo un parque nacional.
“El tema de las comunidades subió en importancia en la agenda. Lo más preocupante es que se está creando una matriz de opinión perversa y el sector está quedando como si fuera malo para el país, cuando es todo lo contrario”, le dijo a La Silla un alto ejecutivo del sector, quien pidió -como las demás personas consultadas para esta nota- no revelar su nombre por estar hablando a título personal.
Esta realidad ha cambiado el discurso de los mineros. Si en los últimos dos años su reclamo más grande era la falta de una política clara para el sector y la falta de coordinación entre las jóvenes instituciones mineras y ambientales del Gobierno, hoy saben que sus desafíos más grandes están a nivel local.
Son más conscientes de que las comunidades están mucho más empoderadas que antes y que la mezcla entre sus temores -sin importar si son genuinos o infundados- y la capacidad de convocatoria de las redes sociales puede ser un cóctel molotov. Saben que seguir manteniendo un perfil bajo o mostrarse arrogantes con las comunidades, como muchos admiten en voz baja solía suceder, se les puede devolver como un bumerán. Que la reforma a las regalías, que redujo la inversión que se queda en las regiones productoras, hace más difícil de “vender” allí su actividad. Y que ya no pueden arrancar de ceros con muchas comunidades.
“Hay empresas que lo tienen claro desde hace rato, pero hay otras que están reaccionando ahora que sintieron el batazo. A veces se necesita un golpe para que todos entiendan y se replanteen la manera de trabajar”, dice otra persona con dos décadas de experiencia en minería.
Muchos reconocen, ya de manera abierta, que el escándalo de Drummond le causó mucho daño al sector. Y por primera vez, aunque siempre en voz baja, se muestran molestos de que compañías más responsables tengan que asumir los platos rotos de otros. Incluso entre algunos creen que la sanción por el derrame del carbón no fue tan alta. “No está bien que paguen justos por pecadores”, dice un alto ejecutivo.
Exactamente las mismas palabras que usó Santos en su discurso, en el que hizo énfasis en la minería criminal pero en el que también dejó claro que para el Gobierno los problemas que tuvo con la segunda mayor carbonífera del país durante el año son inaceptables.
Tras volverse tan socialmente sensible, tan polarizadora e incluso tan rentable como saco de boxeo en época electoral, la minería terminó -como contó La Silla- por perder el poco peso político que le quedaba. Ya se ven lejanos los tiempos en que Santos decía que “nunca antes en la historia contemporánea del país la minería se perfilaba como un instrumento tan importante del desarrollo”, sus palabras al abrir el Congreso de Minería, Petróleo y Energía hace dos años.
Sin embargo, puede que Santos esté reconsiderando su abandono del sector. Solo la posibilidad de un 'efecto Piedras', que vea brotar consultas populares en todo el país para anticipársele al sector extractivo (como ya sucedió en Tauramena, en plena región petrolera del Casanare), tiene muy preocupado al Gobierno.
Su regreso al congreso minero, con un tono conciliador, fue bien recibido. No sólo porque la industria siente que necesita el espaldarazo del Presidente, sino porque los recursos que deja la minería -y que se redujeron el año pasado- son claves para invertir en áreas como infraestructura, ciencia, tecnología y para financiar la paz. Solo con el 'affaire Drummond', al bolsillo del Estado dejan de llegarle 3.400 millones de pesos diarios.
Es decir, el desacelere minero ya se ha traducido en vacas más flacas que ya está sintiendo el Ministerio de Hacienda. No en vano, Mauricio Cárdenas fue uno de cuatro ministros de Santos que asistieron al Congreso, junto con Amylkar Acosta, Aurelio Iragorri y Luz Helena Sarmiento. Casi todos también hicieron un 'mea culpa', desde sus sectores, por la falta de coordinación interinstitucional que todavía existe en temas a los que están dándole prioridad como las licencias ambientales o la consulta previa.
De ahí que Santos anunciara que pronto habrá un Conpes para el sector minero, respondiendo a la crítica frecuente de que la política minera ha sido más de planes de choque que de mediano y largo plazo. Los gremios están presionando desde ya para que el Conpes vea la luz este año, ya que desde hace dos años el Gobierno se los prometió y hasta ahora no les ha cumplido.
Los mineros quieren que juegue un papel más activo, ya que algunos conflictos -como el de Piedras- escalaron por la ausencia del Gobierno. “El rol del Estado no debe ser de árbitro, sino de acompañante. Eso es fundamental para que la relación entre los movimientos sociales y la minería no sea de opuestos y de conflictos”, dice Claudia Jiménez.
Aunque la necesidad de llevársela bien con la gente alrededor de sus minas no es ninguna receta novedosa, las mineras saben que esa misión cobró un significado nuevo el año pasado.
“Esto es como un matrimonio. De hecho, dura más que la mayoría de los matrimonios, porque una buena mina es a treinta, cuarenta y hasta cincuenta años. Es un sine qua non tener buenas relaciones”, le dijo a La Silla una persona que lleva más de dos décadas en el sector.