Después de reunirse esta mañana con el presidente Juan Manuel Santos, el alcalde Gustavo Petro viajará a Washington esta tarde para poner en marcha su estrategia internacional de defensa, que busca frenar los efectos del fallo del Procurador que lo destituye y lo inhabilita por 15 años.
El plato fuerte de la agenda es una visita mañana a la Comisión Internacional de Derechos Humanos de la OEA, donde él y su equipo legal quieren posicionar el 'caso Petro' como uno simbólico, parecido al del político venezolano Leopoldo López, sancionado por el Gobierno de Hugo Chávez y rehabilitado por la Corte Interamericana.
El equipo de abogados de Petro, que lideran Carlos Rodríguez Mejía y Rafael Barrios, acudirá a la OEA con el argumento de que el fallo del procurador Alejandro Ordóñez viola el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos -que Colombia firmó en 1969- y que habla de los derechos políticos de los ciudadanos. Es decir, los derechos a elegir, ser elegido y a ejercer cargos de elección popular.
Según el alcalde, el 'Pacto de San José' señala que un país solo puede suspenderle a una persona sus derechos políticos después de que haya sido sentenciada, como producto de un proceso judicial ajustado a las garantías del debido proceso penal.
Es decir, el argumento de Petro es que a los funcionarios elegidos por voto popular sólo les aplica el Código Penal y no el disciplinario que incluye las inhabilidades.
Esa es la interpretación que hacen del inciso que dice que “la ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal”. Para el equipo de Petro, esa “condena, por juez competente, en proceso penal” sería la garantía contra una medida arbitraria que le suspenda esos derechos políticos.
“Se trata de poner en antecedentes a la Comisión y de ratificarle el pedido de medidas cautelares, que pretende preservar los derechos políticos del Alcalde como autoridad elegida y de los electores que votaron por él. Y que quede sin efectos la decisión de la Procuraduría mientras se investiga a fondo si se le cumplieron las garantías”, le dijo a La Silla Jorge Rojas, el Secretario de Integración Social y uno de los funcionarios más cercanos a Petro.
El problema es que no es tan claro que la jurisprudencia de la Corte Interamericana haya dicho -como afirma Petro- que la destitución sólo opera por la vía judicial (y no por la disciplinaria). Como contó La Silla ayer, lo que ha dicho -según dos expertos consultados por La Silla y según le dijo el presidente de la Corte, Diego García Sayán, a El Tiempo- es que se les tienen que respetar las garantías judiciales como el debido proceso. La Procuraduría también tiene una interpretación diferente de esa norma, como lo contó hoy La Silla.
Eso podría tumbar el argumento de los petristas de que las decisiones de los organismos nacionales -como la Procuraduría- se deben suspender hasta que falle una corte internacional, sin haber agotado previamente las instancias nacionales, con las implicaciones que esto tendría para la soberanía nacional (y con lo paradójico que la izquierda pida este tipo de intervención). Aún así, la desproporcionalidad puede ser -como contó La Silla- uno de los criterios por los que la Corte puede concluir que se le violaron a Petro las garantías judiciales.
Más allá del argumento legal, el equipo de abogados del Alcalde quiere posicionar el caso Petro como similar al del político opositor venezolano Leopoldo López, quien fue inhabilitado para ejercer cargos públicos durante 6 años por la Contraloría de su país, por dos casos de “irregularidades administrativas”, y que luego los recuperó tras una sentencia -de obligatorio cumplimiento- de la Corte Interamericana.
López, que fue el alcalde del municipio caraqueño de Chacao -bastión de la oposición al chavismo- y se preparaba para las elecciones a alcalde de Caracas, fue inhabilitado en 2008 y demandó a Venezuela ante la Corte. Tras el fallo a su favor en 2011, el Gobierno de Hugo Chávez tuvo que restaurarle sus derechos políticos y permitirle participar en las elecciones presidenciales con la Mesa de Unidad Democrática (MUD). Al final López terminó abandonando las primarias y apoyando a Henrique Capriles.
El problema para Petro es que un caso en la Corte Interamericana puede demorarse varios años, ya que los van examinando en el orden en que llegan, por lo que al final puede darle la razón pero no tendría efectos a corto plazo. Por eso su equipo va a insistir en las medidas cautelares y va a buscar darle un mensaje de urgencia, para ver si la Comisión se pronuncia rápidamente.
Por ahora Petro ya tiene agendada una reunión mañana con el secretario ejecutivo de la Comisión, el mexicano Emilio Álvarez Icaza. También está buscando conversar con alguno de los siete comisionados -que incluyen al colombiano Rodrigo Escobar Gil, ex magistrado de la Corte Constitucional- aunque esto podría ser difícil ya que en diciembre no están sesionando.
Aunque la Comisión Interamericana es la principal estrategia de Petro, el Alcalde y su equipo están haciendo todo lo posible por ubicar el caso en un contexto internacional, ligándolo al proceso de paz y a su condición de mandatario de izquierda.
Petro va a aprovechar la visita a Washington para reunirse con un grupo de congresistas estadounidenses, incluyendo al senador demócrata Jim McGovern, que sigue muchos temas colombianos. También pidió una cita en el Departamento de Estado, para “poner en conocimiento al Gobierno de Estados Unidos” de la situación, aunque hasta anoche no se la habían confirmado.
Y se reunirá con varias ONG y think tanks relacionadas con temas latinoamericanos y de derechos humanos, incluyendo Human Rights Watch, Diálogo Interamericano, el Centro Woodrow Wilson y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola), que le ayudó a Petro a coordinar varias de las paradas en su gira.
A eso se suma el apoyo que el alcalde bogotano ha recibido de otros sectores. Un grupo de alcaldes de ciudades latinoamericanas, reunidos en la Red de Ciudades Sudamericanas (Redcisur) que Petro ayudó a crear hace un año, le escribió la semana pasada una carta a la Comisión Interamericana preocupado por que “una acción de una autoridad administrativa destituya a un gobernante elegido por voto popular de manera legítima”. El grupo, que incluye a los alcaldes de 11 ciudades como Buenos Aires, Santiago y Quito, fue liderado por la alcaldesa limeña Susana Villarán quien salió airosa de un intento de revocatoria en su contra.
A su vez, 18 diputados de izquierda y verdes del Parlamento Europeo -liderados por el catalán Raül Romeva i Rueda, el alemán Jürgen Klute y el español Willy Meyer- le enviaron otra carta al presidente Santos, preocupados que pese a los errores de Petro su destitución pudiera haber tenido un trasfondo político. La mayoría de ellos pertenece a la Asamblea EuroLatinoamericana (Eurolat), que reúne a 75 eurodiputados y 75 congresistas latinoamericanos. Y varios son cercanos a la parlamentaria andina Gloria Flórez, copartidaria de Petro.
Con esta visibilidad internacional, Petro y su equipo buscan dilatar los efectos políticos del fallo de la Procuraduría que lo destituye y aumentar el costo político de que se haga efectivo, aun cuando en Colombia este organismo de control lleva dos décadas destituyendo e inhabilitando funcionarios públicos y ninguno ha llevado el caso con éxito a la CIDH. Pero además, muchos se preguntan si el Alcalde de Bogotá puede tener inmunidad frente a las fallas disciplinarias que según la Procuraduría cometió.
En todo caso, con esta estrategia Petro busca un salvavidas a corto plazo, ya que una victoria en la Corte Interamericana tomaría años.