El Fiscal abre la puerta para endurecer la política de las drogas

La propuesta del fiscal general Néstor Humberto Martínez de “reanudar la aspersión aérea” abre la puerta para que el Gobierno de una señal clara de que no va a tener una política blanda contra el narcotráfico justo antes del plebiscito y cuando uno de los argumentos más fuertes del No es esa mano suave. 

La propuesta

En la carta que sacó El Tiempo, el Fiscal le pide al ministro de Justicia, Jorge Eduardo Londoño, convocar una reunión extraordinaria del Consejo Nacional de Estupefacientes, que reúne a una decena de instituciones del Gobierno y de las Fuerzas Armada en la lucha antidrogas, para que se discuta la posibilidad de volver a la aspersión aérea.

La Silla supo que lo más probable es que esa reunión “extraordinaria” se haga a finales de mes, por lo que se va a cruzar con la campaña pra el plebiscito, justo en uno de los obstáculos más grandes para el aterrizaje del Acuerdo y de los argumentos más fuertes del No: el crecimiento de los cultivos de coca.

En su carta, el Fiscal dice que le preocupa el aumento de esos cultivos de coca que, según el informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), crecieron en un 39 por ciento el año pasado, llegando casi a las 100 mil hectáreas. En 2012 eran menos de la mitad.

Y dice que según ese informe buena parte del aumento se está “afianzando” sobre todo en Norte de Santander (aquí lo contamos hace tres meses), Cauca, Caquetá, Nariño y Putumayo. Es decir, en departamentos que concentran una de cada tres zonas de concentración para que las Farc se desarme.

Según supo La Silla por una alta fuente de la Fiscalía, allá ya tienen información de que “hay un denominador común en casi todas esas zonas y es que hay grupos armados ilegales queriendo cooptar esos territorios para quedarse con el negocio de la coca.”

Como contamos ayer, en 12 de las 28 zonas de concentración hay cultivos de coca y en casi todas las demás hay cultivos muy cerca. Así que la preocupación del Fiscal no es menor.

“Los amigos de la paz somos los que miramos qué está pasando en el territorio”, le dijo el fiscal a La Silla. “Y la paz no es que se desmovilicen las Farc, es que no continúe la guerra y ya hay guerra en esas regiones. Por eso hay que actuar”, agregó.

Esa posición la comparten expertos como Álvaro Balcázar, que aconsejó al equipo negociador del Gobierno en La Habana sobre el punto de drogas y miembro de La Red Rural de La Silla. “Frente a las condiciones actuales hay nuevos incentivos para producir coca en todos los niveles y esto amenaza la paz, alimentando a otras organizaciones que ocuparán el puesto de las Farc”, le dijo a La Silla.

“El objetivo es lograr la transformación de los territorios, con presencia del Estado. Pero estamos ante una situación de emergencia”, agregó.  

Aunque la propuesta del Fiscal le sonó a ‘glifosato’ a casi todos los medios como Semana.com, ElEspectador.com o ElHeraldo.com la propuesta de Martínez evita la pelea que ya zanjó el Consejo Nacional de Estupefacientes el año pasado al prohibir la fumigación con glifosato por motivos de salud, pues propone asperjar con glufosinato de amonio.

Ese es un componente químico con el que la Dirección Nacional de la Policía Antinarcóticos ya ha estado experimentando con cultivos en el Tolima y que esa dirección le entregó al ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, quien lo llevará a la próxima reunión del Consejo Nacional de Estupefacientes.

Ahí se sabrá si lo aprueban, probablemente días antes de la votación del plebiscito.

Si se abre la puerta otra vez a la aspersión, el Gobierno (que tiene once de los doce asientos en el Consejo Nacional de Estupefacientes) mandaría la señal de que no está pensando en dejar de luchar contra el narcotráfico así haya Acuerdo con las Farc. De hecho esta mañana el jefe negociador Humberto de La Calle le dijo a La W que la propuesta del Fiscal está en armonía con lo pactado, lo que en principio mostraría que el Gobierno no se va a oponer a la aspersión con ese argumento.

Sin embargo, decidir fumigar sí iría contra el deseo de las Farc de acabar con la aspersión, algo que no se pactó, pero que produjo la única salvedad explícita de la guerrilla en las 297 páginas del Acerudo Final. 

“El Gobierno procederá a la erradicación de cultivos de uso ilícito, priorizando la erradicación manual donde sea posible”, dice el texto, que permite la aspersión como último recurso. Pero a renglón seguido dice que "La Farc-Ep consideran que en cualquier caso en que haya erradicación, ésta debe ser manual”. Por eso, aun si la decisión no viola los acuerdos, seguramente no será bienvenida por las Farc.

Un nuevo Fiscal

Que Martínez promueva una agenda pro-aspersión no solo marca distancias con el deseo de las Farc, sino que lo acerca a Estados Unidos y lo aleja de su antecesor Eduardo Montealegre.

A dos meses de haber llegado al cargo, el hecho de que siente una posición alejada de la estrategia por la que ha optado el Gobierno en el último año, lo muestra como un fiscal de ‘mano dura’ ante la opinión pública. Pero abre una puerta para el Gobierno: Santos está a punto de firmar un acuerdo que deja la aspersión como un último recurso que no había como implementar, porque el Consejo Nacional de Estupefacientes no ha avalado la aspersión con ningún químico.

Eso es lo que podría cambiar.

Aunque La Silla supo que el viaje del fiscal a Washington no tiene en su agenda nada relacionado con las drogas, que busque reactivar la aspersión lo alinea con el Gobierno de Estados Unidos y especialmente agencias como la DEA, que siempre han apoyado la idea de asperjar.

Por ejemplo, cuando el Gobierno anunció la suspensión del glifosato, el entonces embajador de Estados Unidos en Colombia, William Brownfield, dijo que estaba en desacuerdo.

La propuesta también lo aleja de la postura de su antecesor, Eduardo Montealegre, quien estuvo de acuerdo con suspender las fumigaciones con glifosato, posición que defendió en el Consejo Nacional de Estupefacientes.

Sobre todo porque Montealegre tampoco estaba de acuerdo con el uso de otros herbicidas, como el que propone Martínez.

“Sin ser desde luego un experto, temo mucho que el uso aéreo y a gran escala de herbicidas con componentes similares a los del glifosato pueda resultar dañino tal como ha ocurrido con la aspersión aérea con glifosato”, le dijo Montealegre en mayo de 2015 a El Tiempo.

En cualquier caso, como le decía una fuente conocedora del tema a La Silla, “puede estar reabriendo el debate para mostrar el fracaso de lo que ha hecho el Gobierno hasta ahora, para ver si presentan otra estrategia”.

Lo que hay hoy

Y es que más allá de si se hace o no aspersión aérea, el debate de fondo para otros expertos consultados por La Silla es qué tanto el “Plan B” que anunció el presidente Santos hace un año ha funcionado y si tiene dientes para enfrentar lo que va pasar después de la firma con las Farc.

“El debate que debería proponer el Fiscal es en torno a los anuncios del gobierno el año pasado de acciones para sustituir la aspersión aérea, porque hasta ahora no hay resultados”, dice el experto en política antinarcóticos Daniel Mauricio Rico.

El famoso “Plan B” de Santos era la ‘Estrategia Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos’ que hoy maneja en una oficina de Presidencia, sin autonomía administrativa ni presupuestal, el ex ministro de Salud Eduardo Díaz.

Básicamente es una estrategia de doble vía. Por un lado, propone concentrar la erradicación manual en los departamentos con mayor producción como Putumayo y Nariño mediante programas de sustitución de cultivos, dándole a los campesinos financiación y asesoría técnica para otros proyectos productivos.

Y por otro, seguir persiguiendo con contundencia a las bandas criminales dedicadas al negocio, destruyendo laboratorios e incautando cargamentos, entre otras acciones.

Para lograr eso Santos propuso crear antes de diciembre de 2015 la Agencia para la Sustitución de Cultivos Ilícitos que al sol de hoy no existe.

La otra institución que se encarga del tema es la Agencia para la Renovación del Territorio que, como contó La Silla, hoy apenas tiene cuatro funcionarios, incluyendo a su directora Mariana Escobar.

Sin embargo, el plan no le ha funcionado a Santos como esperaba, no solo porque los campesinos se han movilizado para evitar que se erradiquen los cultivos, sino por dificultades en terreno como las minas antipersona, que hacen más difícil el trabajo, y el peligro de hacerlo con otros actores armados cerca.

Para una fuente que pidió no ser citada y que hace parte de esa estrategia del Gobierno, los resultados de la erradicación manual y la sustitución voluntaria son más lentos, pero más efectivos.

“La fumigación tiene una eficacia simbólica porque hacer creer que se está haciendo algo, mientras la erradicación manual es mucho más silenciosa. No tiene la espectacularidad de la avioneta, pero sí ataca el problema de fondo que es que el campesino tenga otras opciones”, dice. “Lo que hizo la fumigación fue trasladar los cultivos a los parques naturales y a los territorios étnicos, aumentando aún más el problema”.

En todo caso, la propuesta del Fiscal reabre un debate a pocos días de la firma de un Acuerdo que obliga al Estado a llegarle al campesino no solo en avioneta, sino con planes alternativos para que deje de cultivar.