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| El metro pesado ya tiene estaciones sancionadas por decreto, pero el año entrante deberá organizarse la inversión de 50 mil millones para más estudios. |
Sumida en una crisis de estabilidad institucional, la Bogotá de 2014 nadará entre tres aguas: la pelea jurídica que arreciará para que salga o no el alcalde Gustavo Petro del Palacio de Liévano, el pulso por quién lo reemplazará y se quedará con el poder de Bogotá y las urgencias administrativas que -independientemente de lo anterior- deberá asumir y resolver el Gobierno.
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Hasta hace poco menos de un mes, los pronósticos acerca de la capital para 2014 señalaban que sería el año de la verdad de Petro. El periodo en el que se definirían las espadas de Damocles que colgaban sobre su Administración: una revocatoria y una investigación de la Procuraduría en su contra. Pero ambas cayeron encima del mandatario en diciembre.
Por eso todo indica que 2014 será el año de la salida de Petro del Palacio de Liévano. No por la revocatoria -que después de varios recursos en su contra quedó en firme y fue convocada para dentro de dos meses- pues ésta exige un umbral de votos bastante improbable de alcanzar si no se mueven las maquinarias de los partidos, como lo contó La Silla; sino por la destitución e inhabilidad de 15 años con la que el Ministerio Público castigó al mandatario por sus actuaciones en la implementación de un nuevo modelo de basuras en la ciudad. Un castigo que, dicho sea de paso, para muchos ha resultado desproporcionado.
Sin embargo, antes de que esta sanción quede en firme, este año habrá toda una pelea jurídica que ya ha sido anticipada por los defensores del mandatario.
La destitución tiene un recurso, que Petro y sus abogados anunciaron que interpondrán, pero éste será resuelto por la misma Procuraduría y -según le explicó a La Silla un exprocurador delegado del procurador Alejandro Ordóñez- es “muy poco probable” que los sentidos de los fallos cambien cuando son ante la misma instancia. Lo máximo que podría pasar, según esa fuente, es que Ordóñez le baje unos años a la inhabilidad.
Así las cosas las esperanzas de Petro y su equipo de defensores están en la estrategia internacional que ya emprendió el Alcalde, principalmente para que la Comisión Internacional de Derechos Humanos de la OEA imponga una medida cautelar que deje sin efectos el fallo, argumentando que el mandatario no tuvo garantías y que Ordóñez no tiene la competencia para destituirlo. Y en las cientos de tutelas que contra el Procurador están poniendo los petristas para que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca suspenda o revoque la decisión.
Las medidas cautelares también son improbables, según le dijeron a La Silla dos reconocidos abogados penalistas. No es tan claro que la jurisprudencia de la Corte Interamericana haya dicho -como afirma Petro y su defensa- que la destitución sólo opera por la vía judicial (y no por la disciplinaria). Como contó La Silla, lo que ha dicho -según otros dos expertos consultados por La Silla y según le dijo el presidente de la Corte, Diego García Sayán, a El Tiempo- es que se les tienen que respetar las garantías judiciales como el debido proceso.
En lo que la jurisprudencia de la Corte sí ha sido clara es que la inhabilidad debe ser decretada por un juez y no por una autoridad administrativa, con lo cual esta parte -que en el fondo es la más importante para Petro- seguramente sí se caerá en la Cidh.
Por su parte el mismo fiscal general Eduardo Montealegre, quien le abrió una indagación preliminar al Procurador por este caso y ha defendido a Petro, declaró que nuestro ordenamiento jurídico sí le permite a la Procuraduría destituir a un funcionario elegido por voto popular, aunque él también es de la teoría del Alcalde sobre la jurisprudencia de la Corte Interamericana.
El Fiscal anunció que la entidad que maneja tendría competencia para dejar sin efectos el acto administrativo que destituyó a Petro, pero eso sólo sería en caso de que exista una extralimitación de funciones probada por parte de la Procuraduría lo que seguramente tardaría un tiempo en demostrarse.
Los petristas también tienen esperanzas en que el presidente Juan Manuel Santos decida no avalar la decisión del Procurador (ahora sabremos si el Presidente está con la paz o simplemente con su reelección, dijo Petro). El Ministro de Justicia ha respondido, no obstante, que a Santos no le queda más remedio que “ejecutar la decisión del Procurador”.
Por último, Petro le apostará a recusar al jefe del Ministerio Público por haber sido él quien anunció la destitución y por la indagación que le abrió la Fiscalía pero quien la resuelve es la viceprocuradora que es subalterna de Ordóñez.
Mientras ocurre esta pelea jurídica y de declaraciones en los medios, en 2014 la Administración de Bogotá tendrá que continuar. Entre otros asuntos, deberá terminar de organizar la inversión de 3 billones de pesos que, en un cupo de endeudamiento, el Concejo le aprobó a Petro para obras de infraestructura.
En la lista de proyectos están nada menos que la troncal de Transmilenio por la Boyacá, los estudios y diseños de la troncal de ese sistema por la 68, el mejoramiento estructural en unos 40 colegios y unas 20 iniciativas viales. Y organizar esta inversión incluye el desafío de estructurar las respectivas licitaciones, que son los procesos a través de los cuales el Cartel de la Contratación se robó Bogotá por lo que el reto está en blindarlos bien.
Este año el Distrito tendrá también que terminar de solucionar el problema de la doble tarjeta del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), que ha tenido avances pues según información oficial de diciembre casi el 90 por ciento de las estaciones y buses del sistema reciben cualquiera de las dos tarjetas que existen como medio de pago. Y revertir los pocos logros en las metas de chatarrización de buses viejos y la crisis financiera de dos de los nueve operadores (Coobus y Egobus), que tienen retrasado el cronograma de implementación del sistema.
La meta era que el SITP funcionara al 100 por ciento en abril, pero eso ya no se logrará según reconoció el gerente de Transmilenio, Fernando Sanclemente.
Otro pendiente en la complicada agenda de movilidad de la ciudad es el futuro de la carrera Séptima. Como lo contó La Silla, el Gobierno Petro no alcanzará a entregar la obra principal de esta vía: el metro ligero, pero como la idea es dejarlo al menos en etapa de construcción, en 2014 la empresa Transmilenio tendrá como tarea dar o no el concepto favorable a una de las propuestas de APP (Alianza Público Privada) que llegó para hacer la obra y luego esperar los estudios de factibilidad y también revisarlos.
Este año también será clave para el futuro del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de la ciudad, modificado por el Alcalde Petro a través de un decreto que fue demandado por los gremios, por unas ONG, por el representante conservador Telésforo Pedraza y por el Ministerio de Vivienda. El POT, que es la hoja de ruta que debe seguir Bogotá en materia de expansión, por ahora goza de presunción de legalidad, pero los reparos en su contra han generado un clima de incertidumbre en el sector de la construcción como lo han dicho los propios empresarios.
Un último tema macro de 2014 es el chicharrón de la licitación de aseo de 2,4 billones de pesos que en cuatro años no han podido entregar varias administraciones de la ciudad. En este momento ese proceso está en cero y deberá adelantarse este año para que el Gobierno Petro pueda implementar (ya de manera definitiva y no transitoria) su nuevo esquema de basuras e integrar a los recicladores el negocio del todo.
Consecuencia del pulso jurídico por la salida o no de Petro del Gobierno, este año se dará una pelea anticipada por el poder en Bogotá que -de darse antes de marzo- podría servir para medir fuerzas políticas con miras a las legislativas de ese mes.
Esa pelea por el poder podría materializarse si se da una de las dos situaciones: que gane la revocatoria (lo que, hemos calculado, es improbable) o que quede en firme la destitución que es seguramente lo que va a pasar. En ambos casos se convocaría a elecciones atípicas si no ha pasado junio, pues después de ese mes los progresistas tendrían derecho de quedarse manejando Bogotá a través de un alcalde designado por Santos, escogido de terna del progresismo.
No demorarán en salir los interesados en aspirar. Miguel Gómez (líder de la revocatoria) no podrá hacerlo. Tampoco Carlos Fernando Galán o Antonio Navarro, a menos que renuncien a sus aspiraciones al Senado lo que les complicaría la vida a sus respectivos partidos. David Luna, otro que podría querer pues ya ha sido candidato a la Alcaldía, está inhabilitado por ser viceministro al igual que Gina Parody que dirige el SENA y que Antanas Mockus, cuya esposa es la veedora distrital.
Así, entre las cartas obvias queda Enrique Peñalosa, quien le dijo inicialmente a La Silla que no lo descarta, aunque él preferiría más una aspiración a la Presidencia pero que más recientemente ha dicho públicamente que no aspirará. Y Francisco Santos quien será promovido por el uribismo. El locutor William Vinasco también anunció su intención de ser candidato.
Sin embargo, aunque Bogotá es una plaza anhelada para cualquier grupo político, no será fácil que alguien acepte invertir en una campaña para gobernar por apenas año y medio y con el Plan de Desarrollo de Petro que no fue destituido.
Además, los petristas le apostarán -como le dijo off the récord un concejal de ese movimiento a La Silla- a dilatar lo más posible las elecciones atípicas en caso de que éstas llegaran a convocarse. Y con eso cualquier aspirante corre el riesgo de que llegue junio y no haya comicios.
Lo único cierto en la ciudad para el 2014 es que reinará la incertidumbre. Las cábalas, sin embargo, estarán a la orden del día.