Hace dos semanas, en Riohacha, el presidente de la Asamblea de La Guajira había declarado durante una marcha de madres wayuu que protestaban contra el abandono estatal: “Aquí no habrá plebiscito porque sencillamente no hay las condiciones para responder a un SÍ. Es que ni siquiera vamos a salir a votar porque no hay las condiciones para salir a votar. Primero están los derechos de nuestra gente”.
Se trata de Hilber Pinto, diputado de Cambio Radical y, para más señas, pariente de la inhabilitada gobernadora de ese partido Oneida Pinto y uno de los principales alfiles que tuvo el kikismo durante la Administración del procesado exgobernador (también de Cambio Radical) Kiko Gómez.
Aunque esa clara matrícula política pueda poner en duda si, como dice, para él “primero están los derechos” de los guajiros, hoy Pinto no es el único que en este departamento parece pensar así respecto a la iniciativa con la que el Gobierno busca refrendar los acuerdos de paz de La Habana.
Cuatro fuentes distintas nos contaron que desde hace unos días vienen circulando en Riohacha vehículos particulares con avisos promoviendo el NO en el plebiscito. Eso ha generado la idea de que esa es la opción que prima en el ambiente local porque, hasta antes de ello, la campaña del proceso con las Farc no se había sentido con fuerza por ninguna de las dos alternativas.
Lo que aseguran esas mismas fuentes locales es que los simpatizantes del NO son básicamente miembros de gremios, como el de pequeños transportadores y comerciantes, y políticos que aún no se atreven a destaparse, pero que más que ser uribistas están es molestos con el presidente Juan Manuel Santos y con el vicepresidente Germán Vargas Lleras.
Con Santos porque su Gobierno no ha solucionado la crisis humanitaria, económica y social del segundo departamento más pobre del país. Y con Vargas porque, luego de que el Consejo de Estado tumbara a Oneida Pinto, su partido Cambio Radical no les permitió tener gobernador encargado guajiro como era su derecho, sino que ayudó a que les impusieran uno foráneo, algunas de cuyas medidas y generalidades sobre las costumbres de los guajiros y la corrupción no han caído nada bien, como lo contó La Silla Caribe.
Ese mandatario encargado es el superintendente Jorge Enrique Vélez y en las últimas horas negó que haya habido amenazas en su contra por denunciar la corrupción, como inicialmente él mismo había dicho.
Respecto a lo del plebiscito, aparte de Hilber Pinto, nadie dice esta boca es mía. Sin embargo, declaraciones como las que nos dio el director de las cooperativas de transporte informal de La Guajira, Luis Cárdenas, evidencian que esa es la situación.
“Estamos molestos, este es un departamento que tiene todo y no tiene nada, y además se han tomado unas medidas que no compartimos. Nosotros no estamos ni con el SÍ ni con el NO, pero sabemos que hay unos compañeros y usuarios promoviendo el NO y eso es respetable porque finalmente el problema es nuestra situación aquí”, nos dijo Cárdenas.
Los transportadores informales puntualmente rechazan la construcción de seis peajes, que Vargas Lleras encargó a fines del mes pasado al mandatario Vélez, para la vía que del Cesar comunica con La Guajira. Y también los tiene descontentos el aumento de los operativos policiales contra los vehículos de placas venezolanas, que usualmente han prestado servicios turísticos y transitado sin mayor problema por el departamento.
Estas molestias y otras van a quedar claras mañana en dos eventos masivos de protesta contra el Gobierno Nacional, que se realizarán en dos puntos del departamento. Eventos que, aunque formalmente no son por el NO en el plebiscito, contarán con algunos simpatizantes de esta opción, lo que ratifica que para muchos la refrendación de los acuerdos está ligada a su sentir sobre la gestión de Santos, y que por esa vía en La Guajira esta idea puede seguir sumando adeptos.
Las protestas y sus vínculos
Ambos organizadores dicen que es casual, pero mañana para la misma hora están convocadas dos manifestaciones guajiras para protestarle a la Administración Santos.
La primera la convoca un comité llamado ‘Por la Dignidad de La Guajira’, en el que están entre otros asociaciones locales de educadores, miembros del Sindicato de Trabajadores de la Industria de Carbón Sintracarbón, los transportadores informales, grupos de pequeños comerciantes, ganaderos y la Federación de Comunidades Desplazadas por la Gran Minería.
Ese colectivo lo preside Felipe Rodríguez, dirigente guajiro del Polo Democrático, del ala del MOIR; existe desde 2010, cuando el Gobierno cambió el sistema general de regalías, y desde entonces ha liderado dos paros cívicos y varias manifestaciones para defender recursos naturales como el río Ranchería y el arroyo Bruno y otros intereses del departamento por el estilo.
La de ahora será una marcha programada para salir a las 8 de la mañana del Parque Simón Bolívar de Riohacha, teniendo como bandera un pliego de 18 peticiones para el Gobierno, entre las que están puntos tan variados como que haya mayor renta minera para el departamento, que fortalezcan los hospitales, que no se construyan más peajes, que intervengan Electricaribe, que el Gobierno cumpla las medidas cautelares que ordenó la CIDH para proteger al pueblo wayuu, que se solucione el problema de los carros con placa venezolana y que se convoque a elecciones atípicas.
“El Estado nos quebró el aparato productivo del departamento y lo cambió por un modelo minero energético. En los 70, el agro representaba el 39 por ciento de nuestro PIB y en 2013 era apenas el 4,4 por ciento. Venezuela subsanaba eso, pero la situación de allá evidenció lo peor de nuestra crisis. No nos pueden despachar ahora con que es que acá (en La Guajira) todos somos corruptos”, nos dijo Felipe Rodríguez, quien recalcó que la manifestación no defiende ningún interés partidista y tampoco el NO en el plebiscito.
De hecho, el político del Polo defiende el SÍ, aunque cuenta que sí ha notado que hay una campaña local por el NO que está recogiendo el descontento con el Gobierno y no es propiamente uribista. “La gente no puede estar feliz con Santos y con Vargas. ¿Cómo va a decir el Gobernador que nos pusieron que es que aquí no somos colombianos? Eso es una falta de respeto”.
Este comité definirá el 25 de agosto si, además, convoca a un paro cívico en La Guajira. Rodríguez dice que eso dependerá de la respuesta que tengan estos días. “Esto va para paro si el Gobierno no se vuelve serio”.
La otra manifestación será una concentración del pueblo wayuu, también a las 8 de la mañana, en una comunidad indígena llamada Yamain, muy cerca de la intersección conocida como ‘Cuatro vías’, que conduce de Riohacha a Uribia y la alta Guajira.
La convoca la Mesa de Concertación wayuu, que está conformada por 22 delegados y es la instancia llamada a ser enlace entre el Gobierno y los indígenas.
La Mesa, que está en reuniones con el Gobierno en cabeza del gobernador encargado Vélez, dice que van a exigir que se implementen con prontitud las medidas cautelares de protección que ordenó la CIDH, pero también se van a quejar del mandatario designado: “No estamos de acuerdo con el trato indigno que le ha dado al pueblo guajiro en sus alocuciones, diciendo que somos un pueblo de bandidos. No todos lo somos”, nos dijo Hilduara Barliza Brito, delegada de Uribia en la Mesa.
Según ella, la concentración, a la que asistirán palabreros y otras autoridades tradicionales, se debe al abandono estatal y no oculta ningún interés.
Sin embargo, La Silla Caribe supo que entre los principales promotores del evento está la EPS indígena Anas Wayuu, sancionada por la Supersalud al demostrarse fallas en la prestación del servicio a niños que murieron.
Según un político importante de la región y un periodista que ha cubierto el tema, esa empresa estaría más bien interesada en presionar al Gobierno a través de la protesta para que le quiten las sanciones.
Ese dato, sin embargo, no lo pudimos confirmar a ciencia cierta y de hecho nos lo negó Hilduara Barliza: “Anas Wayuu es de unas autoridades tradicionales, lleva 20 años de servicio y ha sido víctimas de una persecución injusta”.
Pero esa no es la única suspicacia alrededor de la manifestación indígena, que en cualquier caso tiene razones de peso para hacerse.
Aunque Barliza afirma que no van a promover el NO ni están chantajeando al Gobierno y que entre sus peticiones -contrario a la marcha del comité Por la Dignidad de La Guajira- no está ni siquiera que se convoquen las atípicas, hay un vaso comunicante entre miembros de la Mesa de Concertación y el uribismo.
Esto va para paro si el Gobierno no se vuelve serio
Tiene que ver con un episodio ocurrido el pasado nueve de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Ese día, líderes wayuu que hoy están en la protesta hablaron en el Congreso por gestión del senador Álvaro Uribe.
Al respecto, Hilduara Barliza nos dijo que lo que ocurrió es que ellos estaban en la Plaza de Bolívar de Bogotá, junto al Congreso, hablando con el exrepresentante guajiro liberal Jimmy Sierra cuando llegó el senador uribista Honorio Henríquez. “Él nos dijo ‘vamos a ver cómo les ayudamos con varios senadores para que los atiendan’, y nos hizo entrar… cuando estábamos en un salón dentro del Congreso, llegó Uribe, yo a ese señor nunca lo había tratado, nos dijo que pediría a la plenaria declarar sesión informal para que pudiéramos hablar y así lo hizo”.
Según la líder wayuu, Uribe jamás les habló del plebiscito e incluso “para que no se confundiera con algo político, él nos pidió no mencionarlo”.
Sin embargo, aunque niega que esa consulta esté en la agenda de la Mesa y de la protesta de mañana, Hiduara dice que hay un malestar que podría verse reflejado allí: “No podría decirte cómo es el ánimo frente al plebiscito, pero el ambiente en el pueblo wayuu (con este Gobierno) es de inconformismo”.
En Casa de Nariño, hay personas cercanas al Presidente que creen que el subtexto de la discusión (en el caso de los aliados del kikismo y de la Mesa de Concertación wayuu) es que si no se cumplen sus peticiones se van por el NO. Incluso, nos dijeron que el grupo de Kiko estaría interesado en pelear más recursos para la Universidad de La Guajira a cambio de apoyar el plebiscito. Sin embargo, ni Hilber Pinto ni las directivas locales de Cambio Radical nos hablaron de eso cuando les preguntamos si marcharían y por qué razones.
Pinto nos habló fue contra el centralismo y de la paz “sin hambre”. Y, por su parte, los dos principales dirigentes guajiros del vargasllerismo (Stevenson Pimienta y William Ballesteros) acaban de renunciar a ese partido en protesta por la decisión de la colectividad en Bogotá de no elegir gobernador encargado de una terna conformada por políticos locales, por lo que perdieron ese espacio de interlocución con el Gobierno. Pimienta nos dijo que posiblemente apoye la marcha de Riohacha.
Aunque hay evidentes intereses en algunos sectores, la realidad es que el menú de razones para quejarse en La Guajira es bastante largo. Habrá que esperar a ver si la crisis de un departamento en el que en las regionales del año pasado salieron a votar más de 300 mil personas sigue soplando contra el SÍ, como parece pasar ahora.
