Un ciudadano, Eduardo Montealegre, usando papel oficial de la Fiscalía General de la Nación, demandó ante la Corte Constitucional que se declarara constitucional la palabra acuerdo contenida en el acuerdo que firmaron delegados del Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC para dar inicio a las conversaciones que se están adelantando en La Habana. Hasta ahí todo normal. A la Corte suelen llegar demandas de todo tipo. Es una acción pública que puede ejercer cualquier ciudadano. Es una conquista democrática de una larga historia en Colombia. Hay profesores que les ponen de tarea a sus estudiantes demandar ante la Corte. Hay ciudadanos que le piden a la Corte pronunciamientos absurdos. Eso ocurre permanentemente en la Corte y por eso no hay que sorprenderse que pueda haber ocurrido una vez más.
La legislación y la jurisprudencia han sido laxas en la exigencia de requisitos para este tipo de demandas para hacer efectivo el derecho ciudadano. Si se hacen exigencias técnicas sofisticadas se haría nugatorio el derecho. Sin embargo, se ha impuesto un deber mínimo con el fin no solo de garantizar la seriedad en su ejercicio sino de hacer posible que la Corte haga su tarea.
Por ejemplo, se exige que se “señalen las normas acusadas como inconstitucionales”. Ese requisito exige entonces mínimamente que sea una “norma” la que se demande y que se le pida la Corte que se declare inconstitucional. El ciudadano Montealegre no demandó una “norma” de las que expresamente mencionó la Constitución que podría revisar la Corte Constitucional (actos legislativos leyes, decretos leyes etc) y ni siquiera lo hizo sobre alguna de aquellas con las que la jurisprudencia de la Corte ha ampliado su competencia. Demandó el texto de un “acuerdo” que a simple vista no tiene la categoría de “norma”-
En una actitud audaz, según la calificó el Presidente Santos, el ciudadano Montealegre no acusó como inconstitucional la “norma” demandada, sino que le pide a la Corte que la declare constitucional y que diga que la palabra “acuerdo” contenida en ese acuerdo es un acuerdo especial de derecho internacional humanitario que forma parte del bloque de constitucionalidad y que por tanto tiene, según dice, la misma jerarquía de la Constitución.
Para evitar que la Corte tuviese que gastar tiempo en el estudio de demandas absurdas, las normas que regulan el procedimiento ante la Corte Constitucional obligan al magistrado sustanciador a rechazar las demandas respecto de las cuales la Corte sea “manifiestamente incompetente”.
Suele ocurrir que los jueces de todos los niveles incumplen con el deber de diligencia que les obliga a revisar con cuidado si las demandas cumplen con los requisitos legales y si las pruebas que se solicitan son pertinentes. Esa suele ser una tarea que se delega en funcionarios sustanciadores y los jueces y magistrados se limitan a firmar. Es un acto de “trámite” y resulta que no, si los jueces cumplieran con ese deber en forma diligente buena parte de los procesos que terminan con sentencias inhibitorias o de otra índole que no resuelven el fondo de la cuestión porque resulta imposible y si las pruebas que se decretaran fueran solo las pertinentes se evitarían múltiples trámites que congestionan el poder judicial.
El Magistrado Palacio incumplió el deber de diligencia, admitió una demanda respecto de la cual la Corte es “manifiestamente incompetente” y solicitó unos conceptos impertinentes. Dentro de algunos meses la Corte se declarará inhibida. ¿Por qué el Magistrado Palacio resolvió incurrir en una audacia? ¿Habló previamente con el ciudadano Montealegre sobre el asunto?, o ¿Se limitó a dar trámite a una demanda sin estudiar seriamente si cumplía los requisitos para su admisión?
Hasta ahí lo “jurídico”, llamémoslo así, pero lo verdaderamente grave es que, con esa decisión, en la práctica las discusiones de La Habana se trasladaron anticipadamente a la Corte Constitucional. Varios ciudadanos, de los opositores al proceso de paz, están preparando sendas demandas contra múltiples apartes de los “acuerdos” que hasta ahora se han suscrito y que consideran inconstitucionales.
Si el Magistrado Palacio aceptó dar el trámite a una demanda sobre una palabra del acuerdo inicial, que el demandante no pide que se declare inconstitucional, sino que se declare constitucional, va a ser difícil rechazar las demandas que lleguen sobre aspectos, digamos, controversiales del acuerdo sobre justicia transicional para poner un ejemplo. La audacia del Magistrado Palacio puede haber abierto el camino que la oposición había venido buscando para hacer imposible el proceso de La Habana.
El debate hay que ponerlo donde es. La discusión no es sobre si el acuerdo final al que eventualmente lleguen las FARC y el Gobierno es o no un acuerdo especial, esa es otra controversia, válida, pero otra. Ni siquiera sobre la posibilidad de que en La Habana no esté reunida una mesa de negociación sino una Constituyente. La controversia es sobre si la Corte puede revisar los papeles que han firmado las partes hasta ahora, porque ahí el riesgo de judicializar la negociación es enorme.
Ahora una controversia secundaria pero importante es sobre la condición del demandante. Montealegre se limitó a invocar su condición de ciudadano, sin embargo usó papel oficial de la Fiscalía y algunos medios le han dado a sus declaraciones y a su demanda una relevancia especial por “decirlo quien lo dice”, por ello he insistido que quien lo dice no es una autoridad, ni en sentido institucional, ni en el sentido romano del saber socialmente reconocido (su especialidad no es el derecho constitucional sino el derecho penal), es un abogado, que era profesor, que ha cometido múltiples errores jurídicos y cuyas posiciones son controvertibles como las de todos los demás. Para subrayar que no era aceptable en este caso el criterio de autoridad recordé coloquial y jocosamente que era un desempleado y aspirante, según ha dicho, a convertirse en estudiante de derecho, eso me acarreó un regaño que acepto con humildad, de la periodista Cecilia Orozco, a la que aprecio y admiro, pero pues Montealegre es hoy eso un desempleado.
Opinión
Eduardo Montealegre
Fiscal General de la Nación