Fuera del largo to-do list de instituciones, comités y sistemas nuevos que crea el Acuerdo con las Farc, hay varias figuras nuevas que se crean para cumplir las mismas funciones de instancias que ya existen. En varios casos, lo hicieron para darle dientes a instituciones para cumplir con misiones que el Estado ya tenía y no estaba cumpliendo, y en otras para responder a miedos de las Farc.
Éste es el listado de la institucionalidad que se crea y que ya existe:
Para vigilar las elecciones y que haya más transparencia
Ya existe el Consejo Nacional Electoral que es un tribunal con nueve magistrados elegidos por el Senado y que representan a los partidos políticos. Ahí se toman decisiones que van desde hacer el conteo de votos o declarar los ganadores en las elecciones, hasta redactar la reglamentación para el plebiscito.
Pero el punto de Participación Política crea un Tribunal Nacional de Garantías Electorales que tendrá tribunales especiales seccionales en las circunscripciones de mayor riesgo de fraude electoral. Esas circunscripciones se definirán según las denuncias y alertas que reciba el CNE y la Registraduría y que le pueden mandar las autoridades, un ciudadano cualquiera, los partidos, o las organizaciones no gubernamentales como la Misión de Observación Electoral. Aunque no reemplaza al CNE, sí hace las veces de esa entidad en los territorios priorizados
Explicación: Hoy el Consejo Nacional Electoral no tiene presencia en todas las regiones del país. La única autoridad electoral que sí está en todas partes es la Registraduría. El CNE activa tribunales de garantías electorales en las regiones tres meses antes de una elección y cuando se terminan las votaciones, desaparecen.
Lo que busca el nuevo Tribunal Nacional de Garantías Electorales es que esa presencia institucional sea permanente, en los territorios donde haya más riesgo de fraude. Sin embargo, como nos contaba el magistrado del CNE Armando Novoa: “El Gobierno hasta ahora no nos ha dado mayor información sobre cómo funcionarían en detalle esos tribunales y lo que nosotros proponemos es que se creen consejos territoriales no solo en las zonas priorizadas, sino en todas partes, para vigilar las elecciones y que tengan presencia permanente”.
Para tener información actualizada sobre las tierras
Ya hay un Sistema de Información Catastral Municipal que maneja el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac) y que le entrega a las entidades territoriales, como alcaldías y gobernaciones, la base de datos sobre las tierras.
Pero el punto sobre Desarrollo Rural crea un Sistema General de Información Catastral multipropósito e integral que se creará en máximo siete años y que tiene que concretar la información y actualizar esa gran base de datos de tierras. Multipropósito porque además de servir para el registro o para cobrar el impuesto predial, servirá para saber quién produce qué y en qué cantidad. Es decir, toda la información que recogió el censo agrario.
Le da más autonomía a los municipios para que hagan ese censo de predios (cuando no son capaces de hacerlo se lo piden al Igac).
Además, ese Sistema tiene que producir resultados tempranos para las zonas priorizadas por el conflicto y tener información desagregada por sexo, género y etnia para saber el tamaño y las características de las tierras en manos de mujeres, su relación con la tierra y la forma de titulación.
Explicación:El Sistema de Información Catastral que existe es muy impreciso porque no dice exactamente donde queda el predio, ni hasta dónde va, por lo que el margen de error entre lo que sale en la base de datos y la realidad, como nos decía una experta en tierras, llega a ser del 80 por ciento.
Otro problema que tiene es que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac) decía cuales eran los estándares para hacer el catastro y los municipios, en convenio con el Igac, tenían que cofinanciar esos levantamientos de información predio a predio. “Muy pocos alcaldes se meten la mano al bolsillo para hacer eso y más porque hay un incentivo político para no hacerlo: con el catastro llegan los impuestos”, nos dijo la experta que consultamos.
El Sistema que se crea busca ser mucho más concreto y actualizado en la información, no solo para el cobro del impuesto predial, sino además para saber los límites entre un predio y otro y el uso que se le da a cada predio.
Otra cosa que cambiaría es que ahora el Igac pone los estándares para hacer los catastros, pero no los hace con los municipios. La idea es que cada municipio haga su catastro y el Igac, en vez de ser juez y parte como lo es hoy, solo sea juez y diga si cumple con los estándares o no.
Lo que no resuelve el acuerdo, al menos no textualmente, es si los municipios van a estar obligados a hacer su catastro o no. En el texto dice que tendrán “autonomía”, y eso no resuelve el problema de los pocos incentivos que tienen para hacerlo.
Para buscar personas desaparecidas
Ya existe una Comisión de Búsqueda de personas desaparecidas que depende del Instituto Nacional de Medicina Legal y se encarga de promover la investigación del delito de desaparición forzada. Puede diseñar, evaluar y apoyar planes de búsqueda de personas desaparecidas y conformar grupos de trabajo para casos específicos.
Pero el punto de Víctimas crea una Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas que es extrajudicial, tiene su propia plata y contratación y hace parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición. Tiene que recolectar información sobre el universo de todas las personas desaparecidas y asesinadas durante el conflicto. Su tarea es buscarlos y en caso de encontrar cuerpos, entregarle los restos a sus familias.
Explicación: La Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas se creó con la ley 589 del 2000, que tipificó por primera vez el delito de desaparición forzada en Colombia. Pero sólo empezó a operar en teoría hasta el 2007, cuando el Gobierno de Uribe expidió el decreto que reglamentó sus funciones.
Su objetivo era diseñar e impulsar la política pública de desaparición e implementar planes, programas y proyectos para orientar la búsqueda de desaparecidos y hacer prevención. Pero lo que terminó pasando fue que los altos representantes del Estado que conformaban la Comisión delegaban a sus subalternos para que fueran y eso impidió que se tomaran decisiones efectivas para avanzar en la búsqueda. Y además de la Comisión, la ley creó el Mecanismo de Búsqueda Urgente para prevenir desapariciones.
La idea es que cuando una persona desaparecía, cualquiera podía presentar la solicitud ante un fiscal o juez. Pero el que recibe la solicitud normalmente no se dedica a buscar, sino que por un lado oficia la búsqueda a otras instituciones y por otro, pone un plazo de 72 horas antes de que se dé inicio a la búsqueda (para evitar que el desaparecido realmente esté de rumba), lo que aumenta las probabilidades de no encontrar al desaparecido.
Por eso, que se cree una Unidad con su propia plata y autonomía administrativa le da mucho más dientes a ese compromiso, entre otras porque va tener un activo que no tenía antes la comisión: que las Farc se comprometen a darle toda la información que tengan sobre las personas desaparecidas.
Para desmantelar a las organizaciones criminales
Ya hay una Dirección de la Fiscalía Nacional Especializada contra el Crimen Organizado que se encarga de investigar, judicializar y capturar con elaboración de contextos y casos priorizados, integrantes de organizaciones criminales así como luchar contra la corrupción en las instituciones.
El punto de Víctimas crea una Unidad Especial de Investigación para desmantelar las organizaciones criminales y sus redes de apoyo, que funcionará dentro de la Fiscalía. Su tarea es investigar, perseguir y acusar a las organizaciones criminales responsables de homicidios, masacres, violencia sistemática de género o que atenten contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales y políticos. Y debe también desmantelar las organizaciones sucesoras del paramilitarismo.
La Unidad decide cómo funciona, qué grupos de trabajo la conforman y tiene autonomía para definir sus líneas de investigación y hacerlas realidad.
Tiene director propio y tendrá una unidad especial de Policía Judicial. Se financia con plata del presupuesto y de cooperación internacional y el Fiscal General solo puede remover a su director por faltas gravísimas a diferencia de otros directores que pueden ser trasladados de cargo dentro de la Fiscalía cuando lo decida el Fiscal General.
Explicación: En realidad sí hay una duplicidad de funciones entre las dos figuras pero la creación de esa Unidad, como contamos en este confidencial, fue una condición de las Farc para firmar el Acuerdo Final en la última etapa del proceso y ya nombraron como directora a la exmagistrada Alejandra Valencia Molina.
Este nuevo órgano tendrá además la misión genérica de investigar “las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de paz”.
Para que los campesinos tengan cómo reemplazar la coca por otros cultivos
Ya existe la Agencia de Consolidación Territorial, que se creó en 2011 y que busca coordinar y movilizar la institucionalidad estatal, el sector privado y la cooperación internacional, en regiones de consolidación focalizadas y en las zonas con presencia de cultivos ilícitos.
Y el punto de Drogas crea la Agencia de Renovación del Territorio que está adscrita al ministerio de Agricultura y busca recuperar los territorios del control guerrillero insertando a los campesinos que viven ahí en otro tipo de economía que reemplace a la de la coca. Como contamos, por ahora esa agencia tiene cuatro funcionarios incluyendo a su directora Mariana Escobar.
Explicación: Como nos decía una fuente: "La ART es como la versión refinada de Consolidación".
Lo que todavía está por definirse es si la ART se encargará del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de uso Ilícito que el acuerdo define como una "autoridad nacional" competente que debe planear, con las comunidades en los territorios, planes para la sustitución voluntaria de coca y darle opciones a los cultivadores para que reemplacen sus cultivos.
Porque inicialmente se iba a crear la Agencia de Cultivos de Uso Ilícito, pero no se creó, y en vez de eso quedó como una dirección en la alta consejería del posconflicto sin presupuesto propio y con una planta muy reducida.
“Esa dirección no ejecuta nada y lo de erradicación manual forzosa se sabe que va (creo) para MinDefensa. Pero aún no hay última palabra”. La Silla supo que por fast track o por facultades extraordinarias, la idea es que la ART pase a depender directamente de Presidencia.
Para que los desmovilizados se reintegren a la sociedad
Ya existe la Agencia Colombiana para la Reintegración, ACR, que está adscrita a Presidencia y se encarga de coordinar, asesorar y ejecutar- con otras entidades públicas y privadas-la Ruta de Reintegración de las personas desmovilizadas.
El punto sobre Fin del Conflicto crea el Consejo Nacional de la Reincorporación, CNR, que estará integrado por dos miembros del Gobierno y dos de las Farc con la función de definir las actividades, los cronogramas y adelantar el seguimiento del proceso de reincorporación de los desmovilizados. Ese consejo tendrá consejos territoriales que se organizarán apenas se firme el acuerdo y puede invitar a instituciones, organizaciones sociales y organismos internacionales para cumplir sus funciones.
Explicación: Aunque la CNR no reemplaza formalmente a la ACR, en todo caso lo más seguro es que la ACR cambie de nombre, aunque mantenga toda su institucionalidad, o que ambas terminen integrándose la una a la otra. Porque aunque en La Habana no firmaron el deceso de la ACR, las Farc no querían que se encargara de sus desmovilizados porque siempre han visto la Agencia como un instrumento contrainsurgente.
Sobre todo porque durante mucho tiempo se le exigía a los que desertaban de la guerrilla dar información de inteligencia. Incluso, los militares llegaban a buscarlos en sus casas y, según supo La Silla, a algunos los llevaban a participar en operaciones o a que les dieran información.
Por eso, las Farc no confía plenamente en la ACR y como nos contaba un alto funcionario: “por ahora esa comisión que se crea no implementa. Solo recomienda. La negociación deja abiertas muchas cosas. El texto no dice que la ACR no puede estar y el Gobierno logró dejar la puerta abierta para las desmovilizaciones individuales”.
Para revisar la política frente al consumo de drogas
Ya existe una Dirección de Política contra las Drogas dentro del ministerio de Justicia que se encarga de proponer los lineamientos para formular las políticas para la lucha contra las drogas y formula políticas contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Tiene la secretaría técnica del Consejo Nacional de Estupefacientes y es la que se encarga de que lo que se habla ahí se haga en los Consejos Seccionales de Estupefacientes y le hace seguimiento y evaluación a los planes por regiones.
Y el punto de Drogas crea una ‘instancia de alto nivel’ que se encargará del Programa Nacional de Intervención Integral frente al consumo de drogas. Su tarea es articular a todas las instituciones con competencia en el tema de drogas y coordinar para que se hablen, planeen y revisen una política frente al consumo.
Explicación: Aunque no es una instancia que compita directamente con las funciones de la dirección que ya existe en el ministerio de Justicia, sí le pone dientes primero porque se trata, hasta donde dice el acuerdo, de una instancia que no va a depender de un ministerio y eso le da un márgen de autonomía para reforzar el trabajo que ya hay desde esa cartera.
