La semana pasada, la Flip denunció como un acto de violación a la libertad de prensa un incidente que pasó bajo el radar de los medios tradicionales y que muestra la cara oscura de uno de los aspectos centrales y con mayor potencial transformador del Acuerdo de La Habana: el nuevo poder que tendrán las organizaciones sociales y comunitarias si gana el Sí y el Acuerdo de Paz se cumple.
El efecto Cachicamo
El 16 de agosto, María del Rosario ‘La Nena’ Arrázola y su equipo del programa Los Informantes de Caracol TV viajaron al Guaviare para hacer una nota sobre la deforestación de la selva en el departamento.
Cuando ella, el productor y sus dos camarógrafos llegaron a la vereda de Cachicamo, en San José del Guaviare, líderes de la Asociación Campesina del río Guayabero exigieron a la periodista explicaciones sobre su trabajo.
En concreto, le preguntaron –de acuerdo a un video que hizo la Agencia Colombiana de Prensa Popular, un medio de las organizaciones sociales de esa zona- si había “presentado un protocolo o si había seguido un conducto regular” informando previamente de su trabajo a la junta de acción comunal con el “fin de salvaguardar la integridad de los habitantes”, que según ellos se había visto afectada por culpa de la estigmatización que han sufrido por parte de Caracol y RCN.
El campesino que les estaba exigiendo “la devolución del material” filmado les exigía respetar las “normas de la comunidades construidas de manera autónoma e histórica” y alegaba que habían tomado “arbitrariamente información de la comunidad” y que antes de hacerlo debían haber entrado “a socializar” con ellos.
Después de cinco horas dejaron ir a los periodistas. El especial periodístico sobre la deforestación de la selva que fueron a filmar al Guaviare fue emitido el pasado domingo 11 de septiembre. Y dos días después, la Fundación para la Libertad de Prensa (en cuya junta estoy) sacó un comunicado denunciando el bloqueo por parte de la comunidad de Cachicamo como una violación a la libertad de prensa.
Explosión de participación
El caso sería anecdótico si no fuera porque estamos ad portas de firmar un Acuerdo de Paz cuyo eje transversal es el empoderamiento de las comunidades locales y las organizaciones sociales en un esfuerzo por hacer la democracia colombiana más participativa.
“La participación ciudadana es el fundamento de todos los acuerdos que constituyen el Acuerdo Final”, dice la introducción del Acuerdo de Paz. “Participación en general de la sociedad en la construcción de la paz y participación en particular en la planeación, la ejecución y el seguimiento a los planes y programas en los territorios, que es además una garantía de transparencia.”
Ese enfoque territorial, de “construir la democracia de abajo hacia arriba” que ha mencionado varias veces el Alto Comisionado de Paz Sergio Jaramillo, es uno de los elementos del Acuerdo que podría transformar radicalmente cómo se hace política en Colombia pues apunta a desconcentrar el poder de las élites tradicionales.
“Sin negar sus logros, creo que el modelo centralista, en el que unos funcionarios aterrizan como unos marcianos entre las comunidades para “traer el Estado”, se quedó sin aire”, dijo Jaramillo durante una conferencia sobre el proceso de paz en Harvard. “Lo que necesitamos es imponer una lógica de inclusión e integración territorial, basada en una nueva alianza entre el Estado y las comunidades para construir conjuntamente institucionalidad en el territorio.”
Todos los acuerdos puntuales tienen un hilo conductor, que es la creación de múltiples escenarios en los que las comunidades pueden incidir en las principales decisiones que afectan su destino y lo que suceda en su territorio.
Este empoderamiento de las organizaciones sociales abarca desde su participación en la definición, ejecución y evaluación de los proyectos y programas destinados a las zonas que serán priorizadas para ejecutar los acuerdos, hasta circunscripciones electorales especiales para que las organizaciones sociales puedan postular sus candidatos y llegar a la Cámara de Representantes con un umbral más bajo al de los partidos tradicionales y un puesto en la comisión que definirá el Estatuto de la oposición.
Según los acuerdos, y solo para citar algunos ejemplos del punto sobre desarrollo rural, las organizaciones sociales participarán en la priorización, ejecución y seguimiento de las obras contempladas en el Plan Nacional de vías terciarias; en la selección de los beneficiarios del plan de adjudicación gratuita de tierras y del subsidio integral; en “la planificación de los usos del suelo rural y el ordenamiento del territorio” y en la actualización del catastro e impuesto predial rural “cuando tenga que ver con las comunidades rurales”.
El Gobierno se comprometió a crear “mecanismos de concertación y diálogo social” entre él y las comunidades y las empresas del sector privado que adelanten su actividad económica en los territorios rurales “que permitan impulsar una agenda de desarrollo común, orientada hacia la sostenibilidad socio-ambiental, el bienestar de los pobladores rurales y el crecimiento económico con equidad.”
La participación activa de las comunidades en conjunto con los alcaldes y gobernadores “es la base” – según el Acuerdo- de los Planes de Desarrollo Territorial (Pdet) que se harán en las 16 zonas priorizadas para la implementación de lo pactado - que aún no se conocen - y también en los Consejos Territoriales de Planeación del resto del país.
El objetivo, por lo menos en el papel, es que las comunidades puedan “definir las prioridades” en la implementación de los planes nacionales de vías, riego, infraestructura; participar en la ejecución de las obras públicas, y hacerle veeduría a los proyectos. Y también participar en la formulación de políticas públicas sociales y en la elaboración de presupuestos de inversión participativos.
Dos ideas que chocan
La idea de la participación ciudadana tiene una larga trayectoria en Colombia, de la cual ‘beben’ tanto las Farc como el Gobierno, pero en formas no solo distintas sino potencialmente contradictorias.
Por el lado de la izquierda, la idea de la participación ciudadana como autogobierno –la democracia directa- ha tenido expresión desde los años 30, cuando el Partido Comunista formó las ligas campesinas.
Desde la perspectiva comunista que tradicionalmente han tenido las Farc, la gente primero debe adquirir conciencia de qué es lo que los oprime y los mantiene en la miseria, y una vez lo entiende organizarse y movilizarse para resistir y autogobernarse en lo político y económico. En otras palabras, recuperar el poder para el pueblo.
En esa tradición de izquierda, ese proceso requiere la confrontación abierta de intereses y la resistencia a los ‘opresores’, lo que inevitablemente conduce a una mayor conflictividad social.
Por el contrario, en la otra tradición, que fue promovida por Estados Unidos en todo Latinoamérica desde los años 60 y es cercana al liberalismo, la participación se ve desde la perspectiva del desarrollo.
El punto de partida de los gringos en ese momento es que las élites tenían ahogada la iniciativa popular y que esta estrechez de la democracia conduciría inevitablemente a una revolución como la cubana y a la expansión del comunismo.
Para evitar que esto sucediera, desde el Estado se deberían crear mecanismos de participación como una forma de legitimar el Estado. Siguiendo esta línea, durante el Frente Nacional se crearon espacios como las juntas de acción comunal, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc), y otras formas de participación.
Posteriormente, en los noventa, los bancos de desarrollo como el BID y el Banco Mundial promovieron la idea de la participación como gobernanza.
Parten de la idea de que un Estado más pequeño como el que ellos promueven solo puede funcionar bien si los ciudadanos participan activamente en hacerle veeduría para que sea transparente y si aprovecha el conocimiento local para ser más eficiente y más legítimo. De ahí las consultas previas para proyectos mineros.
En otras palabras, esa perspectiva ve la participación de los ciudadanos como un elemento del ‘buen gobierno’, idea que Juan Manuel Santos retomó desde su Fundación de Buen Gobierno.
“Una alianza en la que los programas gubernamentales, las autoridades regionales –en esto el liderazgo de alcaldes y gobernadores será fundamental– y las comunidades se unen para combinar la coordinación y los recursos nacionales con la fuerza y el conocimiento de la ejecución local”, es como lo explicó Jaramillo en su conferencia.
En el modelo de la gobernanza, la participación debe conducir no a la confrontación ,como en la tradición de la izquierda, sino al diálogo constructivo, aunque en la práctica termina siendo un ejercicio más de validación de las políticas oficiales que una verdadera oportunidad de incidir en los destinos de la población.
El Acuerdo de Paz no se inclina explícitamente por ninguna de estas dos nociones de participación, pero muy probablemente entrarán a chocar en el territorio.
La pregunta del millón es –como lo plantea Sergio Guarín, investigador de la Fundación Ideas para la Paz y experto en el tema, “si las condiciones están dadas para que la participación de las organizaciones sociales conduzca a una democracia más deliberante o si se convertirá en la expresión de las posiciones más radicales”. Tipo la junta de acción comunal que bloqueó a los periodistas de los Informantes.
¿Estamos preparados?
En la FIP han identificado los elementos claves que promueven una participación ciudadana efectiva y constructiva.
El primero es que exista lo que se llama en la jerga de los técnicos “capital social”. Es decir, que haya tejido social, confianza entre la gente y la capacidad de construir proyectos comunes.
El segundo, un Estado medianamente legítimo. “Hay una diferencia cuando la participación se hace contra un Estado en el que no creen o cuando se hace para ayudar a un Estado en el que quieren creer”, dice Guarín. Un ejemplo de lo segundo fue lo que promovió Antanas Mockus en Bogotá y lo que está haciendo la gobernadora Sorrel Aroca en Putumayo.
El tercero es que existan las condiciones socioeconómicas para que la participación de los ciudadanos no esté totalmente enfocada en conseguir lo mínimo para subsistir.
Y el cuarto, que los que tienen el poder no impidan que la participación sea eficaz. Un caso típico de esto fue lo que sucedió con el Plan de Desarrollo del Magdalena Medio que se hizo hace 15 años pero sin la participación de Ecopetrol, el súper poderoso de la zona. Sin su concurso, lo acordado quedó en el papel.
En muchas zonas de Colombia estas condiciones no se cumplen.
Estudios como el de los economistas del CEDE Margarita Gáfaro, Ana María Ibáñez, Patricia Justino demuestran que en las zonas azotadas por el conflicto aumenta la participación en las organizaciones locales, pero que la gente participa más por coerción de los grupos armados que de una sociedad civil vibrante.
Como ha contado La Silla, en zonas como el Caquetá o Tumaco, donde las Farc han ejercido su control territorial, la guerrilla ha debilitado a muchas de las organizaciones sociales que no controla matando o desplazando a sus líderes y luego infiltrándolas con su gente hasta alinearlas.
En algunas de esas mismas regiones han sobrevivido algunas organizaciones como la Red Caquetá Paz o la organización indígena que le han hecho contrapeso al poder de las Farc, pero son más la excepción que la regla.
Es probable que en algunas regiones, ya sin el poder de los fusiles, las organizaciones sociales tengan más autonomía para seguir sus propios lineamientos y que más que ‘copiarle’ al movimiento que surja de las Farc, le compitan. Pero para eso van a necesitar ayuda externa para fortalecerse.
“Hay que preparar las condiciones para que haya una deliberación sana”, dice Guarín.
El caso más evidente de éxito de “construcción de abajo hacia arriba” es el programa de paz del Magdalena Medio liderado por el padre Pacho de Roux.
“Él ha sabido resolver ese problema a través de la cualificación de los líderes. Es un proyecto ético”, dice Julieta Lemaitre, bloguer de la Silla y quien ha trabajado con organizaciones de mujeres en el sur del país. “No debería ser tan difícil porque a donde uno va encuentra líderes admirables”.
El modelo de de Roux es el que tenían en mente los negociadores del gobierno cuando pactaron esto. La pregunta es si es replicable en el corto plazo un programa que lleva más de una década en construcción.
Si sale bien, si sale mal
Si la participación ciudadana promovida en el Acuerdo de Paz funciona como el programa de De Roux, en unos años habrá una democracia mucho más vigorosa en Colombia y unas organizaciones que le harán contrapeso a las formas más perversas de clientelismo.
Nadie conoce la realidad del clientelismo como los ciudadanos que lo padecen y nada los compromete tanto en su destino como que su voz sea escuchada y tenida en cuenta. De hecho, la Corte Constitucional ha dicho que la participación es el derecho de la gente a ser escuchado y tomada en serio por el Gobierno.
Pero si esa participación no funciona bien y terminan teniendo más protagonismo las organizaciones sociales que más radicales como la que paró a los periodistas de los Informantes, se avecina un período de alta conflictividad.
“En algunas regiones las organizaciones sociales son más radicales que las Farc”, dice Guarín. Se refiere a organizaciones que se oponen a cualquier tipo de minería, no solo a la que no es responsable; que rechazan cualquier tipo de inversión extranjera en una empresa, así sean multilatinas; y que solo creen en la soberanía alimentaria, oponiéndose a cualquier importación de productos agrícolas.
Si priman estas organizaciones, la parálisis en esas zonas y la imposibilidad de desarrollar incluso los proyectos del Gobierno podría llegar a un nivel tal que se genere el efecto péndulo y alimente una candidatura de derecha igualmente autoritaria.
Dependerá al final –como casi todo lo del Acuerdo con las Farc- de qué tanto se comprometa el Gobierno a ayudar a cualificar la participación; de qué tanto sea sincero el compromiso de las Farc –reiterado ahora en su X Conferencia- de respetar la diferencia; y sobre todo, de los demás colombianos de tomarse en serio esta oportunidad de ser parte activa de la construcción de la paz.
La Silla
Sergio Jaramillo Caro
Alto Comisionado de Paz
Alias Timochenko
Comandante en Jefe de las FARC