Anoche el Congreso decidió eliminar el ‘congresito’ que se tenía previsto para desarrollar legislativamente las reformas que se pactaran en la Habana. Así, la llamada Comisión Legislativa para la Paz corre la misma suerte que el Marco para la Paz y la reforma constitucional para votar el referendo el mismo día de las elecciones, que sufrieron una muerte lenta después de que las Farc las rechazara por ser medidas unilaterales del gobierno. Falta ver si el propio Acto Legislativo agoniza por las mismas razones.
Se trataba de una comisión ad hoc, integrada por los senadores y representantes de las comisiones primeras más otros 12 parlamentarios de otras comisiones elegidos por las mesas directivas del Congreso, para diseñar de manera ágil las normas y reformas constitucionales que se necesitaran para implementar los acuerdos logrados en La Habana por las Farc y el Gobierno.
La Comisión tenía originalmente dos propósitos, además de extender el plazo de cuatro meses que le había dado Santos al proceso y de darle una muerte digna al también rechazado Marco para la Paz: involucrar en las reformas y leyes estatutarias que se necesitaran para desarrollar los acuerdos de paz a congresistas importantes que no pertenecieran a las comisiones primeras como Álvaro Uribe, Jorge Enrique Robledo o Antonio Navarro; y que las Farc pudiera tener a sus voceros en esta Comisión como una forma de darles la garantía de participar en este blindaje de los acuerdos y de bajarlos de la idea de la Asamblea Constituyente.
“Pero a los congresistas no les gustó y las Farc no llegaron a un acuerdo”, explicó a La Silla la senadora verde Claudia López.
La premonición de las Farc
La proposición para hundir la Comisión la presentó la senadora liberal Viviane Morales, quien desde el inicio había rechazado por inconveniente la Comisión Legislativa, pero contaba con el beneplácito de la Oficina del Alto Comisionado de Paz, que en el fondo nunca había estado de acuerdo con esta figura ad hoc.
Las Farc también la habían rechazado desde el primer momento. Al día siguiente de la presentación de esta iniciativa en el Congreso, las Farc se declararon sorprendidos de que el Gobierno tuviera la intención de "definir unilateralmente los contornos de la negociación".
"La implementación, verificación, la refrendación" de los acuerdos de paz "no son asuntos que conciernen solo al Gobierno", señaló la guerrilla. Y en un comunicado, que hoy parece premonitorio, dijo que “el acto legislativo para la paz se hundirá sin pena ni gloria si no es consensuado”.
La Silla supo que en el Congreso esperaron hasta el lunes alguna razón de la Habana sobre si tenían algún interés en participar en esta Comisión y el mensaje que recibieron es que la guerrilla seguía empeñada en que estos desarrollos legislativos se dieran en una Asamblea Constituyente, que el presidente Santos ha rechazado en todos los tonos.
Sin la guerrilla interesada en formar parte, esta Comisión se convertía más en un problema que en una solución pues muchos congresistas sentían que la figura iba a crear unos congresistas de “primera” que decidirían todo lo de la paz y unos de “segunda” que tendrían competencia sobre todo lo que no importaba tanto.
Tenía, además, el problema práctico de que iba a congestionar una sola comisión que tenía que decidir todos los temas.
Con la eliminación de esa Comisión, ahora todas las reformas de la paz se discutirán en sus respectivas comisiones pero con mensaje de urgencia y con un trámite acelerado pues sesionarán conjuntamente.
Como en todo caso se mantuvo el ‘fast-track’, las reformas que se hagan una vez se firme el Acuerdo Final y sea refrendado saldrán en un semestre y no en un año.
Es decir que si se firma la paz “en unos meses” como afirmó hace unos días en Europa el Alto Comisionado Sergio Jaramillo, para diciembre los acuerdos de paz que necesitan reforma constitucional como el del Tribunal de Justicia Transicional serían un hecho.
El proyecto mantuvo las facultades extraordinarias para que el Presidente pueda sacar leyes ordinarias durante los 180 días posteriores a la refrendación del Acuerdo de paz, excluyendo de estas facultades la posibilidad de decretar amnistías o de crear asambleas constituyentes.
También se mantuvo que las reformas deben ser por iniciativa del Gobierno, que cualquier modificación debe ser avalada previamente por el Gobierno y que solo se podrán aprobar o vetar en bloque, temas a los que se opone con vehemencia la bancada del Centro Democrático.
Parte de los beneficios que tenía la idea de esta Comisión Especial es que se convertía en un escenario ideal para tramitar de manera constructiva las objeciones del ex presidente y senador Uribe al proceso de paz y lograr que finalmente se metiera. Pero esa posibilidad quedó abortada desde un inicio porque minutos después de presentada la iniciativa en el Congreso el Centro Democrático sacó un comunicado diciendo que no formaría parte de la Comisión porque consideraba que era “un golpe de Estado contra el pueblo y la democracia” y de inmediato comenzaron a comparar las facultades extraordinarias al Presidente con la ley habilitante chavista.
“Lo que querían con esa Comisión era meter a las Farc y como no pudieron hoy terminó de morir”, dijo a La Silla la senadora uribista Paloma Valencia. “Pero lo grave es lo que se mantuvo porque vuelve inútil al Congreso porque lo deja sin posibilidad de hacer nada”.
Lo cierto es que las reformas constitucionales que crean nuevas entidades, como son la mayoría que salen de estos acuerdos (ver nuestra base contextual de los acuerdos), son en la actual Constitución de iniciativa del Gobierno y tampoco pueden ser cambiadas sin su consentimiento.
La incógnita ahora es si eliminada esta Comisión y teniendo en cuenta que las Farc también se oponen a las facultades extraordinarias para el Presidente por su unilateralidad, el Acto Legislativo que sobrevivió a este debate también agonizará en el siguiente. Y a cambio de qué entregará el Gobierno su acta de defunción.
La Silla
Congreso, Sociedad Civil y Paz2014: Diálogos de paz entre el desasosiego de la realidad y el deseo
