La Silla le aplica el detector de mentiras a César Gaviria

Explicación: El ex presidente Gaviria lidera la campaña de los políticos por el plebiscito y es a ellos a los que va a coordinar de manera general y no como si fuera su jefe como él mismo ha dicho.

Él lídera los distintos comités que se están creando dentro de la campaña que incluye el de publicidad, el de los grupos sociales y el de el día D, entre otros. Ese último es clave, como le dijo a La Silla el co-presidente de la Alianza Verde, Antonio Sanguino, para evitar que los que están en esa campaña dupliquen tareas como que todos pongan buses en un mismo sitio. “Su tarea es armonizar las distintas campañas para que la cosa funcione”, le dijo a La Silla el co-presidente de La U, Armando Benedetti.

Por eso, aunque los partidos políticos como La U y Cambio Radical ya dijeron que no iban a estar bajo la coordinación de Gaviria, en últimas sí lo harán al menos en términos de logística y seguramente de financiación de las campañas. Sin embargo, según tres fuentes consultadas por La Silla, este trabajo todavía es muy incipiente.

Explicación: El ex presidente Álvaro Uribe y los militantes del Centro Democrático han dicho en varias ocasiones que este proceso fue hecho a la medida de las Farc y que “el Gobierno se ha sometido a ella. Les concede todo lo que ha pedido”, como dijo Uribe en la entrevista con el diario El País de España en marzo. Aunque este proceso sí se planteo inicialmente como una salida negociada al conflicto con las Farc, los acuerdos que han salido hasta ahora de la mesa han sido mucho más amplios.

Ese es el caso del punto de justicia transicional. El acuerdo no cobija sólo a los guerrilleros sino que busca que quienes hayan cometido delitos con ocasión del conflicto (como la financiación de empresas -o terceros civiles- a grupos armados ilegales) puedan acogerse a los beneficios de no pagar cárcel intramural si revelan toda la verdad y reparan a las víctimas. La idea es que ésta sea el cierre del conflicto y que todos los involucrados puedan beneficiarse de las penas y sanciones alternativas que incluye con la contraprestación de que deben contar toda la verdad y reparar a las víctimas.

Además, como ha mostrado La Silla, muchas de las peticiones que ellos tenían al principio del proceso no entraron dentro de los acuerdos sino que más bien, las Farc han cedido más que el Gobierno en lo que se ha acordado hasta ahora.

Explicación: Varios militares que están en las cárceles del país, ya sea condenados o esperando que se termine su juicio sobre todo por delitos como los ‘falsos positivos’, esperan acogerse a la justicia transicional, que salvo la amnistía, ofrece los mismos beneficios a los agentes de Estado que cometieron crímenes atroces que a los guerrilleros. Es el caso del coronel retirado Robinson González del Río. Él aceptó los cargos que le imputó la Fiscalía el año pasado, como contó La Silla, con miras a los beneficios que puede recibir una vez arranque a funcionar el Tribunal Especial de Paz.

Otros organismos como Acore que representa a militares retirados también han mostrado mucho interés en el acuerdo de justicia transicional como se vio en la reunión que sostuvieron con el general Jorge Enrique Mora en julio después de que se firmó el acuerdo sobre el punto de ‘fin del conflicto’. Allí, Mora reiteró que los militares juzgados por ‘falsos positivos’ recibirán beneficios dentro del acuerdo de justicia y saldrán libres.

Explicación: Aunque es cierto que el ex presidente no tiene una respuesta concreta frente a estos militares como lo es la Jurisdicción Especial de Paz no es porque no la haya planteado como lo da a entender el ex presidente Gaviria.

El Centro Democrático, y concretamente el senador Alfredo Rangel, ha presentado dos proyectos de ley distintos desde que el uribismo llegó al Congreso en el 2014 con los que buscan resolver lo que ven como la inseguridad jurídica de los militares que están siendo procesados en la justicia ordinaria por crímenes relacionados con ocasión del servicio.

El primero buscaba crear un tribunal temporal para revisar en única instancia las condenas contra militares y policías y el segundo, buscaba darles rebajas de penas, sin condiciones, y que paguen máximo cinco años por esos delitos.

El problema para el uribismo es que estos proyectos de ley tienen que ser aprobados por el Congreso para que se vuelvan realidad y eso, como se ha demostrado con los proyectos que ya han radicado, es prácticamente imposible porque la mayoría del Congreso respalda el proceso de paz con las Farc y rechaza las tesis del uribismo.

Explicación: Según ha dicho la Corte Constitucional, si gana el NO, el presidente Juan Manuel Santos no podrá aplicar el Acuerdo Final con las Farc y tendría que buscar otro acuerdo distinto al que se ha pactado hasta ahora.

Eso implica que no podrá aplicar el acuerdo de justicia transicional que trae beneficios de no cárcel para los militares que cuenten toda la verdad sobre su participación en la comisión de delitos graves relacionados con el conflicto armado entre los que van a entrar los ‘falsos positivos’ a pesar del debate que hubo alrededor de ese tema.

Incluso, así no cuenten toda la verdad, pagarán la mitad de la pena que tendrían en la justicia ordinaria. Por eso, si se cae este acuerdo seguramente sus casos continuarán en la justicia ordinaria donde ya están siendo investigados unos 16 generales, y uno de ellos, el general en retiro Henry Torres Escalante, ya fue llamado a juicio.

Explicación: Como contó La Silla, los uribistas están vendiendo la idea de que una votación aplastante a favor del NO conllevaría a una “negociación bien hecha” que tuviera en cuenta el rechazo de los colombianos a hacerle concesiones a las Farc, como el que no paguen cárcel y puedan ser elegidos para hacer política.

Pero, sobre esa posibilidad no hay ninguna certeza. Primero, porque aunque las Farc acepten reabrir la discusión sobre el punto de la justicia, seguramente volverían a su posición inicial de decir que estarían dispuestos a irse a la cárcel si del lado del Establecimiento los acompañan Uribe, Santos y los empresarios que fueron cómplices durante el conflicto.

O exigirían reabrir la discusión sobre todos los puntos ya negociados lo que básicamente sería volver a empezar la negociación que ha tardado cuatro años en llegar al punto en el que está hoy.

O, que intenten recoger fuerza política para presionar por una Asamblea Constituyente, que se sabe cómo empieza pero no cómo termina.

Explicación: Es cierto que no se sabe qué pasará si gana el NO, empezando por qué posición asumirá las Farc. Lo que si es muy probable es que de ganar el NO Santos quedaría tan debilitado que difícilmente podría volver a insistir en la mesa de negociación y tocaría esperar al próximo gobierno con un nuevo equipo negociador pues es el actual ha intentado su mejor esfuerzo.

Explicación: Es cierto también que no se sabe qué pasaría con el apoyo de la comunidad internacional que hasta ahora ha apoyado fervientemente este proceso. Por ejemplo, Estados Unidos tiene como delegado suyo en la mesa a Bernie Aronson y el secretario de Estado de ese país, John Kerry, se reunió con la delegación de las Farc en La Habana a principio de este año. Y Naciones Unidas son los encargados de verificar la entrega de armas. Aunque el apoyo al proceso de paz en el Congreso gringo es bipartidista, con el cambio de gobierno en Estados Unidos que se avecina no se sabe cuál sería su apoyo a un nuevo esfuerzo de negociación. Menos si gana Trump.

Explicación: Aunque la posibilidad de la renegociación de los acuerdos es incierta, no se sabe –como ya había dicho antes el propio ex presidente Gaviria– qué va a pasar si gana el No, más allá de que Santos no podría implementar los acuerdos que se han pactado hasta ahora en La Habana.

Explicación: Aunque esta ha sido la tesis que ha usado el gobierno en esta campaña, en realidad nadie sabe qué pasaría si llega a perder el plebiscito en las urnas. Aunque la guerrilla desmintió a Santos, a través de Carlos Antonio Lozada, diciendo que si gana el NO no volverían a la guerra, el jefe del equipo negociador de esa guerrilla, Iván Márquez dijo el pasado 5 de agosto que la dejación de las armas y la concentración de esa guerrilla en las zonas de ubicación está "supeditada a las normas que garanticen la seguridad jurídica de la insurgencia y que, en consecuencia deberá estar refrendado el acuerdo final".

Es decir, sin refrendación, no se concentran ni dejan las armas en el plazo de seis meses pactado. Si eso significa que siguen en la Habana esperando a negociar ‘un mejor acuerdo’ o si esto significa que se paran de la mesa y acaban el cese unilateral es difícil de predecir.

Explicación: Los partidos políticos y movimientos de izquierda que respaldan el proceso de paz con las Farc lo hacen a pesar del presidente Santos y en eso se diferencian de los que están dentro de la coalición de Gobierno. Apoyarán el plebiscito para que se acabe la guerra con las Farc que, en su opinión, se ha convertido en un distractor para que los movimientos sociales de izquierda puedan movilizar a sus bases en torno a las necesidades sociales que hay en el país en materia de trabajo, educación, salud, etc.

Por eso, tanto el Polo Democrático como el Mais de los indígenas y la misma senadora Claudia López de la Alianza Verde dijeron en la audiencia pública ante el Consejo Nacional Electoral que quieren hacer una campaña por el Sí independiente de la del gobierno y piden que no haya un comité único de apoyo al Sí sino que los dejen formar uno propio. De hecho, López ha enfocado su campaña en decir que votar por el Sí sería una forma de salir primero de las Farc y luego de Santos.

A eso se suma, efectivamente, iniciativas como las que presentaron hoy las centrales obreras del país como la CUT, la CTC y el Comando Nacional Unitario que lanzarán su propia campaña y en la que según una fuente muy cercana a ellos, decidieron incluso no invitar a la ministra de Trabajo y ex presidenta del Polo, Clara López, para mostrar esa independencia frente al gobierno.

Explicación: Como lo contó La Silla, el principal lastre de la campaña por el Sí es Santos y la poca confianza que genera el presidente en los colombianos, como lo han revelado las últimas encuestas. Por eso, una de las estrategias de la campaña del Sí desde los partidos y de la Fundación creada por Fabio Villegas y de otras campañas como las que liderarán movimientos y partidos de izquierda, según supo La Silla, es “desantizar la paz”.

Explicación:Este es el primer proceso de paz en el país que ha puesto en el centro a las víctimas, que ha diseñado una política de justicia transicional que incluye una comisión de la verdad y que cobija no sólo a los guerrilleros sino a los agentes del Estado y terceros civiles que han participado en delitos con ocasión del conflicto. Y que toca temas como el narcotráfico o el desarrollo rural.

Los procesos de paz anteriores, como el del M-19, abarcó puntos en la agenda destinados más que todo a la desmovilización de los guerrilleros y algunas aspiraciones de apertura política pero sin compromisos concretos y el del Caguán liderado por Andrés Pastrana nunca logró ni siquiera pactar una agenda. El de los paramilitares buscó las condiciones para su desmovilización. Por todo eso, este es el proceso de paz más completo que se ha hecho hasta ahora en el país.

Explicación: Como lo explica el español Vicenç Fisas, director de la Escuela de Cultura y Paz de la Universidad Autónoma de Barcelona, desde que se creó el Estatuto de Roma en 1998 que estableció la Corte Penal Internacional, 24 países han adelantado procesos de paz de los cuales 16 firmaron el Estatuto.

En ninguno de los casos, “sin excepción”, dice Fisas, las personas que han participado en un proceso de paz se han sometido a condenas que impliquen ir a prisión. El patrón general, como ocurrió en los casos que cita Gaviria de Sudáfrica e Irlanda (que son anteriores al Estatuto de Roma), es hacer una amnistía general para los grupos desmovilizados.

Sin embargo, la CPI intervino en el proceso del Congo y en Sierra Leona se creó un tribunal ‘ad hoc’ que ha detenido a personas del grupo armado Ruf que firmaron el acuerdo, para un total de 8 personas condenadas a prisión en ambos casos, según el anuario de procesos de paz del 2016 de Fisas.

En el proceso con los paramilitares, fruto de la negociación, ellos accedieron a pagar entre 5 y 8 años de cárcel para los que contaran la verdad. En este caso la diferencia es que las Auc tenían una vínculo estrecho con aparatos del Estado y no eran propiamente insurgentes como lo son los casos estudiados por Fisas.

Explicación: En los últimos 17 años los gobiernos han entregado 412 indultos a distintas organizaciones armadas de los cuales el gobierno del ex presidente Álvaro Uribe fue el que más entregó con 232 indultos a las Farc, 114 a las AUC, 8 al ELN, 2 al EPL y otros dos a otros grupos.

Explicación: En 1989 el entonces presidente Virgilio Barco firmó una ley de amnistía para los guerrilleros del M-19 que dejaba por fuera delitos atroces como la toma del Palacio de Justicia. Como esa decisión ponía en peligro el proceso de paz con esa guerrilla, Uribe, que en 1992 era senador, promovió un proyecto de ley de indulto total para los miembros del M-19.

El proyecto se originó por la propuesta de Uribe de crear una comisión accidental en el Congreso que redactara la norma junto con el gobierno y que Uribe presentó como coautor una semana después. El proyecto fue aprobado en 1993.

Con respecto a los indultos que otorgó a los paramilitares, como explicamos antes, el gobierno del ex presidente indultó a 114 miembros de las AUC.

Explicación: La afirmación de Gaviria de que los paramilitares son los que más han cometido delitos de lesa humanidad no se puede chequear porque esos delitos no están tipificados en Colombia.

Eso quiere decir que a la Fiscalía las noticias criminales de los delitos no entran bajo esa figura y por tanto, no hay ninguna cifra que de cuenta de cuántos delitos de lesa humanidad se han cometido en el país y menos aún quién los cometió.

Sin embargo, según una alta fuente de la Fiscalía que pidió la reserva de su nombre, las sentencias que ha emitido hasta ahora la ley de Justicia y Paz sí han demostrado que los paramilitares son los que más han cometido delitos atroces pero, como no existe el delito, no han sido condenados bajo esta modalidad. Aún así, la fuente dice que en su opinión, Gaviria tiene razón.

Explicación: A través de la ley de Justicia y Paz se desmovilizaron unos 36 mil paramilitares de los cuales hoy, según cifras de la Agencia Colombiana para la Reintegración, están libres unos 33 mil que fueron condenados pero a quienes se les suspendió la pena a través de la ley 1424 porque los delitos que cometieron se hicieron con ocasión del conflicto.

De hecho, según cálculos de esta entidad y de la Fundación Ideas para la Paz, hay unos 2.500 desmovilizados de las AUC que hoy integran bandas criminales y otros 2.500 que están muertos.

Entre los 3.000 postulados que entraron a juicio porque se trataba de mandos altos, ya hay varios de los que están en libertad desde noviembre del año pasado porque ya pagaron sus penas y se estima que para mediados del 2017 ya todos estarán libres.

Explicación: El 13 de mayo del 2008 en la madrugada, es decir, tres años después de iniciado el proceso de justicia y paz, 14 ex jefes paramilitares que habían negociado con el Gobierno y que estaban presos en cárceles colombianas fueron extraditados a Estados Unidos por decisión del entonces presidente Álvaro Uribe

En ese momento, el expresidente explicó que lo hacía porque los extraditados habían seguido delinquiendo a pesar de haberse acogido a los beneficios de Justicia y Paz, no estaban cooperando con la justicia y no estaban reparando a sus víctimas. Las tres cosas eran ciertas.

Pero, incluso en ese momento, también estaba la versión de que los extraditaba porque habían comenzado a implicar a empresas reconocidas como financiadoras de sus operaciones porque en realidad ya desde antes de la extradición Semana había denunciado que estaban delinquiendo.

Hoy se sabe que los paras extraditados habían seguido traficando drogas aún desde la cárcel y ya en ese momento se sabía que varios narcotraficantes le compraron a Vicente Castaño, jefe de las Auc, la franquicia para ‘colarse’ en el proceso para recibir los beneficios como ocurrió con alias ‘gordo lindo’. Otros, como alias ‘Macaco’ , ‘Don Mario’ y el ‘Tuso’ Sierra, también fue expulsados de la ley de justicia y paz porque se comprobó que siguieron delinquiendo.

Explicación: Todas las encuestas coinciden en que para la mayoría de colombianos sería deseable que los jefes guerrilleros pagaran cárcel.

Explicación: Como contó La Silla en el arranque de la fase pública de negociaciones entre el Gobierno y las Farc, en 2012 esa guerrilla tenía, según cálculos del Ejército, 8.147 guerrilleros en camuflado y otros 10.261 milicianos en todo el país más sus redes de apoyo. La mitad de esos guerrilleros estaban concentrados en dos bloques: el Oriental y el Bloque Sur, que además de ser los más grandes son junto con el Iván Ríos, del Urabá y Chocó, los más ricos.

Es decir que las Farc a pesar de toda la arremetida de la Seguridad Democrática seguía teniendo un ejército en armas y presencia en muchos lugares del país.

Sin embargo, en ese momento, incluso el entonces ministro de Defensa Juan Manuel Santos y todos los generales e incluso muchos académicos decían que la guerrilla estaba derrotada estratégicamente, en gran parte gracias al poderío aéreo de las Fuerzas Militares logrado con el Plan Colombia y el impuesto al patrimonio. Es decir, que no tenía ninguna capacidad de tomarse el poder por las armas.

Pero como paralelamente también ocurrieron los falsos positivos el sector del Establecimiento representado por Santos llegó a la conclusión de que la arremetida militar también había llegado a su tope y que para la derrota final era menos costoso una salida negociada.

Por eso, en el fondo la transacción que ha hecho el Gobierno con esa guerrilla que no llegó totalmente derrotada militarmente a la mesa es que a cambio de abandonar las armas, ésta pueda tener espacios políticos, por la vía democrática de las urnas, para conseguir sus objetivos revolucionarios.

Explicación: Es cierto que el cese bilateral de fuego y la dejación de armas contará con el monitoreo de observadores internacionales bajo la coordinación del Secretario General de las Naciones Unidas y según los estándares internacionales.

Pero no trabajan para “que se sepa la verdad” como dice Gaviria sino para verificar que no violen las condiciones pactadas de cese bilateral y que sí entreguen las armas.

Explicación: Lo que dice el ex presidente es engañoso primero porque solo una fracción minoritaria de los guerrilleros pagara alguna pena incluso dentro de la Jurisdicción Especial de Paz. La mayoría serán amnistiados. Frente a aquellos que se pueda demostrar que estuvieron vinculados a las situaciones más graves de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, deben contar toda la verdad. Pero aún si no la cuentan no es cierto que automáticamente quede sometido a la justicia ordinaria como dice Gaviria.

Como quedó escrito en el acuerdo de víctimas firmado en diciembre del año pasado, el que cometió el delito atroz tiene dos momentos para contar la verdad. Si la cuenta ante la Sala de Reconocimiento recibirá una pena alternativa diferente a la cárcel de entre 5 y 8 años. Si no lo hace y se espera al juicio ante el tribunal y lo hace antes de que lo condenen entonces sí pagaría cárcel de entre 5 a 8 años. Y solo si no lo hace en ninguna de las dos instancias y el Tribunal Especial para la Paz comprueba que se cometió un delito que el procesado no confesó, podrá ser condenado dentro de ese mismo Tribunal con penas de cárcel que pueden ser de hasta 20 años en la justicia ordinaria.

Explicación: Es cierto que esta no es una campaña exclusivamente de los políticos. De hecho, como contó La Silla, la estrategia de usar las maquinarias de los políticos es solo una de las patas de la estrategia del gobierno en la campaña. Otra es “desantizar la paz” lo que está a cargo del ex presidente de Avianca, Fabio Villegas y de los amigos empresarios de Santos que quieren enviar un mensaje de que “la paz es de todos” y hay varias organizaciones sociales planeando sus campañas.

Aún así, Santos sí se está apoyando fuertemente en los políticos y en sus maquinarias, una estrategia que conoce y que ya le sirvió en la segunda vuelta presidencial y por eso puso al expresidente César Gaviria a coordinar ese frente.

Por otro lado, aunque también es cierto que los políticos no están haciendo una campaña para elegirse, la del plebiscito sí está siendo vista por muchos de ellos como unas “primarias” para las elecciones presidenciales del 2018 y por eso, se han presentado varias pugnas y desencuentros entre Gaviria y los otros dos partidos de la Unidad Nacional que también están en la competencia por el Palacio de Nariño.

Explicación: Como lo demostró Daniel Coronell en su última columna, la encuesta Ipsos que dijo que el 50 por ciento de sus encuestados votaría NO al plebiscito contra un 39 por ciento que votaría Sí no está hecha técnicamente para medir intención de voto. Por lo tanto, no es posible saber con cuántos votos cuenta realmente el Sí como dice el ex presidente Gaviria.

Explicación: Es cierto que la votación de la constituyente fue muy baja. Hubo en total 3’063.013 de los cuales casi 3 millones fueron por el sí y el resto por el NO.