El expresidente Álvaro Uribe arrancó su campaña por el No al plebiscito esta semana en Bucaramanga y en Barranquilla, donde dio los primeros discursos después de que el Centro Democrático decidiera hacer campaña por esa opción en la consulta sobre el acuerdo entre Gobierno y Farc.
En Bucaramanga estuvo en la Universidad Autónoma y en Barranquilla tuvo cuatro reuniones: con empresarios, con estudiantes en la Universidad del Norte (en donde un grupo lo abucheó), con los empleados de la empresa de unos amigos y con simpatizantes en un restaurante.
Como en ambos escenarios el líder del Centro Democrático sentó las bases de la narrativa de esa campaña, La Silla le puso el detector de mentiras a sus principales afirmaciones. Y, de las 33 que revisamos, encontramos que siete fueron verdaderas y cuatro falsas. La mayoría son verdades a medias, ya sea porque son ciertas pero tienen grandes salvedades, porque da como hecho situaciones futuras que son posibles pero nada seguras, o porque parte de datos ciertos para llegar a conclusiones erradas.
De aquí a las elecciones, La Silla estará chequeando las afirmaciones de ambas campañas para contribuir a que en este plebiscito los colombianos puedan tomar su decisión por el Sí o por el No con base en información cierta.
Arrancamos con estas de Uribe:
“Cuando terminó nuestro Gobierno había 60 mil (hectáreas de coca), hace tres años 47 mil. Los Estados Unidos dijo en noviembre que había 159 mil y ahora dice que se está aproximando a 200 mil. Naciones Unidas dijo hace unas semanas que eran 90 mil o 95 mil, pero advirtió que en el último año esos cultivos han crecido en un 36%”
Explicación: Es cierto que ha habido un incremento de cultivos de coca. Pero para demostrar un mayor aumento frente a los resultados de su gobierno, Uribe escoge las cifras que más le convienen de dos metodologías diferentes (el estimado por la Oficina de Políticas para el Control de Drogas de la Casa Blanca y el observado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga, Unodc).
El estudio que reveló la Casa Blanca en marzo efectivamente estima que a 31 de diciembre había 159 mil hectáres de coca en el país. Pero ningún pronunciamiento oficial que dijera que están llegando a 200 mil, más allá de afirmaciones sin fuente conocida del Procurador Alejandro Ordóñez, el senador uribista Carlos Felipe Mejía y el mismo Uribe. La última cifra oficial es de 2015.
Además, Uribe compara inicialmente esa cifra con las de 60 mil a fines de su gobierno y 48 mil hace 3 años, que no corresponden al estudio de la Casa Blanca, que para fines de 2009 estimaba 100 mil hectáreas y, para fines de 2012, 78 mil.
Esas cifras pasadas se refieren es reporte de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga, Unodc, que siempre da menos hectáreas. El más reciente, que tiene un mes mostró que a 31 de diciembre había 96 mil hectáreas de coca, un aumento del 39 por ciento frente a las 69 mil de 2014.
“Las Farc había bajado de 30 mil personas a 6.800. Ahora se habla nuevamente de 17 mil”
Explicación: Uribe compara peras con manzanas, además de inflar una cifra.
Según el Ejército, la cifra más alta de miembros armados de las Farc fue de 20.700 en 2002 y no de 30 mil. Desde entonces han ido bajando y para 2009, último año de gobierno de Uribe, eran 8.520. Los 6.800 a los que se refiere el senador, eran los de 2014.
En cambio, la cifra de 17 mil se refiere a los cálculos aproximados de combatientes en camuflado más milicianos de civil (pero usualmente armados) en redes de apoyo que podrían desmovilizarse, según Juan Manuel Santos. Eso incluye unos 10 mil milicianos, que no estaban incluídos en las cifras anteriores a las que se refiere Uribe.
“Cuando terminó nuestro gobierno (...) las bandas criminales se encontraban en 2.400 personas, hoy una es del tamaño de las Farc”
Explicación: La afirmación parte de datos ciertos pero Uribe los usa de tal forma que muestra una tendencia real pero de forma exagerada.
Según cifras de la Policía, para fines de 2009, cuando quedaba medio año de su gobierno, las Bacrim tenían poco menos de 2.400 integrantes. Pero para 21 de junio de 2010, un mes antes de que Uribe culminara su mandato, eran 3.749 miembros. Es decir, Uribe toma una cifra cierta pero anterior al momento al que se refiere, y así exagera la parte inicial de su comparación.
Decir que una de las Bacrim es del tamaño de las Farc es exagerado porque de acuerdo con cifras de diferentes fuentes las bacrim en su totalidad tienen entre 3.410 y 10.000 integrantes. De acuerdo con Juan Carlos Acevedo, director de la Unidad Nacional contra el Crimen Organizado de la Fiscalía, El Clan Usuga es la banda más grande con 3000 miembros. Eso es menos de la mitad de los combatientes de las Farc.
“Entonces dice (un artículo del acuerdo) que si el cabecilla no es responsable de una acción atroz cometida por sus subalternos, entonces no responde penalmente ¡Por favor!”
Explicación: Efectivamente, si un jefe guerrillero no es responsable de graves crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad, no debe responder penalmente.
Quizás Uribe se refiere a que en la Justicia Transicional no se aplicará la debatida teoría de aparatos organizados de poder que introdujo en la Fiscalía Eduardo Montealegre para investigar inicialmente los falsos positivos cometidos por militares y que dice que cuando hay una estructura de poder, sus cabezas son automáticamente responsables por los delitos que cometan sus subordinados cuando obedezcan a políticas de la organización, así el jefe no haya dado la orden ni se haya enterado. Esto en gran parte no quedó en el Acuerdo por petición de los militares.
Sin embargo, el artículo establece varios casos en los que los jefes guerrilleros sí serán responsables. Por ejemplo, el jefe del guerrillero que tiró la pipeta de gas a la iglesia de Bojayá y quemó viva a la gente, claramente cabría en esta descripción: “La responsabilidad de los mandos de las FARC-EP por los actos de sus subordinados deberá fundarse en el control efectivo de la respectiva conducta, en el conocimiento basado en la información a su disposición antes, durante y después de la realización de la respectiva conducta, así como en los medios a su alcance para prevenirla, y de haber ocurrido adoptar las decisiones correspondientes. La responsabilidad del mando no podrá fundarse exclusivamente en el rango o la jerarquía”, dice el artículo al que hace referencia Uribe.
“Responsable o no, el comandante guerrillero nunca irá a la cárcel si acepta el delito”
Explicación: En la jurisdicción especial de paz habrá dos momentos para que los jefes guerrilleros acepten su responsabilidad penal por sus crímenes. Dependiendo de en cuál de los dos momentos lo hacen pagarán cárcel o no.
Si lo hacen en la primera fase, ante la Sala de Reconocimiento, y cuentan toda la verdad, se les aplicará una pena alternativa diferente a la cárcel de entre 5 a 8 años, que puede ser desminar o hacer una carretera o algo por el estilo.
Pero si no lo hacen en esa primera etapa del juicio y se esperan hasta antes de la condena, cuando ya el Tribunal le prueba el delito, sí podrían ser condenados a una cárcel ordinaria durante 5 a 8 años, como la que cumplieron los paramilitares de las AUC desmovilizados durante el gobierno Uribe.
Y si no confiesan, y son vencidos en juicio, les pueden meter entre 15 a 20 años de cárcel.
Los que no cometieron delitos muy graves serán amnistiados.Pero el mismo Uribe ha dicho que está de acuerdo con que los que no cometieron graves delitos no paguen cárcel, como sucedió con los paramilitares rasos.
“Serán las Farc y el Gobierno los que digan cuáles son las instituciones que nombrarán los jueces y serán las Farc y el Gobierno los que acuerden a qué perfiles y condiciones deberán responder esos jueces, finalmente si no tienen una determinación directa, sí la tienen indirecta y muy influyente”
Explicación: El Gobierno y las Farc siguen discutiendo qué instituciones deben nombrar los jueces de la justicia transicional. Por ahora, han dicho que serían personas de alta credibilidad internacional, como el Papa o Nacionales Unidas. Al final, de a quién deleguen dependerá, así sea de forma indirecta, como dice Uribe, quienes terminen siendo los magistrados. Por ejemplo, una cosa sería elegir al ex premier británico Tony Blair para hacerlo, y otra a la ex presidente argentina Cristina Fernández de Kirchner.
Lo que no es cierto es que condicionen esos “perfiles”, salvo por estas características generales definidas por Farc y el Gobierno en el Acuerdo de Víctimas, que dice: los magistrados “deberán estar altamente calificados y deberá incluirse expertos en distintas ramas del Derecho, con énfasis en conocimiento del DIH, Derechos Humanos o resolución de conflictos. El Tribunal deberá ser conformado con criterios de equidad de género y respeto a la diversidad étnica y cultural”.t
“Todos los que hayan sido actores de conflicto tienen que someterse a él (Tribunal de Paz).. sustituyen la justicia ordinaria... crean la justicia de las Farc”
Explicación: El ex Presidente construye un argumento que parte de datos ciertos pero llega a una conclusión errada, por lo que es engañoso.
Es cierto, como dice Uribe, que todos los actores del conflicto deberán someterse a la justicia transicional, pues la idea es que ésta sea el cierre del conflicto y que todos los involucrados puedan beneficiarse de las penas y sanciones alternativas.
También busca evitar que suceda lo que ocurrió con la negociación del M-19 en la que los guerrilleros indultados terminaron en el Congreso y los militares que desaparecieron gente en la retoma presos.
En ese sentido, para los delitos cometidos en el conflicto armado esta justicia transicional sí sustituye a la ordinaria (que en todo caso nunca ha podido meter preso a ningún jefe guerrillero).
Pero de esas dos afirmaciones ciertas Uribe llega a una conclusión que es por lo menos exagerada: no por ello quedan sujetas a “la justicia de las Farc”.
No se tratará de los llamados juicios revolucionarios que han aplicado las Farc a sus miembros, ni de la labor que han tenido sus comandantes en algunas zonas como jueces de litigios locales. Tampoco son las Farc quienes definirán a quién se condena ni por qué casos porque precisamente los magistrados del tribunal serán elegidos por instituciones independientes al gobierno y a las Farc, aunque escogidas por ellos de común acuerdo.
“El tribunal de las Farc sustituye a la Procuraduría y la Contraloría”
Explicación: Es cierto que en los hechos directamente vinculados al conflicto, la justicia transicional sí reemplazará a la Procuraduría y a la Contraloría con el fin de darle un cierre definitivo a esos casos.
“(La Justicia Transicional) prevalecerá sobre las actuaciones penales, disciplinarias o administrativas por conductas cometidas con ocasión, por causa y en relación directa o indirecta con el conflicto armado, al absorber la competencia exclusiva sobre dichas conductas”, dice el acuerdo sobre Víctimas.
Sin embargo, la Jurisdicción Especial de Paz no es el Tribunal de las Farc porque sus magistrados no serán miembros de esa guerrilla ni los escogerá directamente ella. Serán escogidos por instituciones independientes seleccionadas de común acuerdo entre Farc y Gobierno.
“El tribunal de las Farc queda autorizado, investido de competencia para decir que una sanción que hubiera impuesto la Procuraduría General de la Nación si la considera política, la revoca”
Explicación: La justicia transicional sí puede revocar decisiones de la Procuraduría, al igual que puede revocar decisiones judiciales.
Pero los motivos para tumbar esas decisiones no pueden ser que el Tribunal las considere políticas.
Para que reabra un caso juzgado debe cumplir varias condiciones: debe ser sobre hechos que tengan que ver con el conflicto; que el sancionado o investigado solicite que las revise; y que en el juicio llegue a una conclusión diferente a la que había tomado quien emitió la sanción o abrió la investigación, por ejemplo porque evalúa una prueba de forma diferente o porque aplica unas normas diferentes (la justicia transicional aplicará el DIH en vez de la ley ordinaria colombiana).
Como ya explicamos, la Jurisdicción Especial de Paz no es el Tribunal de las Farc porque sus magistrados no serán miembros de esa guerrilla ni los escogerá directamente ella. Serán escogidos por instituciones independientes seleccionadas de común acuerdo entre Farc y Gobierno.
“Dice el acuerdo que las decisiones que tome ese tribunal (de justicia) serán inmodificables”
Explicación: Efectivamente el Acuerdo determina que las decisiones del Tribunal de Paz no las podrá modificar nadie después.
Eso es fundamental para evitar que más adelante alguna corte decida revisarlas, lo que crearía un espacio de incertidumbre jurídica para los guerrilleros y demás personas sancionadas por la justicia transicional, y crearía así un incentivo para no aceptar las responsabilidades ante el Tribunal, ni ayudar a que éste tenga suficiente información para procesar a más personas.
“El acuerdo acepta que el narcotráfico en cabeza de las Farc es un delito político, por ende sus cabecillas máximos responsables no tendrán cárcel, no serán extraditados y pueden ser elegidos”
Explicación: Es cierto que todos los guerrilleros, sean comandantes o no, serán indultados o amnistiados por los delitos políticos y los conexos a éstos, que no serán extraditados y que podrán ser elegidos. Pero es falso que el Acuerdo diga que el narcotráfico es un delito político que automáticamente de lugar a ese perdón.
Según el Acuerdo del punto de Víctimas, “las normas de amnistía determinarán de manera clara y precisa los delitos amnistiables o indultables y los criterios de conexidad”, lo que quiere decir que de la futura ley de amnistía aprobada por el Congreso dependerá si lo que dijo Uribe es cierto o no.
Con una precisión: el Acuerdo en el punto de drogas sí recoge la jurisprudencia de la Corte Suprema que en varios fallos ha dicho que el narcotráfico sí puede ser conexo cuando se hizo para financiar la rebelión.
En todo caso, no todo hecho de delito conexo termina siendo indultado o amnistiado. Solo lo son en aquellos casos en los que se cometió el delito conexo con relación al político. Por ejemplo, si un guerrillero decidió traficar coca para enriquecerse él entonces no sería un delito conexo.
La extradición de guerrilleros sí se prohibió explícitamente en el Acuerdo. Y aún si son condenados por narcotráfico o cualquier otro delito grave, podrían ser elegidos.
“Yo firmé casi 1.200 órdenes de extradición de narcotraficantes, extradité a 14 cabecillas del paramilitarismo, cuatro de las Farc”
Explicación: Uribe muestra cómo usó extensivamente la extradición, algo que es cierto: de acuerdo a la Fundación Ideas para la Paz durante su gobierno extraditó a Estados Unidos un promedio de 150 - 200 personas al año, frente a entre 10 y 20 de los gobiernos anteriores. Por eso, cuando iba a salir sumaba 1.149 extradiciones.
Entre ellas están los 14 jefes paramilitares desmovilizados en el marco de la Ley de Justicia y Paz que extraditó en 2008, incluyendo a Salvatore Mancuso y “Don Berna”.
Los cuatro jefes guerrilleros extraditados fueron “Simón Trinidad”; alias “Sonia”; alias “Iván Vargas”; y alias “César”.
“En el acuerdo de Justicia no hablan de secuestro sino de retención, dice que cuando haya habido retención quedan sin responsabilidad los autores de asesinatos y secuestros de soldados y policías”
Explicación: El Acuerdo de Justicia no incluye las palabras “secuestro” ni “retención”. Y tampoco que quedan sin responsabilidad los guerrilleros que hayan asesinado o secuestrado soldados o policías.
De hecho, serán los magistrados de la JEP los que definan las penas específicas en cada caso de acuerdo a un inventario de posibles sanciones.
Pero el Acuerdo sí dice que los delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra serán juzgados. Como entre los crímenes de guerra están la toma y ejecución de rehenes y el asesinato de los prisioneros de guerra como fueron los soldados y policías, es altamente probable que ocurra todo lo contrario a lo que señala Uribe.
“Hoy las Farc tendrán impunidad total para delitos atroces como reclutamiento, secuestro de niños, violación de niños”
Explicación: El Acuerdo establece claramente que no podrán ser amnistiados ni indultados los delitos de lesa humanidad, genocidio y los crímenes de guerra. Como entre los de lesa humanidad está la violación y entre los de guerra está la toma de rehenes, esos guerrilleros serán condenados a una pena. Lo que pasa es que si confiesan y piden perdón recibirán una pena diferente a la cárcel como la obligación de desminar o de hacer carreteras, durante entre 5 y 8 años.
“La Convención Americana de Derechos Humanos dice que los delitos graves necesitan sanciones severas y no las hay, entonces ¿cuál es la diferencia? El gobierno dice que no hay amnistía y que no hay indulto, pero lo que están haciendo equivale en sus efectos a amnistía e indulto”
Explicación: Uribe se refiere a que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha exigido unos estándares mínimos para que las más graves violaciones a los derechos humanos no queden impunes.
Pero esa jurisprudencia no habla de sanciones severas sino de que no haya impunidad; no ha prohibido de tajo las amnistías e indultos, pues mantiene abierta la posibilidad de que sean condicionados; y da más margen a los acuerdos negociados para una justicia transicional.
Además, Uribe está diciendo que la existencia de penas alternativas equivale a una amnistía e indulto, lo que no es cierto: en las amnistías e indultos no hay sanción alguna sino una libertad inmediata, y en lo acordado siempre hay restricción efectiva de libertad (que puede ir desde que esté en una especie de colonia penal hasta que no salga de un departamento específico o que siempre vuelva a dormir a su casa, según lo determine el tribunal) y la obligación de participar en actividades que reparen a las víctimas.
“Ahora los de la masacre de Bojayá van a aspirar a la Alcaldía y al Concejo y van a dirigir el municipio”
Explicación: Lo que señala Uribe sí puede ocurrir según lo acordado, pero es muy pronto para decirlo.
El punto 36 del acuerdo de Víctimas permite que alguien sancionado por la justicia transicional sea candidato en una elección popular.. Dice “La imposición de cualquier sanción en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición no inhabilitará para la participación política ni limitará el ejercicio de ningún derecho, activo o pasivo, de participación política, para lo cual las partes acordarán las reformas constitucionales pertinentes”.
Eso abre la puerta para que los responsables de la masacre de Bojayá sean elegidos. Pero no es seguro ni que aspiren ni que después de lo sucedido la gente de Bojayá vote por ellos y ganen las elecciones y terminen dirigiendo el municipio, como da por hecho el ex presidente.
Y en todo caso, el Tribunal de Paz podría imponerles una pena de restricción de moverse de una determinada zona diferente a la de Bojayá durante 5 a 8 años por esa masacre, con lo cual durante esa época no podrían hacer campaña.
“Hay una autorización a Naciones Unidas para certificar la entrega de armas ¿pero quién va a certificar cuántas tienen?”
Explicación: Es cierto que nadie va a certificar cuántas armas tienen las Farc pero es que nadie puede hacerlo aparte de ellas mismas. Así quedó demostrado en el proceso con los paramilitares, que después de su entrega de armas retoñaron las bacrim con un 20 por ciento de antiguos desmovilizados armados hasta los dientes.
Por eso este es un problema en todos los procesos de negociación, pues por definición cualquier grupo ilegal guarda en secreto la cantidad y ubicación exacta de sus armas. Es decir, la crítica de Uribe es válida pero se refiere a que el proceso no es perfecto.
Por ejemplo en Irlanda del Norte hubo un proceso muy complejo, que tardó siete años para entregar las armas, y aun hoy no se sabe si todas fueron destruidas. Y en El Salvador y Guatemala no todas fueron entregadas y muchas de las que no, terminaron alimentando la guerra justamente en Colombia.
“Las Farc es el tercer grupo terrorista más rico del mundo, no lo digo yo, lo dicen los estudios internacionales de riqueza terrorista”
Explicación: La versión israelí de la revista Forbes efectivamente publicó un artículo sobre las diez organizaciones terroristas “más ricas” y en ella las Farc aparecen como la tercera con 600 millones de dólares. Pero usaron la cifra de cuánta plata les entra sin restar la que gastan en sostener los combatientes y su guerra. Es decir, no es una cifra de cuánta plata tienen acumulada, que es la que se suele usar para medir la riqueza. Así, por ejemplo, lo hace la misma Forbes al hablar de los multimillonarios.
En realidad, nadie sabe cuánta plata tienen guardada.
“El capítulo de víctimas es bellísimo, tiene una literatura espléndida, pero le falta lo fundamental, las Farc no aportan un peso para repararlas”
Explicación: En el acuerdo de reparación integral quedaron establecidas varias formas de reparación incluyendo los actos para pedir perdón o las reparaciones colectivas. En la reparación material a las víctimas una parte la harán los guerrilleros individualmente y otra las Farc como organización. “Las FARC-EP como organización insurgente que actuó en el marco de la rebelión, se comprometen a contribuir a la reparación material de las víctimas”, dice el Acuerdo.
Sin embargo, esa reparación material no es claro hasta dónde llegará ni cómo se va a implementar.
Por el lado de la reparación individual, solo ocurrirá si el Estado demuestra que el guerrillero tiene cómo reparar a las víctimas. Si no, será el Estado quien la asuma. Por eso, que contribuyan o no los comandantes de las Farc dependerá de la capacidad del Estado de demostrar que tienen plata o bienes para hacerlo. Y, según lo que ha podido averiguar La Silla, de eso es poco lo que se sabe.
Por el lado de lo que ponga la organización, no hay detalles que hagan exigible ese compromiso ni si se limita a hacer actividades o si también pondrán plata. Por eso, es posible que efectivamente ocurra lo que señala el ex presidente, pero todavía es temprano para afirmarlo.
“Entonces las Farc con esos platales (que tienen escondidos) podrá comprar todos los arsenales de armas que necesite, la mermelada de la política quedará convertida en letra menuda cuando las Farc esté haciendo política con esos platales”
Explicación: Este año rodó la cabeza del director de la Uiaf, Luis Edmundo Suárez, por filtrar información que publicó el diario The Economist, en el que se aseguraba que las Farc tenían una fortuna de 10.500 millones de dólares proveniente del narcotráfico. Al admitir que había sido la fuente de la información, Suárez dijo que efectivamente le había dado una entrevista al medio inglés y no le había informado a Santos pero que lo que le había dicho a la revista es que no había información suficiente para dar una cifra, y que el dato de los 10.500 millones de dólares venía de alguna otra fuente.
Por ahora, no hay un reporte oficial que permita establecer la verdadera fortuna de ese grupo armado.
En todo caso, es imposible saber que, si ese platal efectivamente existe y es de esa magnitud, se la van a gastar en armas y no en irse a vivir a Miami o en comprar carros, por dar otras posibilidades. Aunque si, en efecto, se la gastan en elecciones, sí sería un riesgo muy grande para la política.
“A las víctimas (...) se les crea otro problema, no tienen el derecho más importante que es a la no repetición”
Explicación: En el acuerdo del punto de víctimas no solo se tiene la no repetición como uno de los objetivos grandes sino que se establecen puntos específicos para lograrlo. Por ejemplo, las penas alternativas para los guerrilleros que acepten sus responsabilidad están sujetas a que no vuelvan a cometer otro delito.
Además, la idea de que cuenten la verdad en el Tribunal y en la Comisión de la Verdad y los planes colectivos de rehabilitación y reconstrucción del tejido social buscan que no se repita la violencia en las zonas más afectadas por el conflicto.
Así que las víctimas sí tienen ese derecho, más allá de que su aplicación pueda ser difícil o no funcionar (cosa que es diferente a no tener el derecho).
“El Gobierno dice que no pone en riesgo la agenda de libertades de Colombia. Claro que está en riesgo, al país le paralizaron la economía. Con todos sus defectos el gobierno tenía una vigorosa confianza de inversión y empezaba a reducirse la pobreza… mire cómo van hoy, mire el déficit, la desinversión, los colombianos que regresaban del extranjero están volviendo al extranjero”
Explicación: El ex presidente toma unos datos reales pero les asigna una causa que es errada, para construir un argumento que vincule la situación económica con el proceso de La Habana.
Es cierto que la economía del país se ha desacelerado, que la inversión extranjera ha disminuido y que el déficit (no es claro a cuál se refiere Uribe, pero se entendería que al fiscal) ha crecido. Pero eso no se debe a que se haya puesto en riesgo “la agenda de libertades”.
Primero, porque las vacas flacas que se empezaron a ver desde hace dos años obedecen principalmente a la baja del precio del petróleo, la caída mundial de los mercados financieros y la estructura de la economía del país muy atada a los ingresos por petróleo y minería que se creó durante el gobierno Uribe y que reforzó el primero de Santos.
Y segundo, porque no ha habido mayores cambios en materia de libertades económicas, pues las políticas económicas de Santos son similares a las que vienen desde Uribe.
Además, no es cierto que ya no se está reduciendo la pobreza: en la medición más reciente la pobreza medida en ingresos bajó del 28,5 por ciento en 2014 al 27,8 en 2015, y medida en condiciones de vida pasó del 21,9 al 20,2.
En 2010, el último año de gobierno Uribe y primero de Santos, esas cifras eran de 37,2 y 30,4 por ciento, respectivamente. Es decir, desde que salió Uribe más o menos 4,5 millones de personas han salido de la pobreza y la tendencia se mantiene.
“El gobierno actual no es castrista pero les está abriendo el camino para las elecciones del 18 o para las elecciones del 22”
Explicación: Es cierto que el gobierno de Santos no es castrista y también que el principal objetivo de la negociación con las Farc es que dejen de buscar el poder a través de las armas para que lo hagan a través de las urnas.
Para eso, en el acuerdo de participación política se le dan garantías y apoyos especiales a los movimientos sociales, varios de los cuales tienen vasos comunicantes con las Farc.
También se acordó que habrán unas ‘circunscripciones especiales de paz’ para que en determinadas zonas (que muy probablemente coincidirán con zonas donde tienen influencia las Farc) candidatos postulados por movimientos sociales lleguen a la Cámara de Representantes con un umbral más bajo del requerido para los partidos tradicionales.
Aunque no se sabe todavía cuántas serán ni en qué regiones, el partido de las Farc no las tiene aseguradas porque se pelearán a voto.
También es posible que obtengan unas curules directas en el Senado, un punto sobre el que aún no hay acuerdo y que dependiendo de cuántas les entreguen podrían darles una ventaja en elecciones futuras.
Aunque si son menos de diez es una ventaja que no parece ser sustancial: bancadas que existen hace varias elecciones en el Congreso, como las del Mira y el Polo, solo logran tener incidencia legislativa cuando logran acuerdos con congresistas de otros partidos, y solo logran resultados electorales en lo local a punta de votos.
En conclusión, el Acuerdo sí busca que las Farc puedan hacer política y ganar elecciones. Pero tiene que ganarlas.
“No estamos de acuerdo que una zona de concentración sea en Tibú porque allí han implantado las Farc un paraíso del narcotráfico, porque es un corredor de frontera que le permite a las Farc esconderse en Venezuela. No estamos de acuerdo con una concentración en Ituango porque al norte las Farc tienen el narcotráfico, en el sureste una gran extorsión sobre ingenieros que construyen obras complementaria de (la represa) Urrá, y porque hay minería ilegal”
Explicación: Efectivamente Norte de Santander es el departamento con la mayor área sembrada de coca y las Farc hacen presencia en Tibú.
También es cierto, hasta donde pudo confirmar La Silla, que en la zona en la que se concentraría la guerrilla, que es la vereda la Angalia, hay cultivos de coca y no quedaría lejos de la frontera con Venezuela (a hora y media).
Aunque decir que es un “paraíso del narcotráfico” es un calificativo, Tibú sí es un punto estratégico porque de ahí sale toda la droga que viene del centro del Catatumbo para pasarla a Venezuela.
En Ituango también es cierto que hay cultivos de coca en la zona rural, aunque no en la zona de concentración, que quedaría a dos kilómetros de la vereda Santa Lucía y en efecto hay denuncias sobre extorsión a ingenieros de la represa de Urrá.
“Las guerrillas en Colombia nacieron patrocinadas en parte por Cuba”
Explicación: Es verdad que Cuba participó del nacimiento de algunas guerrillas pero no de las Farc.
El ELN se define desde su surgimiento como una organización guerrillera pro revolución cubana y algunos estudiantes del Partido Comunista fueron enviados por éste a Cuba en los sesentas y a su regreso fundaron esa guerrilla.
Además, en casos como el del M-19 sí hubo buenas relaciones en distintos momentos con el régimen de Fidel Castro.
Pero a diferencia de ellas, las Farc surgieron como un movimiento de autodefensa campesina sumado a restos de guerrillas liberales de los tiempos de La Violencia y con influencia de líderes comunistas colombianos. No gracias a un patrocinio cubano.
la guerrilla siguió existiendo.
“Quitaron la abstención como derecho eficaz, lean la sentencia de la Corte Constitucional”
Explicación: Aunque la sentencia del plebsicito, no ha salido aún, la decisión que explicó un comunicado de prensa no elimina la eficacia de la abstención, aunque sí exige mayores niveles para que tenga efectos.
Para este plebiscito, la Corte pasó de exigir que más de la mitad de los posibles votantes participen para que la decisión sea válida, a que lo haga el 13 por ciento de esos posibles votantes y por el Sí, sin tener en cuenta para ese piso cuántos votan por el No.
La posición de Uribe es que al bajar el umbral, la abstención ya no es un derecho eficaz, una lectura que explica por qué el Centro Democrático prefirió hacer campaña por el No.
Sin embargo, la decisión de la Corte tiene por lo menos tres argumentos contrarios a eso.
El primero es que el umbral de la mitad más uno de los votantes hace que en la práctica los plebiscitos sean irrealizables. La participación electoral en Colombia ronda ese 50 por ciento en elecciones en las que se mueven maquinarias, pasiones alrededor de políticos y decisiones tan concretas como quién es el alcalde.
Por eso el referendo de Uribe de 2003, cuando era un presidente recién elegido y muy popular, solo logró que participaran entre el 20 y el 26 por ciento de las personas, muy lejos del 50 de un plebiscito.
El segundo es que el umbral del 13 por ciento solo por el Sí es un poco más exigente que el del 25 por ciento del referendo, que incluye a los votos negativos, como ha explicado en La Silla Rodrigo Uprimny.
Y el tercero es que es mejor que salga mucha gente a votar para incentivar la participación y que la decisión, sea el Sí o el No, sea tan legítima como se pueda. Justamente por eso es valiosa la campaña por el No de Uribe.
“El Gobierno dice: ‘es que si no aprueban el plebiscito, volvemos a la guerra. ¡Las mismas Farc dijeron que no!”
Explicación: Las Farc se pronunciaron sobre este tema después de que Santos amenazara con que si ganaba el No las Farc retomarían la guerra urbana.
Carlos Antonio Lozada, delegado de las Farc en Cuba, leyó en un comunicado que “Si gana el no, no significa que eso tenga que dar al traste con el proceso, porque la paz como derecho síntesis no puede llevarnos a tomar esa decisión de seguir con una guerra tan dolorosa”.
Es decir que, por lo menos los jefes guerrilleros, no necesariamente volverían a la guerra.
Pero eso supone dos cosas, que a hoy son inciertas: una, es que si se prolongan las negociaciones hasta que se logre “el mejor acuerdo” que proponen los uribistas los jefes de las Farc en Cuba logren mantener el control sobre todos los frentes. De hecho, ya hoy es difícil mantenerlos unificados, sin combatir pero asegurando sus sostenimiento, como mostró la disidencia del Frente Primero hace más de un mes.
La otra es que se mantenga el cese bilateral de fuego que hoy existe de facto. Porque si ante un rotundo No, el gobierno de Santos opta por debilitarlos militarmente para que acepten la rendición que equivaldría a aceptar cárcel y no elegibilidad política, no se sabe cómo reaccionarían las Farc.
Al final, como explicó Héctor Riveros en su columna la semana pasada, de ganar el No un escenario probable sería una Asamblea Constituyente donde todo se barajará de nuevo, incluso lo acordado en La Habana.
“Voy a Córdoba y me dicen: la gente en el valle del Sinú tiene que pagarle vacuna a una bacrim y en el Nudo del Paramillo le tiene que pagar a las Farc.”
Explicación: Como lo evidenció el paro armado que el pasado abril decretaron las llamadas autodefensas gaitanistas, las Bacrim tienen poderío y generan terror a comerciantes y ciudadanos en buena parte de los municipios de Córdoba, incluyendo varios del valle del Sinú.
En una visita a terreno, La Silla confirmó, por ejemplo, que en el pueblo de Tierralta casi todo el comercio está bajo extorsión.
Y cerca al Nudo del Paramillo, las Farc tienen control sobre el territorio y cultivos de coca que comercian con las bandas criminales. Ahí hace presencia, entre otros, el frente 58, parte de cuyos ingresos provienen de la extorsión a la minería, según Ideas para la Paz.
“Los estudiosos dicen que las Farc han reclutado entre 11.700 y 20 mil niños y niñas”
Explicación: Según un informe de la Unidad de Análisis y Contexto de la Fiscalía publicado en mayo de este año, entre 1975 y 2014 las Farc reclutaron 11.556 menores de edad.
“Muchas niñas embarazadas, obligadas con fusil a abortar.”
Explicación: Aunque no se tiene certeza de la cifra exacta, organismos de inteligencia que han cruzado datos de computadores encontrados a la guerrilla y testimonios de desmovilizados calculan que podrían llegar a mil los abortos obligados en las filas de las Farc al año. Un agente de inteligencia, citado por El Espectador, aseguró que incluso a las niñas de 12 y 13 años las obligan a planificar.
Aunque las Farc han dicho que el aborto es la última opción y se hace “con el consentimiento de las guerrilleras”, son varios medios los que han publicado testimonios de desmovilizadas asegurando lo contrario. Y en la misma vía se pronunció el fiscal pasado, Eduardo Montealegre.
“Cuando no hay justicia, el dolor tiende a acompañarse de rencor y no de perdón.”
Explicación: La manera en la que cada víctima supera su experiencia en el conflicto armado es personal, por lo que generalizarlo hace que la afirmación sea inchequeable.
Verdad Abierta publicó un informe realizado por un grupo de psicólogos de la Fundación Memorias de Luz que reveló que el sentimiento de las víctimas después de enfrentarse a un hecho violento no está necesariamente relacionado con la justicia, sino con el acompañamiento sicológico que reciban. Esa organización le hizo seguimiento a víctimas de paramilitares que pagaron 9 años de cárcel y, pese a la condena, en varios casos se detectaron sentimientos de rencor.
Es decir, en algunos casos Uribe tendrá razón, en otros no.
“Santos tiene mucho afán de sacar el plebiscito para después sacar la reforma tributaria. Si él mete la reforma tributaria ahora, la ciudadanía se va a enardecer de rabia y no le votan el plebiscito. Entonces, él quiere guardar la reforma tributaria, aplazarla, sacar primero el plebiscito y después de reforma.”
Explicación: Como lo contó La Silla recientemente, en los cinco meses que quedan de 2016 el Gobierno debe sacar adelante el plebiscito y una reforma tributaria. Y ha decidido que se refrende primero el Acuerdo para que no se vea afectado por la impopularidad y molestia que pueda causar en los ciudadanos la noticia de nuevos impuestos o el aumento en algunos.
Santos sí tiene afán porque los tiempos deben darle de aquí a diciembre. La otra opción, como lo anticipamos, es que saque la tributaria por el mecanismo exprés del fast track, lo cual sería altamente polémico y evitaría que la reforma fuera realmente estructural como ha prometido el Gobierno que será.
La Silla
Álvaro Uribe Vélez
Ex presidente de la República y Senador