Con el fallo del Tribunal Superior de Cúcuta en el que dice que Argos no probó su buena fe exenta de culpa al comprar unas hectáreas en Montes de María y compulsa copias a la Fiscalía para que investigue el contexto en el que se dio esa compra, se abre un nuevo capítulo en la larga historia de ésta compañía del Grupo Empresarial Antioqueño en Montes de María.
El Tribunal de Cúcuta que decidió el caso, porque el de Bolívar estaba muy congestionado, determinó que la empresa no actuó con buena fe exenta de culpa al comprar unos predios en Montes de María.
Argos compró la tierra a una persona que a su vez se la había comprado a Uriel Uribe, un campesino de la zona. El Tribunal estableció que Uribe vendió inicialmente el predio porque le dijeron que si no vendía, igual iba a perder la tierra porque el comprador tomaría posesión de los predios y el se quedaría sin el suyo.
Argos defendió durante el proceso que hizo la debida diligencia para la compraventa y que “no tenía cómo saber, ni tener como suponer” que en el año 2010 aún había personas enajenando sus propiedades motivadas por el temor o la violencia, dado que, a su juicio, esa época ya era calificada como posconflicto, y el Estado volvía hacerse presente en la zona devolviendo confianza a sus habitantes.
El Tribunal rechazó ese argumento. A favor de Argos dice que “no aparece acreditado que Cementos Argos S.A., tienen relación alguna, directa o indirecta con los grupos ilegales causantes del conflicto interno que vivió el Municipio de El Carmen de Bolívar, y que ocasionó el desplazamiento y despojo del señor Uriel Uribe Lambraño Cardona y su núcleo familiar”. Pero en su contra, concluye, que “la buena fe simple con la que intervino en el negocio” no fue exenta de culpa.
No lo fue porque “se omitió la situación de conocimiento público y notorio de conflicto armado y violencia generalizada que por más de veinte años se vivió en el Municipio de Carmen de Bolívar —que afectó la población víctima de violaciones a los derechos humanos. Circunstancia que ha de presumirse era conocida por Cementos Argos, en tanto allí desarrolla actividades relacionadas con su objeto social.”
Para demostrar la buena fe exenta de culpa, según el Tribunal, había que hacer algo adicional a la debida diligencia que se haría en una región cualquiera.
Entre otras cosas, Argos no verificó que una de las compradoras en la cadena de tradición de la tierra de Uriel Uribe no había sido autorizada para vender por el Comité Municipal de Atención a la Población Desplazada; y tampoco intentó hablar con el señor Uriel Uribe sobre su situación personal al vender.
“De así haberlo hecho hubiera descubierto que éste era víctima de desplazamiento y abandono forzado; que la venta se hizo por necesidad, pues ya no podía retornar porque se arraigó en otra ciudad debido a que su esposa no quiso volver; que no tiene vivienda propia y que devenga su sustento trabajando en una plaza de mercado”.
Tampoco averiguó con las autoridades si las tierras que estaba comprando tenían algún tipo de protección por haber estado relacionadas con el conflicto.
“De haber efectuado tal labor habría obtenido conocimiento que ante la Gobernación de Bolívar se han presentado denuncias acerca de un proceso de compra masiva de tierras en la zona baja del Carmen de Bolívar, que según manifestaciones de las comunidades e instituciones se está realizando de manera irregular.”
Como resultado de lo anterior, el Tribunal le ordena a la Fundación Crear en Paz, a quien Argos le donó esas y otras 6 mil hectáreas en 2014, a devolverle la tierra al campesino.
Esta sentencia es, entonces, un revés para la Fundación creada por Argos porque hasta donde se sabe y como ellos mismos reconocieron a La Silla Vacía, estaban 28 de los 98 predios -que suman 840 hectáreas- ya están en manos de los jueces agrarios a la espera de un fallo.
“Nos comprometemos a devolverle las tierras a todos los reclamantes y a invitarlos a que se acojan a un acuerdo para que además de restituirlos, podamos acompañarlos para hacerlas productivas”, dijo a La Silla el presidente de la Fundación Crear en Paz, el padre Rafael Castillo. “Nosotros cumplimos la ley con o sin sentencia.”
¿Qué va pasar con la fundación?
Entre 2009 y 2011, Argos compró seis mil hectáreas en Montes de María -en Carmen de Bolívar y en San Onofre- y comenzó a sembrar mil hectáreas de teca, una madera preciosa que exporta a India y que según su página web, exporta más de 40 mil toneladas al año.
Pero cuando comenzó el proceso de restitución de víctimas en la zona unos años después, fue quedando en evidencia que algunas de esas tierras habían sido despojadas años atrás, antes de que Argos comprara, por gente aliada con los paramilitares. Frente a las reclamaciones, asumió estrategias muy distintas porque considera que se trata de dos situaciones muy diferentes.
En San Onofre, por el contrario, Argos se ha opuesto a los reclamantes con todo su poder, porque como contamos en esta historia dice que los que están reclamando las tierras fueron quienes las vendieron y quienes las tuvieron en su poder durante varias décadas y a quienes Argos considera falsos reclamantes. Estos procesos siguen sin resolverse.
En Carmen de Bolívar, en cambio, decidió no oponerse a estos procesos.
Allí, en octubre de 2014, la cementera anunció que las tierras del proyecto forestal en ese municipio se donarían a la Fundación Crecer en Paz, que opera independientemente de Argos, que solo tiene un puesto en la junta, para crear un ‘laboratorio de paz’ como su “aporte al posconflicto”.
Además de donar esas hectáreas, Argos también puso 18 mil millones de pesos para una donación total de casi 50 mil millones para proyectos agrícolas inclusivos: proyectos en los que los campesinos participan como trabajadores, las empresas como comercializadoras y la Fundación como puente entre los dos.
En ese entonces, la empresa dijo que la donación en Carmen de Bolívar beneficiaría a unas 700 familias campesinas, que entrarían en “esquemas de propiedad colectiva de tierra” para negocios frutales, agrícolas y apícolas.
Castillo, el presidente de la Fundación, le dijo a La Silla que las 17 hectáreas que perdieron con este fallo no estaban siendo utilizadas y que ya volvieron a su dueño original.
Con esta derrota en el Tribunal Argos pierde una batalla, pero no la guerra. Esta se decidirá cuando salgan los fallos sobre la tierra de San Onofre.
