Hace exactamente un año, la columnista de El Tiempo María Isabel Rueda abrió un debate en el país después de que una funcionaria del CTI la llamó a declarar en la investigación por el asesinato de Álvaro Gómez y le pidió por teléfono información sobre las fuentes utilizadas.
A raíz de este caso, la Fundación para la Libertad de Prensa y la Sociedad Interamericana de Prensa denunciaron que las citaciones de la Fiscalía General a periodistas para pedirles revelar sus fuentes con el fin de avanzar sus investigaciones judiciales podría constituir una violación a la libertad de prensa.
En respuesta al escándalo, el fiscal Eduardo Montealegre dijo que sacaría dos directivas para sus funcionarios (una sobre el secreto profesional de los periodistas y otra sobre los delitos de injuria y calumnia). Hoy, que es el día de la libertad de prensa, presentó la primera.
La directiva de 70 páginas dice que los fiscales en principio no podrán citar a un periodista a que aclare aspectos de sus artículos o investigaciones, y que sólo lo podrán hacer como excepción.
Con esta regla, se acaba un procedimiento bastante común entre fiscales que –por pereza o por rutina o a veces por el interés de seguir todas las pistas- después de que un periodista hace una denuncia lo llaman al despacho a que les de más información a los investigadores para adelantar su trabajo.
Si bien los periodistas suelen ser los más interesados en que las cosas que denuncian no se queden en el papel sino que los responsables sean llamados por la justicia, estas citaciones son –en el mejor de los casos- una pérdida de tiempo para el reportero que tiene que ir a Paloquemao a contar lo que ya está publicado o -en el peor- una forma de presión para que revele sus fuentes.
En el caso de María Isabel Rueda, por ejemplo, la citación que le hicieron el 15 de diciembre de 2014 era para declarar en el caso del magnicidio de Álvaro Gómez. En esa ocasión, el texto que suscitó la citación fue una columna en la que Rueda hablaba de la supuesta renuencia de Montealegre a declarar el asesinato del político conservador como un crimen de lesa humanidad.
En la columna que publicó justo después del llamado de la Fiscalía, Rueda advirtió que también la iban a interrogar por otra en la que citaba testimonios sobre la responsabilidad del abogado Ignacio Londoño en el mismo crimen.
La directiva de la Fiscalía reconoce que si un periodista no le puede ofrecer a sus fuentes la reserva de su nombre, tendría mucha menos información valiosa de la que logra obtener a cambio del “off the record”.
Esta directiva, entonces, protege el derecho de la sociedad a estar mejor informada, pues sabiendo que la regla es la no citación de los periodistas, las fuentes sentirán menos temor de dar información y luego ser ‘descubiertas’ a partir de la entrevista de un fiscal con el periodista.
La Flip reconoció que esta directiva es “un paso adelante”. Sobre todo, porque incluye unos formatos “modelo” que deben seguir los funcionarios cuando consideren estrictamente necesario citar a un periodista.
“Estos formatos resaltan las líneas rojas que no pueden traspasar los funcionarios y contempla un decálogo de prerrogativas que el periodista conoce desde la citación y que le permitirían saber sus derechos y hasta dónde podría llegar el funcionario que lo entreviste”, afirma Pedro Vaca, director de la Flip.
Sin embargo, esta misma fundación (cuya Junta preside Juanita León) dice que las excepciones a la regla de no citar periodistas no son suficientemente claras.
Esto porque –dice la directiva- los fiscales podrán buscar “una colaboración voluntaria” del periodista en casos excepcionales” pero no aclara cuáles serían esos casos. Y agrega que si el reportero no colabora y hay una necesidad imperiosa de obtener esa información y “una finalidad constitucional” mayor a la libertad de prensa, entonces sí se puede obligar al periodista a ir.
El fiscal encargado Jorge Perdomo explicó hoy que un caso excepcional sería cuando un niño ha sido violado y el fiscal del caso cree que llamando al periodista podría obtener información valiosa para dar con el culpable y proteger así a otros niños.
En ese caso excepcional, el funcionario en todo caso no puede pedirle al periodista que revele su fuente ni cuestionar “la forma como el periodista obtuvo la información”.
Dice que “las preguntas deben estar acotadas a la información divulgada (precisar, aclarar y/o verificar el alcance de la información publicada). Si el periodista publica todo lo que tiene verificado, la citación terminaría siendo inútil.
En todo caso, con este instructivo para los fiscales casos como el de María Isabel Rueda serán menos comunes a lo que son hoy en día.
La Silla
