Los momentos que vive Colombia son difíciles y riesgosos pues será muy difícil encontrar una salida al triunfo del NO. Y es un momento de desencanto doloroso para quienes promovimos el SI y perdimos, tal vez (entre otras cosas) por nuestros propios errores. Pero a pesar de las dificultades y las decepciones, debemos esforzarnos por tener todos (los del SI, los del NO, las FARC y quienes no votaron) la mayor lucidez y tender puentes entre los campos hoy enfrentados a fin de salvar este proceso de paz y reducir la polarización que nos divide. Debemos pacificar la paz.
Debemos entonces reconocer nuestros errores (de todos lados) y ser dignos de ese bello poema de Borges los conjurados (tal vez el último que escribió, o mejor dictó pues ya estaba totalmente ciego) en donde elogiaba la forma como Suiza, hoy una democracia pacífica pero antaño un país de guerreros y mercenarios, pudo salir de sus aventuras bélicas: Y hablaba de una conspiración de personas de “diversas estirpes, que profesan diversas religiones y que hablan en diversos idiomas” y que tenían el “hábito de la guerra” pero tomaron “la extraña resolución de ser razonables” y resolvieron “olvidar sus diferencias y acentuar sus afinidades”. ¿No podremos hacerlo los colombianos?
En ese espíritu desarrollo estas tesis sobre la actual coyuntura, que propongo tentativamente pues creo que en estos momentos de incertidumbre extrema y donde está en juego el futuro de la paz, todos debemos tener la humildad de saber que muchas de nuestras posiciones son tentativas. Estas son mis tesis para el debate.
Jurídicamente el No ganó, por un margen muy estrecho, pero ganó. Y esa victoria jurídica del NO tiene consecuencias jurídicas y políticas pues aunque el plebiscito tenía sobre todo una dimensión política también tenía efectos jurídicos.
Las consecuencias jurídicas del triunfo del NO es que el presidente no puede intentar implementar el acuerdo de paz y que tampoco entra a regir el Acto Legislativo No 1 de 2016, que establecía un procedimiento especial legislativo para implementar el acuerdo y para llevarlo al bloque de constitucionalidad, pero cuya entrada en vigor estaba condicionada a la refrendación.
No voy a entrar a discutir la tesis de las FARC de que el acuerdo de paz, como acuerdo especial del DIH, está vigente a nivel internacional (es una tesis sugestiva pero que me genera dudas), pero lo que es claro es que no tiene fuerza jurídica interna, pues esa eficacia jurídica dependía de la refrendación en el plebiscito, que permitía a su vez su incorporación al bloque de constitucionalidad. Y eso no ocurrió, luego incluso si puede sostenerse que existe un acuerdo, le faltan condiciones jurídicas su eficacia jurídica, esto es para que pueda producir efectos jurídicos internos.
La consecuencia política del triunfo jurídico del NO es que debe haber una negociación para lograr un pacto político y social que haga viable la paz.
Pero sí el NO ganó jurídicamente el plebiscito, la realidad es más compleja a nivel político: entre los votantes hubo un empate técnico (pues la diferencia a favor del NO fue mínima), hubo una gran abstención y una diversidad geográfica y social enorme en la votación. Nadie puede entonces reclamar un triunfo político claro sino que tenemos un país fracturado por la polarización existente entre los ciudadanos más activos, frente a una gran mayoría de ciudadanos silenciosos, que son apáticos o estás desconcertados. No lo sabemos.
A pesar de esa fractura, hay un mensaje y acuerdo común. Nadie quiere el retorno de la guerra pues casi todos aquellos que votaron NO planteaban que lo hacían para reajustar el acuerdo, pero no como oposición a la paz negociada. Y así lo dijeron explícitamente los voceros más importantes del NO.
Ese mensaje a favor de la paz negociada debe entonces ser la guía de la búsqueda de ese pacto político y social por la paz: todos debemos rechazar la alternativa del retorno de la guerra y el cese al fuego bilateral debe ser mantenido. Nuestro lema debe ser: Ni una víctima más por esta guerra.
El punto de partida de esta negociación debe ser el acuerdo alcanzado entre las FARC y el Gobierno Santos por cuatro razones: i) ese acuerdo fue apoyado por la mitad de los votantes como una salida al conflicto armado, ii) ya fue aceptado por las FARC y sus filas, iii) la comunidad internacional lo ha aceptado y iv) los promotores del NO en general dijeron que no se oponían a todo el acuerdo sino a puntos particulares. No podemos entonces reiniciar una negociación de paz nueva sino que debemos partir del resultado de un enorme esfuerzo de 4 años por concretar un pacto de paz con las FARC.
Los puntos del acuerdo de paz que no recibieron oposición clara por los voceros del NO durante los debates del plebiscito deberían entenderse todos aprobados pues fueron acordados por las FARC y el gobierno, avalados por la mitad de los votantes que votó SI, y no recibieron objeción expresa de quienes promovieron el NO. Eso permitiría que la discusión política se concentre en los puntos donde realmente hubo oposición.
Podrían entonces entenderse aprobados casi todos los puntos del acuerdo que no conciernen directamente a las FARC, como desarrollo rural, participación política no referida a las FARC, política de drogas, comisión de la verdad, programas de reparación, unidad de búsqueda de desaparecidos, etc. Si uno revisa las posiciones de los promotores del NO, como la expresada por los voceros del centro democrático Iván Duque, Carlos Holmes y Oscar Iván Zuluaga en su artículo en El Tiempo del 27 de agosto, que era prácticamente su manifiesto del NO, en realidad no cuestionaron nada de esos puntos. Su única crítica al tema agrario fue sobre la expropiación por vía administrativa, que es una figura constitucionalmente reconocida. Pero incluso muchos puntos referidos a los beneficios y a la desmovilización de las FARC tampoco recibieron oposición seria en la campaña, como la forma de verificar la dejación de armas o la concesión de amnistía por delitos políticos.
Incluso en los temas más controvertidos, como el relativo al componente de justicia del acuerdo, la oposición es mucho menor de lo que se piensa, como intenté mostrarlo en otros textos. Por ejemplo, nadie está hablando de amnistiar crímenes atroces ni tampoco nadie está defendiendo que frente a esos crímenes se apliquen las penas ordinarias de largos años de cárcel pues todos hemos admitido que debe haber justicia pero que, en nombre de la paz, pues tratarse de penas alternativas mucho menos severas que las penas ordinarias.
Esto muestra que a pesar de que la paz está en riesgo y estamos en un momento muy difícil, si uno lo mira desde otra perspectiva, la paz con las FARC está de un cacho: hay un cese al fuego, que ha traído una disminución sustantiva de la violencia; un porcentaje muy alto del acuerdo de la Habana recibe un amplio apoyo político y social; y en los puntos de separación hay sin embargo acercamientos significativos. Con grandeza y generosidad de las partes y de la ciudadanía, esas diferencias podrán ser superadas y podrá llegarse al pacto social y político por la paz.
Pero tenemos que tener grandeza en estas difíciles circunstancias. Y aunque suene un poco moralista o puramente académico, en esta búsqueda del pacto por la paz deberíamos asumir una ética comunicativa cercana a la defendida por algunos filósofos, pues en la campaña del plebiscito hubo mentiras y descalificaciones inaceptables en ambos lados. Deberíamos comprometernos a buscar acuerdos (sin negar nuestras diferencias), ser leales con los argumentos y evitar falsedades. Esto implica un pacto de honestidad intelectual o simplemente de orden en el debate, que conduzca a excluir temas que no tienen que ver con la paz y que crean mucho ruido y confusión entre los votantes, como sucedió con la llamada ideología de género, que nada tiene que ver con las negociaciones de paz.
En este escenario de concertación genuina las distintas partes tienen ciertos deberes ético políticos diversos pero complementarios: los promotores del NO deben especificar sus objeciones al Acuerdo de paz, sin aprovechar para introducir nuevas que nada tuvieron que ver con el debate del plebiscito, y proponer fórmulas razonables de ajuste al acuerdo; los promotores del SI deben (o debemos) aceptar que el acuerdo como está no es implementable y que ciertos cambios tendrán que ser introducidos para hacer viable la paz. Las FARC y el gobierno deben comprometerse a mantener el cese al fuego y ajustar el acuerdo. Y los ciudadanos debemos movilizarnos para que el proceso tenga éxito y tengamos rápido un acuerdo de paz implementable.
En este escenario de concertación para lograr ese pacto por la paz obviamente deben participar el gobierno, las FARC y voceros significativos del NO. Pero también habría que generar escenarios (tal vez paralelos) en donde se puedan expresar voces significativas de la sociedad civil, en especial de las víctimas, tanto de aquellas que apoyaron el SI como de aquellas que apoyaron el NO. Para que esto no dilate el logro del pacto, que debe ser rápido, pues un cese al fuego no puede ser mantenido indefinidamente, deben establecerse plazos y mecanismos razonables.
La concreción de ese pacto social y político por la paz y su implementación puede lograrse por distintas vías jurídicas, compatibles con la constitución y el acuerdo ya firmado. Sin pretender ser exhaustivo, es posible mencionar las siguientes, que todas tienen sus ventajas y desventajas, que deberemos evaluar: i) un pacto extrajurídico que no tiene valor jurídico pero que se implementaría por vías jurídicas ordinarias; ii) un ajuste al acuerdo que sea sometido a un nuevo plebiscito, lo cual es posible pues sería un nuevo acuerdo, y estaría respaldado por el pacto social y político, lo cual garantizaría su triunfo y permitirá la puesta en marcha de los mecanismos especiales de implementación previstos por el Acto Legislativo 1 de 2016 del procedimiento especial legislativo; iii) una asamblea constituyente de competencia limitada y con labores mixtas: que debata e incorpore sin posibilidad de modificación los temas de consenso del acuerdo de la Habana (una especie de fast track constitucional) y discuta los temas de disenso. Yo prefiero la segunda opción por las reservas que he expresado a una asamblea constituyente como mecanismo de refrendación de la paz pero las distintas alternativas deben ser consideradas.
Igualmente hay formas diversas de articular formalmente el pacto social y político por la paz logrado con el acuerdo ya firmado entre las FARC y el gobierno, teniendo en cuenta que muchos temas derivan de ambigüedades del texto, que fueron interpretadas en diversa forma por los promotores del SÍ (que buscamos la mejor interpretación posible) y los del NO (que optaron por aquel entendimiento menos favorable). Por ejemplo, el tema de la sanción de restricción de la libertad con penas restaurativas, que no está totalmente concretado en el acuerdo, por lo cual los promotores del NO lo presentaron en su peor forma, con lo cual las sanciones se tornaban un chiste, mientras quienes defendimos el SI argumentamos que el tribunal las iba a implementar con rigor y seriedad, con lo cual se tornaban sanciones rigurosas. Puede entonces pensarse que muchos puntos no requieren modificar el acuerdo sino introducirle al acuerdo existente un anexo con las clarificaciones necesarias.
Finalmente, esta búsqueda del pacto social y político por la paz se asemeja muchísimo a los puntos 1 y 2 de la agenda de negociación acordada con el ELN, con lo cual la crisis del NO en el plebiscito podría ser una oportunidad para dinamizar el proceso con el ELN.
Muchos de quienes apoyamos el SI lo hicimos con la convicción de que la paz negociada es fundamental para el país (punto que es consenso nacional) y que el acuerdo era bueno (que es donde hay discrepancias). Pero también lo hicimos por el temor a que, en caso de triunfo del NO, una renegociación del acuerdo sería extremadamente difícil. Y analíticamente lo sigo creyendo pero nunca había deseado tanto estar equivocado. Existe una ventana de oportunidad pequeña para salir de este peligroso embrollo. No podemos desaprovecharla.