Si se quisiera un buen estudio de caso sobre las causas de la ineficiencia estatal y los incentivos a la corrupción en Colombia sería recomendable revisar el Programa de alimentación escolar que en estos días ha generado tanta indignación por cuenta de la circulación de un video en Aguachica (Cesar) donde los niños desfilan exhibiendo un plato de comida para un video que después servirá de prueba de cumplimiento de un millonario contrato otorgado a un operador que se encarga de servir miles de raciones en decenas de establecimientos educativos del Departamento.
La alimentación de esos niños se ha confiado a un “operador” y no a un comité de madres del colegio que estarían encantadas de hacerlo por obra y gracia de unos pomposos “lineamientos técnicos” que expide el Ministerio de Educación que demuestran el desconocimiento de la dinámica social, de los hábitos culturales y de la capacidad de las instituciones en cada región.
Contrario a lo que se piensa la plata se la roban porque hay muchos controles y exigencias y no al revés.
Se trata de ¡156 páginas! llenas de términos rebuscados y alusiones innecesarias que deberían leer los funcionarios del Cesar, encabezados por el Gobernador, antes de contratar al “operador”. Los lineamientos, para demostrar el “rigor” de su elaboración y la “sabiduría” de quien los escribió se remonta a la época de después de la segunda guerra mundial para recordar que ahí comienza todo con los tratados de cooperación entre el Gobierno de Estados Unidos y los gobiernos de países latino americanos con el propósito de fortalecer los sistemas de atención sanitaria. Pasa por las determinaciones del Gobierno de Alberto Lleras hasta que finalmente llega al último plan de desarrollo.
El documento ordena crear un comité de seguimiento del programa de alimentación escolar, integrado por ¡14 personas!, encabezadas claro por el Gobernador o por el municipio, en el que claro está representado el Ministerio de Educación con un delegado. ¡Un delegado del Ministerio que asiste a los comités de alimentación escolar en los municipios!
Los lineamientos, eso sí, son muy rigurosos en la exigencia de requisitos de calidad a “los operadores” por ejemplo, exigen que dispongan de profesionales en nutrición y que los manipuladores de alimentos, que deben ser 2 por cada cien alumnos, sean profesionales certificados y con experiencia en ese oficio. Claro ese “técnico” riguroso sentado en el CAN en Bogotá no ha tenido la oportunidad de conocer el municipio de Sipí en el Chocó o más fácil el de Aguachica, que es un municipio relativamente grande. Seguramente los Comités a los que ha ido como delegado se han hecho en el despacho del Gobernador.
En los lineamientos hay unas “minutas” que describen en detalle el menú que se debe suministrar a los niños para que cumplan con los aportes proteicos y calóricos que los estudios hechos, seguramente a partir de la segunda guerra mundial en universidades de los Estados Unidos, recomiendan para lograr el crecimiento y peso adecuado en los niños.
Por ejemplo, 50 gramos de carne deben acompañarse con 30 de queso y 20 de derivados de la quinua. El tamaño de la ración de fruta sí se deja en libertad al operador dependiendo el tipo de fruta del que se trate.
Todo, claro, debe quedar documentado para garantizar que se está haciendo bien y que no se roban la plata. Hay que llenar entonces cuadros y cuadros que se reportan a la secretaría de educación departamental que conserva esos documentos bien archivados a la espera de que lleguen los funcionarios de los múltiples organismos de control y del Ministerio de Educación, en visita especial enviada desde Bogotá, a verificar que todo se esté haciendo acorde con “los lineamientos del Ministerio”. ¡Ahí si se registraron 25 o 30 gramos del derivado de la quinua!¡aténgase a las consecuencias!
Toda esa exigencia termina y provoca un negocio. Se crean entonces “operadores” que claro que no existían, ni hacían eso antes, que están listos a cumplir con todos esos requisitos. Se trata de fundaciones que tienen el “músculo financiero” que les permita primero calificar en la licitación, muy estricta para exigir que sea una empresa sólida, y después tener nutricionistas, manipulador de alimentos profesionales, hacer el transporte de los alimentos con empresas legales, eso sí de fuera del municipio, porque en Aguachica no hay ninguna empresa de transporte de alimentos acreditada.
El contrato se vuelve entonces grande. Todos son de miles de millones de pesos y claro su adjudicación está mediada por sobornos, políticos y delincuentes profesionales que, ya que el contrato es tan grande, cada uno se queda con un pedazo.
Si el Ministerio no fuera el que definiera que es lo que comen los niños de Sipí, si el Gobernador no tuviera que dedicar una parte de su tiempo a ese Comité, si no hubiera tantos delegados que van desde Bogotá, sino que le dieran la plata a cada rector para que organizara un grupo de padres o madres de familia que preparen la comida de acuerdo con los hábitos culturales y en condiciones higiénicas seguramente la comida sería mejor y más rica no solo en calorías sino en sabor y habría un más fuerte control social porque la comunidad educativa entendería que esa es su responsabilidad y exigiría que se haga bien.
Los burócratas bogotanos llenan a las autoridades locales de requisitos incumplibles que terminan en violaciones a la ley, amenazas de la procuraduría y sobre todo negocios de “operadores” que en los papeles prueban cumplir todo lo que deja tranquilos a los “técnicos” bogotanos.
