Los miembros del Centro Democrático siguen al acecho del proceso de paz. No han podido definir qué es lo que creen que les resulta más favorable desde la perspectiva electoral del 2018. Se debaten entre obstaculizar o eventualmente facilitar. La opinión está voluble y no es fácil determinar qué les resulta más rentable electoralmente.
Sus tres pre candidatos por ahora usan el proceso para salir en medios y mejorar sus niveles de reconocimiento que siguen siendo bajos. Se valen de la incertidumbre y la expectativa para contestar entrevistas y asistir a foros, pero su posición sigue siendo ambigua.
En ocasiones parecen querer facilitar como cuando proponen que el tiempo de concentración sea tenido como parte del cumplimiento de la eventual pena y en otras, como en el documento de “bases” que presentaron para discusión, parecieran querer bloquear el proceso porque usan un lenguaje y proponen unas cosas que claramente saben no viables.
En el entretanto van metiendo cositas para favorecer intereses particulares de personas cercanas que han sido condenadas o eventualmente tienen que responder judicialmente.
¡Sorprendió mucho, por ejemplo, que el uribismo pasara de rasgarse las vestiduras por la posibilidad de que personas condenadas por delitos graves pudieran ser elegidas a cargos de elección popular a afirmar que ese tipo de sanciones perpetuas violan el Pacto de San José de Costa Rica! Ya no están indignados porque Iván Márquez pueda ser senador, ahora les parece que impedirlo viola los derechos humanos y que lo que hay es que levantar la prohibición que pesa para todos los que han cometido delitos incluidos por supuesto los políticos cercanos al Centro Democrático que fueron condenados por vínculos por paramilitares e incluso asesores cercanos del ex Presidente Uribe que fueron condenados en el marco del proceso 8000 por vínculos con el cartel de Cali.
A ese golecito que quieren meter songo sorongo, e incluso invocando tratados internacionales, se le suma la intención de utilizar el Acuerdo para permitir que se revisen las sentencias de los ex ministros que resultaron condenados por diferentes conductas valoradas como delictivas por la Corte Suprema de Justicia. No quieren saber nada de la jurisdicción especial para la paz que se pactó en el acuerdo de La Habana salvo que puedan meter por ahí el derecho a una doble instancia que permita que, por ejemplo, Andrés Felipe Arias pueda revisar su condena.
Siempre he dicho que considero injustas las condenas de Arias, de Sabas y de Diego Palacio. Pero eso es una cosa y otra muy distinta es pretender sacar provecho del acuerdo con las Farc para tratar de reivindicarlos en sus derechos. No es leal con los votantes del No atribuirse su vocería para intentar conseguir un resultado que seguramente no tuvo que ver con la motivación de quienes resultaron ser mayoría el pasado 2 de Octubre, o ¿cuántos de los votos del No pedían que se absolviera a Arias?
Tampoco es leal con los votantes del No usar la renegociación para defender intereses particulares de poseedores de tierras en zonas de conflicto cuyo título pueda ser objeto de controversia judicial porque corresponda a un predio del que su legítimo dueño fue despojado en el pasado.
Querer derogar la ley de víctimas y restitución de tierras para proteger a quienes pudieron sacar provecho de la situación de conflicto no parece estar entre las motivaciones de la mayoría de los votantes del No y en cambio es una de las principales preocupaciones de los voceros del Centro Democrático.
Insistir en conceder beneficios a los agentes del Estado que hayan cometido delitos en el marco del conflicto sin exigirles aportar a la verdad suena intención de encubrimiento. Como dijo alguien, pareciera que no les molesta la impunidad, sino la impunidad a cambio de verdad, la prefieren pura y simple.
Defender sin sonrojarse los intereses de los terratenientes y oponerse a la actualización del catastro rural es ya estar superando los límites de la “apariencia” que en política es tan importante. Afirmar que incluso el valor catastral de la tierra puede estar sobreestimado es contradecir la evidencia y asumir una camiseta particular que seguramente nada tuvo que ver con las motivaciones de los votantes del No.
Toca tener mucha confianza en poder pasar de agache o creer que los votantes son tontos para pretender arroparse en la renegociación del acuerdo para intentar de un solo golpe rehabilitar parapolíticos y condenados del 8000, revisar las condenas de sus ex ministros, proteger despojadores de tierras, amparar a cambio de nada a miles de responsables de ejecuciones extrajudiciales y defender los intereses de los grandes tenedores de tierra.
No le queda bien a un partido como el Centro Democrático después de bloquear el acuerdo con las Farc pretender sacar provecho de la situación en favor de violadores de la ley. Lo que uno esperaría que hicieran los que se adueñaron del No es que intenten hacer más gravosa la situación de las Farc y no querer meter en los beneficios que tanto criticaron a otras personas que obraron al margen de la ley.
¡Vivir para ver!
