La revelación de millones de documentos de una firma de abogados panameña especializada en crear sociedades offshore (las que no tienen operaciones) ha desatado un escándalo en todo el mundo. La Silla Vacía revisó los nombres de los colombianos que aparecen y encontró que casi todos son de Bogotá o Medellín, que las sociedades suelen usarse por grupos familiares o por los mismos socios de empresas colombianas, y que en algunos pocos casos la lista incluye a empresas que no son de papel.
Para saber quiénes aparecen en el escándalo y entender cómo usan esas sociedades, tomamos la base de datos que hizo pública el lunes festivo el International Consortium of Investigative Journalists y revisamos los 1.245 colombianos que arroja cuando se filtran los nombres de los beneficiados por el país, una lista que han publicado otros medios, y que incluye los 17 de una filtración de 2013 llamada Offshore Leaks (en la que aparecen los hijos del ex presidente Álvaro Uribe).
Eliminamos de esa lista los de Offshore Leaks, los nombres repetidos y las entidades extranjeras que aparecían como colombianas, con lo que la cifra se redujo a 982. Pero también vimos que no aparecen todos los colombianos (no encontramos a nuestra directora, Juanita León, el empresario Alberto Ríos ni el ex ministro Alberto Carrasquilla, que sabíamos que estaban en los Panamá Papers) y por lo tanto incluimos los casos visibles ya publicados, además de que buscamos puntualmente apellidos conocidos en Colombia y sumamos los que encontraron La Silla Santandereana y La Silla Caribe.
Seguramente hay más colombianos entre las 360 mil personas de los Panamá Papers y aun más que son dueñas de empresas parecidas por fuera de la lista, pues ésta solo incluye los clientes de una de las firmas dedicadas a este negocio, Mossack Fonseca. Además, los que aparecen son los más fáciles de ubicar, pues otras personas se esfuerzan más en borrar sus rastros al no usar una dirección que los vincule con el país, crear estructuras con offshores dueñas de offshores, usar testaferros o poner todas las acciones "al portador" (que no están a nombre de alguien sino de quien las tenga en la mano).
No encontramos pruebas de ilegalidades: tener una compañía offshore no lo es per se y no tuvimos acceso a los documentos de la filtración ni a las declaraciones de renta de los implicados para conocer sus movimientos y saber para qué se usaban.
En todo caso, de esa lista armamos una muestra (que, sumando los personajes visibles y una muestra aleatoria dieron 332 personas y entidades, una de cada tres de las iniciales) para encontrar quiénes son y definir patrones entre los colombianos de los Panamá Papers.
La primera conclusión es que la gran mayoría son personas asentadas en Bogotá o en Antioquia, que si bien concentran una parte importante de la población, del PIB y de las empresas, están sobrerrepresentadas, sobre todo si se comparan con otras similares como Santander o el Valle.
La segunda, es que la gran mayoría son empresarios de sectores muy diversos, y muy pocos periodistas o políticos, aunque sean los más visibles
Y la tercera es que las empresas no están tan concentradas en Panamá, como daría a entender el nombre del escándalo, y que por lo tanto el reciente convenio para intercambiar información con ese país es una ayuda para la lucha contra la evasión y la elusión, pero falta lograr algo similar con otros paraísos fiscales. Además, cuando están en lugares con los que Colombia no tiene relaciones comerciales como las islas Seychelles o las Islas Vírgenes Británicas, es improbable que hayan sido creadas para ser operativas.
Las lógicas
Además de esos datos básicos, encontramos seis tipos de empresas.
El primer caso, en el que ubicamos apenas tres sociedades, es de las que efectivamente tienen operaciones en Panamá y por lo tanto no son de papel.
Una de ellas es la empresa de software antioqueña IG Services, que tiene una panameña llamada Intergrupo Panamá S.A.. Su nombre comercial en Colombia es Intergrupo, publicitó su desembarco para trabajar en Panamá en 2013 y opera allí. Algo parecido ocurre con el centro de radiología oral Diago 3D que es de dos colombianos pero funciona en Ciudad de Panamá, y con Servicios Especializados de Ingeniería SIMOUT Panamá S.A., de la colombiana del mismo nombre, y que opera en ese país.
Estas son las únicas en las que está claro que sus dueños no están reduciendo los impuestos a pagar, por vías legales (conocidas como elusión fiscal, incluyen vender una sociedad en un paraíso fiscal en vez de un inmueble o unas acciones en Colombia para pagar menos impuestos) o ilegales (la evasión que se da cuando se usa una offshore para facturar gastos inexistentes, por ejemplo).
Sin embargo, no tenemos la información para saber si en las restantes sociedades se hizo eso.
El segundo grupo son las empresas que, aunque no sabemos si operan directamente en Panamá, tienen una relación transparente con una empresa colombiana, pues comparten el mismo nombre, lo que hace mucho más difícil usarlas para evadir impuestos.
Esas incluyen Aviomar Cargo, vinculada a la transportadora Aviomar; Globotech Displays Corp., de los mismos accionistas de la empresa de stands publicitarios Globotech Displays de Colombia; Odaco Group S.A., de los mismos dueños de la colombiana Odaco Group (productora de las compotas orgánicas de nombre Baby Faves); o Monómeros International, de Monómeros Colombo - Venezolanos.
El tercer tipo son las llamadas tradings, compañías dedicadas a importar y exportar productos. Estas se suelen armar en Panamá porque es un país que facilita el comercio de mercancías a través de la zona libre de Colón (donde no hay que pagar impuestos por importar mercancía si luego se exporta), tiene cuentas en dólares (lo que evita perder plata haciendo varios cambios de moneda) y muchas rutas marítimas (gracias a su canal).
Entre ellas se encuentran las de Diego Fernando Charry, un importador de productos que tiene una empresa en Panamá; o la que tienen en ese mismo país los accionistas de la empresa Importadora de Sintéticos y Textiles Imsitex S.A.
El cuarto grupo son las que tienen como accionistas a familiares, muchas veces grupos de padres e hijos, como las de Dario Arizmendi y sus hijas, la familia de Juanita León, o los Maestre Castro de Barranquilla.
Estas empresas se suelen crear como holdings de compañías en Colombia y en el exterior, en algunos casos para unificar en un país que tiene cuentas en dólares los manejos de empresas en varios países, en otros para centralizar una eventual herencia, y en otras más para reducir los impuestos que se dan en las sucesiones en Colombia o para que no aparezcan a nombre de sus dueños algunos bienes en Colombia.
El quinto tipo son las están a nombre de varias personas que también son directivas de una o más sociedades en Colombia, y es probable que las hayan usado para extender sus negocios a otros países o para poner a nombre de la offshore sus acciones en las colombianas.
Entre esos casos está el del ex ministro Alberto Carrasquilla y sus socios Lía Heenan y Andrés Flórez; los constructores barranquilleros de Constructores Unidos; o los dueños de la firma de libranzas Elite International Americas.
Por último, hay un conjunto importante de compañías cuya finalidad no pudimos establecer.
Los más llamativos
Además de estos patrones, encontramos dos casos de personas vinculadas directamente a escándalos financieros y que tienen empresas en la lista.
Uno es el de la española María Mónica Alberte, dueña de la sociedad panameña Eldrayton Holdings S.A. que creó en 2014. Alberte está envuelta en un escándalo a fines del año pasado, aunque el nombre que se conoció no fue el de ella sino el de su esposo, el empresario español Sergio Cortés Rodríguez.
Cortés encabezaba Internacional Compañía de Financiamiento, una entidad que intervino la Superintendencia Financiera en noviembre de 2015 para liquidarla porque estaba a punto de quebrarse después de haber hecho muchas operaciones sin los requisitos legales incluyendo préstamos a sus directivos. Eso afectó a entidades públicas como Bancóldex y Finagro, que le habían dado plata a cambio de la promesa de retornos muy jugosos.
Alberte, como gerente y dueña de la empresa colombiana Importadora Colombo Española, recibió en 2014 préstamos por 685 millones de pesos de Internacional, según la Superfinanciera. Es decir, se benefició de los manejos irregulares de la compañía de su esposo justo en el año en el que creó la offshore, mientras los ahorradores perdieron parte de su plata.
Otro es José Alejandro Navas Vengoechea, un publicista del Politécnico Gran Colombiano que trabajó como promotor comercial en la comisionista de bolsa Proyectar Valores, que intervino la Superfinanciera en 2011 porque, sin permiso, se habían usado recursos de los inversionistas para fallidos negocios que buscaban enriquecer a algunos de sus dueños y funcionarios, y que compartía varios accionistas con Interbolsa. En 2011 creó Elite International Americas (Elias), empresa de libranzas de la que es presidente.
Estando en Proyectar, Navas actuó como comisionista a pesar de no poder hacerlo y compró y vendió acciones de clientes sin tener la orden para ello. Es decir, violó la confianza de sus clientes. Por eso fue sancionado por el Autorregulador del Mercado de Valores (la entidad disciplinaria de la Bolsa) con una suspensión de 6 meses de su trabajo y una multa de 12 millones.
Navas aparece, junto con otros 5 accionistas y directivos de Elias, como dueños de la sociedad costarricense Tenedora Universal de Libranzas Sociedad Anónima, creada en 2014 en ese país.
Al final, toda esta información muestra que en los Panama Papers no están todos los que son ni son todos los que están. Pero que sí trae muchos indicios para que la Dian avance en las investigaciones que ya anunció por este escándalo.
Acá puede ver la lista completa y depurada.
