El congreso rojo -por cuenta de un fallo del Tribunal de Cundinamarca- se volvió tertulia, terminó antes de lo previsto y pasó sin pena ni gloria. Lo único que resultó siendo noticia este fin de semana fue el sentido discurso de César Gaviria que mandó duras pullas al ex presidente Álvaro Uribe, al vicepresidente Germán Vargas Lleras, al Procurador y a la Canciller. Pero quizá las más duras fueron al presidente Juan Manuel Santos a quien el ex presidente le dijo que aunque lo seguiría apoyando en su propósito de conseguir la paz, lo hará “desde la llanura”.

Con la expresión pública de la frustración del ex presidente, que llevaba meses en ‘cocción’, Santos pierde -por lo menos por ahora- a uno de sus aliados políticos más efectivos justo antes de la campaña que se avecina para ganar el plebiscito por la paz. Y quizás también a la única persona que habría tenido la influencia suficiente en el partido para convencer a los liberales de acompañar a Santos en la reforma tributaria que necesita pasar antes de fin de año.

Los mensajes de Gaviria a Santos

“Creo que ha llegado el punto de que mis sugerencias, hechas de la manera más respetuosa, no son consideradas sino que ni siquiera merecen atención y aún molestan así estén adornadas de un trato amable y cierta benevolencia. No tengo problema alguno en no tomar el tiempo valioso del presidente Santos. Mi presencia en los parajes del Palacio de Nariño parece hoy incómoda, irrelevante y tal vez leída como una intención de cogobernar ajena a mi intención. Tengo la piel dura pero me cansé de solo recibir palo porque bogas y palo porque no bogas”, dijo Gaviria en su discurso.

“Se llama dignidad”, gritó alguien del público.

Las palabras de Gaviria tenían una historia detrás.  

El ex presidente liberal fue el que le dio el primer puesto público a Juan Manuel Santos como su primer ministro de Comercio Exterior y fue también quien le abrió la puerta a la política al hacer campaña a su favor (mientras Santos viajaba en Europa) para que ganara la Designatura en 1993, una especie de Vicepresidencia, con pocas responsabilidades pero mucho poder por el acceso que permitía al mundo político.  

Más recientemente, Gaviria fue determinante para darle la vuelta a la campaña de la reelección en el 2014. Cuando las encuestas proyectaban que Santos perdería la primera vuelta frente al candidato de Uribe, Óscar Iván Zuluaga, el presidente le pidió a Gaviria que ayudara. Y Gaviria se echó al hombro la campaña.

Gaviria fue el coordinador de la campaña presidencial tras la estrepitosa salida del asesor JJ Rendón después de la primera vuelta. Y desde que llegó, se puso en la tarea de poner a Uribe a la defensiva y alinear las facciones políticas de la Unidad Nacional, cuyos celos internos habían provocado un desorden grande en la campaña, como contó La Silla. También convenció a Santos y a su equipo de que ésta debía girar alrededor del tema de la paz, una apuesta que no solo resultó ganadora sino que amarró al Presidente el proceso de la Habana.

Esa tarea fue clave para que la campaña de Santos recuperara terreno y finalmente ganara, con el apoyo de otras fuerzas políticas como las de la izquierda.

En otras ocasiones, el Presidente también ha acudido a Gaviria como último recurso. Cuando el fallo de la Haya contra Colombia y también durante la crisis con Venezuela, su experiencia como ex presidente de la OEA fue un activo importante.

Sin embargo, a juzgar por su discurso, el expresidente siente que su presencia es incómoda hoy en el Palacio de Nariño.

En los últimos meses, Gaviria ha acumulado tres derrotas consecutivas y públicas, dos de ellas de tipo burocrático. La primera fue cuando apoyó a Gilberto Rondón para la Contraloría de la Nación (derrotado por el también liberal Edgardo Maya); la segunda, fue al impulsar al vicefiscal Jorge Perdomo para la terna de Fiscal General (que quedó descartado); y la tercera cuando acudió a Palacio a hablar con Santos sobre la terna a Fiscal con el objetivo de que no incluyera el nombre de Néstor Humberto Martínez, el candidato de Vargas Lleras.

“Aunque yo se que en la Casa de Nariño siempre me va mal me dejé convencer de [Horacio] Serpa de acompañarlo a hablar de la terna de fiscal general. Fuimos con un mensaje simple y sencillo: Presidente, no se deje presionar de manera indebida para hacer su terna de fiscal. Es verdad que él nunca nos ofreció terna liberal pero también lo es que nunca se la pedimos. Si él cambió de opinión estaba en todo su derecho. Pero en lo que a mi tiene que ver, no puedo aceptar la explicación de que no entendí lo que el Presidente nos dijo en dos horas de relajada conversación”, dijo Gaviria en el discurso.

Según supo La Silla, esa no ha sido la única vez en que el ex presidente ha terminado frustrado luego de una reunión con Santos. Cuando el gobierno presentó la primera reforma tributaria, el ex presidente dio su opinión sobre los problemas que tenía y fue ignorado; luego pasó lo mismo cuando propuso que en las elecciones se propusiera un referendo para que Santos tuviera facultades extraordinarias para negociar la paz; y por último, cuando escribió una columna en El Tiempo sugiriendo una justicia transicional que abarcara a todos y no solo a los guerrilleros.

Dos personas allegadas a él le dijeron a La Silla que básicamente el ex presidente -que ya está por encima del bien y del mal- se aburrió de que lo busquen cuando hay problemas graves y que de resto lo ignoren. Y que por eso lo dijo públicamente.

“Es que con el Presidente funciona mejor el chantaje que la generosidad”, dijo uno de ellos. Expresando quizás más que el sentimiento de Gaviria, el que sienten muchos liberales frente a Santos, y que también salió a relucir durante el congreso liberal.

Después del discurso de Gaviria, Santos trinó que la presencia de Gaviria en Palacio "nunca es incómoda". Pero ese puente por ahora quedó fracturado. Y es un puente que puede llegar a necesitar cuando decida pasar la reforma tributaria.

Gaviria entre los liberales: con respaldo pero no como 'jefe' (por ahora)

Durante el congreso liberal, se iban a tomar dos decisiones claves que se quedaron a medias por el fallo del Tribunal de Cundinamarca de suspender el congreso: la de la dirección del Partido y la de la posición de los liberales frente a la Unidad Nacional.

La Silla supo que en el partido ya hay humo blanco para definir a las directivas que lo llevaran hacia el 2018.

Aunque varios representantes a la Cámara firmaron una carta pidiéndole a Gaviria que fuera jefe único del partido, él no aceptó, y en todo caso, su nombre no logró sobreponerse a las rencillas internas que hay entre las bancadas de Senado y Cámara: unos 9 de los 17 senadores estaban respaldando a Serpa, según supo La Silla.

El nombre de Gaviria como jefe único solo lo propuso publicamente el senador Juan Manuel Galán cuando anunció que quería ser precandidato presidencial en el 2018. Sin embargo, según tres senadores con los que habló La Silla, el ofrecimiento no pasó de eso.  

“A Gaviria se lo propone como ex presidente, porque sigue siendo un político muy activo que no está en cargos y que no genera el rechazo que genera Samper en medios. Pero eso lo hace Galán para quedar bien. No lo dijo en la bancada de senadores. Se quedó esperando qué decía la mayoría”, dijo un senador que pidió guardar su nombre.

En todo caso, Galán volvió a mencionar en su discurso del sábado que los rojos eligieran a Gaviria como jefe único a lo que buena parte del público respondió gritando "Serpa, Serpa, Serpa". 

Por eso, la decisión fue dejar una dirección dual, en cabeza del senador Horacio Serpa por parte de Senado y Fabio Amín como codirector de Cámara "para garantizar el equilibrio", como dijo un representante que consultó La Silla. 

“[Gaviria] es el único que puede ser director único del partido. Lo de que sea dual es porque se reconoce en el doctor Serpa un gran liderazgo pero con recelo y desconfianza desde la Cámara”, dice el representante a la Cámara Fabio Arroyave.

Sin embargo, La Silla supo que hubo un acuerdo para aplazar las decisiones electorales para un congreso extraordinario que se reunirá en un año. Por eso, en la práctica, la reelección de los copresidentes Serpa y Amín será solo por un año y Gaviria dijo expresamente en su discurso que dentro de un año acepta lo que le pidan. 

Frente a la segunda decisión, aunque las palabras de Gaviria cayeron bien entre la bancada de congresistas rojos, la mayoría de ellos siente que la molestia del expresidente con Santos no los representa a ellos sino que es una cuestión más personal suya.

“El sentimiento es de él. La bancada de la Cámara [por ejemplo] tiene una invitación del Presidente el próximo martes y la idea es acompañarlo en lo que le resta de mandato pero con independencia crítica como con la reforma tributaria”, dijo un congresista.

“Creo que él tiene tiene un profundo compromiso con la paz, así como el partido Liberal está totalmente jugado con la paz y con el gobierno, pero él no está motivado para salir a hacerlo como lo hizo en la segunda vuelta por la manera [en la que están] las relaciones [con el Gobierno]”, agregó el representante Arroyave.  

Por ahora, los liberales seguirán apoyando al Gobierno, sobre todo en los temas que tienen que ver con la paz y con buscar un candidato para el 2018, ya sea propio o en coalición con otras fuerzas como La U.

En lo que sí hay consenso es que serán independientes en el apoyo a la reforma tributaria que Santos ha anunciado que va a presentar al Congreso a finales de este año y con la que los liberales no están de acuerdo porque la ven como una forma de subirle los impuestos a los más pobres.

Así lo dijo Serpa en su discurso ayer y lo repitió hoy en una entrevista con El Tiempo, en una posición que comparten varios congresistas. Cuando llegue el momento crucial de presentarla, al Presidente le tocará acudir a un amigo diferente a Gaviria.

A raíz de la invitación de Timochenko a Uribe a dialogar en La Habana, se pone de presente de nuevo esta pregunta.

El ex gobernador de Nariño, Raúl Delgado, fue noticia el 26 de febrero cuando el Presidente Juan Manuel Santos anunció que lo había designado viceministro del interior, tras la salida de Carlos Ferro. Veinte días después se supo que Delgado declinó la oferta del Gobierno porque tenía problemas de salud.

Ahora volvió a aparecer. Desde hace un mes está asesorando a la Federación de Departamentos en el área de paz territorial y en todos los temas que tienen que ver con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Es decir, aunque está fuera del Gobierno, sus labores lo ponen a interactuar con él. 

En febrero la noticia del su nombramiento copó los medios porque se especuló que sería una muestra de que los verdes iban a ingresar al Gobierno - algo que luego ocurrió cuando Santos nombró a Jorge Londoño, el ex gobernador de Boyacá y ex senador verde, como Ministro de Justicia.

Sin embargo, no aceptó. En una carta que le mandó a Santos, escribió que “por circunstancias relacionadas con mi salud, surgidas a último momento, no puedo asumir el cargo de viceministro del interior, al cual fui designado  gracias a su generosidad y a la del doctor Juan Fernando Cristo. Le presento sinceras disculpas por las eventuales dificultades que esta decisión pueda conllevar”.

Delgado, que acababa de salir de la Gobernación de Nariño, es cercano al senador y ex gobernador Antonio Navarro, uno de los verdes que más se opuso a la entrada del partido al gobierno. Además, es cercano al actual gobernador, Camilo Romero, también elegido por el verde y según una fuente que lo conoce tiene muy buenas relaciones con los congresistas nariñenses y su nombre es bien recibido en Palacio. 

Por eso, aunque no entró al gobierno terminó trabajando cerca a él en asuntos de paz, justo el área en la que todos los verdes apoyan a Santos.

El sábado, el jefe guerrillero de las Farc alias Timochenko le envió una carta al ex presidente Álvaro Uribe invitandolo a reunirse a discutir su llamado a la resistencia civil contra las negociaciones de La Habana. Una carta que el senador contestó a los medios reiterando sus objeciones al proceso y diciendo que éstas ya les habían debido llegar a la guerrilla vía personajes como Álvaro Leyva. En la noche, Timochenko insistió. Pero detrás de esta invitación de Timochenko, no importa si su intención es sincera o si es parte del show mediático, permanece la pregunta sobre qué tan necesario es que Uribe avale lo acordado en La Habana para consolidar la paz.

La carta de Timochenko

“En La Habana, o en lugar de Colombia que usted prefiera, contando desde luego con las garantías de seguridad suficientes para nuestro traslado y estadía en suelo patrio. Discutamos sobre su llamado a la resistencia nacional contra la paz, producido sin haber escuchado a quienes tanto combatió por tierra, mar y aire sin vencerlos. Nosotros provenimos de la resistencia a la violencia, a la injusticia y la impunidad. Precisemos entonces el significado del término”, dice la carta de Timochenko. Después de decirle -de manera amable- los tres supuestos de los que él parte para invitarlo que son que pese a la arremetida de la Seguridad Democrática las Farc no están derrotadas; que la justicia transicional no será solo para los guerrilleros sino para otros sectores; y que Uribe no está en contra de aspectos de la negociación sino contra la paz misma, continúa:

[…] Lo queremos a Usted sentado a la Mesa de la Reconstrucción y Reconciliación Nacional. No a la mesa del capricho personal o las exigencias carentes de generosidad.

[…]Proponemos al país entero un acuerdo político para reordenar entre todos la nación colombiana. Nadie quedaría por fuera, queremos que Usted sea partícipe de él, doctor Uribe, conversemos. Fue Usted un formidable adversario que nunca nos dio cuartel, pero como ve, seguimos aquí, en la brega, trabajando incansables por la nueva Colombia. Venga esa mano, le extendemos la nuestra con un ramo de olivo. La paz sí que merece dejar atrás orgullos. Resuélvase.”

Ante esta invitación a formar parte de un pacto político, hoy Uribe respondió. Evitando referirse a la invitación, reiteró sus críticas al proceso de paz: desde el hecho de que no se hayan concentrado antes de iniciar los diálogos hasta el que consideren al narcotráfico un delito conexo con el político y no vayan a reparar económicamente a sus víctimas. Y no dejó abierto ni un resquicio para continuar con la conversación.

“Nuestras preocupaciones y alternativas están por escrito, ninguna audiencia han tenido en el Gobierno ni en las mayorías parlamentarias. El Gobierno nos conmina a adherir a La Habana para lo cual no ahorra formas de intimidación.”

“Recientemente las examinamos en detalle con Kofi Annan, Ex Secretario de Naciones Unidas, quien nos anunció transmitirlas a la Farc. Las hemos hablado en detalle con el doctor Álvaro Leyva, con el señor Aronson, delegado de los Estados Unidos, quienes también pueden ser portadores ante Farc, así no las compartan”, fue la respuesta más directa de Uribe al guerrillero. E insistió:

[…] Que el Gobierno imponga los textos de La Habana, fuerce su incorporación a la Constitución y al Ordenamiento Jurídico, valido de simulada juridicidad con notoria ilegalidad y desdén por la democracia, causa incertidumbre política y la posibilidad que cambios en el futuro los deroguen.

La paz no está en discusión, están en discusión su eficacia, su sostenibilidad y el riesgo para nuestra democracia”.

En conclusión, Uribe decidió no cruzar la puerta que abrió nuevamente Timochenko con su carta. Sin embargo, el jefe guerrillero le mandó una nueva carta, en la que contesta cada uno de los reparos del ex presidente, y termina diciendo:

"Los muertos y los atropellos nos duelen a todos. Nos anima el propósito de ponerles  definitivamente fin en nuestra patria. Pero seamos objetivos, no busquemos tan solo la paja en el ojo ajeno. Por eso le insistimos, Presidente. No pensemos sólo en la empresa privada, el interés público cuenta más, sin arrollarla por ello. Con la paz ganamos todos, con ella no habrá perdedores. Ave María, doctor Uribe, conversemos, Usted tiene un puesto en el nuevo país."

Una de las personas consultadas por La Silla considera que habría bastado que dijera que el ex presidente le hubiera cogido la caña para haberse vuelto protagonista del proceso de paz en su última fase, aunque otros consideran que ya en este punto quizás el ex presidente evalúa que es muy poco lo que puede afectar el curso de la negociación y prefiere no legitimarla con su participación.

Pero más allá de las motivaciones de uno y otro, la pregunta sigue allí: ¿Es indispensable meter a Uribe al proceso?

“Hay que hacer el esfuerzo para que Uribe esté”, dice su ex embajador y analista Fernando Cepeda. “Que le haga resistencia debilita el acuerdo sobre las cosas fundamentales, que es la definición de una Constitución, porque implica un desacuerdo sobre algo tan fundamental como cómo hacemos la paz”.

Cepeda hace referencia a que en los países democráticos tiene que haber un consenso mínimo sobre algunas cosas que son tan esenciales que no se ponen en juego en el proceso electoral y sobre las únicas que no sería válido armar el debate político. Por ejemplo, el hecho de ser una democracia que elige sus gobernantes en elecciones o el derecho de las minorías a no ser discriminadas.

Como, por la vía del último acuerdo para blindar los acuerdos de paz, se acordó que lo firmado entrará a formar parte de la Constitución, que Uribe rechace esa futura parte de la Constitución debilitaría ese consenso mínimo.

Es, además, una resistencia que tiene implicaciones prácticas.

Los diferentes escenarios

Es claro que el presidente Santos y las Farc pueden firmar un acuerdo final en La Habana así Uribe lo rechace. Incluso, es factible que aún con Uribe haciéndole campaña en contra, el Sí gane el plebiscito y el Gobierno también pueda sacar adelante en el Congreso las reformas necesarias para desarrollar lo pactado en La Habana.

Sin embargo, el tipo de posconflicto que tendremos sí puede depender de que el Ex presidente mantenga una campaña activa en contra del Acuerdo Final o, incluso con reparos, entre a formar parte de un pacto político para acogerlo.

Hay tres escenarios posibles para el posconflicto (quizás más): uno, que es el que ha planteado el Alto Comisionado de Paz Sergio Jaramillo en sus intervenciones, es que la paz sea el pretexto para mejorar el sistema político, para desarrollar e integrar el campo, para modernizar al país y fortalecer la democracia. Ese es el escenario más ambicioso y el que tiene más opciones de prosperar si se logra un pacto político que reconozca lo acordado en la Habana.

En el otro extremo, sería un escenario en el que la paz es una bandera más de disputa política. Primero alrededor del plebiscito, luego alrededor de las elecciones presidenciales del 2018 y así hacia adelante, alrededor de la legitimidad de los acuerdos.

En la mitad, está el escenario de la indiferencia, en el que el proceso de paz tiene un impacto marginal solo entre los que la firmaron y a los demás poco les importa. Sería lo que el investigador Luis Jorge Garay llamó un "pacto entre élites" en una entrevista con La Silla.

A pesar de haber abandonado la Casa de Nariño hace seis años y de que una parte significativa del círculo con el que gobernó se encuentre sub judice, la influencia de Uribe sobre las narrativas del país se mantiene intacto.

Más de la mitad de la población –según lo reflejan las últimas encuestas- piensan respecto del proceso de paz lo mismo que dice Uribe, ya sea porque él los interpreta o porque les da el marco para entender lo que está sucediendo en La Habana.

Esta influencia ideológica es aún más marcada sobre sectores políticos y empresariales en regiones que han sido particularmente azotadas por el conflicto –Caquetá, Huila, Urabá, Magdalena Medio-, varias de las cuales serán priorizadas para ejecutar las reformas de la paz. Reformas que serían muy difíciles de aplicar si los que detentan el poder real allí se oponen con toda su fuerza porque perciben el proceso de paz más como un riesgo personal y para el país que como una oportunidad, tal como lo hace el ex presidente.

Como quedó demostrado durante el evento en el Cesar en el que participaron el procurador Alejandro Ordóñez y el director de Fedegán José Félix Lafaurie, mientras en Bogotá se comienza a armar la campaña a favor del plebiscito en otras regiones se ha ido constituyendo un frente anti-restitución y un movimiento de gente que le tiene miedo y demuestra rechazo al eventual Acuerdo Final con las Farc.

Dada la precariedad del liderazgo del Gobierno para transmitir un sentimiento de esperanza alrededor de lo acordado en La Habana y la efectividad de Uribe para comunicar lo contrario, si el ex presidente rechaza no solo la invitación del jefe guerrillero a hacer un pacto político sino la de otros quizás más legitimados para pedírselo, el posconflicto que nos espera podría convertirse en su profecía autocumplida.

El revolcón del gabinete realizado por el presidente Santos en las últimas semanas, y que parece finalmente haber concluido, ha generado todo un coletazo político porque varios partidos se han sentido maltratados. La Silla tomó los ministerios, la secretaría de Presidencia y las entidades que tienen más de medio billón de pesos para invertir este año, verificó el nuevo equilibrio burocrático, de género, regional y de procedencia política o técnica y llegó a la siguiente foto:

De todos los partidos, los que más se han quejado por la nueva distribución son el Liberal y la U. Sin embargo, y paradójicamente, los dos crecieron en cantidad de funcionarios de primer nivel en el gobierno y son los que más tienen, fuera de los que no militan en ningún partido.

Y esto es sin contar aquellos que a pesar de que el Presidente presentó como liberales o de La U en realidad no lo son, como el ministro de Salud Alejandro Gaviria o la de Educación Gina Parody, y las nuevas entidades del agro, que no incluimos porque no existían antes y no se han terminado de nombrar todas, pero una de las cuales también terminó en manos liberales y otra en las de La U.

El nuevo gabinete tiene dos ministros que vienen de partidos minoritarios –el Verde y el Polo- pero que lo hicieron a ‘nombre propio’ porque sus respectivos movimientos no aceptaron que lo hicieran a nombre del partido. Cambio Radical fue el único de la coalición oficial que perdió representación.

Cuando Santos presentó al nuevo gabinete rescató que ahora había más mujeres. Visto el equipo de primer nivel más amplio, no fue así: hoy no hay más mujeres que antes y, a la espera del nuevo director de Aerocivil, hay una mujer menos.

Otro de los objetivos de los cambios, según Santos, era meterle más representación regional al Gobierno. Y sí logró avances, pues ahora menos de la mitad son bogotanos.

La última meta de Santos era meterle más política al Gobierno. Y en este punto logró el cambio más notorio, pues los que no están en el juego político pasaron de ser casi dos de cada tres funcionarios de primer nivel a apenas uno de cada tres.

Aunque no era un objetivo de los cambios, también miramos qué pasó con las entidades que tienen más plata para invertir, con más de 2 billones de pesos de presupuesto de inversión para este año. Ahí encontramos que solo hubo dos cambios y uno de ellos se debió a otros motivos: el del Ministro de Minas y Energía cuando hubo alto riesgo de apagón. De resto, todo quedó igual.

Acá puede revisar la base de datos con todas las entidades y sus cabezas.

Los nuevos

Estos son los perfiles breves de losque entraron con el cambio

Jorge Londoño Ulloa

Ministerio de Justicia

Comenzó su carrera en la secretaría de agricultura de Boyacá y luego asumió la gerencia de la licorera del departamento. Allí mismo fue elegido gobernador en el 2003 tras dos campañas fallidas a la Cámara de Representantes. Llegó al Senado en el 2010 como parte de Alianza Verde. Antes de ser nombrado ministro de justicia era decano de la facultad de derecho de la Universidad Santo Tomás en Tunja y copresidente del Partido Alianza Verde.

Clara López Obregón

Ministerio de Trabajo

Fue candidata del Polo Democrático a la presidencia en el 2014 y a la alcaldía de Bogotá el siguiente año. Su nombramiento como ministra de Trabajo resultó en protestas de varios de sus copartidarios, entre ellos Jorge Robledo, peso pesado de la colectividad. La tensión se resolvió con su renuncia a la presidencia del partido. Fue secretaria de Gobierno de Samuel Moreno y alcaldesa encargada luego de que estallara el escándalo del carrusel de la contratación.

Germán Arce Zapata

Ministerio de Minas y Energía

Ha sido asesor de confianza de Santos en temas económicos. Fue viceministro de Hacienda bajo Juan Carlos Echeverry y, antes de ser nombrado ministro de Minas, fue director del Fondo de Adaptación.

Maria Claudia Lacouture Pinedo

Ministerio de Comercio Industria y Turismo

Ha ocupado diferentes cargos en Proexport (ahora ProColombia), entidad de la que era presidenta de ser nombrada ministra de Comercio. Durante la presidencia de Álvaro Uribe fue directora de Colombia es Pasión y trabajó en la campaña presidencial de Santos como directora de agenda. Es cercana a Sergio Díaz-Gramados, ex ministro de Comercio y ex presidente del Partido de La U.

Elsa Noguera de la Espriella

Ministerio de Vivienda

Comenzó a sonar en el panorama nacional en el 2010 cuando Vargas Lleras la anunció como su fórmula vicepresidencial pero antes de eso ya había sido reconocida su labor en la secretaría de hacienda de Barranquilla. En el 2011 llegó a la alcaldía de su ciudad con Cambio Radical. Aunque su apoyo inicial vino del partido de Lleras, a este se sumó el de otros poderosos de la región como el conservador Roberto Gerlein y el integrante del Partido de la U José David Name, ambos senadores. Su paso por la alcaldía fue respaldado también por altos índices de aprobación de los barranquilleros.

Luis Gilberto Murillo Urrutia

Ministerio de Ambiente

Ingeniero chocoano, comenzó su carrera pública durante la presidencia de Gaviria como director de la Corporación para el Desarrollo del Chocó. De ahí pasó a la dirección del Departamento del Medio Ambiente de Bogotá durante la alcaldía de Mockus. Ha sido elegido gobernador de su departamento dos veces. De la primera se tuvo que retirar tras un año por destinar a la reparación de una escuela un dinero que originalmente estaba aprobado para un plan de saneamiento ambiental en zonas mineras, acción que en ese entonces era ilícita y dejó de serlo tras la reforma del código penal del 2001. Su segunda elección, avalada por Cambio Radical, fue anulada por ese motivo. Antes de ser nombrado ministro de Ambiente fue coordinador del Plan Pazcífico, el plan de choque del Gobierno para la crisis social, económica y de violencia en el Pacífico colombiano.

Jorge Eduardo Rojas Giraldo

Ministerio de Transporte

Ha hecho toda su carrera política en Manizales. Tras ser secretario de obras públicas durante la alcaldía de Luis Roberto Rivas y concejal, fue elegido alcalde para el periodo 2012 - 2015, en parte por ser el sobrino del médico Jorge Enrique Rojas, el primero de la seguidilla de alcaldes cívico-empresariales (apoyados por grupos políticos) que le quitaron el dominio sobre ese cargo a los caciques Víctor Renán Barco y Omar Yepes. Su carrera política lo ha acercado a Hernan Penagos, representante a la Cámara por Caldas. Antes de ser nombrado ministro de Transporte, Rojas estuvo sonando para el viceministerio de agua junto con el ex alcalde de Montería, Carlos Correa.

Luis Guillermo Vélez Cabrera

Secretario General de Presidencia

Abogado de Los Andes, fue Superintendente de Sociedades del gobierno Santos. En el de Samper fue viceministro de Defensa y cónsul en Miami y México D.F. También se desempeñó en el sector privado como abogado en la oficina de Fernando Londoño Hoyos, asesor en asuntos gubernamentales de la Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo y director del gremio de importadores de licores, era socio de una de las firmas de lobby más conocidas del país. Fue blogger de La Silla Vacía.

Iván Mustafá Durán

Fondo de Adaptación

Como alto consejero para las Regiones en la Presidencia, estuvo encargado del manejo político de las relaciones entre Santos y los gobernadores y alcaldes, puesto de confianza para el presidente y clave durante las elecciones regionales. Antes había sido viceministro de agua en el gobierno Santos I, y había trabajado en Santander en el sector de la construcción y dirigió Proexport en la capital de su departamento.

Luis Enrique Dussan López

Banco Agrario

Ex congresista liberal del grupo político del senador Rodrigo Villalba. Antes de ser nombrado director del Banco Agrario, presidió el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro). A su experiencia en el sector suma un paso por la Dirección de Desarrollo Rural en el Ministerio de Agricultura y la gerencia del Incora.

Alan Jara Urzola

Unidad de Atención de Víctimas

Su recorrido por cargos políticos en el Meta se vio interrumpido por los ocho años que estuvo secuestrado por las Farc entre el 2001 y el 2009. Ha sido gobernador de su departamento tres veces y alcalde designado de Villavicencio una.

Por Andrés Álvarez

Cuando me enteré por los medios de la existencia de las listas de los 'Panama papers', se me despertó el morbo del que ve caer a la mala de la tragedia que durante los tres actos llevó la nariz erguida. Pero, después me acordé de una discusión mitad pública, mitad privada, en la que Thomas Piketty preguntaba a unos miembros de la comisión de reforma tributaria algo simple y directo: ¿Por qué quieren abolir y no recomendar toda forma de impuesto a la riqueza? A lo que, como parte de la respuesta le dijeron: porque acceder a la información sobre la riqueza es muy complejo. La riqueza está, en parte, tomando el sol en Panamá. 
Ahora que las listas se filtran, como las fotos de los Paparazzi de la Costa Azul, nos damos cuenta que la información está ahí, siempre estuvo ahí. Como la panza del actor de moda o la celulitis de la modelo que se exponen sin filtros y patéticamente en los tabloides. La diferencia es que esta información no sólo puede servir para enriquecer a dueños de tabloides sino para pensar seriamente en las fuentes que pueden alimentar las finanzas públicas.
El impuesto a la riqueza nos enfrenta a una discusión muy antigua en Economía. Desde al menos el siglo XVIII, con los fisiócratas en Francia, los economistas entendemos que los impuestos crean distorsiones en las decisiones de los agentes. Que pueden desincentivar el "trabajo productivo". Pero, también sabemos de las virtudes de los bienes públicos que financian y algunos creemos que hay suficientes argumentos morales y económicos para pensar que corregir la desigualdad es deseable socialmente. 
Frente a esta disyuntiva, el impuesto a la riqueza se mira generalmente como una fuente de distorsiones que puede superar los beneficios. Se dice que cobrar impuestos a la riqueza lleva a penalizar la inversión y por lo tanto el empleo. Que espanta los capitales productivos y que la prueba es la existencia de paraísos fiscales. Este argumento es simplista. Le falta lo que a la discusión de los fisiócratas a los economistas clásicos les abunda; una definición sobre lo que es el trabajo productivo. O su forma alternativa: la conciencia de la diferencia entre la inversión productiva y el rentismo. 
Las ideas económicas modernas, y la modernidad misma, tienen un enemigo común. El enemigo de Marx tanto como de Smith y de Keynes es el rentista. Porque este es el enemigo de la modernidad capitalista. El rentismo amenaza con sustraer el combustible que mueve el motor de la producción cuando su lógica y las circunstancias hacen más rentable las ganancias financieras que la inversión en proyectos productivos. La famosa idea de Piketty de una economía donde la rentabilidad del capital supera a la tasa de crecimiento del total de la economía (r>g). Esto último hace evidente la confusión entre rentismo improductivo e inversión productiva. 
Un impuesto a la riqueza tiene en realidad una virtud que permite ayudar a resolver esa confusión. Si se cobra a las personas naturales y se piensa como un sustituto parcial de los impuestos a los ingresos laborales o al capital productivo de las firmas, el impuesto a la riqueza es una forma de desincentivar el rentismo. Es decir, de motivar el traslado de la riqueza de los trabajos improductivos a los trabajos productivos. Ver este análisis:  http://inequality.org/business-case-annual-wealth-tax/
Un ejemplo que puede parecer políticamente incorrecto, pero que muestra bien los efectos de los impuestos a la riqueza acumulada e improductiva es la queja de que los impuestos a la riqueza van a afectar a los ricos "de toda la vida" (a los "viejos divinamente") que viven únicamente de la renta de sus propiedades, obligándolos a venderlas. En efecto, la inmovilización de los capitales en forma de riqueza que rinde rentas y no de inversión es la fuente de una perversa asignación de recursos, para no hablar de la perpetuación de la desigualdad. 
Ahora que podemos ver lo que siempre supimos; que la riqueza se esconde en paraísos fiscales para evitar que se extraiga una contribución a las fianzas públicas, ya no sirve el argumento de que es difícil cobrar el impuesto a la riqueza, porque esta está tomando el sol en Panamá o en algún destino exótico. Que sea más fácil de recaudar el IVA, no quiere decir que sea el impuesto más deseable. 
En una reciente entrevista de Semana al ex director de la DIAN, Juan Ricardo Ortega, explicaba las razones que motivaban a crear empresas fachada en Panamá: 
"Para mí, lo hacen porque acumulan mucho dinero evadiendo impuestos y porque no les pasa nada porque no hay sanción social ni penal. La gran ironía es que muchos le tienen miedo al gobierno, a la Dian o a las Farc, pero no les preocupa confiarles la plata que tienen escondida a personas como Madoff, Stanford o Juan Carlos Ortiz. Y cuando eso ocurre, se quedan callados, porque no pueden ni tienen a quien reclamarle." 
Como me dijo un colega y experto en economía de la tributación: "Si me suben el IVA antes de caerle a los de Panamá, me declaro en desobediencia civil". Me le uno a él y a muchos otros, con quienes brindaremos con ron panameño sin estampilla y sin IVA, comprado en la carrera 38 con calle 6ta. A cada quien su forma de rebelión.

Ayer el Consejo Gremial se reunió con el Presidente para manifestarle su respaldo a las negociaciones de La Habana y sus preocupaciones frente al reciente acuerdo para incorporar el Acuerdo Final con las Farc en la Constitución. Al mismo tiempo, la Andi y Proantioquia sacaron un documento con sus inquietudes frente a lo que falta discutir en la Habana y hacer paralelamente en Colombia antes de la firma. La Silla revisó ambos documentos y estas son las diez principales preguntas de estos tres grupos representativos del empresariado, que abren un debate interesante sobre lo que falta responder antes de la firma con las Farc

Mañana será radicada la ponencia del Plan de Desarrollo de Enrique Peñalosa que desató polémica porque tiene muchos artículos en los que el Alcalde pide facultades especiales que parecían una solicitud de cheque en blanco para gobernar. La Silla supo que el Alcalde ya acordó con las bancadas del concejo de su coalición retirar o modificar muchos de los artículos más debatidos pero se mantienen dos: la ETB y la tarifa voluntaria para no tener pico y placa.

Los dos ponentes de la coalición de gobierno de Peñalosa son Andrés Forero y Diego Molano, ambos del Centro Democrático, quienes van a presentar una ponencia conjunta con los cambios que el Distrito ya concertó con los partidos de su coalición. Aunque esos cambios sólo quedan en firme mañana, cuando se radique la ponencia, La Silla averiguó cuáles son.

Lo que ya no va

Forero le contó a La Silla cuáles son los artículos que salen y que fueron los más criticados por los concejales de la bancadas de la coalición.

Uno es la posibilidad de vender total o parcialmente o fusionar la EPS Capital Salud.

También sale del Plan el artículo para cobrar una sobretasa a los parqueaderos, que el Alcalde ya había presentado al Concejo en un proyecto aparte que ya había retirado porque no tuvo acogida. Es decir, esa posibilidad se hunde por segunda vez. Y la posibilidad de reportar ante las centrales de riesgo a los morosos de los impuestos en Bogotá (aunque se queda el artículo que permite crear un certificado de antecedentes de obligaciones distritales). 

Pero, sobre todo, salen las que le daban superpoderes a Peñalosa. 

Una era el artículo que le daba facultades extraordinarias para hacer una reforma administrativa en las entidades del Distrito sin especificar cómo ni en cuáles entidades y que, por eso, recibió críticas de casi todas las bancadas de la coalición.

Otra las facultades extraordinarias de modificar el presupuesto para este año, hacer traslados entre entidades o aprobar créditos adicionales por decreto. 

Y la tercera la de, también por decreto, modificar el Plan de Desarrollo una vez se expida y apruebe el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial, POT.

Lo que cambia

Además de lo que ya no va, hay otros temas que sobreviven pero serán diferentes.

Por ejemplo, la puesta en funcionamiento de peajes al interior de la ciudad y que en su Plan de Desarrollo, él pedía que el Concejo lo autorizara para ponerlos donde quisiera durante dos años.

Ahora el Alcalde podrá poner peajes nuevos sólo en vías nuevas o en ampliaciones de vías actuales, pero en el segundo caso dejando carril viejo en el que no se cobre. Estos peajes servirán como ingresos para los privados que construyan esas nuevas vías o ampliaciones por alianzas público privadas.

Lo que sobrevive

Lo que sí quedó sobre la mesa es la facultad del alcalde para vender total o parcialmente la ETB. Este es uno de los puntos que ha generado más polémica porque hay quienes dicen que este debate debería estar aislado de la discusión del Plan de Desarrollo y evitar que sea aprobado por “pupitrazo”. Además, dicen que si la van a vender, lo hagan en un momento en que las finanzas estén sólidas y no en época de “vacas flacas”. Aún así, la propuesta tiene respaldo de buena parte de la coalición de gobierno, como contó La Silla.

Aunque no pudimos establecer si el artículo tendrá cambios como por ejemplo, que se decida conseguir un socio estratégico en lugar de vender la empresa o sólo darle permiso al Distrito para vender una parte de las acciones que tiene, confirmamos con una fuente del Distrito que sobrevivirá en la ponencia, por lo que el debate seguramente continuará.

Mañana será el primer round en la Comisión del Plan del Concejo para exclusivamente para debatir este tema y ahí se sabrá cuál es el futuro de la propuesta con la que Peñalosa espera recibir unos dos billones de pesos para impulsar su visión de ciudad.

Esa misma suerte la correrá el polémico artículo de la creación de una tarifa voluntaria para quienes no quieran guardar su carro durante el pico y placa y que prefieran pagar unos cuatro millones de pesos para usar el carro, así tengan restricción.

Este artículo ha sido criticado por expertos en movilidad como Fernando Rojas. Según él, la medida es “clasista” porque sólo cubre a quienes puedan pagarlo y, a su juicio, no mejorará la movilidad porque eso significa sumar unos 150 mil carros -que según la Alcaldía estarían dispuestos a pagar- al trancón.

Que estos dos artículos hayan quedado en la ponencia significa que, en principio, tienen el respaldo de la coalición de gobierno que hoy integran los 34 concejales de Cambio Radical, Centro Democrático, La U, Liberal, Conservador y Verdes. Es decir, una mayoría muy holgada pues se necesitan 23 votos para aprobarlos. Antes de llegar a ese punto, el proyecto del Plan deberá ser aprobado en la Comisión de Plan donde tiene, en principio, 11 de los 15 votos. 

Lo que falta ver es si logran hacerlo en los 15 días que le quedan al Concejo para aprobar el Plan de Desarrollo por acuerdo como quiere el Alcalde - o si Peñalosa lo va a terminar sacando por decreto, que es lo que ocurriría si el Concejo no alcanza.

La coalición santista llamada Unidad Nacional no sólo está desunida por las diferencias entre los tres partidos que la conforman, sino también por una división interna en su colectividad más grande: La U.

La Silla Caribe confirmó que hace más o menos dos meses se vienen reuniendo siete de sus 20 senadores, todos costeños y con gruesa votación, para armar una suerte de disidencia. Con ello por ahora planean ir juntos por la dirección de La U, buscar un precandidato para jugar en las presidenciales de 2018 y mostrarse fuertes ante el Gobierno y ante sus colegas para los temas de representación burocrática.

Esos senadores son Armando Benedetti, José Alfredo Gnecco, Miguel Amín, Eduardo Pulgar, Sandra Villadiego y Musa Besaile y Bernardo ‘el Ñoño’ Elías, famosos por la mermelada que los convirtió en los dos congresistas más votados del país, después de Jorge Enrique Robledo del Polo.

Benedetti ha liderado los encuentros que, de hecho, se han realizado todos o en su casa o en su oficina en el Congreso.

¿La razón de la movida? aunque nadie aceptó hablarnos en grabación, cinco fuentes conocedoras coincidieron por separado en que los legisladores están muy molestos porque sienten que fueron los políticos clave de la reelección santista desde el Caribe, le han votado todo al Gobierno desde el Congreso y, pese a eso, el Presidente no ha gobernado con ellos ni les ha dado suficiente representación.

Efectivamente, la Costa fue la región que determinó el triunfo de Santos II, luego de que estos y otros congresistas costeños prendieran sus máquinas de votos en la segunda vuelta a petición de la campaña del Presidente.

“Este Gobierno se eligió por nosotros, pero resulta que somos importantes para poner los votos y no para gobernar. Y si pueden, nos niegan. Es la misma cosa con las regiones siempre, nos usan para elegirse y después nos botan por los Vargas y todas las élites de siempre y nos dejan viendo un chispero”, nos dijo una persona de confianza de uno de los congresistas.

“¿Tu viste el discurso del expresidente Gaviria en el congreso del Partido Liberal, diciendo que nunca se pudo ganar la confianza de Santos y que en la Casa de Nariño lo ven con incomodidad? Lo mismo se siente acá”, agregó por aparte uno de los senadores.

El grupo de “los siete”, como ya le empiezan a llamar algunos en La U, también está descontento con el senador codirector de la colectividad, Roy Barreras, porque supuestamente sólo ha jugado a favor de sus intereses en términos de burocracia.

Recientemente, Roy fue nombrado por el Presidente como delegado del Congreso para los acuerdos de paz de La Habana.

La molestia en La U con él no es exclusiva de los costeños, según nos confirmó un congresista del interior del país: “Casi todos en La U queremos cambiar a Roy”.

Se trata, pues, de un nuevo capítulo de la molestia por la repartición de los puestos que desde las primeras horas de este Gobierno se ha sentido especialmente en dos de los tres partidos de la coalición: La U y los liberales (los ocho senadores de Cambio Radical están, en general, contentos con los dos ministerios que le dieron a su jefe político Germán Vargas).

Sobre las entidades que manejan estos siete hay que decir que Benedetti tiene influencia en la Fiduprevisora y el Ñoño Elías en Fonade, aunque se distanció del director hace varias semanas y suena que lo podrían cambiar.

Sin embargo, la disidencia costeña parece ir más allá de los puestos porque estos senadores han hablado en sus encuentros de dos metas que podrían darle gasolina para rato a su grupo: una, pujar por la dirección de La U cuando se vaya Roy Barreras (quien ya anunció que dejaría esa silla) y, dos, hacerse contar con una carta propia en una consulta de La U para definir el candidato a la Presidencia.

Para ambos casos, de manera informal, algunos incluso ya han mencionado un posible nombre: el de Armando Benedetti, quizás el que más trayectoria nacional de los siete tiene porque ya ha sido presidente del Congreso y, a pesar de ser de la Costa, tiene buena parte de sus votos y sus relaciones en Bogotá.

Aunque Benedetti no esté hoy en las cuentas de nadie para las presidenciales, si este bloque de senadores costeños resulta ser más que flor de un día para meter presión entre todos suman poco más de 800 mil votos.

Ese caudal electoral, endosable porque obedece a la maquinaria, como quedó claro en la reelección santista, les podría permitir sentarse a pactar alianzas de tú a tú con cualquiera de los candidatos con posibilidades.

Este Gobierno se eligió por nosotros, pero resulta que somos importantes para poner los votos y no para gobernar

La disidencia costeña de La U

Eso es, precisamente, lo que han dicho que quieren hacer en varias de las reuniones que han tenido: “El que quiera ser Presidente, se tendrá que sentar con nosotros, pero sin imponernos nada”, dijo uno.

Una fuente nos detalló que la idea de hacerse contar en 2018 en una precandidatura la han hablado con congresistas y mandatarios aliados de ellos en región, pero que están en otros partidos, para que se sumen de manera informal (porque legalmente cada congresista tiene que votar con su colectividad).

La Silla pudo confirmar que sí han conversado al respecto al menos con un mandatario de otro partido, quien nos afirmó a condición de no ser citado, pues no puede participar en política: “Sí he oído de ese grupo, están fuertes, buscan consolidar un millón de votos y con eso son clave en la elección presidencial. Están convocando parlamentarios de otras vertientes”.

Pero antes de todo eso, esta división podría tener sus primeros efectos prácticos en otra elección mucho más cercana en el tiempo: la de presidente del Congreso, ahora a mitad de año.

Resulta que, por acuerdos políticos, esa dignidad le corresponde a La U. En julio de 2014, cuando también le tocaba a La U y el elegido fue el atlanticense José David Name, algunos senadores acordaron de una vez que el turno este año sería para el caldense Mauricio Lizcano.

Como lo contó La Silla, a pesar de la desunidad nacional, Lizcano se reunió desde el mes pasado con congresistas liberales y de Cambio Radical para garantizar con ellos el cumplimiento de los compromisos y la respuesta fue positiva.

Sin embargo, unos trinos de hace seis días del senador Benedetti dejan entrever que la cosa se le puede complicar es al interior de su propio partido, por cuenta de las divisiones.

“La U sólo está unido en torno a la paz. Por eso es la plenaria la que debe decidir quién será el próximo Presidente del Congreso y no los acuerdos”, “La U no está compacta. Hay tres grupos y uno de ellos no estará para los acuerdos de Presidencia de Senado ni de la República para 2018” y “¡La U está dividido por la falta de liderazgo de algunos directivos! Por eso queremos candidato autónomo para 2018 y que represente a las regiones”. Son algunos de los mensajes en twitter de Benedetti que confirman esta historia y evidencian que su primera consecuencia podría ser afectar la elección de Lizcano.

Mucho más teniendo en cuenta que Benedetti y Lizcano son fuertes rivales políticos. En 2014, de hecho, en la reunión en la que se definió el nombre de Name como presidente del Congreso (cargo al que en ese momento aspiraban también ellos dos), casi se van a los golpes.

A eso habría que agregar que dos congresistas de otros partidos nos dijeron por aparte que el nombre del caldense no termina de caer bien en todo Cambio Radical ni entre algunos senadores del Centro Democrático.

No obstante eso, Lizcano aún tiene muchas posibilidades de llegar a la principal silla del Senado porque no es usual que se rompan los acuerdos políticos a mitad de la legislatura y porque, en todo caso, no pudimos confirmar que el resto de costeños del grupo de “los siete” esté de acuerdo en eso con Benedetti. Además, Lizcano tiene apoyo entre los otros 13 senadores de La U.

Esto último nos los dijeron cinco senadores que no están en la disidencia costeña.

Esos otros 13 senadores, según el trino de Benedetti, están repartidos en dos grupos: los que se mueven y manejan su representación burocrática solos: como Roy Barreras, Roosvelt Rodríguez, Germán Hoyos y los costeños José David Name y Andrés García Zuccardi. Y los que están más cerca de Lizcano: como Maritza Martínez, Ángel Custodio Cabrera y Jimmy Chamorro. A Lizcano lo señalan de tener influencia en el Fondo Nacional del Ahorro a  través de su presidente, el excongresista Augusto Posada (quien hizo fórmula al Congreso con él).

Averiguamos y entre esos 13 hay varias voces que creen que la movida de los siete costeños es una mera presión por puestos y una estrategia de Benedetti para llegar a la presidencia de La U o del Senado, y en ese sentido se acabará cuando consigan ambas cosas. “Ese es todo el caos que quieren formar. Ellos todos asistieron hace poco a la reunión de La U con el Presidente y mostraron total unión”, nos dijo uno de esos congresistas.

“La única razón para que se esté generando este ruido son los deseos de Benedetti de ser presidente, no hay otra”, agregó por su lado otro Senador.

Reveladas sus reuniones, será cuestión de tiempo para saber si la disidencia tendrá vocación de permanencia y se convertirá en una nueva fuerza regional protagonista de 2018, o si existe sólo para aplicar la estrategia de llorar por puestos (como les ha funcionado a los liberales).

Por ahora, la sola división ratifica que el Partido de La U nació para rodear a Álvaro Uribe, permaneció sin más ideología para elegir y reelegir a su sucesor Santos y, agotadas esas dos empresas, no es muy claro qué futuro le espera con sus caciques pegados con votos pero no en todos los casos "unidos como debe ser”, según su eslogan.

Ayer el Instituto de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana de Cali ganó un prestigioso premio mundial por su trabajo para pensar el posconflicto desde la academia. Es un reconocimiento a un trabajo pionero, que desde hace un tiempo para acá, comienzan a emular otras universidades.

Hace dos años, La Silla contó cómo muchas de las profesiones que se necesitaban para el pos-acuerdo no existían en el país. Eso ha comenzado a cambiar.  “La paz no se enseña con cátedras. Se enseña creando competencias para personas que van a vivir, a crecer y a trabajar en un país distinto. En un país al que no están acostumbrados”, le dijo a La Silla el profesor de la Universidad Nacional, Carlo Tognato.

Estos son cinco ejemplos de experiencias de universidades que ya le han metido plata, gente y recursos para crear centros de investigación que aporten desde ya al posconflicto.

Con este número de “Cuadernos de Ciencias Políticas” el pregrado en Ciencias Políticasde la Universidad EAFIT llega a su quinta edición. Se puede decir que con el mismo se consolida una línea editorial que retoma uno de los grandes debates en la creación de una Ciencia Política autónoma. Es decir, la tensión que ha existido entre una larga historia de pensamiento político que abarca más de 25 siglos de ideas, y un proyecto que con 80 años de existencia buscó crear una disciplina moderna, inicialmente fundada sobre premisas conductistas que pretendían darle rigurosidad científica y reproducirla en los términos de la academia moderna.

Tres años después de contar por primera vez quiénes eran los súper poderosos de Antioquia, La Silla Vacía revisó cómo ha cambiado ese mapa del poder, algo que seguiremos haciendo con el resto del ránking de súper poderosos. Tras unas elecciones nacionales y otras locales y varios relevos en las cabezas empresariales de la región, el mapa ha cambiado bastante.

El poder de los 10 personajes de nuestro ránking radica en su capacidad de incidir en las políticas públicas ya sea positiva o negativamente o de mover los hilos del poder para que pasen o no cosas en el departamento. Los seleccionamos luego de hablar con diez políticos antioqueños de diferentes partidos, cinco periodistas de la región y siete conocedores de la política antioqueña.

En estos tres años varios super poderosos subieron o bajaron de puesto (en parte porque el poder de algunos estaba ligado a su cargo) y salieron del top, aunque siguen teniendo poder: el exgobernador Luis Alfredo Ramos, el ex alcalde Aníbal Gaviria, el empresario Manuel Santiago Mejía y el presidente Juan Manuel Santos. En cambio entraron el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez, el gobernador Luis Pérez, el rector de Eafit Juan Luis Mejía y el vicepresidente Germán Vargas Lleras.

Aparte de los tres que salieron, varios fueron mencionados pero no alcanzaron a entrar, como Mauricio Tobón, gerente del poderoso Instituto de Desarrollo de Antioquia, dueño del medio virtual Minuto30 y muy cercano al gobernador; Jenaro Pérez, gerente desde hace más de 30 años de Colanta y cabeza de uno de los grupos políticos conservadores; el arzobispo de Medellín, monseñor Ricardo Tobón, quien tiene una cercana relación con las bancadas conservadora y uribista en el Congreso, hace tertulias mensuales con ellos y otros congresistas, y es influyente como religioso; la familia Suárez Mira, que tiene un grupo político muy poderoso; y Lina Vélez, la presidente ejecutiva de la Cámara de Comercio de Medellín desde 2002, que lideró la estructuración de las Autopistas para la Prosperidad.

Este es nuestro ranking

1

Álvaro Uribe Vélez

El expresidente es un peso pesado en su departamento (del que fue gobernador): en las elecciones legislativas de 2014 su lista al senado fue la más votada (sin estructura puso más de 400 mil votos) y jalonó la lista a la Cámara más votada, con 350 mil apoyos. En total, su partido tiene 12 de los 30 congresistas antioqueños.

Aunque en las elecciones de octubre ese arrastre mostró sus limitaciones (sus candidatos perdieron la Gobernación y la Alcaldía, a pesar de tener el favorito a la segunda), la estructura de su partido creció (quedó con 7 diputados, 6 concejales en Medellín y 16 alcaldes que antes no tenía) y en todo caso es muy cercano al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

Pero su verdadero poder es el nivel de fervor que inspira entre los antioqueños y su habilidad para enmarcar los debates nacionales y regionales allí.

 

2

David Bojanini

El presidente de Grupo Sura, una de las cuatro grandes empresas del Grupo Empresarial Antioqueño (las otras son Bancolombia, Argos y de Nutresa) se ha convertido en la cara visible de ese grupo empresarial, pues dos de las otras están en pleno cambio de sus cabezas o lo hicieron hace poco. Con ese remezón generacional, Bojanini ha asumido un papel similar al que antes tenía Nicanor Restrepo.

Ese poder de Bojanini se nota en que es el presidente de la junta directiva de Proantioquia, el think tank empresarial que ha tenido mucha incidencia en las últimas alcaldías y gobernaciones, y en muchas políticas públicas como la de la educación. Según una fuente, le habla al oído al alcalde Gutiérrez y al presidente Santos.

Además, está en todas las juntas directivas de las empresas principales del GEA.

 

3

Federico Gutiérrez

El alcalde de Medellín, que hace 3 años no estaba en el panorama, irrumpió con toda en el listado. Está arriba porque combina el poder natural del alcalde de la capital del departamento y segunda ciudad del país (que tiene mucha visibilidad en medios, maneja un presupuesto de 4,2 billones de pesos y controla a EPM, una de las 50 empresas más grandes del país) con buenas relaciones con casi todos los otros actores de poder.

Gutiérrez es cercano tanto a Álvaro Uribe como a Sergio Fajardo, tiene muy buenas relaciones dentro del Grupo Empresarial Antioqueño, ha logrado tener cerca a casi todos los grupos políticos de Medellín y tiene muy buenas relaciones con El Colombiano. Además, como hizo la campaña sin jefe político, no le debe ese poder a nadie e incluso tiene el embrión de un grupo político propio con dos concejales de su movimiento Creemos.

 

4

Luis Pérez

El gobernador de Antioquia tiene cuatro grandes fuentes de poder.

Una es su capacidad política, que lo llevó a ganar las elecciones a la gobernación enfrentándose a los candidatos de dos antioqueños de talla presidencial (Alvaro Uribe y Sergio Fajardo) y agrupando a su alrededor a casi todos los caciques del departamento.

Además ha logrado mantener esa coalición en la Gobernación con una calculada milimetría política, por lo que hoy se podría decir que es jefe de la mayoría de las estructuras de la Unidad Nacional en el departamento y tiene mucha acogida en la bancada antioqueña en el Congreso.

Otra fuente son sus excelentes relaciones con la Casa de Nariño algo que siempre es capital para un político y más para un Gobernador. Pérez fue gerente de las campañas presidenciales de Juan Manuel Santos en Antioquia en 2010 y 2014, y se ha ido acercando cada vez más al vicepresidente Germán Vargas Lleras.

La tercera es que es muy cercano a una parte del estamento empresarial, el que está lejos (y en ocasiones es rival) del Grupo Empresarial Antioqueño, como el ex presidente de Bavaria Augusto López Valencia, el presidente de Crystal/Vestimundo (la empresa dueña de las marcas Gef y Punto Blanco) Carlos Gilberto Uribe o la de Eduardoño, Eugenia María Londoño.

Y la cuarta, quizás la más obvia, es el poder que tiene todo Gobernador. Pérez ha demostrado que lo usa, por ejemplo con su oposición a la obra del túnel del Toyo, que inició la gobernación anterior de Sergio Fajardo y que Pérez ha llevado a que sea suspendida, y que le puede hablar duro al Gobierno, como hizo con la carta pública pidiendo parte del dinero de la venta de Isagen para el Departamento.

 

5

Sergio Fajardo

El ex gobernador de Antioquia perdió poder al salir del cargo y no dejar un sucesor. Pero es el único antioqueño presidenciable, lo que hace que siga teniendo un arrastre importante: “aunque no me guste, es poderoso pues es el único antioqueño con opción a la presidencia al dia de hoy”, dice un congresista rival de él.

Además es muy cercano al alcalde de Medellín, mantiene muy buenas relaciones con los medios y con el empresariado antioqueño (especialmente con el Grupo Empresarial Antioqueño) y goza del respeto del Gobierno Nacional. “ Realmente en Antioquia los que no son cercanos a él o no lo quieren son los políticos. Pero en general tiene gran reconocimiento e imagen positiva”, dice un político no fajardista.

 

6

Germán Vargas Lleras

Aunque todas las fuentes dicen que el Gobierno Nacional es un súper poderoso por la capacidad de tomar decisiones y de invertir o no recursos, algunas dicen que ese poder lo tiene el presidente Juan Manuel Santos, y otras que es el vicepresidente Germán Vargas. Y varios argumentos muestran que lo segundo tiene sentido.

El primero es que Santos es un presidente con una imagen desgastada, que nunca ha tenido mucha entrada en Antioquia, y que el poder que ejercía era a través de los caciques locales. Pero éstos se han ido acercando cada vez más a Vargas, que tiene mejor imagen y representa la expectativa de unas elecciones victoriosas en 2018.

Como dice un político, Santos “Todavía tiene el poder de ser presidente. Pero tiene sus días contados. Empiezan a ser más importantes los que van a jugar un papel fuerte como candidatos presidenciales.”

Eso se suma al segundo argumento, y es que la parte más importante de las decisiones que toma el Gobierno Nacional y que afectan a Antioquia pasan por los asuntos que maneja el Vicepresidente. Para el departamento es fundamental la inversión en vías, por ejemplo, que depende de él o las licencias ambientales por su gran actividad minera, que depende también de un ministro de Cambio Radical, el partido de Vargas.

 

7

Los ilegales

Como hace tres años, siguen siendo muy poderosos diferentes grupos ilegales. En lo urbano son los combos, en lo regional las bandas criminales para las que trabajan muchos de ellos.

Ese poder, cuya cabeza hoy parece ser alias Otoniel, se manifestó de forma contundente en el paro armado que decretó el llamado Clan Úsuga el 1 de abril y en el que, según los reportes oficiales, este departamento fue el más afectado: en 35 de los125 municipios del departamento hubo paráliss, especialmente en los de Urabán,el norte y el nordeste. Pero incluso llegó hasta la capital: la quema de un bus en La Loma de los Bernal, en la comuna de Belén y a una media hora del centro, fue el ícono del paro.

Además, han demostrado su capacidad al evitar operativos contra los mineros ilegales o al amenazar de muerte al alcalde Gutiérrez.

Detrás de esas acciones están estructuras que tienen control de negocios ilegales en Medellín, especialmente en el centro y en algunas de las comunas más pobres, de la minería ilegal y de las rutas del narcotráfico.

 

8

El Colombiano

El diario más leído del departamento sigue siendo fundamental para poner la agenda pública en Antioquia, un poder que es clave a la hora de definir qué ocurre y qué no, y de visibilizar logros o fracasos de la gestión pública. Por ejemplo, ha ayudado a poner sobre la mesa el problema del turismo sexual.

Ya no está vinculado al grupo que lidera Fabio Valencia Cossio (antes conservador, ahora uribista) y esa influencia no ha sido reemplazada por otra, más allá de su tendencia conservadora en general, como parte de una transformación que todavía está en proceso y que puede hacerlo más o menos influyente. Hoy su directora es Martha Ortiz, sobrina de la ex directora Ana Mercedes Gómez pero no tan cercana a Álvaro Uribe como ésta.

 

9

Germán Hoyos

El senador del partido de La U mantiene un bajo perfil pero tiene una influencia importante, pues se le ve como el senador antioqueño más cercano a Santos, lo que le da peso en la región, aunque sea indirecto.

Además, es el único cacique local que le apostó a los ganadores en la alcaldía de Medellín y en la Gobernación, lo que lo convierte en un puente clave entre los dos mandatarios y en el único político que puede incidir en el municipio más importante y en el departamento.

 

10

Juan Luis Mejía

El rector de la universidad Eafit se ha convertido en el principal puente entre los intelectuales, los empresarios y la política pública. Mejía es muy cercano a la mayoría de las cabezas del GEA, y, según una fuente que conoce el grupo por dentro, sus ideas pueden influir en la visión que tienen esos cacaos sobre la sociedad, un poder que no es muys visible pero sí muy importante.

Una muestra de ese espacio privilegiado se da en que es es el único miembro del consejo directivo de Proantioquia no empresario. Eso le da un contacto directo no solo con las cabezas del GEA sino también con otros cacaos como la presidenta de Mineros S.A. Beatriz Uribe o el de ISA, Bernardo Vargas Gibsone.

Como Proantioquia es un think thank muy influyente en los gobiernos locales, esa presencia se convierte en un camino para influir en muchas ideas y políticas públicas.

Además, maneja la universidad de la élite antioqueña, donde se forman muchos de los futuros administradores de las empresas del GEA y de las entidades públicas.

 

Como es bien sabido, el año pasado se dispararon los cultivos ilícitos en todo el país. Y no solo eso, Norte de Santander pasó a ser el departamento con la mayor área de su territorio sembrada de coca.

El ascenso de Norte de Santander en ese ranking, cuyos primeros lugares siempre eran ocupados por Nariño, el Cauca y Putumayo, tiene detrás además del Catatumbo, a la zona rural de Cúcuta en corregimientos como  Palmarito y Banco Arena y más recientemente a la de Ocaña, según un reporte del diario local La Opinión.

Por qué aumentan las hectáreas de coca

Según el informe entregado por la Oficina Nacional para el Control de las Drogas de Estados Unidos, Ondcp, entre 2014 y 2015, Norte de Santander pasó de tener 16.500 hectáreas sembradas de coca a 30.500, área que es el equivalente a casi dos veces Barranquilla.

Ese aumento se ha dado de la mano del recrudecimiento del conflicto en el Catatumbo, región en la que se está viviendo la guerra como en sus peores épocas y en la que se está hablando de una transición de poder entre todos los grupos armados que operan en la zona.

En Norte de Santander el Eln, el Epl, las Farc y las bandas criminales conviven en un mismo territorio, tienen acuerdos de tránsito entre municipios, y cada uno ha tenido el dominio histórico de diferentes zonas en el departamento. Además, comparten la frontera con Venezuela.

En el sur del Catatumbo, en municipios como San Calixto y Hacarí domina el EPL; las Farc tienen el dominio en el norte de Catatumbo en Tibú; y el ELN en la parte central, en municipios como Teorama, el Carmen y Convención.

Las bandas criminales, por su parte, están en Cúcuta (incluida su área rural) y en el área metropolitana. En Ocaña, por ser la puerta de entrada a la parte sur del Catatumbo, conviven todos los actores armados. 

Con todos estos grupos ilegales manejando el negocio, la coca es la inversión más rentable para los campesinos de Norte de Santander. Aunque desde hace 10 años les pagan los mismos $2,5 millones por el kilo de pasta procesada, los insumos para hacerla cada día están más costosos, y el riesgo de hacer parte de un negocio ilegal es alto, sembrarla da más dinero que producir piña, cacao o café.

“Esto es lo que da de comer. Aquí estamos hablando de que no hay vías para sacar los productos, de que estamos compitiendo contra los productos que llegan más baratos de otros lados y que estamos en una zona olvidada. Si usted quiere saber por qué se han incrementado los cultivos, esa es la respuesta”, le dijo un campesino de Hacarí a La Silla.

Aunque no hay una causa específica identificada para que se hayan casi que duplicado los cultivos ilícitos en solo un año, varias son las hipótesis que se están manejando en la zona.

Por una parte, unos aseguran que ese es el resultado de la suspensión de la aspersión con glifosato y de la erradicación manual, acuerdo al que en 2013 el Gobierno llegó con los campesinos del Catatumbo para que levantaran el paro agrario que tenía en crisis al país. 

Varios campesinos y funcionarios municipales señalan que debido a que el Estado no ha cumplido con la política de sustitución acordada -también en ese paro-, los campesinos se han visto obligados a seguir cultivando y a ampliar las hectáreas porque los precios de la coca bajaron por algún tiempo y ellos terminaron compensando lo que dejaron de ganar con más siembra.

También está la versión que dice que debido a que las Farc está buscando la posibilidad de que el Estado les compre a los campesinos las hectáreas de coca sembradas, se corrió el rumor de que quien no tuviera su cultivo no se iba a beneficiar de los acuerdos y el posconflicto,  y por eso empezaron a aumentar las hectáreas.

Ninguna de las tres versiones es oficial, pero las nueve fuentes con las que La Silla habló para esta historia (entre organizaciones sociales, delegados de Ascamcat, funcionarios que habitan en la zona del Catatumbo y ONG) le atribuyeron a alguno de esos hechos la subienda en la siembra de coca.

El desencuentro

El crecimiento de los cultivos, también muestra el desencuentro entre las organizaciones campesinas del Catatumbo y el Gobierno, que en 2013 tuvieron su primer enfrentamiento cuando el paro agrario paralizó por varias semanas al país y obligó al Presidente Santos y a su funcionarios a sentarse a negociar. 

Ese paro fue liderado por la Asociación de Campesinos del Catatumbo, Ascamcat, organización que si bien ha negado cualquier vinculo con las Farc es considerada por actores de la zona como parte de su base social, y que logró que el Gobierno desistiera de su política de erradicación de cultivos ilícitos en esa zona de Norte de Santander, por lo que desde entonces se convirtió en una de las voceras de esa región.

Por eso fue que el anuncio que se hizo en semanas pasadas relacionado con el retorno del glifosato a través de aspersión manual, terminó levantando polvareda en Norte de Santander, y generó el anuncio de un nuevo paro en el país por parte de esa organización.

Precisamente, el problema de fondo en la erradicación de cultivos en Norte de Santander está en que ni el Gobierno tiene garantías de que los campesinos no van a seguir vendiendo la hoja de coca o la pasta ya procesada aún si empieza la inversión, y en que por otro lado los campesinos (muchos de los cuales, como ya lo ha contado La Silla, tienen intención de sustituir sus cultivos) tampoco tienen la certeza de que el Gobierno les va a cumplir.

La razón de los campesinos del Catatumbo, que con esa medición de la Ondcp se convirtieron en los principales productores de coca del país, para oponerse a la erradicación inmediata y forzosa está en que esa es su única fuente de sustento, y en que sin vías, sin infraestructura para producir cultivos legales, y sin la mano del Estado no pueden sustituir su fuente de dinero.

“Para promesas incumplidas con los campesinos del Catatumbo hay bibliotecas enteras, cuente desde 1996 para adelante todos los programas del agro que se quedaron en veremos”, le dijo a La Silla Juan Carlos Quintero, vocero de la Asociación de Campesinos del Catatumbo, Ascamcat.

Aunque Quintero señala que incluso los acuerdos a los que llegaron en 2013 con la Nación se han incumplido a excepción de la suspensión de la erradicación de cultivos ilícitos; desde la Presidencia tienen otra visión, y aseguran que se han realizado varias mesas para adelantar acuerdos con los campesinos con el fin de concertar la implementación de programas y de definir la inversión, algo que no sucederá si la sustitución de cultivos no es inmediata.

Para promesas incumplidas con los campesinos del Catatumbo hay bibliotecas enteras

Juan Carlos Quintero, Ascamcat

“Nosotros no podemos permitir que convivan estructuras ilegales con el Estado. Si ellos tienen coca es porque van a seguir haciendo parte de una cadena productiva ilegal y entonces lo que va a pasar es que una parte del tiempo estarán negociando la venta de coca y eso no lo vamos a permitir”, le explicó a La Silla Eduardo Díaz, director de la oficina para la atención integral de la lucha contra las drogas.

En la orilla de los campesinos, aseguran que la coca no sería vendida ni procesada, sino que sería usada como prenda de garantía, para que en caso de que la inversión no llegue o el Estado les incumpla ellos puedan continuar con esa actividad.

“Desafortunadamente los campesinos no creen ni un poquito en el Gobierno”, aseguró Olga Quintero, otra de las líderes de Ascamcat.

La seguridad,el gran desafío

Más allá de la erradicación de los cultivos ilícitos en Norte de Santander, y específicamente en el Catatumbo, en esa zona hay otro factor que hace aún más difícil erradicar los cultivos.

“Aquí estamos hablando de que además de los grupos que están armados están las personas que son su base social y que los legitiman, entonces arrancar cultivos y convertirlos en legales cuando los grupos se financian de ellos no va a ser sencillo”, le dijo a La Silla el personero de un municipio del Catatumbo “Usted cree que el EPL estará de acuerdo con que se acaben los cultivos de los que está viviendo, o que el ELN lo estará. Aquí el único que está en un proceso de paz es las Farc, los demás siguen operando”.

De la ola de violencia que se podría dar cuando la política de sustitución se empiece a implementar en una zona como el Catatumbo, ya se han dado muestras, y líderes que han intentado promover la sustitución de cultivos ilícitos en zonas rurales de esa región han sido amenazados. Uno -Henry Pérez- fue desaparecido en una vereda de La Gabarra, en Tibú.

Ascamcat ha dicho en que ellos tienen control en la zona porque representan a una gran porción de los campesinos en la región, y que podrían lograr la sustitución si se hace gradualmente; sin embargo, ni para autoridades, ni para las ONG que hacen seguimiento en la zona es muy claro el control que esa asociación de campesinos pueda ejercer en todo el Catatumbo.

Hace unas horas se confirmó un rumor que se había esparcido desde la semana pasada en medios regionales del Huila: el ex senador conservador opita Carlos Ramiro Chavarro será nombrado como presidente de Finagro, la entidad que se encarga de financiar el sector. Con ese nombramiento, la alianza regional que lidera el ex ministro de agricultura y senador huilense, Rodrigo Villalba hace moñona. 

Hace una semana, el ex congresista liberal Luis Enrique Dussán (de su grupo político) fue nombrado como nuevo director del Banco Agrario. Y ahora, Chavarro llega a reemplazar a Dussán en Finagro. Aunque Chavarro no es de su grupo politico sí viene del bloque con el que Villalba ha hecho política históricamente en alianza: el que lidera el ex senador conservador José Antonio Gómez Hermida.

Estas dos movidas en favor del grupo de Villalba debilitan de paso a su rival histórico en el Huila: el grupo del senador conservador Hernán Andrade. Él era el único político de ese departamento que tenía cuotas en el sector pero las perdió hace unos meses después de que el presidente Juan Manuel Santos ordenó la liquidación del Incoder (donde estaba su ficha Rey Borbón).

Además, Chavarro ya le había ganado un pulso a Andrade por el aval a la gobernación el año pasado en el Partido Conservador, donde estaba compitiendo con la hermana del senador Esperanza Andrade. Chavarro se ganó el aval, después de una agria pelea que terminó en los tribunales, y aspiró en alianza con el grupo de Villalba. Pero se quemó. 

Así Santos mata dos pájaros de un tiro: por un lado, sigue consintiendo a políticos liberales. Como contó La Silla, Villalba fue uno de los senadores rojos que fue a Palacio de Nariño a pedir una terna liberal a la Fiscalía que al final no fue, y por eso, los rojos estaban molestos con el Presidente y amenazaron con salirse de la Unidad Nacional. Por otro, con Chavarro, Santos no saca del todo a los conservadores del sector agrario. 

Después de la patraseada de la Anla frente a la exploración petrolera en la Macarena, el fantasma del apagón y la sequía, el debate sobre el futuro del medio ambiente se ha tomado la agenda de la opinión pública. Por eso, La Silla Vacía sigue armando su rompecabezas del poder en Colombia, esta vez, con los súper poderosos del medio ambiente.

El poder de los 10 personajes de nuestro ranking radica en su capacidad de incidir en las políticas públicas, ya sea de forma positiva o negativa, y de mover los hilos de poder para que pasen o no cosas en el mundo ambiental.

La Silla habló con quince personas: cuatro expertos ambientales, seis funcionarios públicos, dos periodistas, dos miembros de ONGs ambientales y un alto ejecutivo del sector minero. Todos nos dieron su ranking y nosotros, con esa información, armamos el nuestro.

Este es nuestro ranking

1

Germán Vargas Lleras

Casi todas nuestras fuentes coinciden en que el vicepresidente y dueño de la locomotora de la infraestructura en el gobierno de Juan Manuel Santos es la última palabra para orientar la política ambiental en el país cuando toca temas bajo su cargo. 

“Su poder radica en la indiferencia: él ignora el tema ambiental, nos deja de lado y no nos tiene en cuenta para tomar decisiones que afectan el medio ambiente”, nos dijo una experta ambiental.

Otra fuente nos contó que él mueve proyectos en la Anla, pues el hasta hoy director Fernando Iregui era su ficha, y que por ejemplo en la carretera de la Prosperidad, que es la que afecta la Ciénaga Grande en Santa Marta, fue capaz de alinear a la gente de esa entidad para que expidieran las licencias. 

Y con Vargas está Sandra Bessudo, que es la encargada de todos los asuntos ambientales en Vicepresidencia. “Ella es la dueña del mar en colombia y todas las decisiones que toquen al mar pasan por ella. Ese es un poder inmenso”, nos dijo otra fuente.

 

 

 

2

ANLA

La Agencia Nacional de Licencias Ambientales es la entidad más poderosa en el medio ambiente porque es la que da o quita las licencias, que son los permisos para que una empresa haga algo que afecta al medio ambiente. Aunque antes la Agencia estaba a cargo del ministerio de Ambiente, ahora es una entidad independiente que solo le responde a Presidencia y eso le da un poder enorme. Hasta hoy su director era Fernando Iregui, que era de Vargas, porque nombraron a Rodrigo Suárez y una fuente nos confirmó que este último no es cercano al vicepresidente, con lo que pierde poder. 

 

3

Ramón Leal 

Las Corporaciones Autónomas Regionales manejan un presupuesto de 1.3 billones de pesos. Éstas entidades territoriales se encargan de administrar el medio ambiente y los recursos naturales renovables dentro del área que manejan.

Cada una de las 33 Cars que existen tienen un poder regional importante, pero su poder nacional se da cuando se unen. Un ejemplo claro fue cuando en 2003 la Contraloría comenzó a investigarlas a fondo por la cantidad de recursos que manejan y la poca inversión en proyectos ambientales. En ese entones el propio presidente Álvaro Uribe quería acabarlas y desde la Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales (Asocars) con Ramón Leal como su director, lograron impedirlo.

Ese poder de seguir vigentes y evitar que las desaparezcan, además de la plata que manejan y las decisiones que toman, que, como hemos contado, van desde cuánta agua concesionar hasta si un proyecto ambiental es viable o no, hace que estén en ésta lista.

 

4

Brigitte Baptiste

La directora del Instituto Von Humboldt es un peso pesado en el sector ambiental. Es una de las mayores expertas en temas ambientales y biodiversidad en Colombia y una de las voces más consultadas en el país.

Con las investigaciones del Humboldt, se deciden cosas tan trascendentales como dónde empiezan y dónde terminan los páramos en el país; sus conceptos son, según díez de nuestras fuentes, palabra sagrada para tomar decisiones sobre el medio ambiente. Además, le reconocen que dado su carácter conciliador y que oye a todos los sectores, por alejados que sean a sus posturas, tiene gran credibilidad con todos.  La fuente de su poder, en conclusión, son sus aportes técnicos para pensar la política ambiental.

 

 

5

La bancada verde de la Corte Constitucional

María Victoria Calle, Gloria Stella Ortíz, Jorge Iván Palacio, Luis Ernesto Vargas y Alberto Rojas son, según dos fuentes, los magistrados que han logrado que la Corte Constitucional se haya convertido en el último recurso de varios ambientalistas y movimientos sociales para corregir lo que a su juicio son abusos del gobierno.

Eso pasó, por ejemplo, en febrero de este año cuando la Corte sacó un fallo en el que prohibió la minería en los 36 páramos del país y se le adelantó, como contó La Silla, al entonces ministro de Ambiente, Gabriel Vallejo, en la protección de esos ecosistemas.

Y aunque la Agencia Nacional de Minería presentó una solicitud de aclaración en la que pedían que se considerara esa decisión, la Corte la ratificó, aunque hay denuncias de que la minería continúa en páramos como Pisba.

También tumbó la reserva de información de las áreas estratégicas mineras, que es un estudio del Servicio Geológico Colombiano sobre las regiones del país con potencial para la minería y que ahora pueden consultar diferentes grupos sociales, cuando antes era solo para consulta del Estado.

 

6

Manuel Rodríguez

Además de ser el primer ministro de ambiente del país, Rodríguez es una de las voces más respetadas de ese sector. Todas nuestras fuentes lo ubican entre los más poderosos porque a pesar de ser de la vieja guardia ambientalista, en la que también están personajes como Julio Carrizosa, Alegría Fonseca y Margarita Merino, es el que ha logrado mantenerse más vigente.

Al momento de escribir esta historia, ya iba para 26 mil seguidores en Twitter. Desde sus trinos en redes y sus columnas en El Tiempo prende y apaga debates. Como nos dijo una fuente: “Rodríguez encarna el poder entre lo moral y lo técnico. Es muy bueno en cambiar los ritmos de las decisiones o en parar procesos que hubieran seguido si él no pone la alerta”

Eso pasó cuando salió a atacar el gobierno y a la ANLA por haberle dado la licencia ambiental a Hupecol para explotar en la Macarena o cuando criticó y se enfrentó a Peñalosa por querer urbanizar la reserva forestal Van der Hammen.

Además, lo consultan desde periodistas, congresistas y ministros hasta gente de ONGs ambientales, expertos internacionales y movimientos sociales en los territorios.

 

 

 

7

Pablo Vieira

El viceministro de Ambiente, con 2 años y medio en el cargo, fue el cerebro detrás del papel de Colombia durante la Cumbre de Cambio Climático LA COP21 de París, en la que el país fijó su postura ambiental, se comprometió a reducir en un 20 por ciento las emisiones de gases efecto invernadero y consolidó su poder en el ámbito internacional, como uno de los territorios más biodiversos y con más necesidad de cooperación.

“Viera es el que se consigue la plata de afuera. Es el que hace que las cosas en el ministerio anden así cambien y cambien ministros”, nos dijo un experto ambiental.

 

8

Cesar Rodríguez

César Rodríguez, el director de DeJusticia, fue nombrado por más de la mitad de nuestras fuentes como un abanderado del medio ambiente y contacto directo con las comunidades que ayuda a proteger y que se ven afectadas por decisiones que tocan sus ecosistemas. Desde sus columnas, se ha convertido en un líder de opinión para asuntos ambientales.

Y desde DeJusticia, el think tank sobre temas socio jurídicos que dirige, ha liderado muchos debates de largo aliento sobre el tema ambiental como el de la consulta antiminera en Ibagué y ayudó, junto con la senadora Claudia López a que la aprobaran en el concejo.

Además, en DeJusticia han ayudado a que los movimientos sociales fijen mejores reglas de juego para las consultas ciudadanas.

 

9

Carlos Herrera

Herrera es el vicepresidente de desarrollo sostenible de la ANDI, que es la asociación que agrupa a empresarios de diferentes sectores y es el gremio más poderoso del país. Eso le da un poder inmenso porque está en casi todas las discusiones sobre política ambiental y representa la voz de los empresarios en ese pulso.

Como nos lo describió una fuente: “Herrera es el puente entre el sector privado con la ANLA y el ministerio”. Su papel fue clave, por ejemplo, cuando se definieron las tasas de vertimiento, que es el valor que pagan las empresas para compensar lo que contaminan en los ríos. Herrera representó en ese pulso a los industriales y logró negociar una tasa que fuera conveniente tanto para ellos como para el ministerio.

Y también, cuando estaban tratando de cambiar el esquema de licencias ambientales, fue uno de los que hizo contrapeso para que no lo hicieran. 

 

10

Adriana Soto

La directora regional de The Nature Conservancy, una ONG clave en el mundo, y exviceministra de ambiente, es vista por casi todos las fuentes como una de las nuevas voceras del ambientalismo en Colombia.

Además, TNC es que el que hace el manual de compensaciones que orienta las inversiones privadas derivadas de impactos a la biodiversidad, para agua dulce y zonas costeras. El ministerio le dio ese poder a TNC y no al Von Humboldt, que es el que normalmente hace esos estudios.

Otra fuente también nos dijo que las posiciones progresivas en los temas de cambio climático se deben a ella y que todo el apoyo de Noruega, Canadá y España contra la deforestación en el Amazonas, fue gracias a su trabajo.

Fue consultora en gestión ambiental para el Banco Mundial y las personas con las que hablamos le reconocen que tiene el poder para agilizar inversiones internacionales para temas ambientales en el país.

 

Fuera de este ranking, nos dimos cuenta de varias cosas. Aunque hay congresistas que promueven debates ambientales como Jorge Enrique Robledo y Alberto Castilla del Polo, o Angélica Lozano, Claudia López y Antonio Navarro de Alianza Verde, se quedaron por fuera del ránking porque frente a otros, su poder de decisión en lo ambiental no llega a ser tan decisivo.

Hay poderes como el alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo, que para tres fuentes merecía estar en el ranking porque está a punto de poner a votar a su ciudad una consulta antiminera, que sentaría un precedente importante. O Sandra Vilardy, que hace parte de las nuevas generaciones de científicos y que ha liderado el debate sobre la protección de Ciénaga Grande pero que no quedaron en el top 10 de este ranking porque sus decisiones son muy locales. Otro caso es el de Renzo García porque movió cielo y tierra para parar la minería en la Colosa y lo que hizo tiene un poder demostrativo y ha servido de ejemplo.  

Otro como Mike Slee, director de Magia Salvaje, fue también nombrado por una fuente y merece reconocimiento por el poder de influencia cultural que tuvo ese documental y porque le abrió los ojos a la sociedad sobre la importancia del medio ambiente.

También se quedó por fuera Martín von Hildebrand, que logró que Colombia hoy sea uno de los países con más áreas protegidas en el mundo y Juan Pablo Ruiz, representante del consejo nacional ambiental y de la sociedad civil, porque han logrado grandes victorias pero no son en este momento los que más inciden en la política ambiental del país.

Y salieron otros expertos que fueron muy nombrados pero no necesariamente por lo poderosos que son ahora, sino por lo que han representado para que el sector ambiental crezca, como Julio Carrizosa, Alegría Fonseca y Margarita Merino.

Mientras la Secretaría de Cultura Recreación y Deporte de la Administración de la Alcaldía Peñalosa envía un mensaje por redes en que anuncia una “Cifra histórica de inversión en Cultura y Deporte para Bogotá”, la misma administración recrea una jugada deportiva y saca de taquito la ejecución de la Nueva Cinemateca Distrital de Bogotá. Lo de esta Secretaría parece ser, en efecto, lo de la “recreación”, pero no tanto para “recrear” en el sentido de darle gozo a una audiencia —en este caso, la que padece de una creciente cinefilia—, sino para ponerse creativos y “recrear” un peliculón de austeridad presupuestal que no corresponde a la grandilocuencia de las cifras con que la administración proyecta el tráiler de su acto histórico.

Mientras el Presidente Santos dice en Cartagena, en un encuentro de Ministros de Cultura de Iberoamérica, que “fomentar la cultura es construir la paz”, en Bogotá la Alcaldía Peñalosa le hace la guerrita al proyecto, no lo articula en el nuevo Plan de Desarrollo y desconoce la labor del pasado Director de la Cinemateca, Julián David Correa, donde el funcionario y su equipo aseguraron los recursos de un nuevo edificio con bodegas climatizadas para la filmoteca, una amplia mediateca, una galería, cinco espacios para los programas de formación y laboratorios de creación, y cuatro salas de cine con todos los sistemas de proyección, entre otros servicios.

La Alcaldía peca de adánica y solo está haciendo el ridículo al “destruir sobre lo construido” en algunos asuntos de cultura. A la administración Peñalosa parece ganarle el ánimo de echarle cemento a iniciativas que han florecido en un pasado remoto o cercano, sean Festivales de Música, sede para la Filarmónica, Centros Locales de Arte para la Niñez y la Juventud o jornadas educativas 40x40.

La construcción de la Nueva Cinemateca Distrital de Bogotá se tiene que hacer por dos motivos: uno, porque el dinero para la construcción (22.387.660. 628 millones de pesos) ya fue adjudicado en un proceso público y legítimo al consorcio Cine Cultura Bogotá conformado por Inversiones y Construcciones Andes S en C, Royal Suministros SAS y Donado Arce y Compañía. A este dinero se suma otro fondo de 9 mil millones de pesos, cargado al presupuesto de este año para legalizar el traspaso del lote propiedad de la ERU, Empresa de Renovación Urbana, al IDARTES (un trámite interno pues ambas están entidades adscritas a la Alcaldía). Y dos, porque la iniciativa para hacer un centro cultural en esta zona es el origen mismo de la disponibilidad del terreno, un espacio que fue expropiado a varias decenas de ciudadanos con el fin de iniciar un proceso de “renovación urbana” donde el principal beneficiario debía ser la ciudadanía misma.

El lote para la Cinemateca tiene una historia maldita y tortuosa, es una manzana envenenada. Todo el predio fue expropiado por la misma Alcaldía de Bogotá, hace varios años, bajo la disculpa de que iba a ser destinado a un bien de interés cultural. El proceso de expropiación se caracterizó por condiciones injustas y arbitrarias con la mayoría de sus antiguos habitantes. Katia González, la persona nombrada por Samuel Moreno como directora de la ERU —la entidad que ejecutó la acción—, al terminar su periodo en diciembre de 2011 dijo con orgullo: “A Renovación Urbana la voy a dejar con recursos”.

En la entrevista en El Tiempo, cuando le preguntaban a González por el proyecto de construcción de los dos lotes de la Manzana 5, ella decía: “Es el más avanzado. El segundo lote, donde se podrán construir unas 300 viviendas, se adjudicó a un inversionista-constructor y le va a representar al Distrito un retorno de su inversión en un 155 por ciento”. Y luego, cuando le preguntaban si el Centro Cultural España, proyectado para construirse ahí, se iba o no a hacer, González decía: “La Embajada de España me informó que hay aprobados 2'500.000 euros para la obra. No hemos dicho públicamente nada, porque se tuvo que modificar el convenio para que un tercero lo pudiera ejecutar, ya que nosotros no somos constructores. Se escogió a la fundación Escuela Taller de Bogotá, que es una entidad seria”.

La fundación escogida es seria, sí, pero serios no fueron ni los españoles ni la Alcaldía, cuando unos dijeron tener la plata, los otros no tenían lo de la licencia, y cuando unos tuvieron la licencia, los otros dijeron no tener la plata. En España ya se habían esfumado los recursos en la crisis económica que golpeó a ese país que llevaba años haciendo aspavientos de un blindaje a prueba de todo. ¿A dónde se fue el retorno de la inversión en un “155 por ciento” que con tanto orgullo mencionaba González? ¿por qué esos recursos ahora son tan esquivos para sumarse a la construcción de una nueva y bien equipada Cinemateca Distrital?

En El precio de la Renovación Urbana, un trabajo de reportería sobre el caso de la expropiación, Lina Castellanos cuenta cómo los peces grandes de las especulación devoraron a más de 200 propietarios para generarle al Estado ese “155 por ciento” de utilidad del que tanto se ufanó González como funcionaria pública. Saul Suárez, un hombre mayor de 70 años, que vivía en la zona en un lote propio con su mujer Amelia, además de señalar el acoso de los funcionarios de la ERU, la Policía y todas las batallas pérdidas y la indiferencia de los entes de control, contaba sobre el negociado a que fueron sometidos: “Es absurdo que la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá haya hecho un avalúo de doscientos o trescientos mil pesos por metro cuadrado. El otro día me fui a preguntar por un proyecto que están vendiendo, el proyecto BD Bacatá. Llegué a la sala de ventas, en la calle 19 # 5-20 y un apartamento de 125.32 metros cuadrados cuesta 733’591.950 millones de pesos, más o menos cinco o seis millones de pesos el metro cuadrado. A nosotros nos ofrecieron 200.000 pesos por metro cuadrado”.

Cuando el Alcalde Samuel Moreno fue destituido y apresado, y bajo la administración de Clara Rojas como funcionaria a cargo, un grupo de funcionarios españoles hizo el viaje a la Indias para el simulacro de que el Centro Cultural España iba finalmente a ser construido. Se trataba de una nueva pantomima, otra deportiva recreación para evitar la acción legal con la que muchos de los expropiados intentaban recobrar sus predios invocando el artículo 70 de la Ley 388 de 1977: “La entidad que haya adquirido el bien en virtud de la expropiación por vía administrativa, adquiere la obligación de utilizarlo para los fines de utilidad pública o interés social que hayan sido invocados, en un término máximo de tres años”.

La Alcaldía, bajo nuevos artilugios, dilaciones y triquiñuelas, ganó todos los pleitos, y cuando en el 2011 el gobierno de España asumió su quiebra, quedó claro que el comodín de la cultura se había jugado solo para embellecer el naipe, que lo de la “renovación urbana” más el “Centro Cultural España” fue solo una jugada mercantil para favorecer los indicadores de gestión de los altos funcionarios de la ERU, González incluida, que actuaron en concordancia con los intereses de los tahúres del truco inmobiliario a los que les fue adjudicado más del 65% de la manzana a un precio tan bajo que permite hacer crecer la inversión en varios múltiplos con cualquier desarrollo urbanístico. La composición accionaria de varias de las empresas que desarrollan proyectos urbanísticos en el centro de Bogotá cuenta con la participación de varios grupos de empresarios españoles.

Hoy, sobre la manzana envenenada, se erige un monumento a la gentrificación, un proyecto de la Constructora QBO y la promotora Convivienda que, bajo el nombre City U, construye un alto complejo de edificios tan desangelado como el nombre con que han bautizado esta maqueta 1:1 de arquitortura bogotana. Son tres torres de marco gris, de ventanas tan estrechas, herméticas y estiradas como la sensibilidad, astucia y arribismo de sus urbanizadores. Tres trabajos de pastelería y pastillaje urbanístico con un hediondo degradé en tonos verde y azul, una coloratura cínica en chambonas placas estriadas de cemento con la que QBO y Convivienda pretenden camuflar la mediocridad de su diseño y compensar la vista de los cerros de Guadalupe y Monserrate que las densas moles de City U ahora ocultan.

En Agosto de 2014, sobre la carrera tercera con calle 19, la Cinemateca Distrital instaló carpas provisionales para celebrar la próxima construcción de su nueva sede. La velada tuvo un tinte cinematográfico: mientras en pantalla gigante se proyectaban secuencias de películas colombianas, entre los asistentes deambulaba un elenco de actores con atuendos peliculeros, entre ellos, un Bolívar autócrata para Bolívar soy yo, un falso embajador hindú para El Embajador de la India y una mujer que inhalaba pegante para La vendedora de rosas. Faltó, sin embargo, dado el contexto de la locación, una película que destacó por su ausencia: La estrategia del caracol, de Sergio Cabrera, y como extras para evocarla habría bastado con invitar a los antiguos residentes de ese lote para que representaran el mismo destino sufrido por los personajes de esa tragicomedia: ser desahuciados.

En La estrategia del caracol un grupo de inquilinos va a ser desalojado de una gran casa marchita porque su propietario quiere hacer pasar el inmueble por un bien de interés cultural para crear una burbuja inmobiliaria, los residentes saben que la lucha está perdida pero recurren a todo tipo de maromas para dilatar el proceso. Al final, cuando los autoridades del Estado llegan al predio para dar la última estocada se encuentran con un cascarón endeble que se derrumba y deja ver el vacío: los habitantes se han llevado la casa a cuestas y solo han dejado un mural con el croquis de la fachada y un mensaje digno de despedida: “Ahí tienen su hijueputa casa pintada”.

Uno de los antiguos habitantes de esta zona escribió una distopia cuando vio que, de la noche a la mañana, su inmueble perdió el estatus de conservación arquitectónica y le llegó la orden perentoria de abandonar su hogar: “He sido expulsado de mi casa junto con los libros de la nutrida biblioteca que, libro a libro, levanté a lo largo de la vida. Alguien debería consignar ese hecho, como un punto más del programa Bogotá capital mundial del libro. Espero que en el futuro el horror sea patrimonio de la ficción y no de la realidad”. Las palabras son del escritor Jairo Aníbal Niño, un artista desahuciado por la promesa de esa “cultura” que no le dio tiempo de idear su estrategia de caracol, pues dos años después de escribirlas, murió, en agosto de 2010.

La Universidad de los Andes tomará en alquiler por 10 años una de las torres de City U con capacidad de 600 camas para albergar ahí a estudiantes, profesores y funcionarios. Tal vez en uno de esos habitáculos, un estudiante, profesor y funcionario, que no pueda conciliar el sueño por una sensación ominosa —producida tal vez por el fantasma del pasado delictivo y las maniobras leguleyas de los funcionarios estatales y las empresas constructoras que asesinaron jurídicamente a los antiguos propietarios para hacerse al lote—, se digne en su vigilia culposa a leer alguna de las obras de Jairo Anibal Niño. El lector insomne podría comenzar con algo de literatura infantil, como Zoro, donde un niño de la selva se enfrenta a un tigre de cristal, gigantes de piel de vidrio y águilas de hielo, o podría pasar a una obra de teatro documental llamada Los inquilinos de la ira que, basada en hechos reales, muestra cómo un grupo de campesinos —en su lucha por la tierra y por el techo— son asesinados por la fuerza pública.

O tal vez, para continuar con el ejercicio de “Recreación y Deporte”, con esta puesta en escena, en el futuro algún doctorando quiera salir de City U a estirar las piernas, luego de trabajar arduamente en una tesis sobre los funcionario públicos que impostan tener un doctorado (Petro, Peñalosa, Hinestrosa y compañía), y se meta a una función de cine en la recién inaugurada Cinemateca donde una película cuente la historia de la construcción de la Cinemateca misma (o tal vez la tesis sea sobre el retorno social de la inversión en cine y como una película nominada al Oscar le trae más beneficios de imagen en el exterior al país que toda una campaña de “Colombia es pasión”). O tal vez nada de esto suceda, no tengamos un “happy ending”, solo una puesta en abismo, un lote vacío a la espera de una partida presupuestal que nunca llegará, un cerco donde pasta la inoperancia y un cerramiento metálico descuidado con un grafiti anacrónico en clave cinematográfica: “Ahí tienen su hijueputa Cinemateca pintada”.

Ayer el ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, contó que el nuevo ministro de la Anla será Rodrigo Suárez Castaño.

El ingeniero ambiental, Rodrigo Suárez Castaño, es el nuevo director de la ANLA https://t.co/5UGiVtWUqs

— Luis G. Murillo (@LuisGMurillo) 19 de mayo de 2016

Con ese nombramiento se corta el circuito entre vicepresidencia y la Anla, uno de los superpoderosos del medio ambiente que define si obras como carreteras o minas se pueden hacer porque cumplen los requisitos ambientales, y que hasta ahora era cercana a Germán Vargas Lleras, el dueño de la locomotora de la infraestructura.

“Fernando Iregui, el exdirector, era una ficha total de Vargas. Y con Rodrigo Suárez en la Anla, envía un mensaje clarísimo sobre el rumbo que va tomar su cartera ahora”, explicó a La Silla una fuente muy conocedora del sector.

Suárez se posesiona el 13 de junio y ya ha hablado con Murillo sobre el rumbo que le quiere dar a la Agencia: lo técnico primero que cualquier otra cosa.

¿Quién es y para dónde va Suárez?

Suárez es un técnico del sector: tiene dos pregrados directamente relacionados con el tema (ingeniería ambiental en La Salle y Administración Ambiental y de Recursos Naturales en la Santo Tomás) y es especialista en administración pública de Los Andes. Tiene además estudios en calidad del aire del Instituto Hidrológico y Meteorológico de Suiza.

Recién graduado de sus carreras, en 2004, su primer trabajo fue como contratista de la subdirección de estudios ambientales del Ideam. Ahí su jefe era César Buitrago, hoy de Ecopetrol y quien en 2006 se lo llevó a trabajar al ministerio de Ambiente como consultor sobre temas como la calidad del aire, biocombustibles y recursos hídricos.

En 2012, Suárez pasó a la Anla, donde Luz Helena Sarmiento, la entonces directora  y una técnica del sector, lo nombró subdirector de estudios ambientales, encargado de analizar el impacto de los proyectos para los ecosistemas, un paso previo a la entrega de las licencias. Luego pasó a ser subdirector de evaluación y seguimiento, donde revisaba si los proyectos que ya tenían licencia estaban cumpliendo con lo que éstas les exigían o si , ya con la licencia, se volaban las normas ambientales.

En marzo de 2013 volvió al ministerio de Ambiente como director de cambio climático, nombrado por el entonces ministro Juan Gabriel Uribe, y estando ahí ocupó uno de los 24 asientos de la junta directiva del ‘Fondo verde para el clima’, que es el principal fondo mundial para financiar la lucha contra el cambio climático.

La semana pasada, durante las reuniones de empalme en el Ministerio entre el equipo actual y el nuevo ministro Murillo, Suárez le presentó en qué iba su dirección. Cuando terminó, Murillo le dijo que lo quería en la Anla.

“La verdad no me lo esperaba para nada y estoy muy feliz. Creo que es el mejor regalo de mis cuarenta recién cumplidos”, le dijo a La Silla.

Los retos

Uno de los retos más grandes es que la agencia deje de verse como la rueda suelta del sector porque, al ser una entidad independiente, en decisiones como la de darle la licencia a Hupecol en la Macarena parecía como si el ministerio y la Anla no se hablaran.

“Con el Ministro ya hemos hablado y lo primero que queremos es que la Anla esté mucho más articulada con el Ministerio. Que esto se entienda de verdad como un sistema que trabaja unido”, agregó.

Suárez quiere que a la Anla la vean como una agencia técnica. “Es como cuando usted ve un BMW y sabe que es un carro de alta gama. Nosotros queremos que la calidad de nuestras decisiones se vea”, le dijo a La Silla.

Pero lograr eso lo enfrenta a otro desafío: el político.

Hasta ahora, la Anla le ha caminado a la locomotora de la infraestructura que maneja el vicepresidente Germán Vargas. Eso quedó claro con la carretera de la Prosperidad que afecta la Ciénaga Grande en Santa Marta porque, como nos contó una persona de alto nivel: “Vargas logró alinear a la gente en la Agencia”.

Y el interés del vicepresidente es que siga siendo así, además de que la infraestructura es la gran apuesta macroeconómica del Gobierno.

Lo mismo ocurre con la exploración y explotación petrolera, pues las reservas de petróleo se están reduciendo y los ingresos del Gobierno de esa fuente también, y las licencias de la Anla son clave para definir si hay más incentivos a perforar o no.

Por eso, aunque el tema medioambiental cada vez está más en la agenda pública, no va ser fácil para Suárez oponerse a esos intereses.

“En discusiones frente a proyectos como el del río Magdalena que ya está concesionado y no tiene licencias todavía, le queda muy berraco a un funcionario de ese nivel parársele al vicepresidente. Toca ver cómo le va”, nos dijo una fuente.

Más porque la Anla, a pesar de ser fundamental en la protección del medio ambiente, tiene un equipo muy pequeño, de solo 70 funcionarios de planta y el triple de contratistas. “Eso no es bueno porque siempre será mejor tener gente con memoria histórica en la entidad”, nos dijo Suárez.

“Lo primero que tiene que hacer es resolver la estructura de esa agencia”, nos dijo un experto ambiental.

“Yo estoy pensando en trabajar en alianzas para hacerle seguimiento a los procesos como con Indemar, por ejemplo. Que ellos nos ayuden con sus estudios a mirar las licencias que tocan a los mares”, nos dijo.

Habrá que ver si Suárez, sin grandes apoyos políticos, con un presupuesto de apenas 71 mil millones de pesos y con la presión de proteger el medio ambiente sin ser visto como un obstáculo a los grandes proyectos, logra sacar todo eso adelante.

La decisión de la Corte Constitucional de mantener el crucifijo en su sala de reuniones no solo llenó titulares sino que dejó sorprendidos a muchos en la Corte porque dos de sus magistrados más liberales votaron a favor de mantener el símbolo religioso.

La decisión, que tomó la Sala Plena porque la presidente María Victoria Calle envió para su debate un derecho de petición al respecto, sorprendió no tanto por el resultado final sino porque Calle y Vargas, que son parte del bloque liberal, votaron a favor de mantener al Cristo en el salón.

En cambio, sus compañeros de bloque, Alberto Rojas y Jorge Iván Palacio, votaron a favor de retirarlo, igual que Alejandro Linares, quien se ha ido perfilando mas del lado conservador.

El asunto no fue sencillo pues la discusión duró unas dos horas, y Rojas y Palacio fueron muy enfáticos en que en un estado Laico ese símbolo no tenía cabida en un espacio de decisiones públicas. Sin embargo, Vargas (que ha defendido el Estado laico en varias sentencias) alegó que la laicidad no es un eje transversal de la Constitución, que debían ser inclusivos y plurales, y que se debía conservar el crucifijo con la salvedad de que eventualmente deberían tener cabidas otras expresiones religiosas similares.

Si es así, ¿será posible que algún día el crucifijo termine acompañado por una media luna musulmana o una estrella de David judía?

Cuando aparentemente estamos cerca de la firma del acuerdo final para dar por terminado el conflicto con las Farc y es público casi el 80% de lo que sería su contenido, surge como gran triunfadora la Constitución de 1991, que contrario a lo que cualquiera hubiese podido imaginar que pasaría va a salir prácticamente incólume. En la práctica, 25 años después, a ese “tratado de paz” que construyeron todas las fuerzas políticas y sociales del país se le están sumando los actores armados que aún no lo habían hecho.

Lo natural hubiese sido que en un proceso como el que llevan el Gobierno colombiano y la guerrilla de las Farc lo que se pactara fuese una profunda reforma constitucional. Así ha ocurrido en prácticamente todos los acuerdos para terminar conflictos de la dimensión del nuestro. Incluso en Colombia, aunque ese resultado no se pactó con las guerrillas, de alguna manera la negociación que se hizo con el M 19, el EPL y otras organizaciones derivó en la expedición de una constitución completamente nueva.

El Frente Nacional que es el acuerdo de paz más profundo que hemos hecho los colombianos terminó con una reforma constitucional que cerró el sistema político a cambio de que liberales y conservadores dejaran de matarse. Los centenares de miles de víctimas nunca se repararon y los delitos quedaron todos en la impunidad, pero se cambió la Constitución para compartir el poder entre los contendientes durante una fase de transición.

Resulta muy llamativo que lo que se acuerde para terminar un conflicto de más de 50 años, en el que el delito base consiste en levantarse en armas para suprimir o modificar el régimen constitucional o legal vigente lo que se acuerde no sea modificar al menos una de las líneas de construcción de ese orden constitucional.

La constatación es más interesante en medio de un agrio debate en el que los opositores del proceso lo califican de “golpe de estado” e incluso algunos de quienes lo han defendido se rasgan las vestiduras por el procedimiento que se escogió para formalizar jurídicamente el acuerdo que lo califican de asalto a la Constitución. Ya Álvaro Gómez, que después presidió la Asamblea Constituyente, había calificado el documento en el que se plasmaba el procedimiento propuesto para modificar entonces la Constitución, como el plan para asaltar una joyería.

Para cumplir lo que se ha acordado en La Habana se necesitan hacer dos o tres adiciones constitucionales, todas ellas transitorias y que no cambian sustancialmente ni el sistema político, ni el régimen territorial, ni el sistema de controles o de separación de poderes, o el capítulo de los derechos y sus mecanismos de protección. Hay que autorizar la adopción de una jurisdicción especial para investigar y juzgar los delitos que se hayan cometido en el marco del conflicto y permitir que se creen unas curules adicionales en la Cámara de Representantes para dar representación a los territorios especialmente afectados por el conflicto.

El cambio más significativo será el de la organización electoral. Habrá que eliminar el Consejo Electoral y crear un organismo independiente de los partidos, pero eso ya será por iniciativa de los actores políticos y no como consecuencia necesaria del acuerdo de La Habana.

Lo demás son modificaciones legales o la adopción de políticas públicas dirigidas a hacer efectivos los principios constitucionales adoptados en el 91. No hay mayor prueba de la solidez de una constitución que la de superar la negociación de las condiciones para que un grupo que pretendía suprimir o modificar el régimen constitucional cese en su pretensión.

Las FARC y el uribismo han coincidido en que quieren una Constituyente pero ninguno de los dos ha atinado a decir que cambios propondrían a la Constitución. La guerrilla dice que no quiere la Constituyente para modificar la Carta sino para “ratificar” los acuerdos y el uribismo la propone, como diríamos coloquialmente, por joder, para ver que sale de ahí y claro dirán que es muy importante modificar el tema de la justicia o cualquiera, otro, pero están –como casi siempre- “cañando”, no porque crean sinceramente que alguno de los problemas colombianos del presente se resuelva con cambios constitucionales.

"Las Farc y el uribismo han coincidido en que quieren una Constituyente pero ninguno de los dos ha atinado a decir que cambios propondrían a la Constitución.”

Héctor Riveros

Hace 25 años, en cambio, era claro que había que cambiar el pacto del Frente Nacional y abrir la sociedad y la política al reconocimiento y respeto a la diferencia, que había que promover nuevas fuerzas políticas, que había que reformar el diseño del equilibrio de poderes porque se había concentrado mucho poder en el Presidente y etc, etc, pero especialmente había que legitimar un nuevo pacto. Ahí se metieron todos, faltaban las Farc y eso fue lo que aceptaron hacer con el acuerdo para “blindar” los acuerdos dado a conocer el fin de la semana pasada.

No habrá mejor celebración de los 25 años de la Constitución que la firma del acuerdo con la guerrilla de las Farc.

Se completará el círculo de lo que, en ese momento, invocando a Bobbio, la Corte Suprema de Justicia llamó un “tratado de paz”.

Los opositores al proceso de paz dirán, contra toda evidencia, que al contrario se violentó el pacto y los detractores de la Constitución recordarán que se han aprobado decenas de actos legislativos en estos años para demostrar que de la Carta de entonces queda poco. Falso, ni lo uno, ni lo otro, lo único cierto es que si alguien hace un escrito explicando los elementos esenciales de la Constitución colombiana tendrá que consignar los mismos que hubiera tenido que escribir hace 25 años.