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Los Torres Villalba: los zares del alumbrado público en Atlántico y Santander

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Cuatro concesiones del alumbrado público, un emporio de 13 empresas y el largo camino político de varios de sus miembros (entre los que están dos congresistas actuales) hacen parte de los activos de la familia Torres Villalba, otro clan del Caribe que ha sabido mezclar negocios con el Estado y política, pero cuyo poder hasta ahora ha pasado de agache.

El grupo de los representantes a la Cámara Efraín Torres Monsalvo y Martha Villalba no dista mucho de otras casas políticas sinónimo de poder costeño, como Name y Gerlein. Sin embargo, nacionalmente son desconocidos, a pesar de su poderío creciente desde hace 17 años.

Como sus movidas han sido básicamente en Atlántico (en donde tienen sus orígenes y una concesión) y en Santander (en donde manejan dos concesiones), las sillas regionales Santander y Caribe investigaron la historia de su imperio.   

Los orígenes

El grupo de los Torres Villalba está conformado por los dos representantes a la Cámara por el Partido de La U (Torres lo es por Bogotá, aunque nació en Barranquilla; Villalba lo es por el Atlántico), pero en realidad los dos poderes detrás son Euclides y Camilo Torres.  

El clan empezó en Puerto Colombia, a media hora de Barranquilla, un municipio que recibió su nombre porque fue el principal puerto de Colombia en las primeras décadas del siglo XX, hace 17 años.

Un punto importante es el matrimonio entre la congresista porteña Martha Villalba Hodwalker y el político Camilo Torres Romero, que aunque nació en Barranquilla  llegó a Puerto Colombia  desde que era niño y amasó tanto poder que hoy es considerado el ‘mandamás’ de ese municipio.

Villalba tiene sus raíces en el Partido Conservador, pues su padre era Rafael Villalba Guerra, un recordado dirigente azul de Puerto Colombia, que además de haber sido concejal del pueblo también estuvo en la Asamblea. En contraste, su esposo es de ascendencia liberal. 

 

Camilo es hermano de Euclides Torres Romero, un empresario que, según Semana, saltó a las grandes ligas de la contratación en Barranquilla cuando a principios de los 90 el alcalde de esa ciudad fue Bernardo ‘el Cura’ Hoyos Montoya. Euclides es el padre del representante Efraín Torres Monsalvo. 

La relación de Euclides con el Cura fue el primer paso que dio esta familia en su camino para pasar de políticos con aspiraciones locales a poderosos nacionales. 

Euclides Torres conoció a Hoyos en la década de los 80 cuando el primero fue candidato liberal al Concejo de Barranquilla, y de ese entonces han sido cercanos. 

“Cuando yo me conocí con el Padre Hoyos él era rector de la Universidad a Distancia, en esa época se votaba por papeletas y yo le entregué unas, luego me aparecieron 500 votos y aunque no gané quedé muy agradecido con él. En respuesta, cuando él se lanzó a la Alcaldía yo lo apoyé”, le contó el mismo Torres a La Silla. 

El apoyo de Torres al Cura no fue cualquiera, pues en un restaurante de su propiedad, que además era de los más reconocidos de la ciudad, era en donde hacían las reuniones del equipo de campaña y se definían las estrategias políticas para llegar a la Alcaldía.

En esas elecciones la campaña les rindió frutos y Hoyos pasó a ser el Alcalde y Euclides su mano derecha y asesor en temas relacionados con servicios públicos. 

Un periodista de la ciudad, que ha investigado los orígenes de los Torres en el Atlántico, le dijo a La Silla que los primeros negocios de esa familia (relacionados con alumbrado público y tránsito), se dieron en la administración de Hoyos; precisamente, fue bajo la guía de Torres que el Cura creo la ‘Triple A’ en Barranquilla y Metrotel.

“Euclides le sugirió al Cura crear una entidad de economía mixta alterna, para superar el rezago de la ciudad en esa área y debilitar la agremiación sindical. De allí surge Metrotel y es el inicio de Euclides Torres en el negocio de las telecomunicaciones y luego del alumbrado público” dice el periodista.

La cercanía de Euclides Torres y el Cura Hoyos fue tal, que el segundo fue investigado por presuntamente recibir prebendas del primero en su administración, como lo contó en su momento El Tiempo.

Mientras Euclides le hablaba al oído a Hoyos; Camilo Torres también empezó a despegar con él. En su mandato trabajó como Jefe de Suministros, y en la Alcaldía de Guillermo Hoenigsberg, quien era del mismo movimiento de Hoyos, fue Jefe de Impuestos y saltó a la  Secretaría de Hacienda, cargo que le dio más visibilidad.

El surgimiento del emporio empresarial

El año 2000 es el que marca el antes y el después del surgimiento político de los Torres Villalba en Puerto Colombia, pues fue en ese año que Camilo se eligió como Alcalde del municipio arrastrando con él, además de los votos liberales de su familia los conservadores que representaba su esposa.  

No obstante, un año antes de que los Torres Villalba se montaran en el poder del pueblo, Euclides - el hermano de Camilo- inició el negocio que lo ha llevado a ser considerado por la Revista Dinero como uno de los ‘amos’ del alumbrado público y el pionero del modelo de negocio que tiene agrupada en solo cinco cabezas la prestación de ese servicio público en todo el país.

En 1999, cuando Humberto Rosales Donado era el Alcalde de Puerto Colombia, hizo una de las concesiones más controvertidas de ese municipio, y le entregó a una Unión Temporal llamada ‘Iluminación Puerto Colombia’ la operación del alumbrado público por 20 años. 

Efrén Montañez Pedraza es la misma persona que aparece en 11 empresas que funcionan en las dos direcciones vinculadas al grupo empresarial de los Torres

Aunque los Torres Villalba desde siempre han negado alguna relación con esa concesión, lo cierto es que hay dos hilos que los unen a ella. 

Por una parte, la concesión, cuya sede principal fue registrada en Bogotá, se constituyó en la misma dirección en la que actualmente funcionan seis empresas (relacionadas con alumbrado público y centros de reconocimiento de conductores) del grupo empresarial que para ese entonces se encontraba consolidando Euclides Torres. 

Por otro lado, dentro de la junta directiva de esa primera concesión está Efrén Montañez Pedraza, que es la misma persona que aparece en 11 empresas que funcionan en las dos direcciones vinculadas al grupo empresarial de los Torres. 

“Si Efrén aparece en todas las empresas es porque es una persona que sabe del tema,  y no todos saben del tema y él ha estado en otras empresas y ese es el caso. Es como si usted va a montar una panadería, pues busca a un panadero no a un ingeniero”, le dijo a La Silla Euclides Torres.

Lo llamativo de esa explicación, es que Montañez no aparece solo en las empresas del alumbrado público, sino también en las de los centros de reconocimiento de conductores, que son el otro gran negocio de Euclides Torres, y que se extiende por 17 lugares del país, incluido Risaralda, Valle, Santander, Atlántico y varios departamentos más del caribe.

La concesión de Puerto Colombia ha sido particularmente problemática para los Torres Villalba. Aunque cuando Camilo Torres llegó a la Alcaldía de ese municipio, poco más de un año después de que se hubiera entregado en concesión, no enfrentó cuestionamientos, su esposa, la actual representante a la Cámara por el Atlántico, Martha Villalba, sí.

Tras haber sido Primera Dama de Puerto Colombia de 2001 a 2003, Villalba cogió vuelo propio en la política del Atlántico como uno de los alfiles de su grupo familiar, y sin haberse lanzado a otro cargo de elección popular previamente, en 2004 llegó a la Asamblea con 28.130 votos, como cabeza de lista del movimiento Apertura Liberal. En 2007 buscó la Alcaldía de su natal Puerto Colombia con el aval del Partido Conservador y ganó con 6.790 votos.

En momentos en los que ella era alcaldesa, estallaron una serie de denuncias hechas por veedurías en contra la concesión por presunto incumplimiento del contrato, porque no se habían instalado todas las lámparas, por presunta desviación de dinero a través de empresas que funcionan en las mismas sedes y comparten socios (La Silla comprobó que aún lo hacen) con las firmas de los Torres. 

En el acta quedó registrado que la concesión habría "incumplido obligaciones laborales" e incurrido en "supuestos desvíos de dineros"

Según una publicación de la revista Semana, Villalba decidió acabar con el contrato a finales del  2008 y en el acta quedó registrado que la concesión habría "incumplido obligaciones laborales" e incurrido en "supuestos desvíos de dineros"; aún así, lo que terminó pasando fue que el incumplimiento no se declaró por faltas del concesionario, sino porque la Alcaldía en un giro dijo que era responsable de no haber entregado unos recursos al concesionario y le generó un saldo a favor de más de $1.700 millones.

Entre 2008 y 2011, mientras su esposa se desempeñaba como Alcaldesa de Puerto, Camilo Torres saltó a la Asamblea pero esta vez con el aval del Partido de La U y en el segundo año de su periodo fue presidente de esa corporación. 

Para ese entonces ya se había consolidado el poder político de los Torres y los apoyos que daban o quitaban en elecciones en el departamento sonaban con fuerza en los corrillos políticos del Atlántico.

La expansión a Santander y el Valle

Luego de que en 1999 el consorcio de Puerto Colombia se hubiera quedado con la concesión del alumbrado público, los Torres empezaron a subir como espuma en la industria del alumbrado público. 

En los tres años siguientes se quedaron con las concesiones alumbrado público de Yumbo en el Valle (2001) con Luces del Valle, de Piedecuesta en Santander (2001) con Luces de Santander, y en Floridablanca -también en Santander- (2002) con Luces de Floridablanca. Las tres ser firmaron por 20 años.

De esa manera, quedó claro que, al igual que muchas otras casas políticas, los Torres Villalba caminaban al ritmo de la mezcla de negocios y política.

Según le contaron a La Silla funcionarios actuales y exalcaldes de esos municipios por aparte, la manera en la que se suscribieron esos contratos terminó siendo lesiva para los intereses de los habitantes de esos dos municipios que hacen parte del área metropolitana de Bucaramanga.

El contrato inicial era atroz, dejaba a Floridablanca con todas las desventajas posibles y sin control alguno.

“El contrato inicial era atroz, dejaba a Floridablanca con todas las desventajas posibles y sin control alguno”, le dijo a La Silla Édgar Jesús Rojas, secretario de Infraestructura de Floridablanca. 

Vanguardia Liberal también hizo denuncias sobre ese contrato y comparó el valor de la tarifa de alumbrado público que pagaba un habitante de Floridablanca en estrato 2 con la de uno que vivía en Bucaramanga en estrato 6 y resultó que la primera era más costosa. Además la Essa (electrificadora más grande de Santander) denunció que la utilizaron como un comodín para triangular ese contrato, debido a que aunque el convenio inicial fue suscrito con ella, luego tercerizaron el servicio con la unión temporal de Torres.

En Piedecuesta existieron cuestionamientos por la ausencia de modernización y expansión de las redes de alumbrado público, y aunque la Personería durante los últimos cuatro años intentó hacer que el contratista rindiera cuentas, no lo logró. Ese concesión fue ampliada en 10 años más debido a unas inversiones adicionales del concesionario.

Desde que se suscribieron esas concesiones los recursos que se captaban por el impuesto de alumbrado público tanto en el Valle, como en los dos municipios de Santander, fueron manejados como dinero privado (algo que no era ilegal), y las alcaldías jamás tuvieron control sobre las cuentas ni la inversión. En 2014 por un decreto nacional finalmente el manejo de la plata se volvió público. 

En Piedecuesta se estima que el recaudo anual del alumbrado público asciende a los $6 mil millones, en Floridablanca la cifra estaría por el orden de los $20 mil millones anuales.

En 2009 los Torres se hicieron a su última gran concesión y crearon una empresa llamada Alumbrado Público del Atlántico en asocio con 12 (Candelaria, Manatí, Palmar de Varela, Polonuevo, Ponedera, Repelión, Santa Lucía, Suan, Campo de la Cruz, Luruaco, Galapa, Usiacuri) de los 23 municipios del Atlántico para manejar el alumbrado público en ellos.

No es posible que nuestras poblaciones sigan a oscuras y con tecnología obsoleta

Félix Fontalvo, alcalde de Palmar de Varela

Pero en el 2014, la entonces alcaldesa (e) del municipio de Galapa, Carmiña Navarro, declaró a la prensa que el municipio terminó saliéndose de la empresa porque no destinaba los aportes suficientes para el alumbrado público. Por su parte, La Silla habló con Félix Fontalvo, alcalde de Palmar de Varela, quien señaló que el servicio de alumbrado público que presta esa empresa es pésimo. 

“Precisamente nos reunimos este viernes representantes de 10 municipios y decidimos empezar a buscar nuevas opciones. No es posible que nuestras poblaciones sigan a oscuras y con tecnología obsoleta. La única respuesta que obtenemos del concesionario es que el negocio no es rentable”, dijo.  

Todas la concesiones tienen en común que comparten sedes en Bogotá en las mismas direcciones que las 13 empresas adicionales a las que La Silla les encontró alguna relación con los Torres y que tiene a los mismos integrantes en sus juntas directivas: Efrén Montañez Pedraza (el mismo que fue gerente en la primera concesión de Puerto Colombia) y Roberto Carlos Machuca Suárez.

El intercambio

En 2009, mientras los Torres Villalba se ganaban con Asoatlántico el alumbrado público en 12 municipios, la entonces alcaldesa Martha Villalba le entregaba ese mismo negocio en Puerto Colombia a un concesionario con vasos comunicantes con esa familia. 

La mandataria abrió una licitación ese año, luego de la nulidad que se le declaró al contrato de concesión que en el 99 también se había ganado una empresa supuestamente cercana a su grupo en el pueblo. 

Aunque Villalba siempre ha defendido el hecho de que esa convocatoria se hizo transparentemente y que no hubo intención de favorecer a nadie, en El Heraldo y veedores ciudadanos denunciaron lo contrario. Al final el proceso cerró con un solo oferente.

La Silla rastreó cada una de las empresas integrantes de ese consorcio, que es el que hoy tiene la concesión vigente en Puerto Colombia, y encontró que no solo tiene varios vasos comunicantes con Euclides Torres, el cuñado de la entonces Alcaldesa Villalba, si no que además, esa Unión Temporal hizo parte de un intercambio empresarial con empresas santandereanas.

El nuevo concesionario del alumbrado público de Puerto Colombia tiene vasos comunicantes con los Torres

La primera integrante del concesionario de Puerto Colombia es Ingsan Ltda, una empresa con sede en Bucaramanga que tiene a dos de sus miembros (Mario Enrique Torres Pardo y Gilberto Díaz Mejía) en la junta de directiva de Luces de Floridablanca; la segunda integrante fue Aconingsa, empresa de la que el representante legal es Luis Omar Morales, primo del diputado liberal de Santander, Carlos Alberto Morales; la tercera integrante fue Roy Alpha SA, una empresa en Cali que tiene la misma dirección de Lámparas y Luminarias -otra de las empresas de la que es representante legal Euclides Torres-; y la última fue Aservin.

La Silla también encontró que una de las empresas que integró el consorcio de Puerto Colombia está relacionada con las que le hacen interventoría a las dos concesiones de los Torres en Santander.

Se trata de Aconignsa. Esa empresa funciona en la misma sede en la que por lo menos hasta hace tres años funcionó Interflor SAS, interventora del contrato de alumbrado público en Floridablanca.

Adicionalmente, Servincol Ltda, firma que le pertenece a Lizardo Morales Delgado, hemano del diputado liberal y primo de Luis Omar Morales (socio de la concesión de Puerto Colombia), es la interventora del alumbrado público de Piedecuesta. 

Cuatro fuentes políticas de Santander, le dijeron a La Silla que Lizardo Morales es quien maneja las dos concesiones del alumbrado en Santander; no obstante, al ser consultado por La Silla, Morales  negó esas afirmaciones sean ciertas y aseguró que solo tiene la interventoría de Piedecuesta; sobre su relación con los Torres aseguró que era estrictamente profesional.

Pese a esas declaraciones, La Silla comprobó que Camilo Morales, sobrino de Lizardo Morales y del diputado Carlos Alberto, trabajó en esa interventoría al menos hasta hace tres años.

Por su parte el diputado Morales le dijo a La Silla que no tenía relación alguna con las empresas de su hermano y que no habían influido de manera alguna en su actividad política.

La casa política

Con ese poder distribuido en tres departamentos a través de millonarias concesiones, la familia Torres Villalba empezó a crecer políticamente.

En 2010 se dio el salto de la política local a la Nacional y los Torres llegaron al Congreso.

El primero en subir fue Efraín Torres Monsalvo, hijo de Euclides, quien sin tener carrera política se lanzó a la Cámara como fórmula de Armando Benedetti y se quedó con una de las 18 curules de Bogotá con 22 mil votos, que lo dejaron con la segunda votación de la lista. 

Torres Monsalvo ha sonado en medios por la demanda de pérdida de investidura que tiene en trámite por presuntamente haber usado tiquetes pagados por el Congreso para ir a ver un partido de la selección Colombia en Barranquilla. 

En las elecciones de 2014 volvió a lanzarse también como fórmula de Benedetti y repitió curul con 23 mil votos. 

Por su parte, Martha Villalba, saltó de la Alcaldía de Puerto Colombia a quedarse con una de las 7 curules del Atlántico en la Cámara de Representantes en 2014.

En 2010 se dio el salto de la política local a la Nacional y los Torres llegaron al Congreso.

En esa elección Villalba obtuvo 51 mil votos, como fórmula de Miguel Amín, quien ese año saltó de la Cámara al Senado.

La Silla habló con el representante Efraín Torres sobre sus relaciones con las empresas de alumbrado público y de reconocimiento de conductores y aseguró que trabajó en ellas antes de llegar al Congreso y que consignó que tenía conflicto de intereses para debatir sobre esos temas.

Por su parte, la congresista Villalba no contestó las llamadas realizadas a través de su jefe de prensa, quien fue informada de los temas que La Silla pensaba tratar con ella.

Los Torres Villalba son en estos momentos uno de los grupos políticos influyentes del Atlántico, su apoyo ha sido importantes en las últimas tres elecciones para la Gobernación y han ganado en todas sus apuestas: en 2011 apoyaron a José Antonio Segebre y a Eduardo Verano en 2007 y en las elecciones del año pasado. Además, han puesto alcaldes en municipios como Baranoa.

Su bajo perfil mediático les ha permitido hasta ahora disfrutar en aguas tranquilas su gran poder económico y político. Con los ruidos que no les han faltado, habrá que ver si siguen pasando de agache. 

La Silla Caribe
Rainiero Patiño

Somos una orilla en el mapa

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En Santa Genoveva de Docordó, la cabecera municipal de Litoral de San Juan, a orillas de un brazo del río San Juan, los pacientes guardan las órdenes del médico en bolsas plásticas. “El pueblo huele a mojarra frita”, como dice Indira Guresso, la única jueza desde hace seis años. No hay alcantarillado, tienen energía eléctrica permanente desde hace año y medio, el comercio es incipiente ―un granero, una panadería, un detodito sobre el parque central, un puñado de tiendas más a lo largo de la única carrera: peluquería, hotel, y farmacias, que, esas sí, son cuatro―. El agua llega a las casas de los tanques que recolectan aguas lluvias donde las larvas crecen y se reproducen los zancudos. Descontados el río y la alcaldía y la escuela, en el centro del pueblo el paisaje lo domina una valla con recomendaciones contra la tuberculosis, esa enfermedad que mató a tantos en el siglo XIX. Pero hacia todas las direcciones, por encima de la capa de cemento del casco urbano, la vista se pierde en la selva chocoana. Hacia arriba queda el río, hacia abajo queda el mar.

La Silla Vacía visitó el Litoral de San Juan ―un pueblo en medio de una guerra adormecida por el avance de las conversaciones de La Habana― junto con la brigada médica organizada por la Patrulla Aérea Civil Colombiana para atender a los docordeños. Estos son los testimonios, las historias, las necesidades de una comunidad que se apresta, al menos en el tablero de ajedrez de la gran política, a jugar a la paz.

(Por favor, dé clic en la galería para avanzar).

 

 

La Silla

Rosa Elvira Cely, más allá de la indignación

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Esta semana El Espectador publicó un artículo en donde mostró el concepto de la Secretaría de Gobierno de Bogotá en el caso de Rosa Elvira Cely. Un concepto que concluía que si ella “no hubiera salido con dos compañeros de estudio después de terminar sus clases en las horas de la noche, hoy no estuviéramos lamentando su muerte”.

Este hecho generó mucha indignación en redes sociales y medios de comunicación, a tal punto que la Secretaria salió a pedir perdón, la funcionaria responsable renunció, y envió una carta al juez que lleva el caso pidiendo que no tuviera en cuenta los argumentos.

Para entender los aspectos culturales, legales y políticos que crean un entorno donde un concepto jurídico discriminatorio como el de la Alcaldía es posible, invitamos a La Silla Llena los domingos a tres integrantes de la Red de Mujeres.

Ellas fueron Olga Amparo Sánchez, investigadora que hace parte del equipo de trabajo de La Casa de la Mujer; Daniela Amara Rueda, Directora Ejecutiva de Sinestesia ONG, una organización enfocada en la protección de Derechos Humanos; y Daniela Vargas, consultora en temas de género de Naciones Unidas e investigadora sobre participación política de la mujer.

¡No a la impunidad para los ricos rasos!

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Por Leopoldo Fergusson ()

El mundo no es el que debería ser. Fue y será una porquería, ya lo sé. Pero aunque sea como aspiración no está de más recordar que, en teoría, cuando vivimos en una sociedad que se dice democrática cada quien tiene que hacer su parte. El contrato social obliga al Estado a estar al servicio del bien común, al gobierno a rendirle cuentas a la sociedad, y a los ciudadanos a cumplir con sus obligaciones y a respetar la ley.

Ninguna sociedad sigue este contrato ideal al pie de la letra. Los colombianos, desde la colonia, nos acostumbramos a que . Ejemplos sobran. Usted los ve a su alrededor cada día, y con razón se indigna y molesta.

Yo, le confieso, estoy especialmente irritado con uno en particular: los impuestos. Me tiene lo que a Juan Ricardo Ortega (no dudo que a él, que sí que se ha dado la pela, también lo frustra). No sólo es que los más ricos del país no estén pagando lo que deberían (eso ya lo sabíamos), sino que cuando podemos pasarlos al tablero, obligarlos a dar explicaciones, forzarlos a una sanción social y unos minutos de vergüenza, no lo hacemos.

¿Dónde están las preguntas incómodas a los colombianos que están en los Papeles de Panamá? ¿Quedamos satisfechos con las explicaciones que salieron a dar algunos (pocos, por cierto)? ¿No habrá periodistas acuciosos que pidan explicaciones a quienes ni siquiera las han dado? Sin conocer los intríngulis de las mañas para esconder la plata, cualquier desprevenido puede constatar, por ejemplo, que muchas de las sociedades de colombianos tienen acciones “al portador”. Este es uno de los trucos más obvios. ¿Quiénes son esos portadores? ¿Son ellos mismos para reportar menos de su patrimonio e ingresos? ¿Nadie se los va a preguntar? Una mirada rápida a los , que usted puede consultar y descargar, le permite ver también que las entidades de colombianos quedan inactivas con mayor frecuencia que otras de los Papeles de Panamá desde 2013. ¿No es esto sugestivo, ocurriendo justo cuando empezaban a conocerse los esfuerzos por conseguir información del vecino país, seguidos de la declaración de paraíso fiscal con “patraseada”? ¿Se fueron de ahí unos evasores avisados? ¿No deberíamos ver más reportajes indagando estas y otras preguntas que seguro aparecerían con algo de investigación?

Cuando en una sociedad nadie cumple su parte del trato, todos tenemos una excusa. El evasor encuentra tranquilidad en su decisión porque la plata de los impuestos igual se la roban. El empresario que le pagó a un paramilitar, a la fuerza o con gusto, piensa que el Estado le falló al no garantizarle seguridad. El usuario de Uber (sentido mea culpa), justifica usar un servicio no regulado porque las autoridades no se ponen al día para hacerlo y el que sí está regulado incumple consistentemente todas las normas. Pero así como hay evasores, financiadores de paramilitares, y usuarios de Uber que justifican sus acciones, hay quienes estoicamente pagan todos los impuestos aunque otros no lo hagan, quienes estuvieron dispuestos a perder sus tierras y patrimonio antes que financiar grupos que previsiblemente traerían muerte y dolor, y quienes siguen usando taxis no sólo porque es lo que pueden pagar sino porque se rehúsan a usar un servicio ilegal. Hicieron su parte del trato aunque otros le fallaron.

Pero, si hay tantos ejemplos de ciudadanos que no cumplen su parte del trato, ¿por qué este me molesta tanto?

Quizás tiene que ver con que no están pagando lo que les toca, cuando lo que les toca es muy poco. Cifras de la muestran que si en algo estamos gravemente rezagados en Colombia es en cobrar mayores impuestos a las personas más ricas.

O tal vez es porque tengo demasiado claro que la evasión de impuestos, que dicha así suena tan trivial, un pecado menos por obra y más por omisión, es en realidad un robo sin ambigüedades. Estas personas nos han robado. Sí, a usted y a mi. Y lo que es peor: a los colombianos más pobres si aceptamos que a esos a quienes más puede (al menos debe) beneficiar el Estado.

O puede ser por sentir que, en promedio, estos ciudadanos son quienes menos excusas tienen para fallar su parte del trato. En esta decisión por lo general no se jugaron el pellejo. Se jugaron ser unos miles o millones de dólares menos ricos. Y al hacerlo consolidaron su desinterés con lo que pueda suceder en el Estado, cuando ellos más que nadie en la sociedad habrían tenido el poder y la influencia para exigir que se usen bien sus impuestos. Porque esa es otra tragedia de incumplir el trato: con rabo de paja y sin velas en el entierro, nadie le exige a los demás hacer su parte.

O puede ser porque este tipo de personas son quienes, en mi experiencia, con un aire superioridad moral sin ver la paja en su ojo no tienen problema en condenar con rectitud absoluta a un campesino que, ese sí, no tuvo opción y se jugó el pellejo cuando tomó la decisión de unirse a la guerrilla o a los paras. Lo han hecho frente a mí mientras pagando una cuenta preguntan si el recibo “me sirve” o si ellos lo pueden usar para deducir gastos, sin notar la ironía (“¿Estábamos acaso en un almuerzo de trabajo?” siempre me pregunto).

Por eso, en los peores días de mi indignación con todo este asunto he dicho que prefiero un guerrillero raso a un rico raso. Y no me salga con que soy un romántico, blandengue, y trasnochado mamerto que admira la lucha armada. Aborrezco toda forma de violencia. Pero, por ejemplo, me siento menos capaz de juzgar a un guerrillero combatiente que a sus líderes que, tan convencidos de sus ideas, tan seguros de tener la razón y la verdad de su lado, han estado dispuestos a matar y secuestrar para defenderlas. O que a estos ricos de los que hablo hoy, que han tenido todos los recursos, oportunidades y educación para tomar la decisión correcta. Y por eso hasta me que entraría en (no es “resistencia civil activa”, eso es a la que no le jalo) si en lugar de construir una tributación directa moderna, progresiva y seria, y de perseguir a quienes guardan su plata en Panamá y otros escondites, lo único que hacemos en la próxima reforma tributaria es subir el IVA. El gobierno se quedó sin excusas para seguir postergando una postura firme con Panamá y demás escondites, y para pretender que a punta de IVA vamos a ajustar las finanzas públicas.

Sea lo que sea, creo que este país no puede cambiar si este tipo de cosas siguen pasando desapercibidas, sin generar una reflexión de fondo. Vivimos en una situación en la que todos nos sentimos injustamente tratados. Nos han fallado en el contrato social. Tal vez por eso tiene tanto eco el discurso de “no a la impunidad”. Nuestra sed de justicia es comprensible y a veces muta en hambre de venganza. Pero por eso también todos nos sentimos con derecho a incumplir un pedazo del trato, hasta los que con tanta vehemencia reclaman no a la impunidad son tramposos compulsivos. Además de indignarnos por el pedazo que los demás incumplen, no estaría de más que cada uno examine en qué parte del trato está fallando. Pasada mi ira con este episodio, ese al menos es mi propósito.

 

Nota para suspicaces: Tengo muy claro que Juanita León, directora de La Silla, está en los Papeles de Panamá, como ella misma lo anunció. Esta entrada, como es costumbre, la conocerá Juanita sólo una vez publicada, usando la libertad total que La Silla siempre nos ha dado a los blogoeconomistas para subir directamente nuestros aportes al portal sin filtro alguno.

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Opinión

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Resumen: 
El paradero de la periodista Salud Hernéndez , quien estaba haciendo un reportaje en Tarra, Norte de Santander, no se conoce desde el sábado en la tarde. Mientras tanto en La Silla le contamos estas historias en profundidad.
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Hasta anoche a las 10 y 30 p.m., el gobierno no sabía sobre el paradero de la periodista Salud Hernández-Mora. Según un comunicado del Ministerio de Defensa, fue vista por última vez el sábado a la una de la tarde en el municipio de El Tarra, en la zona de Catatumbo, a donde se trasladó una comisión especial del Gaula a buscarla. Esta zona, como ha contado La Silla es uno de los lugares más peligrosos en Colombia hoy en día.

Según lo que pudo establecer La Silla con una fuente que habló con personas de la zona y cuya versión coincide con el medio local que primero dio la noticia, Columna Ocaña

la columnista de El Tiempo estaba entrevistando a unos líderes campesinos en el El Tarra en pleno parque central, y se desató una discusión. Estaba en eso cuando se le acercaron unas personas y le quitaron sus cámaras. Al día siguiente, el sábado, vieron a la periodista montandose en una moto en dirección a la zona montañosa por la vía que comunica al municipio de El Tarra con Hacarí. Gente del lugar cree que iba a recuperar los equipos que le quitaron.

"La periodista permaneció en la región con el fin de recuperar sus equipos", dice un comunicado de la Fundación para la Libertad de Prensa.

Según la Flip, Hernández-Mora estaba en El Tarra haciendo una investigación de campo sobre la erradicación de cultivos ilícitos y sobre el caso del capitán del Ejército Wilmar Durán, condenado a 28 años de prisión en el Batallón Santander por el asesinato de un campesino. Según el Ministerio de Defensa, habría llegado hace 3 semanas ; según el diario español El Mundo, donde trabaja, y la Flip, hace una. Desde el 16 de mayo, dice la Flip.

En todo caso, su plan original era tomar un bus hacia Cúcuta el sábado al medio día, y volar esa noche a Bogotá. La Silla también supo que había comprado un tiquete de bus para salir del Tarra el sábado en la mañana pero que posteriormente lo canceló.  

Según le contó un amigo de ella a La Silla, Salud habría chateado hasta ese día con algunas personas, y desde entonces no se volvió a recibir comunicación de ella.

En twitter, Hernández-Mora posteó asuntos de su reportería hasta el viernes temprano en la mañana

 

Este fue su último trino.

 

La Silla habló con el alcalde del Tarra, José de Dios Toro, quien aseguró que a las 8:30 de la noche aún no tenían información definitiva sobre el paradero de Hernández. Toro también dijo que no se descartaba la posibilidad de que la columnista se encontrara en una de las veredas del municipio.

 

“En ninguna de las veredas hay cobertura de señal de celular. No hay información real confirmada sobre el paradero y en el municipio ya desplegamos una búsqueda completa”, precisó el mandatario.

Aunque cabe la posibilidad de que simplemente haya ido a alguna vereda a seguir con su reportería y que mañana aparezca sana y salva, dado lo conflictiva y peligrosa que es la zona el presidente Juan Manuel Santos -según el comunicado de MinDefensa- activó desde el domingo por la mañana el protocolo de búsqueda para que las autoridades le dieran prioridad a encontrar a la periodista, que es además una gran crítica de su gobierno.

El Tarra

El Tarra es un municipio ubicado en el centro del Catatumbo (a 7 horas de Cúcuta), que al igual que los otros 10 que hacen parte de esa región, no tiene control del Estado.

Ese municipio de 18 mil habitantes tradicionalmente ha tenido presencia de las Farc, el ELN (el más fuerte) y el EPL; sin embargo, según fuentes oficiales que hablaron con La Silla y una ONG internacional que hace seguimiento en la zona, en los últimos meses el EPL es el que ha reforzado su presencia.

Ese grupo tiene su principal centro de operación es el sur del Catatumbo, específicamente los municipios de San Calixto, Teorama y El Tarra, y según registros de prensa cuenta entre sus filas en el Catatumbo entre 50 y 100 hombres.

Debido a su tamaño y a que su principal actividad es el tráfico de coca, es considerado más un cartel del narcotráfico que una auténtica guerrilla y es por eso que el Estado ha preferido declararla un objetivo militar de alto valor a iniciar con ella un proceso de negociación.

Tal y como lo contó La Silla, en esa región del país se está viviendo una transición de poder entre los diferentes grupos armados, y expertos en la región pronostican que el EPL será el que recogerá a los guerrilleros que no se desmovilicen tras los procesos de paz con las Farc y el Eln debido a que es el único que seguiría operando en la región.

La situación de orden público en el Tarra es la misma que en todos los municipios del Catatumbo, la Policía no tiene control y la mayoría del tiempo está atrincherada en la Estación, debido a que es el blanco de francotiradores del ELN y el EPL.

El último caso que se registró fue el pasado 3 de abril, cuando en medio de un hostigamiento del ELN, el comandante del municipio murió tras recibir el impacto de bala del francotirador.

Por estar en la zona céntrica del Catatumbo (entre San Calixto -selva-  y Tibú -frontera-), El Tarra es conocido por ser un municipio de tránsito de armas y drogas.

Lo más peligroso de la zona es que ningún grupo tiene el control total del municipio, lo que hace que sea más fácil diluir las responsabilidades.

 

Una periodista aguerrida

Salud Hernández nació en Madrid, España, y es ciudadana colombiana desde 2002.

En Madrid estudió periodismo, luego hizo una maestría en Broadcasting Journalism en la Universidad de Nueva York y a comienzos de los ochentas comenzó a trabajar como reportera en Europa Press y en Antena 3 Radio, en España.

Luego se vino a Colombia en 1997 como gerente de la multinacional de comunicaciones Burston Marsteller.  Dos años después, empezó a trabajar como corresponsal del diario español El Mundo.

Ha escrito varios libros. Entre ellos ‘Crónicas de un país incomprensible’, ‘La fascinación por la Vorágine’, ‘Lucho, un polo a tierra’ y ‘Viajes a la Colombia profunda’. En este último retrata la realidad de zonas apartadas del país, a donde ella ha viajado -como pocos periodistas colombianos- a narrar su situación.

 

El último, que sacó hace veinte días es la novela ‘Acorralada’, que cuenta la historia sobre una mujer perseguida por las Farc con una familia que ha sido amenazada y ha sido víctima de secuestro y asesinato. Aunque se trata de una novela, según Hernández no es de ficción y todo lo que cuenta es real.

Cuando trabajaba en Madrid, según Semana, se hizo muy amiga de Pacho Santos, con quien trabajó de la mano en pro de los secuestrados desde la Fundación País Libre, cuyo fundador fue ‘Pacho’ Santos.

Santos le ofreció ser columnista en El Tiempo. Desde entonces escribe para ese periódico.

Desde su columna de El Tiempo, ha sido una de las personas que más ha denunciado el conflicto que persiste pese al proceso de paz en la Habana, del que ella es muy crítica. Y como esta guerra más se siente en el Catatumbo, a este tema le había dedicado dos escritos recientes.

En su último artículo para El Tiempo, hace cuatro días, escrito desde el municipio de La Playa de Belén, en Norte de Santander, habló sobre el sucesor de ‘Megateo’, el fallecido jefe guerrillero y narcotraficante del Epl.  A través de las voces de los campesinos del diminuto corregimiento de la Vega de San Antonio saca a la luz pública la existencia de alias ‘Caracho’, que al parecer sería el nuevo líder de esa guerrilla.

En otra columna de hace ocho días,Hernández había atacado a Santos por, según ella: “vender la idea de que el país está en el posconflicto” y denunció que en Ocaña, un municipio en Norte de Santander: “operan Farc, Eln y Epl, pero no hay siempre retenes en las salidas como antes, ni capacidad de reacción.”

Como lo muestran estos textos, Salud se ha caracterizado por su carácter frentero, por decir las cosas sin rodeos y por oponerse de manera frontal a hacerle cualquier concesión a los que utilicen la violencia para conseguir sus fines. Por eso es tan preocupante la posibilidad de que su vida vaya a estar en manos de alguno de esos grupos.

MinTransporte, definitivamente con La U

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Cuando el presidente Santos posesionó al nuevo ministro de Transporte, el ex alcalde de Manizales por La U Jorge Eduardo Rojasle recordó que debía trabajar cerca del Vicepresidente, líder natural de Cambio Radical, con lo cual muchos políticos de ese partido sintieron que la duda sobre si ese cargo seguía bajo la órbita del partido de Germán Vargas Lleras había quedado resuelta a su favor. Pero el primer nombramiento de alto nivel que hizo Rojas dejó claro que es de La U.

Rojas llegó cuando estaba recién designado Dimitri Zaninovich para el viceministerio de infraestructura, con aval de La U, por lo que ese cargo quedó así. Pero los otros dos altos directivos, el viceministerio de transporte y la secretaría general, estaban disponibles.

Rojas designó para ese segundo cargo, que es de mucha confianza porque maneja el presupuesto y la contratación, a Paula Andrea Sánchez Gutiérrez, una abogada de la Universidad de Medellín que fue concejal de Riosucio (Caldas) entre 2006 y 2010 y secretaria de Gobierno de Manizales del mismo Rojas entre 2012 y 2015. Es decir, durante casi toda su alcaldía.

Sánchez, como Rojas, arrancó en el grupo del senador conservador Luis Emilio Sierra pero ahora es del partido de La U, que en Caldas es liderado por el senador Mauricio Lizcano y el representante Hernán Penagos, que se han venido distanciando. Sánchez es del grupo del segundo: como dijo en una entrevista hace seis mesesMi jefe es Penagos hace muchos años”.

Ahora falta que Rojas llene la vacante del viceministerio de Transporte, encargada de chicharrones como el manejo de Uber, de los vehículos mal matriculados o y de los cupos de taxis.

La Silla
Hernán Penagos Giraldo

Hernán Penagos Giraldo

Presidente de la Cámara de Representantes

Jorge Eduardo Rojas

Jorge Eduardo Rojas

Ministro de Transporte

La paz con el ELN, también en vilo por Salud

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El Eln y el Gobierno están definiendo una fórmula para relanzar el proceso de paz con esta guerrilla. Sin embargo, si se llega a establecer que el Eln tiene secuestrada a Salud Hernández este esfuerzo nuevamente se echaría por la borda.

El Gobierno envió una comisión del Gaula a buscarla al Catatumbo; la Defensoría del Pueblo envió dos comisiones humanitarias encabezadas por los defensores regionales de Norte de Santander y Ocaña, una de ellas hacia Tibú y La Gabarra, y otra hacia el casco urbano de El Tarra, “con el fin de recopilar mayor información y prestar los buenos oficios de la Institución en caso que sea necesario”; el alcalde de El Tarra –quien cree que de pronto está haciendo un reportaje en la vereda de Filogringo- también mandó a buscarla. Por ahora nadie la ha encontrado ni tampoco nadie ha reclamado haberla secuestrado.

A favor de la tesis de que no está secuestrada, está un dato nuevo que La Silla conoció hoy a través de una fuente gubernamental enterada y es que Salud le dijo a una amiga que iba a hacer un reportaje a cinco horas de El Tarra y que si funcionaba estaría de vuelta el lunes.

También hay un dato esperanzador y es que le habría pedido a su empleada –según la misma fuente- que le enviara el pasaporte a Cúcuta, lo que permite pensar que tenía la intención de reunirse con un entrevistado fuera del país.

Si estos datos resultan ciertos, la periodista podría aparecer en las próximas horas con una gran historia.  

Sin embargo, mientras se establece la realidad de los hechos, el Eln ha quedado nuevamente en la mira justo cuando se comenzaba a vislumbrar una fórmula para resucitar el proceso de paz.

 

Un nuevo intento

Después de que el 30 de marzo -el mismo día que el gobierno y el Eln anunciaron con bombos y platillos que iniciarían un proceso de paz- el Eln arruinó la fiesta dejando claro que pensaban seguir secuestrando hasta que se pactara lo contrario; el proceso con el Eln desapareció nuevamente del radar público, y se sumó a los múltiples intentos fallidos que tiene en su haber para dar el paso hacia la paz.

Sin embargo, La Silla pudo establecer con dos fuentes del lado del gobierno y dos cercanas al Eln que los contactos entre las partes se han mantenido y que están a punto de acordar una fórmula para su relanzamiento.

El pulso, que lleva semanas, es alrededor del secuestro. 

El ELN dice que el compromiso de no secuestrar no fue una condición que hubieran negociado sino una imposición unilateral del Gobierno y que ellos, por lo tanto, se atienen a la agenda pactada y este tema está en el punto 5 del fin del conflicto.

El gobierno, por su parte, dice que antes de firmar la agenda con ellos se discutió varias veces que la mesa se instalaría solo si devolvían a los secuestrados y se comprometían a sacar a los civiles del conflicto (existe un discurso público del 19 de mayo del Presidente diciendo que la fase pública de las negociaciones no se daría sino hasta que liberaran a todos los secuestrados).

A pesar de que este tema pareciera un inamovible para ambas partes, La Silla estableció que en la reunión del viernes pasado se comenzó a discutir una fórmula intermedia que les ‘salvaría la cara’ a ambos sobre este punto y que podría destrabar el proceso.

Aunque La Silla no pudo conocer los términos específicos de la fórmula, es posible que vaya en la línea propuesta por el académico Carlos Medina Gallego, una de las personas que más ha estudiado al Eln.

En su blog, Medina Gallego propuso acordar lo que llamó “un punto previo” que permitiera resolver las inquietudes humanitarias de las partes y “frente a la nación y a la opinión publica una mejor atmósfera que permita que los diálogos encuentren mayor apoyo y sintonía en la sociedad en general.”

La propuesta de Medina Gallego es que el ELN anuncie el fin del secuestro y libere a los secuestrados. Que en contrapartida, el Gobierno de forma unilateral se comprometa a mejorar la situación de los guerrilleros presos. Y que ambos establezcan “una ruta de seguridad para detener el asesinato de líderes sociales y políticos, y de ambientación de la convivencia y la seguridad en los territorios donde puedan desarrollarse los procesos regionales de conversaciones y diálogos de paz, propuestos en la agenda acordada,  para garantizar la seguridad de las poblaciones  en los mismos y crear ambientes de diálogos de paz”

La Silla también supo que se está pensando que la fórmula de desescalamiento a la que lleguen pudiera coincidir con el anuncio del cese bilateral con las Farc.

Esto permitiría algo que el ELN siempre ha querido y es que las negociaciones se den en medio de un cese bilateral, lo cual a la vez facilitaría la verificación del cese de las Farc.

Pero para que este escenario se concrete, es fundamental que el Eln no haya secuestrado a Salud Hernández.

La credibilidad del Eln

“Puede que Salud no esté en manos del Eln, pero así va a quedar en la retina de la gente si no dicen públicamente que no la tienen”, dijo a La Silla Luis Eduardo Celis, investigador de la Fundación Paz y Reconciliación y uno de los que ha trabajado durante años para facilitar una negociación con el Eln.

Como dice Celis, más allá de si el Eln tiene algo que ver con la desaparición de la periodista y más allá de si en realidad ella está desaparecida, el solo hecho de que personas tan involucradas con los procesos de paz en Colombia sospechen de esta guerrilla muestran que esa negociación tal cual está planteada tiene muy poca credibilidad de arranque.

Y es que el Gobierno de España –según Caracol Radio- dio por cierto que la periodista estaría en poder del Eln.

El director de Human Rights Watch para las Américas, José Miguel Vivanco, dijo “que si se comprueba que el ELN tiene en su poder a la periodista Salud Hernández se debe suspender la fase de diálogos con esta guerrilla.”

Y en la misma dirección, el ahora negociador de paz y senador Roy Barreras advirtió que si sus captores serían los guerrilleros del ELN, “Que no se equivoquen echando a perder lo que no ha comenzado”.

Dos fuentes campesinas del Catatumbo con las que habló La Silla también creen que de haber sido secuestrada, el ELN sería el responsable.

Frank Pearl dijo que adelanta contactos con esta guerrilla para establecer si la tienen y RCN trinó que ELN_Paz le había dicho a la organización de Libertad de Prensa Reporteros sin Fronteras que no la tenía. Pero lo cierto es que la respuesta oficial se demorará días en llegar. Porque, y este es otro punto que ha quedado en evidencia en este episodio, el Comando Central no tiene control de sus frentes.

Como contó La Silla, el ELN tiene unos 1.300 combatientes, además de unos 5.200 milicianos y civiles que pertenecen a la organización, y Frente de Guerra Nororiental, que está en la región del Catatumbo, donde se dejó de ver a Salud, concentra el 30 por ciento de los combatientes, es decir, unos 390 hombres.

A pesar de que en el Catatumbo han tenido presencia las Farc, el ELN, el EPL (liderado por el extinto Megateo), los paramilitares y ahora las Bacrim, el ELN ha logrado sobrevivir -a pesar de los constantes combates con el Ejército- gracias a que lograron establecer acuerdos y alianzas con otros grupos para contrarrestar esa ofensiva, sobre todo donde hay cultivos de coca, una de sus principales fuentes de financiación junto con la extorsión.

Si bien ahora lo prioritario es que la periodista que ha abogado tanto por las víctimas del conflicto vuelva a casa, el futuro del proceso con el ELN también se podría estar jugando en estos días.

La Silla
Los dilemas del Eln: ¿Con un pie en Cuba y otro en Ecuador?¿Por qué negociar con el ELN?
Resumen movil: 
  • La periodista pidió la semana pasada que le enviaran el pasaporte a Cúcuta
  • El gobierno y el Eln están pactando una fórmula para reiniciar el proceso de paz, pero si se establece que la tienen secuestrada se arruina.

La Corte Constitucional: a definir quién maneja la política minera

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Este miércoles la Corte Constitucional va a discutir si sigue vigente un artículo del Código Minero y dependiendo de cómo lo haga se definirá un pulso clave para el futuro de la minería en el país.

La Corte

El artículo del Código Minero que van a estudiar impide que los concejos prohíban la minería, un tema que ya ha pasado por la Corte dos veces, y en ambas ocasiones lo ha declarado constitucional.

 

Sin embargo, en la decisión más reciente, en 2014, la Corte decidió que lo era con la condición de que las autoridades nacionales “acuerden” con las locales las medidas para proteger el medio ambiente cuando permitan la minería en sus territorios.

A pesar de esos antecedentes, en octubre aceptó una nueva demanda de cinco estudiantes de la clínica jurídica de la Universidad de Antioquia que le piden tumbarlo por una cuestión netamente jurídica.

Para los demandantes, el Código Minero no puede quitarle a los concejos la posibilidad de reglamentar el uso del suelo de sus municipios ni ponerle cortapisas a cómo definen los POT, que es lo que dice el artículo.

A su juicio, eso solo lo podría hacer una ley orgánica (algo que el Código no es), que solo puede ser aprobada si vota a favor la mayoría absoluta de de los senadores y de los representantes, en vez de la mayoría de los que estén presentes como en las leyes normales como el Código Minero.

El proceso ha venido avanzando y  el plazo para definirlo se vence el jueves 2 de junio, pero está en el segundo puesto del orden del día de la Sala Plena de la Corte para este miércoles. Por eso es probable que se decida ahí mismo; de no ser así, máximo se definiría la próxima semana.

La ponencia, de Alejandro Linares, dice que el artículo sí es constitucional, con las mismas condiciones que impuso la decisión de 2014.

Pero, según supo la Silla, por ahora solo parece tener el apoyo de Luis Guillermo Guerrero, y posiblemente de Gabriel Mendoza y Jorge Pretelt. Es decir, del minoritario bloque conservador.

En cambio, los demás magistrados parecen estar en contra de la posición de Linares, con lo que repetirían la mayoría que se impuso en la decisión de febrero en la que la Corte tumbó seis artículos del Plan Nacional de Desarrollo y le quitó autonomía al Gobierno Nacional para definir la política minera.

Se da por descontada la posición de dos de ellos, María Victoria Calle y Luis Ernesto Vargas, que salvaron su voto en la sentencia de 2014 porque a su juicio el artículo es inconstitucional porque los concejos sí tienen la potestad de prohibir la minería.

Otros dos, Jorge Iván Palacio y Alberto Rojas, aclararon en esa ocasión que “ la Corte debió acordarle un mayor ámbito regulatorio a las autoridades municipales”, lo que abre la puerta para que se opongan a la ponencia de Linares.

Y hay un dato más que da fuerza a esa posibilidad. A la Academia Colombiana de Jurisprudencia le pidieron su concepto y está de acuerdo con la posición de esa mayoría. eso tiene un peso porque, de los conceptos que llegaron a la corte, es el único de una entidad que no tiene velas en el entierro.

Con una argumentación estrictamente jurídica, el concepto que envió a su nombre uno de sus miembros, Gabriel de Vega, señala que los demandantes tienen razón.

Por eso, y porque el precedente de esa sentencia va en favor de la autonomía de los municipios para definir cómo se usa su suelo, lo más probable es que la Corte esta vez sí tumbe el artículo, y así le de a los concejos un derecho de veto a la minería en sus territorios.

Lo que puede pasar

Si la Corte se pronuncia a favor, le abriría la puerta a las comunidades para que puedan decirle no a la minería justamente cuando hay un movimiento social en contra de ella y una presión por realizar consultas ciudadanas locales para decidir si se permite la explotación.

Las comunidades de estas zonas que abogan por mayor autonomía municipal dicen que dado que ellos son los que tienen que padecer los efectos de la minería, ellos deberían ser los que decidan si les conviene que se hagan los megaproyectos allí o no.

“Lo que siempre hemos querido es que las comunidades y los municipios tengan capacidad de decisión sobre su territorio. Es lo mínimo, sin decir que eso implique desconocer al gobierno. Si la Corte lo tumba, sería una victoria en ese sentido”, le dijo a La Silla Diana Rodríguez, investigadora principal de DeJusticia.

La primera consulta popular fue en el municipio de Piedras, en Tolima, donde la comunidad votó rechazando la minería, al igual que en Tauramena, Casanare. Y está por ocurrir una en Ibagué, donde el alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo, logró que el Concejo aprobara una consulta popular que está a punto de poner a votar a su ciudad, el próximo 5 de junio, para prohibir la minería.

Justamente el caso de Ibagué muestra por qué el fallo de la Corte podría ser tan trascendental: como esa decisión ya no se tendría que someter a consulta popular porque la podría tomar por mayoría el concejo del municipio, en Ibagué seguramente ya estaría prohibida la minería.

En todo caso, ese ambientalismo de base no es nuevo. En ciudades grandes como Bucaramanga, en 2011 el acueducto de la ciudad presionó y presentó un estudio en el que decían que hacer minería a cielo abierto contaminaría el agua. A ellos se sumaron ambientalistas como Jorge William Sánchez y siete Ongs ambientalistas, que a punta de Facebook, correos y videos lograron volver Santurbán un debate nacional.

Ese efecto se podría sentir más en los lugares que, como Bogotá, tengan que revisar el POT este año o el próximo, porque en ese documento es donde se define el uso del suelo.

Las consecuencias para el negocio

Si se decide que el epicentro del poder sobre la minería ahora será local, esto cambiaría sustancialmente el negocio para los inversionistas mineros, pues uno de los elementos para éstos es conocer quién toma las decisiones clave para cada proyecto, y eso cambiaría.

El primer impacto es que las grandes mineras ya no harían el lobby en Bogotá donde los argumentos técnicos y las relaciones sociales pueden primar sino en los municipios, donde en muchos casos el músculo técnico es menor, la institucionalidad es muy débil y fácilmente cooptable por los  mineros y la opinión de los ciudadanos podría contar más porque el futuro político de los concejales depende de sus votos.

También porque la minería no es solo la mina, y un Concejo que la prohíba puede afectar otras actividades. Como nos decía un ejecutivo de ese sector: “hay todo un encadenamiento productivo detrás, que va desde la mina en sí, hasta el campamento, el sistema de distribución, etc. Entonces si prohíben la minería en Santa Marta, ¿cierran el puerto?”

Otro argumento de ese sector es que así un pueblo prohíba la minería, el oro o el coltán sigue ahí y pueden llegar grupos armados a explotarlos de forma ilegal, lo que deterioraría más el medio ambiente, además de la seguridad y las finanzas del Estado porque no pagan regalías ni impuestos. 

“¿Usted cree que los ilegales no van a ir a aprovecharlo? El alcalde puede decir misa pero ellos se lo pasan por encima”, dice un ejecutivo del sector.

En todo caso, si la Corte llega a tumbar el artículo es un No que se sumaría a una ola que gana cada vez más fuerza. 

Y la nación, ahí

Sea cual sea la decisión de la Corte, no eliminaría toda la tensión sobre qué debe primar: si la definición de cómo usar el suelo, que es responsabilidad de los concejos, o la explotación del subsuelo, que está a cargo de la Nación.

Justamente, la Nación seguiría otorgando títulos mineros a través de la Agencia Nacional de Minería y licencias ambientales a través de la Anla, por lo que no pierde todo su poder. A pesar de los activistas ambientales, es poco probable que municipios que viven de la minería como Marmato y Frontino en Caldas, quieran prohibir la minería. 

Por eso, la Nación seguirá presente en los temas mineros y seguirá obligada a coordinar con los concejos cuando haya minería. 

El problema es que hasta ahora esa concertación, que ya es obligatoria, no ha funcionado del todo.

Prueba de eso es lo que pasa ahora en Salento con el Valle del Cocora, donde la Nación entregó más de tres mil títulos mineros y, aunque no hay permiso para explotarlos, la personera del municipio, Tatiana Herrera, está movilizando gente para que no se permita. 

“Ellos dicen una cosa en las mesas  y otra en los anuncios”, le dijo Herrera a La Silla. 

“Yo siento que ahora hay más conciencia, más apoyo entre la gente sobre el medio ambiente y es impresionante como se nos han sumado personas”, agregó. 

Esa situación, o la de Hupecol en La Macarena, demuestran que a pesar de que hubo concertación, la gente terminó saliendo a protestar. 

“La Corte nunca nos dio luces sobre cómo cumplir esa condición de concertar y nosotros lo hemos hecho como hemos podido. No hay un solo título en este país que no pase por mesas regionales, de manera que no sé cómo le van a sacar más jugo a ese artículo,” explicó Santiago Ángel, presidente de la Asociación Colombiana de Minería.

Aún no es claro si la Corte va a profundizar en este punto, sea cual sea su decisión, pero los magistrados Alberto Rojas y Jorge Iván Palacio han pedido que se establezcan reglas más claras para definir cómo se deberían hacer esas concertaciones y por eso, es posible que esta vez eso se haga. 

Y es que, aún si la Corte le da el poder a los concejos, si regula de forma más clara la concertación de la minería puede ayudar a organizar todo el sector. Todo eso está en juego y se sabrá mañana quién gana y quién pierde. 

La Silla
jvelez
Jorge Pretelt Chaljub

Jorge Pretelt Chaljub

Magistrado de la Corte Constitucional

Jorge Iván Palacio Palacio

Jorge Iván Palacio Palacio

Magistrado de la Corte Constitucional

Alejandro Linares Cantillo

Alejandro Linares Cantillo

Magistrado electo de la Corte Constitucional

María Victoria Calle Correa

María Victoria Calle Correa

Magistrada de la Corte Constitucional

Jorge Pretelt Chaljub

Jorge Pretelt Chaljub

Magistrado de la Corte Constitucional

Luis Ernesto Vargas Silva

Luis Ernesto Vargas Silva

Presidente de la Corte Constitucional

Gloria Stella Ortiz

Gloria Stella Ortiz

Magistrada de la Corte Constitucional

Luis Guillermo  Guerrero

Luis Guillermo Guerrero

Magistrado de la Corte Constitucional

Alberto Rojas Ríos

Alberto Rojas Ríos

Magistrado de la Corte Constitucional

La Corte Constitucional: a definir quién maneja la política minera

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Resumen: 
Mientras el Alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, dijo que asumía el costo político de la venta de la ETB y en el Concejo de Bogotá avanza la discusión del Plan de Desarrollo, y aún no se conoce el paradero de la periodista Salud Hernández, en La Silla les contamos las siguientes historias en profundidad:
Items boletin: 
La Corte Constitucional: a definir quién maneja la política minera
La paz con el ELN, también en vilo por Salud
MinTransporte, definitivamente con La U
El silencioso jaque mate a la CIDH
¡No a la impunidad para los ricos rasos!

Las cinco cosas que revela la desaparición de Salud Hernández-Mora

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El presidente Santos acaba de ordenarle al comandante de la Policía y del Ejército que se desplacen al Catatumbo para ponerse a la cabeza del operativo de búsqueda de la periodista Salud Hernández-Mora y de los dos periodistas de RCN TV Diego D’Pablos, de RCN Tv, con su camarógrafo Carlos Melo y una tercera persona que fueron secuestrados mientras hacían reportería sobre su paradero.

 

Esto ocurre después de que no se sabe nada de la columnista de El Tiempo desde el sábado en la tarde y después de que en esta madrugada dos periodistas de Caracol TV fueran liberados por el ELN y contaran que esta guerrilla los había hecho cautivos mientras hacían reportería sobre la desaparición de Hernández-Mora en la vereda Filogringo, de El Tarra.

En la zona se rumora que el ELN liberaría hoy a los periodistas de RCN. Pero de Salud no se ha dicho nada. Mientras se aclara la situación, estas son las cinco cosas que su desaparición o secuestro ponen en evidencia:

1

Que militarizar un territorio no es equivalente a controlarlo

Aunque la Segunda División del Ejército, que maneja Norte de Santander, le dijo a La Silla que no están autorizados para dar las cifras de cuántos militares están en la zona, en el Catatumbo hay cuatro bases militares en San Calixto, el Tarra, Tibú, Ocaña. También está la Fuerza Tarea Vulcano que opera en todo Norte de Santander y que incluye tres brigadas móviles del Ejército desplegadas en La Gabarra, Convención y El Tarra, más una brigada territorial, la 30. Además, hay una división de la Naval en el río Catatumbo en la Gabarra, a cuatro horas de donde Salud Hernández Mora fue vista por última vez.

Por otro lado, hay entre 24 y 30 policías en promedio por cada uno de los 11 municipios del Catatumbo.

Es decir, que la presencia de la Fuerza Pública en el Catatumbo, una zona que abarca una extensión de 4.826 kilómetros y donde viven unas 106 mil personas, no es poca.

Sin embargo, de la fuerza que está desplegada, poca ejerce un control real en la zona. Los policías están prácticamente acuartelados la mayoría del tiempo porque temen ser el blanco de francotiradores de la guerrilla. Aunque en las bases militares hay más movimiento, las salidas se dan con operativos especiales y su salida termina siendo más un patrullaje que un ejercicio real de control sobre los municipios.

La presencia de la Fuerza Pública, según el alcalde de uno de los municipios del Catatumbo que pidió la reserva de su nombre por seguridad, es tan mínima que cuando se registran muertes o hechos que afectan el orden público las fuerzas armadas ni siquiera se hacen presentes.

“Nelly Amaya (una líder de San Calixto que fue asesinada en enero de este año en plena cabecera municipal) murió a 50 metros de la estación de Policía y ninguno salió a ayudarla. Fue la comunidad”, relató ese Alcalde.

A ese escenario, se suman hechos como que los habitantes temen venderles comida a los policías por miedo a ser asesinados por los grupos armados que operan en la zona (dependiendo del municipio, un grupo tiene más control que otro). Hace dos semanas La Opinión registró cómo el Alcalde de Hacarí tuvo que interceder para que los uniformados pudieran abastecerse de comida.

El hecho de que tres días después de que se haya perdido contacto con Salud aún no se sepa nada de ella es indicativo también de la poca capacidad de inteligencia militar y policial en la zona, pues salvo por la interceptación telefónica de la que habló esta mañana Blu Radio, sobre una supuesta comunicación entre guerrilleros del ELN en la que afirman que están moviendo un periodista “entre frentes”, y que el Ejército no ha reconocido públicamente como propia, el gobierno no tiene información de primera mano sobre dónde podría estar y quién la podría tener.

 
2

Que el proceso de paz con el ELN es extremadamente frágil

Como contó ayer La Silla, el viernes los negociadores del Gobierno y los del Eln estuvieron sentados discutiendo una fórmula para relanzar el proceso que se había estancado después de que lo anunciaron el 30 de marzo con bombos y platillos por su negativa a renunciar públicamente al secuestro.

Sin embargo, a medida que pasan las horas sin que los jefes del Eln salgan públicamente a negar que la tienen en su poder o por lo menos a decir que van a investigar si la tienen, va quedando claro que su interés en el proceso de paz es mínima; que no son conscientes del impacto que este hecho puede tener en la opinión pública frente a cualquier negociación con ellos; o que los del Comando Central del ELN tienen muy poco control y comunicación con sus frentes.

Cualquiera de los tres escenarios demuestra los problemas que enfrentará una negociación con esta guerrilla y marca un contraste con la actitud de las Farc cuando secuestraron al general Alzate en el Chocó, una zona con condiciones geográficas semejantes.

 
3

La falta de liderazgo del Gobierno

Salud Hernández-Mora es una periodista guerrera, que hace reportería en terreno como muy pocos periodistas en este país, y que tiene un récord demostrado de darle voz a las víctimas de la guerra. Todo eso ya la hacen una periodista especial. Sin contar que es corresponsal de un medio extranjero y que, además, escribe para el principal periódico del país, cuyo director y dueño son personas muy cercanas al Presidente Santos.

Encima de todo lo anterior, Salud es reconocida en la opinión pública por ser una de las pocas columnistas que se opone al proceso de paz y que es una crítica acérrima del gobierno Santos. Para muchos ciudadanos, es una uribista.

Dadas todas estas condiciones, si Salud está secuestrada o llega a correr algún riesgo su vida, esto se convertirá en un problema político mayúsculo para el presidente Santos, cuya popularidad en la última encuesta rozaba los 20 puntos.

El domingo, cuando se reportó que Salud podría correr peligro, Santos dijo tkkk. Su negociador con el ELN Frank Pearl ha dicho que está en contacto con el ELN para ver si la tienen en su poder.

Sin embargo, fuera del lapsus de decir que se trataría de una ‘retención’ -el término que normalmente usa la guerrilla- y no de un secuestro, no ha viajado a la zona, no ha exhortado al ELN a que diga si la tiene, solo hasta hace unas horas ordenó al director de la Policía, general Jorge Hernando Nieto, y al comandante del Ejército, general Alberto José Mejía, “trasladarse inmediatamente” a la región del Catatumbo. “Les he dado instrucciones que se trasladen al sitio para reforzar todos los operativos para buscar a Salud Hernández y a los dos reporteros que todavía no aparecen”, agregó.

La demora en apersonarse públicamente de la situación contrasta, por ejemplo, con la ex candidata conservadora Marta Lucía Ramírez pidiéndole públicamente a la Cruz Roja Internacional que intervenga.

La sensación es que el Presidente ha seguido con la rutina de su gobierno y los titulares alrededor suyo son que encabezará la defensa jurídica del plebiscito en la Corte Constitucional), como si este episodio no pusiera en riesgo el mismo plebiscito.

 
4

El abandono de El Catatumbo

De Salud lo último que se supo es que se montó en una moto y se adentró en la zona montañosa. Esa sola anécdota pone en evidencia el abandono en el que se encuentra el Catatumbo.

Según un comunicado que sacó Anzorc, Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, sólo el 6 por ciento de las vías están pavimentadas y la penetración del internet es del 4 por ciento. No dice el comunicado cuál es la penetración de la telefonía pero no es mucho mayor si solo el 27 por ciento tiene agua potable. El analfabetismo llega al 30 por ciento y siete de cada diez son pobres.

Sobra decir que la desconfianza de los habitantes frente al Estado es total. Máxime después de que durante la arremetida paramilitar la complicidad entre los militares y varios políticos de la región con los paramilitares fue evidente. Solo el Iguano confesó que se asesinaron 2 mil campesinos.

"Si no son 2.000 los muertos, nos acercamos a ese número", dijo el desmovilizado, quien fue el jefe del Bloque Catatumbo de las autodefensas, en una audiencia en Barranquilla en 2010.

 
5

El casi imposible aterrizaje de los acuerdos de paz

En el Catatumbo, además, de un frente de las Farc, operan dos frentes del ELN, el EPL y hay tránsito de bandas criminales que llegan hasta la zona para adquirir la coca que comercializan esas guerrillas.

Debido a que en el Catatumbo el control de los grupos está distribuido en los 11 municipios, el hecho de que se firme la paz con las Farc no necesariamente implicará que al Catatumbo llegue el posconflicto, pese a que según los anuncios que ha hecho Santos, esa será una de las zonas priorizadas.

Varios actores en la zona (entre organizaciones internacionales que le hacen seguimiento al conflicto, ONG locales, alcaldes, personeros, organizaciones sociales y habitantes del Catatumbo) le han dicho a La Silla que no creen que la paz aterrice en esa región por la complejidad del conflicto que se vive allá.

Solo en La Gabarra -corregimiento de Tibú-, la construcción de un megacolegio, según las versiones que varios habitantes de ese municipio le dieron a La Silla, tuvo que ser suspendida por varios meses por presunta presión de grupos armados a los contratistas.

Como ha contado La Silla, en esa zona estaría dándose una transmisión de poder entre las Farc (que desde que iniciaron los diálogos de paz cesó acciones), el ELN (que aunque tiene estancado el proceso ya ha avanzado) y el EPL, y este último sería el que ocuparía todos los espacios que eventualmente dejarían esas dos guerrillas, debido a que su principal actividad es el narcotráfico y podría recibir a quienes no quieran desmovilizarse.

Adicionalmente, el hecho de que el episodio de Salud Hernández hubiera sido el que por fin hubiera puesto los ojos de todo el país en la situación del Catatumbo, para los actores de la región es muestra de que corren el riesgo de que la llegada del posconflicto jamás se dé, y que luego del boom mediático vuelvan a ser olvidados.

Este episodio también ha puesto de presente, como dijo en su última columna Santiago Villa, los peligros de las fracturas de los sucesivos procesos de paz colombianos.

Cuando se desmovilizó el EPL, en 1991, quedó un frente en Norte de Santander que siguió operando bajo el mando de alias Megateo.

“Con la desmovilización de los paramilitares, la situación de seguridad en lugares como La Gabarra, y poblaciones más cercanas al río Catatumbo, mejoró algo. En otros la presencia de los paramilitares fue reemplazada por las Farc y el Eln”, dice Villa. “La gente, que no es tonta, seguía llamando paracos a los extorsionistas y asesinos que el estado catalogaba como "bandas criminales", esos residuos de los paramilitares que seguían mandando como si nada, salvo que se llamaban Águilas Negras, Rastrojos, Urabeños, y se disputaban los territorios en guerras de sicarios.”

 
La Silla
JINETHPRIETO
Resumen movil: 
  • Santos ordenó a los comandantes del Ejército y de la Policía que se trasladaran al Catatumbo a buscar a los periodistas desaparecidos
  • La falta de liderazgo del Presidente, la fragilidad del proceso con el Eln y el poco impacto de militarizar una zona han quedado en evidencia

Hijo de Juancho no sale pintado

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Como si fuera parte de su patrimonio familiar, el cuestionado exsenador de Bolívar Juan José ‘Juancho’ García Romero lleva 38 años ‘dueño’ de una curul en el Senado, que primero ocupó él, luego su esposa (la exsenadora en juicio por parapolítica Piedad Zuccardi) y ahora su hijo Andrés García Zuccardi.

 

Condenado por corrupción en el 98 y ante los líos judiciales de su mujer, Juancho García confió a su heredero el futuro del clan que es experto en combinar negocios con la política tradicional de la clientela. Pero el novato Senador de La U no salió ‘pintado’ como su papá, lo que ha generado peleas entre ellos y molestias en el grupo.

Así se lo contaron a La Silla Caribe por aparte tres personas que militan en la casa García Zuccardi y nos lo confirmaron dos políticos importantes de Bolívar: Andrés García no vive presionando por puestos, no viaja mucho a la región a atender peticiones de líderes, le apuesta más a comunicarse por redes (por ejemplo, tiene canal en youtube) y le gusta trabajar temas considerados muchas veces poco ‘vendedores’ como los de jóvenes y tecnologías.

Todo eso en contraste con las movidas de su padre y jefe político, que -amigo cercano del Presidente Santos- aún va a Palacio a cuadrar clientelismo; todos los fines de semana atiende militantes de su grupo en Cartagena; no le interesa para nada la comunicación ciudadana por internet; y le sugiere a su hijo trabajar proyectos con más peso en política.

La situación podría ser sólo una anécdota que complejiza la historia de uno de los clanes más poderosos y desprestigiados del Caribe, pero además se ha convertido en un motivo de fractura. Especialmente por el tema de los puestos.

Resulta que “don Juancho”, como le llaman muchos en su grupo, ha querido seguir liderando, como siempre lo ha hecho desde que tiene curul, todas las peticiones clientelistas al Gobierno Nacional y, en general, muchos otros asuntos que son más del resorte del Senador en propiedad.

Cuando arrancó la legislatura, hace casi dos años, fue quien negoció sin éxito en la bancada un puesto para su hijo en la Comisión Tercera (de las más apetecidas porque es la de la plata y en donde tuvo asiento la exsenadora Zuccardi hasta que la metieron presa).

También se involucró en la campaña a la Presidencia del Senado, que ese año le tocaba a La U. Su papel fue tal, que desde entonces varios de los 21 senadores de ese partido se refieren a él como “el senador número 22”.

Después de eso lo han visto en entidades públicas y hasta en Casa de Nariño pidiendo cargos para su grupo, a nombre del hijo.

“No se ni para qué necesitan (los García) a Andrés si Juancho García va hablando en nombre del Senador por todos lados”, nos contó un congresista de La U que se lo ha encontrado en esas.

La movida ha tenido sus resultados porque hoy, pese a los problemas con la ley que han enfrentado los esposos García Zuccardi, el clan cuenta con cuotas en Fonade, el Fondo Nacional del Ahorro, la representación de Presidencia en la corporación autónoma Cardique y el manejo de la vivienda rural en el Banco Agrario, además de otros puestos en la Gobernación de Bolívar y la Alcaldía de Cartagena.

Además de tener curul, en todo ello ha pesado que Juancho García (quien es hermano del exsenador Álvaro 'el Gordo' García, condenado por la masacre paramilitar de Macayepo) fue nada menos que el hombre clave para el triunfo de la reelección santista en su departamento, en donde Santos dobló su votación entre primera y segunda vuelta.

Ya los García habían sido clave en la primera elección del Presidente en 2010, en la que Piedad Zuccardi trabajó como coordinadora en Bolívar. Esa vez el grupo movió su maquinaria por todos los pueblos y el programa Familias en Acción, que en ese momento manejaba una ficha de ellos llamada Duvinia Torres que hoy es concejal del clan y que fue determinante en la victoria.

Pero todas esas vueltas clientelistas no han sido del agrado del hijo Senador. Al menos eso se deduce del hecho de que en varias ocasiones haya cancelado citas con altos funcionarios que suele concertar el papá para que asistan juntos. Y que incluso una vez no haya querido pasar de la puerta, como nos lo detalló una persona de su grupo a manera de crítica.

“No tiene cálculo político, muchas veces a Juancho le toca ir solo a las reuniones o con Alonso (del Río, el representante a la Cámara de los García), y además pide que no se metan en su trabajo. La gente está muy descontenta y sorprendida con esa actitud”, dijo la fuente.

En medio de estos episodios, padre e hijo han tenido peleas que incluyen hasta gritos, como lo reconoció a La Caribe el propio Andrés García cuando lo consultamos para esta historia: “Sí, discutimos, peleamos todos los días, pero he hablado con amigos que han entrado al sector privado a reemplazar a sus papás y pasa lo mismo, tiene que ver con el relevo generacional. Siempre habrá agarrones, pero como yo amo a mi padre siempre nos reconciliamos y confío en que todo resulte en lo mejor para el grupo”.

Un García “pensando diferente”

Andrés García Zuccardi es el senador más joven del país (33 años). Es administrador de empresas de los Andes y tiene maestría en desarrollo organizacional y gestión humana del Externado.

Sin ninguna experiencia en política, se eligió con los votos de sus padres un año después de que a su madre le dictaran medida de aseguramiento y el grupo se quedara sin candidato al Congreso.

Su familia estuvo entre él y su hermano Juan José ‘Junior’ García Zuccardi, pero -según en su momento nos contaron fuentes locales- al final se decidieron por el nombre de Andrés, debido a que Junior está casado con una hija de Rafael ‘el Mono’ Abello, quien fue uno de los primeros narcotraficantes extraditados a Estados Unidos. Y eso podría traerles más ruido y críticas en los medios.

El lema que escogió Andrés para hacer campaña fue “Pensemos diferente”, pero como nos dijo un político que militó con los García pero ya se alejó de ellos: “Lo que no se imaginaba nadie es que iba a pensar tan diferente”.

Para empezar, este Senador empezó a decir de manera pública en Bolívar que es importante comenzar a cambiar las costumbres políticas, un discurso que no es el usual en los políticos de su movimiento.

“Me sorprendió un día que hablé con él y me dijo que no estaba de acuerdo con el nepotismo y que creía que en su grupo debían escoger candidatos por méritos y no a dedo”, nos contó un excandidato en las pasadas regionales oriundo del departamento.

Más allá del discurso, García Zuccardi efectivamente no ha atendido en temas clientelistas a los líderes locales de su grupo, lo que ha generado malestar en muchos. Por ejemplo, supimos que un día hubo disgusto en una reunión del movimiento realizada en el pueblo bolivarense de San Cristóbal. Varios de los militantes esperaban concretar favores mientras el congresista les hablaba de la nueva sección de quejas y reclamos de su página web.

Como muchos esperan que sea la política, García lo que hace es contarles a sus cuadros que están buscando trabajo cuándo se abren procesos de selección para que se inscriban. Sin embargo, esa actitud ha resultado ser “un desastre” para algunos de ellos.

Al respecto, el legislador nos dijo: “Lo primero es decirte que yo sí considero necesario y valioso contar con representación porque eso fortalece un grupo y es legítimo. Lo que es malo y yo aborrezco son los engaños al sistema, los que nombran y no van, o los que nombran y les toca dar parte del sueldo para pagar ese favor. Yo sí he promovido a varias personas, pero la diferencia es que lo hago con criterios de formación. Mi padre no tiene esos conceptos porque él ve la política como se hacía antes. Yo me veo como un complemento a su trabajo”.

Y prosiguió: “Digamos que hay alguna disposición en un Ministerio y mi padre me dice ‘vamos a lucharla’. Yo le digo: ‘dime cuáles son tus candidatos y por qué son los mejores’ y ahí empezamos a debatir. Pero yo no dejo que nombren a alguien deshonesto”.

En los temas legislativos, aunque el músculo financiero de esta familia está en sectores como la construcción, la administración portuaria (son accionistas de la Sociedad Portuaria, por ejemplo) y la salud (en donde tienen varios frentes de negocio y Piedad Zuccardi se movía desde el Congreso), por ahora  Andrés García se ha dedicado sobre todo a iniciativas por la juventud, las tecnologías y la “compensación variable por resultados”.

Esta última fue un proyecto de ley que presentó en noviembre de 2014 para que los servidores públicos ganen más, pero en la medida en que cumplan unas metas puntuales.

Yo sí he promovido a varias personas, pero la diferencia es que lo hago con criterios de formación. Mi padre no tiene esos conceptos porque él ve la política como se hacía antes.

Andrés García Zuccardi

Esta propuesta no prosperó (aunque está en las bases del Plan de Desarrollo), pero García dice que seguirá insistiendo porque “podría acabar la corrupción”. También fue uno de los autores del estatuto de ciudadanía juvenil y de un proyecto para reglamentar Uber, que terminó retirando porque no tenía apoyo.

"Algunas de sus ideas son completamente absurdas para el papá", nos dijo una de las fuentes locales conocedoras con las que hablamos. 

Un congresista del Partido Alianza Verde al que le preguntamos cómo había visto a este Senador nos dijo: “Yo tengo la impresión de que es buen tipo, interesado en temas tecnológicos y de innovación”.

En la Gobernación de Bolívar, en donde también preguntamos por él, nos dijeron que su ayuda fue clave para conseguir plata para ciencia y tecnología para el departamento.

“Podría decirse que el pelao salió lo contrario al papá, le gusta la propuesta y es estudioso. ¿Quién iba a pensar que Juancho García iba a tener en su casa a su mayor contradictor?”, opinó un alto funcionario de manera informal.

Ese mismo alto funcionario agregó que, sin embargo, eso que lo diferencia de su jefe político puede terminar jugando en su contra al final porque, por ejemplo, no ir a la región y tener contentos a los líderes le irá restando apoyos.

En el círculo interno de García Zuccardi también critican que, supuestamente, no asiste a todas las plenarias y que su inexperiencia les costó ganar un concejal en Bogotá.

Resulta que ese grupo le apostó por primera vez a tener un cabildante en la Capital en las pasadas regionales y para ello respaldaron a un aliado llamado Eduardo Gil. El encargado de liderar la movida en Bogotá fue Andrés García. Pero al final se quemaron porque apareció un segundo candidato llamado Pedro Rojas, que también fue apoyado, lo que terminó dividiendo la votación, según nuestras fuentes.

El Senador nos dijo que no es cierto eso de que no viaja a la región (a pesar de que así lo aseguran personas que también lo elogian), que sí asiste siempre al Congreso y que lo de Bogotá no tuvo que ver con la división de la votación, sino que fue “una experiencia dolorosa” pero que lo seguirán intentando.  

Habrá que ver si les alcanza la próxima y si las particularidades que hoy vive este clan no se sienten en las siguientes legislativas, cuando volverán a jugarse la curul para la que siempre han dependido de votos producto de la maquinaria y el clientelismo.

“Si (Andrés) quiere ser de otra estirpe, que se lance por el Polo”, nos dijo una persona de la casa García que está en Bolívar. Esa opinión podría ir dando una idea de lo difícil que le tocará al hijo si persiste en modernizar la forma de hacer política de su familia.

Juancho García es tan cercano al Presidente, que tuvo lugar privilegiado para celebrar la reelección. Con él, su hijo Andrés.
La Silla Caribe
Juan José García Romero

Juan José García Romero

Ex congresista condenado por corrupción

Piedad Zuccardi

Piedad Zuccardi

Ex senadora del Partido de la U

Por fin llegó el viejo PIN al Gobierno

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Aunque hace poco más de un año Opción Ciudadana, el partido antes llamado PIN, estuvo a punto de quedarse con la Superintendencia de Economía Solidaria en cabeza de José Joaquín Plata, con lo que habría entrado oficialmente a la coalición de Gobierno, el ex magistrado nunca fue nombrado y la entidad quedó en interinidad. Pero ahora, el partido se está tomando esa superintendencia y Juan Manuel Santos le está dando juego burocrático luego de que durante su primer gobierno lo trató como su “tinieblo”

Primero la cabeza

Según supo La Silla, a pesar de la demora y de que Plata nunca fue nombrado porque de haberlo hecho se habría violado la ley de cuotas, el Gobierno siempre mantuvo la promesa de la superintendencia, que es la encargada de vigilar las más de 11 mil entidades cooperativas que hay en el país, excepto las que sean supervisadas por otras superintendencias, como Saludcoop que es vigilada por la Supersalud.

Ese compromiso lo revivió en agosto del año pasado en plena campaña por las elecciones locales de 2015, según una fuente de adentro de Opción Ciudadana que siguió el proceso de cerca, del Ministerio de Hacienda a ese partido que presentara las hojas de vida. 

Aunque normalmente esa preselección de candidatos estaba en manos de María Lorena Gutiérrez, esta vez lo manejó el Ministerio de Hacienda, del que depende esa Superintendencia encargada. 

 

En agosto, el viejo PIN presentó tres nombres: el de Mariana Gutiérrez Dueñas, quien según siete fuentes de ese partido estuvo apadrinada por la senadora Teresita García; el de la exveedora del partido Yamile Guerra, quien contó el apoyo de la senadora Doris Vega, esposa del parapolítico Luis Alberto ‘el tuerto’ Gil, y un tercer nombre que La Silla no pudo conocer.

Aunque las dos hicieron todo el proceso de selección, el pulso lo ganó Gutiérrez, después de un tire y afloje entre las senadoras García y Vega, según le contaron a La Silla las fuentes, y con ello Teresita García se quedó con el único cargo de trascendencia que le han dado a Opción Ciudadana en lo corrido del segundo Gobierno de Santos. 

Sin embargo, un fuente indicó que los senadores Antonio Correa, Mauricio Aguilar y Julio Guerra también apoyaron a Gutiérrez; es decir, cuatro de los cinco senadores del partido la respaldaban.

En cambio, una fuente de Presidencia indicó que su hoja de vida era más fuerte, y esa fuente y otra del Ministerio explican que la hoja de vida de la candidata fue la que más le gustó a Cárdenas, quien no contestó las preguntas de La Silla hasta el momento de publicar esta nota.

Esa es la misma respuesta que le dio a La Silla la senadora García. “Las hojas de vida las entregó el partido, no las di yo. Yo no soy de peleas ni de rencillas ni de mentiras. Fue un proceso de selección de meritocracia. Yo no influí en ningún momento”.

Sea como fuere, quien resultó nombrada en enero después de más de un año de interinidad fue Gutiérrez, quien es una abogada externadista con tiene una carrera en cargos medio-altos en entes independientes del Estado.

Cuenta dentro de su experiencia el haber sido magistrada auxiliar de la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura entre 2004 y 2006; Secretaría General de la Fiscalía General de la Nación cuando Mario Iguarán era Fiscal General (entre 2006 y 2009); Directora de la Oficina Jurídica de la Auditoría General de la República y Directora de la Oficina de Planeación de la misma entidad durante la administración del liberal santandereano Iván Darío Gómez Lee entre 2009 y 2011; y Directora de Juicios Fiscales de la Contraloría General de la República de Sandra Morelli (amiga de Iván Gómez Lee) entre 2011 y 2014.

La Silla Vacía no puedo determinar cuál es su relación con la senadora García aunque sí que se conocen, como se lo reconoció a La Silla la senadora y una persona cercana a ella. 

 

Luego el político

Hasta ahora, el nombramiento de Gutiérrez había pasado desapercibido, dada su falta de trayectoria política. Pero el viernes Presidencia publicó la hoja de vida de una cuota mucho más obvia de Opción Ciudadana para un cargo directivo en la misma Superintendencia.

Se trata del ingeniero industrial Jairo Alexander Duarte Hernández para nombrarlo Superintendente Delegado para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa, una de las dos superintendencias delegadas y la que se ocupa de supervisar a las cooperativas sin actividad financiera, como cooperativas de trabajo asociado, mutuales y fondos de empleados.

Ese Delegado es el encargado de asuntos tan delicados como supervisar el sistema de lavado de activos de esas entidades, que según una investigación de la misma Superintendencia y la UIAF son usadas por la guerrilla para lavar plata.

Duarte, sin embargo, no ha trabajado en el sector solidario ni en ninguna superintendencia, y tiene una hoja de vida llamativa porque la mayoría de cargos son de bajo perfil, excepto tres que están relacionados con políticos del partido hoy llamado Opción Ciudadana.

En su natal Santander por ser “el protegido” de la senadora de Opción Ciudadana Doris Vega, quien a su vez es esposa del exsenador y fundador de ese partido condenado por parapolítica, Luis Alberto ‘el tuerto’ Gil.

La cercanía entre Vega y Duarte Hernández data desde 2004 cuando trabajó como coordinador de planeación de Salud Social IPS, una empresa que tiene sedes en Santander, Urabá, Tolima, Arauca y Valledupar, y en cuya junta directiva está Jorge Gil Castillo, hermano del exsenador y cuñado de la actual congresista.

De ahí incursionó por primera vez en el sector público y en un área en la que no tenía experiencia: fue contralor auxiliar de Santander de Camilo Torres Munar, un periodista que llegó a ese cargo con el apoyo del exgobernador de Santander condenado por parapolítica, Hugo Aguilar (quien fue su vigilado), entre febrero de 2004 y enero de 2008.

Tras salir de esa entidad, Duarte pasó a ser gerente nacional administrativo y de planeación, y representante legal, de la EPS Solsalud, que fundó Gil y que tenía más de un millón de afiliados.

Duarte pasó a ser gerente nacional administrativo y de planeación, y representante legal de la EPS Solsalud

Esa EPS fue sancionada varias veces por la Supersalud durante su administración, en 2011 fue citada a la Fiscalía por supuestas irregularidades en el recobro de servicios al Estado. Y sus resultados no fueron buenos: 3 meses después de salir del cargo fue intervenida por la Supersalud porque estaba colgada en los pagos a las IPS, tenía graves problemas financieros y sus estados financieros no eran fiables, entre otros problemas. Y en mayo de 2013 terminó liquidada por la gravedad de esos problemas, que terminó en una deuda con clínicas y hospitales que sumaba $300 mil millones.

Durante ese período quedó clara su cercanía con Vega, pues, además, hicieron al tiempo una Maestría de Administración de Empresas de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga en la que  presentaron juntos la tesis ‘Solsalud EPS: Ejemplo de emprendimiento del magisterio santandereano’ en 2010.

Después de que el el viejo PIN ganó la gobernación de Santander, tras haber apoyado a Richard Aguilar (hijo del ex gobernador Hugo Aguilar y quien fue por varios años otra cabeza del Partido), quien se lanzó por firmas, Duarte regresó al sector público como director del Instituto de Recreación y Deportes de Santander, Indersantander, como cuota de Opción Ciudadana.  

Su paso por ese despacho fue rápido y cuestionado. Solo estuvo un año en el cargo y lo dejó en medio de denuncias sobre presunto acoso laboral e irregularidades en la ejecución de un contrato por $2.055 millones para la logística de la participación de los deportistas del departamento en los Juegos Nacionales de 2012.

La Silla conoció el acta de liquidación de ese contrato, y encontró que fue terminado de manera unilateral por el último director del Indersantander en el periodo de Aguilar, Camilo Rincón (también denunciado por presuntas irregularidades en el contrato para los juegos nacionales de 2015), porque de los $2 mil millones que le pagaron a la Corporación Siglo XXI (la contratista), $868 millones no estaban justificados.

La Corporación que recibió el contrato del Indersantander en 2012, según cuatro fuentes de Opción Ciudadana, también estaría ligada a otro político de ese partido. Se trata del exrepresentante a la Cámara Jorge Gómez Celis, quien en los corrillos políticos del departamento es conocido como uno de los “dueños” del Indersantander. 

Aunque La Silla no logró establecer una relación directa entre Gómez Celis y esa corporación, sí encontró que el excongresista es quien la defiende en el proceso que inició el Indersantander para que le devuelvan los $868 millones.

El paso de Duarte por el Indersantander fue rápido y cuestionado

Duarte Hernández actualmente tiene procesos abiertos en la Procuraduría y la Contraloría por el contrato de los Juegos Nacionales.

Luego de estar en el Indersantander, Duarte volvió al sector de la salud y fue contratista de hospitales en Caldas y Cartagena. En 2016, tras la posesión de Didier Tavera como Gobernador de Santander, regresó al departamento y recibió un contrato de prestación de servicios como asesor comercial del Instituto de Desarrollo de Santander, Idesan.

Esa trayectoria no tiene mayor relación con el cargo que va a cumplir pero sí muestra que llega como ficha de Gil y Vega, como le confirmaron a La Silla cinco fuentes de Opción Ciudadana.

Además, otra le explicó a La Silla que Cárdenas aceptó entregarle esa delegada a los congresistas, pero se reservó la otra, que vigila a las entidades financieras cooperativas y tiene una mayor incidencia en el manejo económico, pues estas tiene prestados más de 11 billones de pesos. Por ahora sigue en su cargo el antioqueño León Jaime Henao, quien viene del sector solidario y llegó en 2013.

Así esa delegada siga en manos de alguien que sí viene del sector, el viejo PIN finalmente entró al Gobierno con entidad propia, así sea relativamente pequeña.

La Silla Santandereana

La Corte recarga a los municipios en la minería

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Hoy la Sala Plena de la Corte Constitucional tomó la decisión que anticipó La Silla Vacía ayer: desde ahora queda claro que los concejos municipales sí pueden prohibir la minería en sus territorios, y así movió el eje de la política minera de la nación a lo local.

 

Como contó La Silla, el caso arrancó con una demanda de varios estudiantes de la Universidad de Antioquia que alegaron que el artículo del Código de Minas que prohibía que los concejos tomaran esa decisión era inconstitucional, porque eso solo se podía hacer a través de una ley orgánica y el Código no lo es.

La ponencia del magistrado Alejandro Linares no le daba la razón, argumentando que ese artículo ya había sido demandado ante la Corte y ésta había dicho que era constitucional. Es decir, lo que formalmente se llama cosa juzgada.

Aunque la reunión de hoy de la Sala Plena pintaba pesada, y por eso era posible que no llegaran a discutir la ponencia, finalmente sí lo hicieron. Y Linares perdió: su ponencia tuvo 4 votos a favor (el de él y el del bloque conservador de Jorge Pretelt, Luis Guillermo Guerrero y Gabriel Eduardo Mendoza) y una mayoría de 5 magistrados (María Victoria Calle, Gloria Stella Ortiz, Luis Ernesto Vargas, Jorge Iván Palacio y Alberto Rojas) la hundió, pues aceptó el argumento de la demanda. Ahora la magistrada Ortiz es la encargada de redactar el proyecto de fallo del que saldrá la sentencia.

La consecuencia práctica de esto es que las comunidades locales que se oponen a la minería, como lo que ha ocurrido en Piedras e Ibagué en el Tolima, podrán llevar a que sus concejales prohiban la minería, un camino mucho más expedito que el que han adelantado con consultas populares. Eso pone a las mineras a hacer lobby en cada municipio, cambia el negocio para los inversionistas en minería y, sobre todo, refuerza la autonomía territorial. A menos de que el Congreso decida revivir el artículo con una nueva ley orgánica, pues la Corte no dijo que eso estaba prohibido sino solo que se tenía que hacer con ese tipo de ley.

La Silla
Alejandro Linares Cantillo

Alejandro Linares Cantillo

Magistrado electo de la Corte Constitucional

Luis Ernesto Vargas Silva

Luis Ernesto Vargas Silva

Presidente de la Corte Constitucional

María Victoria Calle Correa

María Victoria Calle Correa

Magistrada de la Corte Constitucional

Jorge Pretelt Chaljub

Jorge Pretelt Chaljub

Magistrado de la Corte Constitucional

Luis Guillermo  Guerrero

Luis Guillermo Guerrero

Magistrado de la Corte Constitucional

Jorge Iván Palacio Palacio

Jorge Iván Palacio Palacio

Magistrado de la Corte Constitucional

Alberto Rojas Ríos

Alberto Rojas Ríos

Magistrado de la Corte Constitucional

Gloria Stella Ortiz

Gloria Stella Ortiz

Magistrada de la Corte Constitucional

Resumen movil: 
  • La Corte Constitucional ´tumbó una rtpiculo del Código de Minas
  • ahora los concejos podrán prohibir la minería en sus territorios

Lo que le faltaba a la desaparición de Salud: un paro

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Al ya muy confuso hecho de que Salud Hernández y los reporteros Diego D’Pablos y Carlos Melo de RCN televisión están desaparecidos y no se sabe si están secuestrados o haciendo su trabajo, ahora se suma un ingrediente que enreda aún más su situación: en el Catatumbo hay campesinos organizándose para marchar  a partir de este sábado 28 de mayo en el paro agrario, convocado por la Cumbre Agraria desde hace unas semanas para el 30 de mayo.

Eso le complica la vida a los militares que la están buscando a ella y a los otros reporteros porque se vuelve todavía más difícil controlar la zona y por otro lado, hace que para la guerrilla sea más fácil mover a los periodistas en medio de ese agite, si es que los tiene en su poder.

La Cumbre, movimiento que en marzo de 2013 negoció con el gobierno después del famoso paro agrario que Santos negó, decidió salir porque siente que casi nada ha cambiado en el campo desde que se sentaron a hablar. “No aguantamos una mesa de diálogo más con el gobierno. Por ahí nos tienen enredados hace dos años”, le dijo a La Silla Robert Daza, vocero nacional de la Cumbre.

Según Daza, este lunes festivo el país va a amanecer con las carreteras panamericanas bloqueadas, habrá movilizaciones en más de 70 puntos del país y según sus cálculos, saldrán unos cien mil campesinos, indígenas y afros a la calle.

“No es un paro para obstaculizar el orden público. Es un medio para que este gobierno nos oiga, porque cuando hemos dialogado han sido diálogos de sordos”, agregó Daza.

 

El arranque en el Catatumbo

Tras la desaparición de los tres periodistas en el Catatumbo, esa región que jamás ha parado de estar en conflicto, ha estado más convulsionada que de costumbre.

 

Si bien el paro de campesinos en todo el país ya había sido convocado desde hace tres semanas y oficialmente está programado para el próximo 30 de mayo, según cuatro fuentes de la zona entre periodistas, habitantes de dos municipios y autoridades locales, que hablaron con La Silla, todo se estaría dando para que la movilización de las personas empiece desde el 28, día del que saldrían de sus municipios para llegar a las zonas de concentración.

“Los campesinos ya se están alistando. No le puedo decir los lugares a los que van a llegar porque eso hace parte de la reserva que están manejando, pero aquí la gente tiene ganas de volver a marchar”, le dijo a La Silla el personero de uno de los municipios de esa región. Sin embargo, existe la posibilidad de que desde hoy mismo se empiecen a dar las primeras movilizaciones. La Silla conoció que a través de redes sociales se está hablando de plantones que iniciarían en Tibú, municipio del Catatumbo que está en frontera con Venezuela, en zonas que dejarían bloqueado el tránsito en este sector del país.

 

Aunque esa información está publicada desde el lunes, un habitante de La Gabarra (corregimiento de Tibú) le dijo a La Silla que en ese sector (a tres horas del casco urbano del municipio) hoy no se están programando movilizaciones y que lo que sí está dándose en estos momentos son reuniones entre todos los líderes de las más de 40 juntas de acción comunal de esa zona para definir su participación en el paro.

“En lo único en que no estamos de acuerdo es que vuelva a haber un paro con heridos y muertos. Sí nos queremos movilizar pero con garantías”, le contó La Silla un presidente de una de las juntas de acción comunal de La Gabarra.

Aunque la marcha la está convocando la Cumbre Agraria, que es la que agrupa a buena parte de las organizaciones campesinas de todo el país, en el Catatumbo aún no se tiene muy claro el panorama de quienes efectivamente van a participar.

Dos periodistas y una autoridad local le dijeron a La Silla, que el único que está promoviendo formalmente el paro es el Comité de Integración Social del Catatumbo, Cisca, y que por ahora la Asociación de Campesinos del Catatumbo, Ascamcat, que fue la que lideró el paro agrario en esa región, no ha definido si también van a entrar.

“La Cumbre Agraria es más de la línea de Congreso de los Pueblos y los Camilistas (organizaciones que son referencias en la zona por tener vasos comunicantes con el ELN y de ser su bases social) y Ascamcat tiene en estos momentos una agenda diferente que es la del proceso de paz con las Farc y son cercanos a Marcha Patriótica, eso hace parte de que aún no hayan tomado la decisión”, le contó a La Silla Nubia Mendoza, periodista del Catatumbo.

Sin embargo, La Silla supo que todo estaría dado para que Ascamcat sí se sume al paro, debido a que también quieren reclamar por los acuerdos del paro agrario que no se han cumplido. “Lo que están definiendo son las condiciones”, aseguró una fuente allegada a Ascamcat.

Aunque intentamos comunicarnos con los voceros de Ascamcat, sus teléfonos estaban apagados.

El Movimiento Constituyente Popular, MCP, en el Catatumbo y el Grupo Indígena Barí, que son las otras dos grandes organizaciones sociales de la región, tampoco han definido aún si se van a sumar a la marcha.

Mientras todo se está moviendo en el Catatumbo para que los simpatizantes del Cisca, y eventualmente los de la demás organizaciones se movilicen, en medio del despliegue nacional que ha tenido esa región por la desaparición de Hernández y los dos periodistas de RCN, ayer la Gobernación de Norte de Santander envió un comunicado a los alcaldes de los 11 municipios del Catatumbo para que impongan restricciones e impidan que la movilización tenga lugar fuera de la jurisdicción de cada uno de esos territorios .

La decisión de la Gobernación se conoció luego de una reunión en la que estuvieron altos mandos del Ejército y de la Policía en Cúcuta para analizar la situación de seguridad en el departamento, e incluye la prohibición del tránsito de motos en horario nocturno, ley seca,la prohibición de transporte masivo de personas “en frecuencias fuera del horario habitual” y la difusión de recompensas de hasta $100 millones por información relacionada con “depósitos de armas, municiones, explosivos, actos terroristas y francotiradores”.

Ese anuncio no cayó para nada bien entre los líderes del Cisca, y Ediver Suárez, vocero de esa organización en el Catatumbo, le dijo a La Silla que van a movilizarse independientemente del decreto que expidan los alcaldes: “En el momento de la hora cero estamos dispuestos a salir, no vamos a precisar los lugares a los que vamos a llegar pero vamos a movilizarnos. Vamos a exigir nuestro derecho a la libre movilidad y la protesta. No nos pueden tratar como delincuentes”.

Las dos posiciones hacen que de entrada se corra un alto riesgo de que la situación de orden público se complique aún más en el Catatumbo.

El paro

La Cumbre sale, según nos confirmó el senador del Polo, Alberto Castilla, que es del Congreso de los Pueblos, porque: “nada de lo que se pactó en la Mesa de diálogos con el gobierno hace dos años se ha cumplido. Y queremos que se cumpla.”

Como contamos, en octubre de 2014 el presidente Santos se sentó a negociar- rodeado de 600 líderes campesinos en el Centro de Memoria Histórica-con ese movimiento, que reúne a trece grupos.

A organizaciones políticas como la Marcha Patriótica y el Congreso de los Pueblos; campesinas como la Coordinadora Nacional Agraria (CNA) y la Mesa de Interlocución y Acuerdos (MIA); étnicas como el Proceso de Comunidades Negras y la ONIC indígena; sindicatos agrarios como Fensuagro y las zonas de reserva campesina reunidas en Anzorc.

“Los de Unión Patriótica también vamos a salir porque el gobierno está acabando con el campo. La situación está muy delicada en los territorios”, nos confirmó la presidenta de ese partido, Aída Avella.

Desde que se instaló la mesa, el gobierno y la Cumbre acordaron ocho puntos que incluían la instalación formal de la Mesa, la creación de un fondo para fortalecer la economía en donde el gobierno se comprometía a destinar 250 mil millones de pesos al año en proyectos para el campo; hacer treinta proyectos de infraestructura social como alcantarillados o carreteras; y crear un Cérrem campesino- un comité que evaluaría como con las víctimas, sindicalistas o políticos-el nivel de riesgo de sus líderes.

Según Daza, vocero de la Cumbre, en 2014 acordaron en total 262 proyectos que iban desde iniciativas para sembrar cultivos, hasta obras de infraestructura como distritos de riego y centros de acopio.

Proyectos que a la fecha, reclama él, la mitad no se han concretado y en los que sí: “ni siquiera se han desembolsado recursos.”

“El campesino, que es el que produce el 70 por ciento de lo que come el país, está en vía de extinción porque no invierten en nosotros, la prioridad  ahora es la minería y nos están sacando de nuestras tierras”, agregó. “¿Quién se lo iba a imaginar? el campesino se quedó sin campo”.

En su llamamiento, invitan a  una “Gran Minga nacional” para marchar en contra de los tratados de libre comercio, por la minería en sus territorios, porque “ el gobierno ha postergardo la reparación integral a las víctimas”, por el modelo económico del país, y por la actuación represiva del Esmad.

Eso sí, reiteran su apoyo a los diálogos con las Farc y con el Eln e incluso van más allá y piden que también se instaure una mesa de negociación con el EPL, guerrilla que se ha ido expandiendo y fortaleciendo en la zona, según los registros de organizaciones internacionales y de ONG locales.

El punto de quiebre en esa petición está en que el EPL es considerada por el Gobierno un cartel del narcotráfico y no una guerrilla, y en anteriores ocasiones ha negado la posibilidad de sentarse en una mesa con ellos a dialogar. Por el contrario, los ha declarado objetivos de alto valor y ha dicho que puede acabarlos militarmente.

Aunque ese escenario podría darse militarmente, el problema está en que con el EPL operando en el Catatumbo es casi imposible que aterrice el posconflicto en los 11 municipios de la región.

Adicionalmente está el hecho de que en el mismo pliego, se está pidiendo que las conversaciones que ya existen con el ELN y las Farc tienen que ampliarse porque: “se requieren soluciones concertadas” y aparte piden garantías para un “gran diálogo social que se exprese en la apertura de diálogos regionales en aquellos territorios donde la guerra se vive con mayor rigor.”

“Es un paro para mostrarle al gobierno que así digan que el modelo económico no es negociable, hay una gran mayoría que quiere que sí lo sea”, le dijo a La Silla el senador Castilla.

Otro congresista que pidió no ser citado nos dijo que el gobierno está intentando que el paro no pase y quieren hablar con los voceros antes de que les explote.

De hecho, el ministro del Interior Juan Fernando Cristo, los citó a las cinco de la tarde hoy en su oficina para una reunión privada y la idea, como nos confirmó una fuente en Presidencia, es que se vean con el presidente Santos a más tardar el viernes.

Sin embargo, dos fuentes de la Cumbre nos dijeron que así haya o no reunión con el Presidente, el paro es un hecho.

Aunque de por sí ya es grave que a Santos le explote encima otro paro como el de 2013,  el hecho de que Salud Hernández y los periodistas D`Pablos y Melo estén desaparecidos o secuestrados en la región donde arranca la movilización desde este viernes, complica aún más su liberación.

 

JINETHPRIETO
Resumen movil: 
  • En el Catatumbo, la región donde se vio por última vez a la periodista Salud Hernández, los campesinos se están organizando desde ya para salir a un paro agrario. 
  • La Cumbre Agraria, el movimiento político que nació luego del famoso paro de 2013, convocó una movilización nacional para este lunes 30 de mayo. 
  • Que haya movilizaciones en el Catatumbo le complica la vida a los militares que buscan a Hernández y se la facilita a los guerrilleros para moverla, si es que la tienen. 

Henry Pérez también está desaparecido en el Catatumbo

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En medio de la búsqueda que se adelanta en el Catatumbo por la periodista colombo-española Salud Hernández y los reporteros Diego D'Pablos y Carlos Melo de RCN Televisión, hoy cumple cuatro meses de desaparecido Henry Hernández, un líder del corregimiento La Gabarra en Tibú.

Hace tres meses La Silla viajó hasta esa zona rural del Catatumbo, que por su ubicación a solo 20 kilómetros de la frontera con Venezuela es estratégica para el contrabando de gasolina y el tráfico de drogas, para reconstruir su historia.

 

Aunque desde su desaparición las autoridades activaron un mecanismo de búsqueda excepcional y declararon que el caso era una ‘desaparición forzosa’, Elibeth Murcia, su esposa, le contó a La Silla que cada vez que busca información sobre lo que se ha avanzado para dar con su paradero no le dan respuesta.

A la incertidumbre sobre el estado de Pérez, quien era uno de los líderes que estaba promoviendo la sustitución de cultivos ilícitos en La Gabarra, y quien desapareció en la vereda La Trocha Ganadera mientras iba a regar unas matas de limón que había sembrado como programa piloto en la zona, se suma el hecho de que ni el ELN, ni el EPL ni las Farc se han pronunciado oficialmente sobre él.

Ahora que la desaparición de Hernández-Mora puso a esa región en la agenda mediática, la esposa de Pérez está pidiendo igualdad en la búsqueda de su esposo.

“No he sabido nada, llevo cuatro meses esperando que pase algo, esto es muy duro y veo que a mi esposo que es un campesino no lo han buscado igual”, le dijo a La Silla Murcia.

Como lo contó La Silla, desde que arrancó el 2016 se ha registrado una ola de terror en el Catatumbo y, según datos de la Fundación Progresar, además de la desaparición de Henry Pérez, 27 personas han sido asesinadas y se han contabilizado decenas de amenazas a líderes en los municipios de la zona.

Habrá que ver si con los reflectores sobre el Catatumbo, las otras víctimas también toman protagonismo para el Estado.

La Silla Santandereana
Resumen movil: 
  • Hoy hace cuatro meses desapareció ese líder de La Gabarra en el Cataumbo.
  • Ningún grupo se ha pronunciado sobre su paradero.
  • Promovía la sustitución de cultivos ilícitos en la zona.

El doble mensaje de Santos frente al plebiscito

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Esta mañana, el presidente Juan Manuel Santos defenderá en la audiencia pública en la Corte Constitucional los argumentos para avalar el plebiscito. Al hacerlo, despeja la duda que se había sembrado en el ambiente de que en realidad el Gobierno quiere que se caiga por inconstitucional y por el otro, le envía el mensaje a las Farc de que este mecanismo de refrendación de los acuerdos de paz entre el Gobierno y la guerrilla es una línea roja que no está dispuesto a cruzar.

La audiencia fue convocada por el magistrado ponente Luis Ernesto Vargas y será una maratón de ocho de la mañana a seis de la tarde, con 23 intervenciones de todos los sectores más la del Presidente Santos.

“No es usual que el presidente de la República vaya a la Corte a defender un proyecto de ley. Pero voy a ir a defenderlo porque pienso que esa promesa se tiene que cumplir. Y pienso que la legitimidad de este proceso la va a dar precisamente el pueblo. El pueblo colombiano será, como lo he dicho tantas veces, quien tenga la última palabra”, dijo Santos al anunciar que él encabezaría la defensa jurídica del instrumento en la Corte.

Aunque tampoco es tan inusual que un Presidente haga este tipo de defensa (el mismo Santos participó en la audiencia del Marco para la paz, en julio de 2013 y en el 2003 lo hizoÁlvaro Uribe en la audiencia pública sobre el primer referendo) es definitivamente un gesto político que va mucho más allá de la argumentación jurídica que haga el mandatario.

 

En este caso, al hacerlo, Santos logra despejar públicamente la idea que quedó sembrada en el ambiente a principio de año cuando se comenzó a decir en varios círculos que el Gobierno estaba enviando bajo cuerda el mensaje a la Corte Constitucional de que prefería que hundiera el plebiscito porque temía no tener las mayorías para pasarlo.

A La Silla le consta, por ejemplo, que por esa época un alto funcionario del Gobierno le dijo a un grupo de staffers del Congreso gringo que vinieron en una visita exploratoria, que lo mejor que le podía pasar al Gobierno es que la Corte hundiera esa ley, aunque no es claro si hablaba a nombre personal o expresaba la posición oficial.

Incluso hoy en el Gobierno hay personas que creen que a Santos no le conviene el plebiscito porque el Sí o No polarizará más a la sociedad, exacerbará el odio que hay contra las Farc, obligará al Presidente a empeñarse aún más con la clase política a la que tendrá que enmermelar para que activen sus maquinarias electorales y encima correrá el riesgo de conseguir mayorías muy precarias para darle la legitimidad que busca al Acuerdo. Pero sobre todo, porque constitucionalmente tiene las facultades de firmar la paz sin consultarlo con nadie como para asumir ese riesgo.

“Los mensajes son tan erráticos que algunos en la Corte sienten que el Presidente los quiere sacrificar ante la opinión pública para echarles la culpa de una posible decisión de hundirlo”, dijo a La Silla una fuente cercana a funcionarios de la Constitucional.

La Silla indagó con varios funcionarios cercanos a Santos y encontró un consenso en que si bien en algún momento pudo haber tenido dudas por el riesgo que implica someter a refrendación popular el Acuerdo de Paz, el Presidente en este momento está totalmente jugado a favor del plebiscito.

Las razones son de dos tipos, más allá de la más básica y es que se comprometió con los colombianos a darles la última palabra para aprobar o rechazar lo que se acuerde en la Habana.

Un argumento tiene que ver con su paso a la Historia, que como le sucede a la mayoría de presidentes, es la preocupación central de Santos.

Al parecer, según dos fuentes distintas, el Presidente ha llegado a la conclusión que solo si el Acuerdo es avalado por el pueblo, la firma de la paz -independientemente de qué tan exitosa sea su implementación después- será considerada por la Historia como un gran logro porque al fin y al cabo es lo que la gente quería.  Si no lo refrenda y las cosas no salen tan bien después, podría ganar tracción la idea de que él le entregó el país a la guerrilla y él cargaría esa responsabilidad histórica solo.

El otro argumento, que es más pragmático, es que la legitimidad política que le da la refrendación popular al Acuerdo resuelve no solo cualquier problema jurídico que en el futuro le encuentre una corte nacional o internacional, sino que le da una sostenibilidad en el tiempo. Es más difícil para un próximo presidente llegar a invalidar lo acordado si fue avalado por una mayoría significativa de ciudadanos o incluso para la oposición uribista seguir disputando su legitimidad si el pueblo lo refrendó.

A pesar de la cada vez más baja popularidad del Presidente y del cada vez menor apoyo a hacer algún sacrificio a cambio de la desmovilización de las Farc que indican las últimas encuestas, en el gobierno confían en que una vez se firme el Acuerdo de Paz y la gente vea que es una realidad, se emocionará y saldrá a votar en masa a favor del plebiscito.

Otros creen que la firma de esta paz nunca entusiasmará pero que, igual, suficiente gente saldrá a votar.

“No va a ser una fiesta sino un acto de resignación equivalente a cuando para salvar a una persona le amputan una pierna. La gente entenderá que es un mal necesario y saldrá a votar a favor del sí”, cree el analista y columnista de La Silla Héctor Riveros.

En cualquier caso, y más allá de la motivación que tenga, esta mañana el Presidente Santos se amarrará aún más al plebiscito y con eso también reforzará el mensaje a las Farc de que ese es un inamovible para él.

Para que oigan las Farc

El mecanismo de refrendación de los acuerdos es un punto de la Agenda de Negociación pactada hace cuatro años entre el Alto Comisionado de Paz Sergio Jaramillo y el jefe guerrillero alias ‘El Médico’. Es decir que, en principio, tendría que ser pactada entre las dos partes.

Aún así, por una iniciativa del senador Roy Barreras que el Presidente finalmente avaló, el Gobierno se embarcó en la ley del plebiscito de manera unilateral, un gesto que las Farc han rechazado por unilateral y porque lo que ellos quieren es una Asamblea Constituyente.

Incluso hace unos días, el guerrillero Rodrigo Granda reiteró en una entrevista con Semana.com que ellos no han dicho que aceptarán el plebiscito.

Sin embargo, el 8 de febrero, cuando las FARC en un comunicado repitieron que no creían en el plebiscito, Santos trinó: “Lo que se firme en La Habana lo someteré a plebiscito le guste o no a las FARC”. Es una línea roja para él.

Según lo que pudo averiguar La Silla, después del último acuerdo para blindar lo acordado constitucionalizando el Acuerdo de Paz como un Acuerdo Especial que entra a formar parte del bloque de constitucionalidad, las Farc abrieron la puerta a considerar el mecanismo del plebiscito. Por lo menos como una forma de que el Gobierno consulte con los colombianos como ellos lo harán con su tropa.

El discurso del Presidente por la mañana reforzará el mensaje a las Farc de que él está casado con ese mecanismo y que no estaría dispuesto a echarse atrás.

La Silla
Destino Colombia: crónica y evaluación de un ejercicio de participación de líderesCongreso, Sociedad Civil y PazLa paz y la reproducción de la insatisfacción social
Juan Manuel Santos Calderón

Juan Manuel Santos Calderón

Presidente de la República

Resumen movil: 
  • Santos despejará en la audiencia en la Corte la idea que corrió de que en realidad quería que se hundiera el plebiscito.
  • El Presidente refuerza el mensaje a las Farc que del plebiscito no se desmontará.

Sin Barguil el conservatismo queda tan roto como antes, aunque se note menos

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El representante cordobés David Barguil dejará la presidencia del directorio conservador en agosto, después de dos años de ser el vocero de los azules. Deja un partido que da la apariencia de estar más unido que cuando llegó, pues el directorio viene tomando decisiones gruesas por unanimidad, pero que sigue teniendo en el corazón una profunda ruptura entre congresistas santistas y no congresistas antisantistas.

Esa división se nota en varios hechos, más o menos visibles, de las últimas semanas.

1

Acto legislativo para la paz: no, pero sí

La semana pasada varios medios como Semana, Caracol o El Espectador anunciaron que el Partido Conservador había condicionado su apoyo al Acto Legislativo para la Paz, impulsado por el gobierno de Juan Manuel Santos. Sin embargo, al día siguiente sus congresistas votaron a favor de ese proyecto.

 

En realidad, los tres congresistas azules que votaron (Juan Carlos García de Risaralda, Pedrito Pereira de Bolívar y Heriberto Sanabria del Valle, pues los otros tres azules de la comisión estaban ausentes) cumplieron exactamente con lo que había acordado la junta de parlamentarios: presentar una proposición en el debate.

Lo que ocurrió es que era igual a una que había presentado previamente la representante verde Angélica Lozano, y que por lo tanto se votó primero. En esa votación los tres azules acompañaron a Lozano, pero fueron derrotados, y pidieron que su proposición quedara como constancia, para no repetir innecesariamente una votación que iba a quedar igual.

Es decir, los congresistas sí hicieron lo que había acordado la bancada pero fueron derrotados.

Pero, al hacerlo, dejaron al desnudo que la posición del partido en realidad no era condicionar su apoyo al acto legislativo, que era la impresión que había quedado, sino apoyarlo con una modificación que no era indispensable.

La aparente contradicción se debe a que los congresistas son cercanos al gobierno, por lo que votan a favor sus proyectos en el Congreso mientras el partido mantiene un discurso distante a Santos.

 
2

Representación en el gobierno: sí, pero no

Los conservadores tienen representación burocrática pero no la reconocen totalmente como propia. Y no se quejaron de que se redujera en los cambios recientes de Juan Manuel Santos.

Con las nuevas entidades del agro los azules han perdido el manejo que tenían del sector. Manejaban el ICA y el Incoder . Ahora que éstas fueron reemplazadas por nuevas entidades, Santos le ha dado dos a los liberales que se han quedado ya con una de las nuevas entidades del agro, la Agencia Nacional de Tierras y con Finagro y el Banco Agrario; y La U con otra, la Agencia de Desarrollo Rural, en cabeza de Carlos Eduardo Géchem.

 

En principio, los azules mantienen dos ministerios, el de Hacienda con Mauricio Cárdenas y el de Minas con Germán Arce, y algunas entidades ma´s pequeñas, como el Ipse en cabeza del antioqueño Gerardo Cañas Jiménez.

Pero esos cargos difícilmente satisfacen al Partido: los ministros no vienen directamente de la bancada parlamentaria, Arce no era conocido por los congresistas hasta hace dos meses y tiene un perfil más técnico que político y Cárdenas, el más poderoso y visible entre los dos, no solo le ha dado juego a los azules sino también a La U.

Además, según dos congresistas azules, entre ellos sienten que Cárdenas ha llenado los cargos con personas más de su confianza que cuotas del partido, y para demostrarlo citan el caso de Arce y del presidente de Coljuegos, Juan B Pérez.

A pesar de eso, los azules no se han quejado: por el lado antisantista, porque sienten que no deberían tener representación de entrada, y por eso no dijeron nada frente a los cambios; en la otra orilla, los congresistas siguen interesados en mostrarse cercanos al Gobierno y a los ministros azules.

 
3

Habrá convención, pero quién sabe

Después de varios meses con el asunto entre el tintero, el miércoles pasado el directorio azul decidió que va a hacer una convención nacional del partido para elegir un nuevo directorio, pues el actual tiene varios miembros elegidos popularmente ya hace 8 años. Esa convención es clave también con miras a las elecciones de 2018, pues en ella se podría discutir si habrá candidato propio y cómo se va a elegir.

El directorio también decidió que habrá convenciones departamentales para elegir los de los departamentos y municipios, pues a los actuales se les venció el período hace meses.

Esas decisiones se tomaron por unanimidad, con derrotas de los dos lados: los congresistas lograron que los directorios sean elegidos por convenciones donde ellos tienen mucho poder y no por consulta popular, y los antisantistas que se haga una convención nacional centralizada y presencial, lo que le quita a los congresistas el poder que tendría de haberse acogido su propuesta de hacerla vía skype, pues así habrían podido manejar a sus huestes en cada departamento.

Sin embargo, esa unanimidad no es prueba de que la división ya no exista, y por eso la decisión de la semana pasada dejó varias cosas en el aire.

Primero, todavía no se sabe si las convenciones departamentales se harán antes o después de la nacional, una decisión que es clave porque en las primeras los congresistas tienen la sartén por el mango, y por eso si se hacen primero llegan reforzados a la convención nacional.

Segundo, aún no es claro si la convención nacional se hará en Bogotá o en otra ciudad. Y de dónde se haga depende en buena medida qué convencionistas podrán asistir (entre los que irán están concejales y ex concejales, diputados y ex diputados, congresistas y ex congresistas y todo tipo de “ex” como ex ministros o ex magistrados)y, por lo tanto, qué ala va a tener la mayoría.

 
4

No hay nombres para reemplazar a Barguil

Uno de los rasgos de la presidencia de Barguil fue su intención de mantener la unidad del partido y, para eso, no ser ni santista ni antisantista. Eso, que se manifiesta en decisiones como la de marzo, cuando declaró que el partido no entraba a la Unidad Nacional (como se había especulado) pero sí apoya a Santos en temas de paz, le costó roces con los dos lados.

Del lado antisantista, le reprochan cosas como haberse reunido con las cabezas de los partidos de la Unidad Nacional y con el presidente Santos, o de supuestamente haber planteado la posibilidad del ingreso a la Unidad Nacional a fines del año pasado.

El caso más claro de esos choques fue con el senador boyacense Jorge Hernán Pedraza, quien en una reunión de parlamentarios y directivas hace aproximadamente un mes, le dijo al representante cordobés que ha convertido al partido azul en el del ex presidente liberal César Gaviria, suegro de Barguil. Aunque esa posición no necesariamente es comapritda por todos los congresistas, sí muestra el desgaste que ha sufido Barguil.

Del lado santista, a Barguil le han cobrado que él no les ha conseguido cargos ni contratos en el Gobierno y que, según algunos, se la ha jugado más por sus proyectos propios (como la firmatón contra Electricaribe o sus proyectos de ley) que por el partido.

Todo eso muestra que el equilibrismo de Barguil no es fácil y tiene costos, y por eso no es fácil saber quién lo puede reemplazar justo para el período preelectoral, cuando son particularmente importantes para los políticos decisiones que dependen del partido, como el manejo de la plata que le da el Estado para funcionar o la estrategia publicitaria previa a las elecciones.

Una opción es que la convención decida cambiar el modelo de directorio por una jefatura única, pero de ocho fuentes que consultó La Silla solo una vio viable esa opción. Y, en ese caso con la condición de que el jefe único sea el ex presidente Andrés Pastrana, con la idea de que él está fuera del juego político y tiene el peso de ser ex presidente.

De hecho, cuatro de las otras fuentes también dijeron que la única opción de un jefe único sería Pastrana, pero que no hay ninguna posibilidad de que acepte.

Por una parte, porque está enfocado en una agenda internacional, y por otra, porque creen que un opositor tan grande al proceso de La Habana tendrá resistencias entre los congresistas que sí apoyan el proceso, e incluso que son santistas.

Por eso, es más probable que se mantenga un directorio como el actual, pero en ese caso tampoco es claro quién lo integraría (la convención elegiría a la mayoría de sus integrantes) y menos quién de esos miembros podría ser un presidente.

Además, según los estatutos del partido, el actual directorio va a terminar su período entre julio y agosto. En ese cambio, saldría Barguil.

Quedarían fijo ocho congresistas (los representantes a la Cámara son Inés López, del Atlántico; Alvaro López Gil, del Valle; Ciro Rodriguez, de Norte de Santander; y Luis Fernando Urrego, de Caquetá; y los senadores Efraín Cepeda, Yamina Pestana, Olga Suárez Mira y Myriam Paredes), más los miembros que elija la convención.

Con todos esos cambios en juego, siete fuentes conservadoras aseguran que no ven quién podría convertirse en presidente del directorio sin que se sintiera que una de las dos alas ganó. Otra fuente dijo que se estaba abriendo paso el nombre del senador Juan Manuel Corzo como figura de equilibrio, pero al preguntarle le dijo a La Silla que no sabía siquiera de esa posibilidad.

 
5

Las dudas del candidato para 2018

Aunque todas las fuentes con las que habló La Silla (cinco congresistas y tres miembros del directorio que no son congresistas) explicaron que el partido está decidido a tener candidato propio en 2018, son divergentes las motivaciones para tenerlo, el mecanismo para elegirlo y el nombre de quién podría ser.

Sobre el tapete están, para todos, los nombres del procurador Alejandro Ordóñez y la ex candidata presidencia Marta Lucía Ramírez, como potenciales candidatos azules. Sin embargo, varias de las fuentes ven posible que cualquiera de ellos o incluso los dos decidan lanzarse por fuera del partido, como forma de arrastrar más votos.

Todas las fuentes ven al tercero que ha sonado, el del ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, fuera de combate porque según ellas, la mala situación económica y la reforma tributaria que se vienen seguramente van a golpear su popularidad, sigue sin ser muy conocido y sus buenas relaciones con algunos congresistas se deben más a su cargo que a un liderazgo propio.

Al lado de ellos se han lanzado dos nombres: el ex gobernador del Valle Ubeimar Delgado se lanzó y el representante Heriberto Sanabria, del mismo departamento, lanzó públicamente a Barguil hace dos semanas.

Sin embargo, las fuentes ven esos dos anuncios más como movidas para impulsar esos dos movimientos, rivales en la política local, que como verdaderas intenciones políticas (aunque el nombre de Barguil se ha venido dicutiendo previamente entre varios representantes y no solo Sanabria).

Frente a ese panorama en el que no se sabe qué precandidatos llegarán finalmente, tampoco es claro cómo se elegirían. En 2014 una convención abierta sorprendió a los congresistas que querían apoyar la reelección de Santos, pues Marta Lucía Ramírez había hecho un trabajo intenso con las bases y salió elegida. Por ese precedente no es fácil que ese escenario se repita.

En cambio, una consulta popular gana fuerza, pues según las fuentes permitiría mostrar a un partido fuerte. El problema es que es mucho más costosa que una convención y que si no están Ramírez ni Ordóñez, podría terminar recogiendo pocos votos y convirtiéndose entonces en una derrota para el partido.

Tomar esas decisiones va a ser más difícil porque el objetivo no es el mismo para todos.

Para los congresistas tener un candidato es clave porque los jalona en las legislativas y, si el candidato no pasa a segunda vuelta, les da otro activo para negociar su apoyo a los candidatos que sí pasen.

En cambio, para varios antisantistas tener un candidato como Ramírez y Ordóñez es una alternativa para volver al poder con banderas propias, o por lo menos la posibilidad de posicionar al partido ante la opinión pública como una alternativa de centro derecha que se diferencia de Juan Manuel Santos, Germán Vargas Lleras y Álvaro Uribe.

 
La Silla
Alejandro Ordóñez

Alejandro Ordóñez

Procurador General

Marta Lucía Ramírez

Marta Lucía Ramírez

Ex candidata presidencial

Mauricio Cárdenas Santamaría

Mauricio Cárdenas Santamaría

Ministro de Hacienda

Resumen movil: 
  • David Barguil dejará de ser el presidente del directorio conservador en julio
  • La división interna hace que no haya candidatos a sucederlo
  • El único acuerdo azul es que tendrán candidato propio en 2018

Las venas abiertas de una sociedad semi-abierta

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En las sociedades abiertas, donde las libertades tienen valor y los ciudadanos se activan para defenderlas apasionadamente, las universidades son los lugares donde las democracias despliegan sus sistemas de alerta temprana frente a la propagación de prácticas totalitarias, unas evidentes y otras, las más peligrosas, mucho más sutiles. También, cuando esas prácticas logran superar todas las líneas de defensa que las sociedades libres predisponen en contra de ellas, las democracias han siempre podido contar con que las universidades servirán como reservorio extremo de capacidades, de energías y de espíritu de servicio al interés público para escavar las últimas trincheras en defensa de la sociedad abierta.

Cuando en una de las más importantes universidades de Colombia esos mecanismos de alerta temprana empiezan a fallar, y cuando ese reservorio da señales de que podría estar secándose, entonces los colombianos tendrían que despertar y preocuparse: las condiciones que posibilitan esas fallas no son un problema exclusivo e interno de esa universidad. Al contrario, indican una incapacidad más sistémica por parte de las instituciones del Estado (y de la sociedad civil) de responder frente a esas señales y, en últimas, de reparar aquellas líneas de defensa de la sociedad abierta que podrían estar debilitándose o haberse ya debilitado en el país. Es como si el Estado y la sociedad civil fueran una empresa hidroeléctrica y sus ingenieros de mantenimiento fueran incapaces de detectar las grietas que se abren en la presa y no pudieran interpretar cómo esa grietas se conectan las unas con las otras potenciándose y poniendo en peligro los pobladores del valle.

La semana pasada pasó algo en la Universidad Nacional de Colombia que normalmente no sería motivo de análisis en la prensa pero que puede darnos el pulso del estado de la sociedad abierta en Colombia y de la escasa preparación del país frente a unos desafíos mayúsculos que conllevará la nueva etapa de posacuerdos.

El miércoles de la pasada semana la Facultad de Ciencias Humanas celebró sus 50 años y homenajeó a docentes, pensionados y egresados. Entre ellos se le otorgó una distinción a Miguel Ángel Beltrán, quien estuvo vinculado al Departamento de Sociología hasta septiembre de 2014, cuando fue destituido de su cargo por orden del Procurador General, y sucesivamente, en diciembre del mismo año, fue condenado por el Tribunal Superior de Bogotá por rebelión a 100 meses de cárcel.

Treinta y dos profesores de la Facultad de Ciencias Humanas, entre los cuales el suscrito, otros 7 profesores activos del departamento de sociología y uno jubilado, Fernando Cubides, distinguido violentólogo colombiano, han firmado una carta abierta objetando a ese reconocimiento a Beltrán ().

Las razones fueron dos. Primero, presentarlo como “docente activo” en el aniversario de la Facultad de Ciencias Humanas más grande del país le daría una señal equivocada al resto de la sociedad de que la UNAL y su comunidad se pasan por alto al estado de derecho y acuden a él solo cuando les parece (a algunos). Segundo, la decisión sobre las distinciones académicas hubiera tenido que pasar por las diferentes comunidades académicas de la Facultad, sobre todo en aquellos casos en que la comunidad está profundamente dividida sobre el aporte que un investigador pueda haber hecho a su disciplina o a su campo de investigación.

Sobre Beltrán sus mismos simpatizantes reconocen que la comunidad académica está dividida. Por ejemplo, Renán Vega Cantor, profesor titular de la Universidad Pedagógica Nacional, columnista en Rebelion.org, y quizás el más irrestricto defensor de la causa de Beltrán, se quejó el 31 de diciembre de 2014 en una columna en Rebelion.org de que ninguno de los “violentólogos y pazólogos” de la UNAL hubiesen apoyado a Beltrán en su lucha en contra de la decisión del Procurador Ordoñez. Esta acusación es bastante sugerente. De hecho, la movilización en la Universidad Nacional a favor de Beltrán reivindicó con insistencia que el Procurador lo había perseguido por su destacada investigación científica sobre la violencia en Colombia y no, como explicaba la decisión del Procurador, por haber encontrado el fragmento de una email atribuible a Beltrán en una USB cargada por él en el momento de su arresto en la cual Beltrán le pedía instrucciones a Raúl Reyes, comandante de las FARC, sobre cómo adelantar la agenda de las FARC en la UNAL. Esta incongruencia ha sido reconocida por el mismo Rodrigo Uprimny con la honestidad intelectual que siempre lo caracteriza en un programa radial de UN Radio dedicado al caso.

Las reacciones en la Universidad a la carta abierta nos muestran que los mecanismos de funcionamiento de la sociedad abierta en la Universidad Nacional están debilitados. Veamos.

La Decanatura de la  Facultad de Ciencias Humanas se justificó argumentando que la distinción a Beltrán fue otorgada en calidad de “egresado” y no de “docente activo”. Añadió también que la comunicación oficial a la comunidad circulada antes de la ceremonia de premiación hizo mención a Beltrán como “docente activo” por un simple error secretarial de transcripción. Entre los docentes distinguidos en la ceremonia de premiación, sin embargo, hay quien afirma con vehemencia que durante el evento Beltrán fue presentado en la sección de homenaje a los docentes activos, incitando a brazos tendidos el aplauso de pie por parte del público, y hay también quien afirma que no lo vio incluido durante esa ceremonia en la sección de los homenajes a los egresados.

Solamente el video, ojala intacto, del evento podrá dirimir esta incongruencia. Queda, por el momento, la duda de si efectivamente la celebración de los 50 años de la Facultad de Ciencias Humanas más grande del país se desvió de su propósito oficial y académico, terminando en la imposición de un acto político en desafío a la institucionalidad del Estado y en desprecio de, o en la total indiferencia hacia, la opinión de quienes en la Universidad se resisten a la imposición de plataformas políticas e ideológicas específicas sobre el resto de la comunidad.

Por haber sentado abiertamente y de manera argumentada su postura, los 32 firmantes han sido señalados como “canallas”, “burros”, “ruines”, “odiosos”, “mezquinos”, y “elitistas”. Dice uno de los firmantes: “Estos son los términos que nos atribuyen, exaltados, varios colegas. Según ellos, la carta suscrita por nosotros, sin adjetivos ni insultos, llama al conflicto y a la guerra, mientras que sus respuestas, exaltadas, llaman al perdón y al tono que queremos para el postconflicto.”

Este caso abre unas preguntas inquietantes. Si el Estado y la sociedad civil no pueden garantizar libertad y pluralismo, al menos sobre ciertos temas, en una institución que estaría ahí para cuidar los ideales de la sociedad abierta, y si no tienen capacidades suficientes para activarse y responder de manera sistemática y coordinada cada vez que eso ocurre, ¿cómo podrá en los próximos años el Estado colombiano hacerlo en situaciones muchos menos favorables, como por ejemplo en relación a las juntas de acción comunal u a organizaciones sociales de base, otro punto neurálgico en la vida democrática del país, sobre todo en aquellos contextos territoriales en donde la sociedad abierta nunca ha llegado o ha sido permanentemente subyugada por las prácticas totalitarias de los paramilitares, de las guerrillas y de las nuevas organizaciones criminales así como por las lógicas crueles de la guerra?

Salud, el apoyo de los secuestrados que terminó secuestrada

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Esta tarde, después de cinco días de dudas y zozobra, el Ministro de Defensa Luis Carlos Villegas dijo -evitando usar la palabra secuestrada- que ya está claro que el ELN sí tienen a la periodista colombo española Salud Hernández-Mora y a los periodistas de RCN Tv Diego D’Pablos y Carlos Melo, lo que significan que están. Eso significa que quien fuera una una de las principales defensoras de los secuestrados se convirtió, lamentablemente, en una secuestrada.

 

Aunque Hernández-Mora es conocida por sus columnas en El Tiempo, muchas veces muy críticas, por sus participaciones en programas de opinión como Hora 20 y por sus posiciones fuertes contra la negociación de La Habana y el gobierno de Juan Manuel Santos, buena parte de su trabajo en Colombia ha sido a favor de los secuestrados.

Su novela Acorralada nació de conversar durante dos años con una madre que sufrió el asesinato de su esposo y el secuestro de su hijo.

Esta señora recibió apoyo de la fundación País Libre, creada por el ex vicepresidente ‘Pacho’ Santos, quien la creó tras ser secuestrado en los años 90.

Santos y Hernández-Mora se conocieron en las marchas del No Más, de 1999, que organizó Pacho como forma de movilizar a la sociedad contra el secuestro después de dos secuestros masivos que hizo justamente el ELN, el de la iglesia La María de Cali y el del avión de Avianca en Santander.

Después de conocerse, como dice Santos, Salud “se metió mucho en el tema”, y por eso él la llevó al consejo directivo de País Libre, en la que sigue hasta hoy. Y es uno de las tres presidentes honorarios que Pacho dejó en ese consejo.

Ese activismo a favor de los secuestrados también se ha visto en su trabajo como periodista.

“En una época en que era un gran flagelo, fue fundamental también visibilizando qué era el secuestro, cómo era, sensibilizar a la sociedad para que entendiera que los negociadores no eran los malos del cuento sino que ayudaba a  mantener a los secuestrados vivos, y que la responsabilidad era ante todo de los secuestradores, y luego del Estado”, explica Jonathan Luna, durante varios años asesor jurídico de la Fundación.

“Ella ayuda con medios”, confirma Pacho Santos.

“En una época trabajó muy cercana a la Fundación, como apoyo en casos, tuvimos un grupo de víctimas de secuestro y armamos un dossier para la Corte Penal Internacional y la Comisión Interamericana”, cuenta María Consuelo Jáuregui, la actual directora de País Libre. “A algunas familias las acompañó en todo el proceso para visibilizar los casos, publicó varios de ellos en sus columnas”

En todo ese proceso, como le dijo Hernández-Mora a La Nación de Neiva, se hizo muy cercana a las familias de los secuestrados. Y quienes la conocieron en ese papel coinciden en que tiene una faceta humanitaria que se revelaba en esa labor, que contrasta con su imagen pública y que es la más importante y valiosa para las víctimas.

La Salud de los secuestrados

“Siempre con un bajo perfil, en silencio, Salud acompaña a los familiares en lo psicológico y les ayuda a hacer gestiones”, explica Santos. “Se convierte casi en otro familiar de los secuestrados”.

“Ella no hacía la parte técnica, que hace la Fundación, sino que acompañaba a los familiares, para que sintieran que no estaban solos. Los llamaba, hablaba con ellos, les daba fuerza”, dice Luna.

“Es una mujer increíblemente solidaria. Se pone inmediatamente del lado de cualquier persona que ve sufriendo o que ve que sufre una injusticia. Tiene una calidad humana impresionante y las víctimas lo han sentido”, dice Jáuregui.

Por ejemplo, Salud ha acompañado a familias a buscar restos de sus familiares desaparecidos, ha ido con ellos a audiencias en la Fiscalía (“a la hora que sea”, anota Jáuregui), ha conseguido que las autoridades les den protección a las que están amenazadas.

Por eso, muchas víctimas han seguido en contacto con ella, y también es en muchas ocasiones la que lleva a nuevas víctimas a País Libre, según cuenta Jáuregui.

El testimonio de uno de esos familiares, que pidió a La Silla no revelar su nombre por problemas de seguridad, muestra hasta dónde Salud va más allá del deber, como dice Santos.

“Salud entrevistó a mi familiar para una nota para el Mundo de España. Al terminar, le dio su celular y le dijo que el día que necesitara cualquier cosa, la llamara. Pocos días después los criminales asesinaron a otro familiar. Así que la llamamos, le contamos y nos dijo que fuéramos a País Libre”, cuenta la víctima.

“Para mi fue muy difícil cambiar de ciudad. Yo trabajaba de domingo a domingo con mis animales, mis empresas. Venir acá ha sido muy duro para mi. Ella me ayudaba, me relacionaba, me invitaba a fincas. Hacía mi vida más amena y diferente”, continúa, animándose al recordar.

“Fue mi psicológoca. Ella fue mi psicóloga. Me hizo sacar todo lo que tenía dentro de mi y me ayudó a empezar a sanar” es lo que cuenta, ahora con un dejo de angustia en la voz. “Yo sentía un alivio de haberla conocido y haber contado con ella. Yo estaba en una depresión profunda cuando llegué a la ciudad que llegué. Y ella me sacó de esa depresión”

Por eso la relación no es la de un psicólogo o un consejero con una víctima. Es otra, más humana, mucho más personal. “Fue penetrando a mi casa y ella se convirtió en mi amiga. No, amiga no, yo diría que es mi hermana”.

Paradójicamente, ella -que siempre trató de ponerse en los zapatos de los secuestrados- hoy los lleva puestos.

Nota de la Editora: después de publicada esta historia, modificamos el título.

La Silla
Resumen movil: 
  • Salud Hernández-Mora ha sido tan periodista como activista a favor de los secustrados
  • Una faceta menos conocida pero más humana de la periodista
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