Se abrió una especie de lluvia de ideas para combatir la corrupción. Como lo reseñó La Silla, el tema se puso de moda y todos resolvieron subirse al bus. Las fórmulas propuestas son parecidas a lo que ya existe o están inspiradas en presupuestos que han demostrado su ineficacia.
El Presidente Santos propuso, por ejemplo, que se estudiara la posibilidad de que las campañas políticas fueran financiadas con recursos exclusivamente públicos para evitar que los intereses privados capturen el Estado desde el momento de las elecciones. El propósito es loable y el instrumento teóricamente correcto, sin embargo, solo serviría para proteger aquella parte de los gastos que son públicos, los que quedan en la contabilidad, pero en las campañas la mayor parte de los ingresos y los gastos no se registran.
Eso es parecido a la propuesta de que se hagan públicas las declaraciones de bienes y rentas de los funcionarios, como si el testaferrato no fuera el mecanismo usado por los corruptos para ocultar su incremento patrimonial.
En este tema, como en otros, las propuestas terminan siendo remedios aparentes y casi siempre ineficaces.
Hoy por hoy, la principal causa de los enormes gastos de las campañas políticas está asociada a la existencia del sistema de voto preferente y al rompimiento de los ciudadanos con los partidos políticos. La motivación de los electores para escoger entre uno u otro candidato no son las propuestas, ni el partido al que representa sino llamémoslo, la referencia, es decir que alguien se lo presente, que lo lleve a una reunión, etc.
Esa realidad hace que la principal actividad de los candidatos durante los meses previos a la elección sea la “compra” de esos intermediarios, que los llaman líderes. Desde Presidentes de Juntas de acción comunal, hasta representantes, concejales, ediles. Es una especie de pirámide en la que a medida que va subiendo va aumentando el costo. Son miles de millones de pesos que se mueven en efectivo. 3 para el de la acción comunal, 5 o 10 para el edil y así sucesivamente. No de otra manera consiguen la mayoría de los candidatos sacar unos votos aquí o allá.
Hay que cerrar las listas, la gente tiene que votar por un partido o movimiento y no por una persona, o por una persona que arrastra un movimiento como ocurre en el Centro Democrático. Eso además de eliminar todos los incentivos para que los candidatos incurran en gastos astronómicos en la campañas cohesiona los partidos y fortalece el diálogo democrático.
En el caso del Senado, la circunscripción nacional se vuelve una perversidad con el sistema de voto preferente que se adoptó en 2003. La competencia nacional está diseñada para que se lleve a cabo entre partidos y no entre personas.
Desde la perspectiva del control y la responsabilidad por los gastos de las campañas, resulta mucho más fácil monitorear máximo 20 campañas al Senado que 2.000 y el acceso a los medios, así como la publicidad se simplifica y el mensaje le llega al ciudadano en una forma que le resulta verdaderamente posible de distinguir sin necesidad de intermediarios.
Nadie está recogiendo firmas para cerrar las listas y eliminar el voto preferente que es, a mi juicio, la medida más efectiva para combatir la corrupción política, esa que va a financiar la política a través de las coimas de los contratos.
Claro, la otra herramienta eficiente para enfrentar este fenómeno es el rechazo social a esas conductas. En Colombia, muchas de las personas que son acusadas de corrupción o incluso condenadas mantienen una influencia en la opinión que les permite que sus familiares triunfen en las elecciones y obtengan más votos que los que ese grupo alcanzó en la elección anterior.
El Presidente instaló una Misión Electoral, ha habido varias otras, en esta oportunidad surgida del acuerdo con la guerrilla de las Farc, que debe dar recomendaciones, que se convertirán en proyectos de reforma constitucional o de ley para hacer más “transparente” el sistema electoral. Les propuso como ya se señaló, estudiar la financiación estatal exclusiva de las campañas políticas pero no mencionó las listas cerradas o la opción de pasar a un sistema de circunscripciones uninominales, similar al que existe en los Estados Unidos, como lo ha venido proponiendo sin éxito el ex senador John Sudarsky.
El Ministro Cristo, durante el debate de la reforma de equilibrio de poderes, propuso que se cerraran las listas pero la mayoría del Congreso la rechazó como era obvio que ocurriera porque nadie cambia las reglas del juego con las que resulta elegido. Ahora hay una opción y si eso se lograra sería suficiente como transformación del sistema político derivado del acuerdo para terminar el conflicto, o ¿será que las Farc están pensando en presentar también una lista abierta y repetirán las prácticas tradicionales de conseguir intermediarios que les agencien los votos?
