El Ministerio de Justicia tiene listo el nombre para ocupar la dirección de política de drogas, que está vacante desde hace más de cuatro meses. Curiosamente no se trata de un experto en el tema, sino de una abogada penalista, experta en asuntos de responsabilidad penal juvenil y muy cercana a la ex procuradora delegada para la familia y la niñez, y la mano derecha en lo ideológico de Alejandro Ordóñez, Ilva Myriam Hoyos.
Se trata de Marisol Palacio, una barranquillera que estudió en la Universidad de La Sabana, con maestría en España y estudios de doctorado en Argentina, las dos cosas en derecho penal. Tan penalista es que fue uno de los 16 candidatos finalistas de la Presidencia para ternar a la Fiscalía, a mediados de año.
Según la hoja de vida que le presentó en ese entonces a la Presidencia, ha hecho casi toda su carrera de la mano de funcionarios conservadores, y siempre en el Estado.
Su cargo más reciente fue como Procuradora Judicial II de Familia, cargo en el que era una de las funcionarias de mayor confianza de Hoyos, con quien publicó un libro en 2015. De hecho, a su llegada a la Fiscalía en 2009 (cuando llegaron Ordóñez y Hoyos) se creó un cargo para ella, como coordinadora del sistema penal para adolescentes. Además, quedó encargada de la delegada en cuatro momentos, cuando Hoyos debió dejar el cargo por unos días.
Antes trabajó dos veces en la Fiscalía como fiscal especializada, primero en tiempos de Gustavo de Greiff y luego con Mario Iguarán, con quien llegó a dirigir las unidades de Derechos Humanos y Antisecuestro.
También fue asesora en derecho penal y paz del conservador Rómulo González en el Ministerio de Justicia, en tiempos de Andrés Pastrana, especialmente como uno de los técnicos que preparó los códigos penal y de procedimiento penal del año 2000.
Según cuenta en esa hoja de vida, en ese trabajo elaboró "las objeciones por inconstitucionalidad o inconveniencia de las mismas. Particularmente, destaco las objeciones presentadas a los artículos 132 y 134 sobre manipulación genética y sobre fecundación y tráfico de embriones humanos", con las que el gobierno Pastrana se opuso a la redacción inicial del Código, que a juicio de González abría la puerta para no penalizar estudios científicos en genética. Justamente esa misma crítica la hicieron, en ese mimso momento, la Iglesia Católica y la misma Hoyos.
Y asesoró también a Mauricio González, tanto en la secretaría jurídica de la Presidencia en tiempos de Álvaro Uribe como en sus primeros meses como magistrado de la Corte Constitucional.
En toda esa trayectoria no ha tenido mayor contacto con la política de drogas, a pesar de que el cargo que va a ocupar es clave en la articulación de las diferentes entidades que tienen velas en el sector (como Justicia, Salud, Defensa y Fiscalía) y que reemplaza a Javier Flórez, quien era uno de los súper poderosos de la política de drogas.
