Por Juan Camilo Cárdenas

Un curso que aun sueño diseñar para el futuro estará basado en las siguientes películas: The Matrix, V for Vendetta, Batman The Dark Knight, y 1984. El tema del curso será el diseño de sistemas de gobierno para una sociedad moderna.

Con recurrencia volvemos al debate eterno de qué tipo y tamaño de estado deberíamos tener, y quién se debería encargar de resolver lo público. Una serie de eventos recientes en mis clases y otras de colegas me ha llevado a retomar esta discusión, sobre todo por una estrategia particular de solución que ha surgido, precisamente desde los jóvenes, y que contaré abajo.

Uno podría resumir las posiciones acerca del contrato social a través de quienes han marcado en diferentes momentos sus visiones en lugares diferentes del espectro político. Tres ejemplos de versiones de “Sociedad” o de “Contrato social” entre las cuales se ha movido buena parte de los debates económicos y políticos podrían ser estas.

1. Thomas Hobbes y el Leviathan

Thomas Hobbes solo veía en los pactos con la espada del Leviathan, la respuesta a la naturaleza humana: “Las leyes de natu­raleza (tales como las de justicia, equidad, modestia, piedad y, en suma, la de haz a otros lo que quieras que otros hagan por ti) son, por sí mismas, cuando no existe el temor a un determinado po­der que motive su observancia, contrarias a nuestras pasiones naturales, las cuales nos inducen a la parcialidad, al orgullo, a la venganza y a cosas semejantes. Los pactos que no descansan en la espada no son más que palabras, sin fuerza para proteger al hom­bre, en modo alguno.”

2. Margaret Thatcher: “Quién es la “sociedad”? No hay tal cosa”

En el otro espectro está quien en su momento lideró la doctrina junto a Reagan de la desregulación y reducción del estado. En una entrevista dada en septiembre de 1987 al ser reelegida para un tercer período, la entonces Primera Ministra del Reino Unido respondió acerca del problema de deterioro de la calidad de vida de los más pobres y el papel del gobierno con estas palabras:

"Creo que hemos pasado por un período en el que demasiados niños y personas han llegado a entender "Tengo un problema , es el trabajo del Gobierno resolverlo!" o "tengo un problema , voy a ir a buscar un subsidio para hacer frente a él! ""Estoy sin casa, el Gobierno debe darme vivienda! " y así están están trasladando sus problemas a la sociedad, y qué es la sociedad? ¡No existe tal cosa! Hay hombres y mujeres individuales, y hay familias y ningún gobierno puede hacer nada excepto a través de la gente y la gente se valdrá de si misma primero"

3. Ostrom y el auto-gobierno

Y finalmente Elinor Ostrom, quien ve en el auto-gobierno la posibilidad de resolver el problema de lo público y lo colectivo desde los mismos miembros de la sociedad que se beneficia pero debe adueñarse de esa responsabilidad:

“Usted no estaría leyendo este texto si no fuese porque algunos de nuestros ancestros aprendieron a construir la acción colectiva para resolver los dilemas sociales. Generaciones sucesivas han agregado al acervo de conocimiento diario sobre como introducir normas de comportamiento productivas en sus hijos y diseñar artesanalmente reglas para soportar la acción colectiva que produce los bienes públicos y evita las “tragedias de los comunes”

Cada uno de ellos tendría una posición diferente de resolver uno de los problemas eternos de lo público, el de contribuir voluntariamente a producir un bien que beneficia al grupo. Mi colega Leopoldo Fergusson tiene este video TEDxYouth con una buena descripción de este problema desde la demanda de bienes públicos y su oferta desde los gobernantes.

El juego de los Bienes Públicos.

Uno de los experimentos económicos más populares y sencillos para explicar el problema de los bienes públicos es el juego de las contribuciones voluntarias o VCM (Voluntary Contributions Mechanism). En una clase típica de, digamos, 30 personas, lo hago de la siguiente manera:

Cada estudiante recibe una ficha con la cual debe tomar una decisión de inversión. Puede invertir la ficha en un fondo privado (P) o invertirla en un fondo común o grupal (G). Por cada ficha invertida en el fondo grupal (G) cada uno de los participantes, sin importar cómo invirtió, recibe $1,000. Sin embargo, si Usted invierte su ficha en el fondo privado (P), Usted recibe $10,000, además de los $1,000 por cada ficha invertida por los demás. Resumiendo, miremos cuatro ejemplos y los pagos para mí y para los demás del grupo:

Claramente la sociedad obtiene la solución óptima cuando todos invierten su ficha en (G). Así se logra el máximo nivel de bienestar agregado y distribuido además de manera equitativa. Si cada uno obtiene $1,000 por cada ficha invertida, es decir, cada persona recibe $30,000 –el tercer escenario de la gráfica, a pesar de haber renunciado al costo de oportunidad de no obtener los $9,000 netos si hubiera invertido en (P). Sin embargo existe un problema: si alguien quiere invertir en (P), y libremente lo puede hacer en el juego, recibirá sus $10,000 mas los 29x$1,000, es decir sus ganancias se suben a $39,000, mejor aun que los $30,000 de la solución ideal. Con ese acto, de invertir en (P), se reducen las ganancias de los demás a $29,000 y se aumentan las propias a $39,000 (el escenario inferior en la gráfica). Si el siguiente jugador decidiera seguir esta estrategia, ganaría $10,000+$28,000=$38,000 y así sucesivamente se deterioraría el fondo grupal hasta el punto en que todos invertirían en (P) generando ganancias individuales de apenas sus $10,000 (el segundo escenario de la gráfica).

Nuestros tres referentes darían prescripciones diferentes. En el mundo Thatcheriano cada cuál buscaría invertir en (P), en el mundo Hobbesiano la espada del Leviathan obligaría a que eligieran (G) a la brava, y en el mundo Ostromiano se construirían acuerdos auto-gobernados para elegir (G) a través de las normas sociales, el monitoreo y la sanción entre los miembros del grupo.

Con una alta frecuencia, y para algunos sorprendente, cerca de la mitad de los estudiantes en estos juegos en el mundo entero decide invertir en el fondo grupal en una primera ronda de este juego. El otro resultado también robusto es que si se hace de manera repetida, esa fracción de cooperantes va decreciendo en la medida en que van observando que hay otra fracción, creciente, de quienes quieren obtener sus $10,000 y además beneficiarse de los $1,000 adicionales de las contribuciones de los demás. Este es el caso clásico del free-riding, junto a los efectos de reciprocidad o del “tit-for-tat” bien conocidos ya.

En ocasiones les permitimos a los estudiantes tener un diálogo entre ellos antes de volver a jugar una ronda adicional del mismo juego. Y aquí encontramos con frecuencia un patrón similar: la comunicación entre ellos presta varios servicios: sirve para aclarar a algunos la naturaleza de la externalidad, y después sirve para generar las normas sociales que castigarían socialmente el comportamiento oportunista, generando un deber moral de contribuir al bien común por encima de esas ganancias extras del free-riding. Este resultado de la comunicación lo estudiamos en una serie de experimentos en campo, mostrando estos mecanismos de la comunicación cara-a-cara como un potente motor del auto-gobierno.

Uno de los puntos clave del juego es el instrumento de decisión. En ocasiones lo hacemos entregando a cada jugador dos cartas de naipes, una roja para invertir en (G) y una negra para invertir en (P). En otras ocasiones usamos unas tarjetas electrónicas de respuesta populares en los programas de televisión donde la audiencia participa votando por algún tema.  

La solución del sistema totalitario benevolente.

En los últimos años ha surgido entre los estudiantes de varios cursos mios y de algunos de mis colegas una solución particular: una vez se les permite dialogar entre ellos y han acordado que lo mejor para el grupo es que todos inviertan en el fondo grupal (G), deciden que todos entreguen a un líder del grupo los instrumentos de decisión, para que ese líder decida por ellos el bien común. En el caso de las cartas de naipes, acuerdan recoger todas las cartas negras para impedir la tentación de usarlas, o acuerdan entregar todas las tarjetas electrónicas, para impedir que alguien pueda de manera deliberada volver a invertir en el fondo privado (P).

Lo paradójico es que se genera muy rápidamente el consenso de que esta solución del Gran Hermano, del Líder, garantiza el bien común. Deciden renunciar a la libertad de elegir, y al derecho a auto-regularse desde el juicio moral individual de cada jugador y como resultado de un acuerdo colectivo del grupo para producir el mejor resultado social.

En uno de estos cursos hace pocas semanas miramos con asombro el proceso fluido de construcción de esta misma solución, y rápidamente nos vino a la mente el mundo Orwelliano. Les preguntamos cuántos habían leído “1984” de George Orwell. Ninguno. Pregunté cuántos habían leído la novela gráfica “V for Vendetta” de Alan Moore y David Lloyd, pero muy pocos habían visto siquiera la película. ¿Cuántos habían visto “The Matrix”?, unos cuantos más, aunque no tantos.

La salida rápida del totalitarismo benevolente.

Es de alguna manera paradójico que en ocasiones queramos que un sistema “fuerte”, a veces de derecha y en otras de izquierda, nos resuelva el problema de lo público de esta manera autoritaria. Estas obras literarias que mencioné arriba, sin embargo, nos recuerdan también los riesgos de esos sistemas políticos en que le entregamos al Gran Hermano los destinos de los dilemas colectivos.

En “1984”, Orwell describía las tres reglas de esa nación totalitaria, y la explicación que daba O’Brien, el funcionario del Ministerio de la Verdad, para justificarlas:

• Guerra es Paz. La guerra hace que los ciudadanos no se levanten contra el estado porque es necesario mantener la defensa ante el enemigo. En ese sentido, diría O’Brien, la Paz es Guerra.
• Libertad es Esclavitud. Dado que el esclavo no conoce más opciones, se siente libre, y en ese sentido la Esclavitud es Libertad.
• La Ignorancia es Fuerza. Los ignorantes no se levantarán contra el estado, y en ese sentido la Fuerza es Ignorancia.

Curiosamente las propuestas populistas de algunas izquierdas y algunas derechas, extremas en ambos casos, tienden a coquetear con estas formas de gobierno y control, de nuevo, bien intencionadas en la búsqueda del bien común.

Una de las cosas mas interesantes de hacer experimentos con incentivos (consecuencias) reales es que nos dan información adicional que las encuestas no dan. Un ejemplo, la fuerte tendencia, al menos en encuestas, a la izquierda y al libertarianismo de los estudiantes pero que no pareciera coincidir con la solución que venimos observando en estos grupos de estudiantes que recurren a estas soluciones totalitarias benévolas, renunciando a su libertad de elegir, o a trabajar en comunidad y desde los acuerdos colectivos. Prefieren el atajo del Gran Hermano, ese partido del Norsefire, o The Matrix.

Hasta dónde pueden estos experimentos en clase mapear los comportamientos ciudadanos de nuestros estudiantes seguirá abierto a la discusión y verificación. Pero si llama la atención que entre los jóvenes se encuentre una fracción importante que reclama la mano dura, menos democracia, y mucho efectismo en la coerción de las libertades de los individuos para resolver lo público.

La designación que hizo Juan Manuel Santos del ex congresista liberal Luis Enrique Dussán como nuevo presidente del Banco Agrario es parte de la estrategia del Gobierno para amainar las presiones políticas del liberalismo a Santos.  En este caso lo facilitó que el saliente presidente Francisco Solano estaba en un abierto choque con la junta directiva del Banco.

Dussán, el nuevo presidente viene del grupo político del ex ministro y actual senador liberal Rodrigo Villalba y tiene trayectoria en el sector agrario.

Dirige Finagro, la entidad que se encarga de financiar el sector, desde 2014, y ya había sido gerente del antiguo Incora -que se encargaba del manejo de tierras-, director de desarrollo rural del Ministerio de Agricultura cuando Villalba era ministro y tres veces representante a la Cámara por el Huila, siempre en la Comisión Quinta de temas agrarios.

Villalba, justamente, fue el senador liberal que contó en una reunión del Partido Liberal que junto con Horacio Serpa le habían pedido al Presidente que ojalá la terna para Fiscal General fuera liberal, petición que Santos ignoró al meter a Néstor Humberto Martínez, muy cercano al Vicepresidente Germán Vargas, de Cambio Radical.

La Silla verificó con dos fuentes de Palacio que, en efecto, el cambio de director había sido estratégico en todo el nuevo ajedrez político.

Dussán no solo era una persona con una trayectoria reconocida en el sector, dijo uno de los funcionarios consultados, sino que era un auténtico liberal que ayudaba a calmar las aguas con los rojos, el partido que había quedado tan descontento con la conformación del nuevo gabinete que lleva días amenazando con salirse de la coalición oficial.

“La decisión de cambiar a Solano se había tomado desde antes pero ha servido para el tema con los liberales”, dijo la otra fuente que conoce las movidas internas de Palacio.

Francisco Solano, el saliente presidente del Banco Agrario es un economista e ingeniero industrial de Los Andes, que llegó a la presidencia con tan solo 35 años, tras ser analista financiero en la Federación Nacional de Cafeteros, jefe de pricing en el departamento de mercadeo de Colombia Móvil y asesor financiero de Juan Camilo Restrepo en el Ministerio de Agricultura. Estuvo encargado del banco entre mayo y septiembre de 2013, y de nuevo entre julio y noviembre de 2014, cuando fue nombrado formalmente por Santos.

Durante su gestión, el Banco logró el año pasado las utilidades más elevadas de la historia del Banco, de 522 mil millones, con desembolsos de 5,7 billones para 420 mil clientes (24 por ciento más que en 2014). El índice de cartera vencida llegó al nivel más bajo los últimos dos años, ubicándose en 6,12 por ciento al cierre de abril de 2016. Y el banco logró una cobertura en el 100 por ciento de los municipios.

Sin embargo, las relaciones de Solano con la junta directiva del Banco estaban cada vez más deterioradas.

Por eso, aunque su salida coincidió con una movida política de Santos en la nueva repartija burocrática, el cambio del presidente del Banco Agrario -del que se enteraron por twitter tanto Solano como el ministro de Agricultura Aurelio Iragorri- también es una victoria para la junta.

Los enredos con la junta

Por estatutos, el Presidente de la República es quien nombra al presidente del Banco, y los 12 vicepresidentes, los define la junta directiva.

A diferencia de otras entidades, en el Banco Agrario el presidente le rinde cuentas a una junta que no lo nombra ni lo puede sacar, pero que sí le puede imponer sus subalternos más importantes, un esquema que terminó en este caso con una junta que, por lo menos en su mayoría (La Silla pudo hablar directamente con cuatro de los nueve miembros del momento y todos coincidieron en eso) no estaba contenta con Solano.

En principio, criticaban algunas de sus decisiones como el grupo de 14 asesores que tiene, y que a juicio de varios miembros de la junta es excesivo para el banco, además de que para los miembros tardaba mucho en presentarles una lista de candidatos para llenar dos vicepresidencias que estaban vacías, incluyendo la ejecutiva que es la segunda en importancia. Encima, les molestaba que encargara de esas vacantes justamente a esos asesores.

Hacia septiembre del año pasado se empezó a notar esa molestia porque Solano quería que la junta sacara a Magdalena Fandiño, la vicepresidente de Banca Agropecuaria, y la junta directiva tenía una muy buena opinión de ella.

El argumento de Solano era que Fandiño no respondía a sus instrucciones, y el de la junta era que Fandiño era uno de los vicepresidentes con mejores resultados y una hoja de vida sólida en el sector financiero.

El tire y afloje entre la junta y Solano duró unos dos meses, es decir, unas 4 o 5 sesiones de la junta directiva. Al final, la junta decidió que tenía sentido que Solano pudiera sentirse cómodo con sus vicepresidentes y, aunque a regañadientes, decidió sacar a Fandiño.

Aunque la situación en principio quedó de ese tamaño, en abril la junta se enteró de que Solano había sacado a otros dos vicepresidentes, el administrativo Luis Eduardo Castro (encargado de la secretaría general) y Marcela Ferrán de crédito y cartera, y eso produjo un choque muy fuerte.

En particular la salida de Ferrán cayó muy mal porque tiene una excelente reputación y porque la percepción en la junta es que Solano la había sacado porque ella se negó a conceder algunos créditos que no tenían el suficiente soporte, incluyendo el de un señor del Casanare por 6 mil millones cuando el máximo cupo que había tenido era de 50 millones.

Solano dijo a La Silla que esa no fue la razón. Dijo que cambió los vicepresidentes después de un proceso de evaluación largo y que es normal que un presidente cambie a algunos de sus segundos a bordo.

Cuando Solano explicó a los miembros que había sacado a los vicepresidentes porque en la reunión en la que la junta aceptó la salida de Fandiño le habían dado la atribución de sacar a otros Vicepresidentes, varios miembros dijeron que eso no era cierto, o que por lo menos no recordaban haberlo hecho.

Solano les mostró que así estaba consignado en el acta (que La Silla vió)  y al final acordaron quitarle inmediatamente esa posibilidad, como forma de resolver el problema. Pero la molestia creció y las relaciones de confianza quedaron totalmente maltrechas.

Para los miembros consultados, Solano se sentía con la capacidad de desafiarlos a pesar de que legalmente son los encargados de vigilarlo, porque tenía el apoyo del ministro de Agricultura Aurelio Iragorri y del senador de La U José David Name.

“El Ministro maneja a Solano con el dedo chiquito. El Presidente no tiene el manejo político ni la experiencia para decirle que no”, explica uno de los miembros.

Específicamente, la sospecha de varios de los miembros de junta con los que habló La Silla es que esas decisiones de Solano buscaban “entregar el banco a los políticos”, según nos dijo uno de ellos.  

Según dos de los miembros, la Secretaria General de Solano, Sandra Naranjo, es cuota de Name. Y la asesora a la que encargó la vicepresidencia de Recursos Humanos, Patricia Moreno, era según dos de los miembros el enlace de Solano con el Congreso, pues era quien llevaba y traía hojas de vidas recomendadas por congresistas a Solano.

Solano dice que no es cierto que hubiera puesto el banco a disposición de los políticos y que los resultados del banco durante su gestión hablan por sí solos. Dijo que Naranjo llevaba más de ocho años en el banco como gerente de la Costa y que fue escogida por head hunters entre tres candidatos idóneos, y que Moreno, con 25 años de experiencia en recursos humanos, sí le ayuda con los temas del Congreso pero que ninguna de las dos tenía injerencia en los nombramientos o en el gasto.

Paradójicamente dada esta sospecha de miembros de la junta frente al manejo actual del banco y el hecho de que, por ejemplo, el gerente de vivienda rural actual (el programa con mas plata y que maneja 1,1 billones) sea cuota de los García Zuccardi, que también son de la U, La Silla supo que empleados del banco están promoviendo la idea de  hacer una protesta pública por la llegada de un político a la gerencia del banco precisamente porque creen que eso lo “politizará”.  

En el mismo sentido un senador de la U, el partido de Name, le dijo a La Silla. "A lo liberales les van a dar el Banco Agrario y la ANH. El llorar paga. Ellos van por los más de 1500 puestos (en el banco). Van a politizar lo único que era técnico en este gobierno”.

La politización consiste en nombrar en los puestos a cuotas de los políticos, pero también -según nos contó alguien que trabajó en el banco en el pasado- en que políticos corruptos cobran comisiones sobre créditos que les consiguen a gente que si no fuera por su ‘palanca’ jamás obtendrían un préstamo. (Esto último explicaría por qué el Banco Agrario tiene la cartera vencida más grande de cualquier banco en Colombia.)

Durante este mismo gobierno, para no ir muy lejos, el Banco tuvo un presidente muy político, el conservador Álvaro Navas Patrón, recomendado del senador Roberto Gerlein y puesto a última hora cuando los azules amenazaron a Santos con frenar la votación del referendo por la paz en la Comisión Primera del Senado, como contó La Silla en su momento.

Una explicación de uno de los asesores de Solano es que todo este ruido obedece a los cambios que se dieron en la junta, de la cual fueron desterrados los conservadores, que durante años han tenido su fortín político en el agro, incluido el Banco.

En realidad, Solano no tenía ninguna injerencia en los cambios de la junta, y fue una decisión más desde Casa de Nariño. Según un alto funcionario de Santos “eso llevaba en manos de conservadores muchos años y había algo muy incómodo con la junta y decidieron poner gente de Hacienda y Planeación. Quieren barrer internamente”.

La puja entre ministros

Había una puja entre los ministros Mauricio Cárdenas y Aurelio Iragorri y se notó en los cambios de la junta directiva del Banco en la que los dos tuvieron un roce, que terminó ganando Cárdenas.

Como todas las grandes compañías y las entidades financieras, el Banco tiene una junta directiva cuyos miembros elige la Asamblea, que controla el Ministerio de Hacienda pues es dueño del el 99,99 por ciento de las acciones.

Por estatutos tiene nueve miembros, cuatro del Gobierno (incluyendo a esos dos ministros o sus delegados) y la Asamblea elige a otros cinco independientes, que no pueden ser funcionarios del Gobierno.

Hasta marzo, según tres de sus miembros, la junta funcionaba de forma bastante sólida y coordinada. En ella, además de los ministros, está el subdirector del DNP Luis Fernando Mejía (delegado de Hacienda como accionista mayoritario) y Juan Hernández Celis, el ex secretario general de presidencia de Andrés Pastrana (el delegado del presidente Santos).

Los independientes, eran el presidente de Conalgodón César Prado (quien llegó gracias al ex ministro de Agricultura Rubén Darío Lizarralde), el ex embajador en España Álvaro Villegas Villegas (llevado por Cárdenas), el ex ministro de Agricultura Francisco Estupiñán (también impulsado a este cargo por Cárdenas), el ex vicepresidente de Finagro Luis Eduardo Gómez y el empresario de idiomas Jesús María Oviedo.

La Asamblea, que se hace por rutina en marzo, pintaba tranquila. Y así se desarrolló el 28 de marzo hasta que, casi al finalizar cuando se abordó el punto de “varios”, Arturo Dajud, delegado de Iragorri y su poderoso asesor encargado de la relación entre el ministro y las entidades del sector como el Banco, dijo que tenía una propuesta. Iragorri no estaba en esa reunión. Según todos los miembros de la junta consultados por La Silla, si mucho ha ido tres veces en el último año, pese a ser la cabeza del sector.

Dajud presentó una inesperada lista de tres nuevos candidatos a la junta, algo que sorprendió a los delegados de Hacienda y que nadie esperaba, pues no se había conversado previamente.

Los candidatos eran el ex gobernador conservador del Valle Francisco José Lourido, el empresario del café Gustavo Gaviria, cercano a César Gaviria; y el empresario del agro y superpoderoso de Barranquilla Carlos Murgas. De elegirlos, saldrían Prado, Villegas, y Estupiñán.

Según dos fuentes de la junta, inicialmente el delegado de Cárdenas dijo que no tenía instrucciones sobre qué hacer y por eso se suspendió la junta. Dajud alegó que la idea tenía el apoyo de Presidencia. Al final, una llamada de la entonces superministra María Lorena Gutiérrez comprobó ese apoyo y el delegado de Hacienda aprobó la nueva junta. Por eso, la información fue publicada oficialmente.

Eso salió a la luz pública una semana después por una columna de Ramiro Bejarano en El Espectador, en la que criticaba esos cambios por considerar que todos tenían conflictos de interés, especialmente Lourido.

Después de esa columna los tres declinaron el nombramiento, por diferentes motivos, y con eso la movida de Iragorri quedó frenada en seco.

Además, según tres miembros de la junta, entre esos dos momentos Cárdenas recuperó capacidad de maniobra, pues el Congreso negó la moción de censura en su contra por la venta de Isagen, que estaba pendiente al momento de la Asamblea de marzo.

Como igual se había votado por sacar a los tres independientes, el Banco citó a una nueva Asamblea el 21 de abril para elegir otros tres miembros independientes.

El llorar paga. Ellos (los liberales) van por los más de 1500 puestos

Senador de la U

En esa nueva Asamblea, ya limadas las asperezas entre Cárdenas e Iragorri, el ministro de Hacienda presentó y aprobó a los nuevos miembros. Son el subdirector de Fedesarrollo Juan Mauricio Ramírez (conocido por Santos porque fue subdirector de Planeación de 2009 a 2012), el presidente del gremio de ganaderos Demogan Roberto Ramírez Ocampo (conservador y, como Iragorri, rival de José Félix Lafaurie entre los ganaderos) y el consultor Jairo Burgos de la Espriella (conservador cordobés, y quien fue vicepresidente de Recursos Humanos en Bancolombia durante 13 años).

Estos tres nuevos miembros no se han posesionado aún pero el cambio ya está definido.

Con una junta renovada y la entrada de un nuevo presidente, con trayectoria en el agro pero también en la política, arranca una nueva etapa para el Banco que jugará un papel clave en el posconflicto pues en muchas zonas es la única fuente de financiación para los campesinos. Con los días se sabrá si su llegada y la de los liberales a manejar esta importante entidad frenará la codicia de los políticos o la agudizará.

Por Juanita León

Dado que ayer finalmente el International Council of Investigative Journalists (ICIJ) reveló la base de datos de los Panamá Papers y que ahora La Silla Vacía tiene acceso a la información para cubrir esta historia, me parece importante que nuestros usuarios sepan que yo aparezco mencionada allí como socia de la empresa Snowville Overseas.

De esta manera, hago visible para nuestros usuarios mi conflicto de interés en este tema antes de que publiquemos historias al respecto, como haremos en los próximos días.

Esta es una empresa de mi familia que es socia de empresas comercializadoras de materias primas para el sector alimenticio. Es una inversión legal, que está registrada ante el Banco de la República como inversión en el exterior (ver registro) y reportada en mi declaración de renta (ver declaración).

Para que este hecho no afecte nuestro cubrimiento de esta importante historia, el tema de los Panamá Papers será manejado por el subeditor de La Silla Juan Esteban Lewin sin pasar por mi filtro.

La fortaleza de una democracia radica en tramitar disensos dialogando. Uribe ha llamado a la resistencia civil frente a la inminente firma del acuerdo de paz. Está en su derecho. Pero ¿porqué fundamenta su llamado sobre mentiras? La Corte Penal Internacional ha respaldado el proceso porque va en contra de la continuidad de una Cultura de Impunidad. Militares, guerrilleros y civiles tendran que rendir cuentas. ¿Resistencia o intransigencia?

Hoy se cumplen diez años desde que salió la histórica sentencia que creó las tres excepciones en las que abortar no es un delito. De las tres, la que ha producido la mayor transformación en el país es la de cuando está en riesgo la salud de la madre, que –sin  decirlo de frente- abrió una puerta para que las mujeres aborten cuando no quieren tener un hijo. Ahora el movimiento de mujeres quiere que se reconozca de frente esta posibilidad.

Según datos registrados por la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, a partir de 2009 “la causal salud se invoca cada vez más como causa para solicitar un servicio de aborto, y en la actualidad se ha convertido en la primera causa por la que se practican abortos legales en Colombia”.

De acuerdo a una publicación que hicieron con ocasión de los diez años de la sentencia, la Mesa –que ha jugado un papel importante en la implementación de la misma- dice que según las dos principales organizaciones prestadoras de servicios de salud sexual y reproductiva –Oriéntame y Profamilia- la causa salud pasó de ser el 28 por ciento de los casos en 2006 a ser la causal en mas del 99 por ciento de los abortos legales en 2015..

En Profamilia, desde 2011 hasta 2015, la proporción de abortos por causal salud varió entre 98% y 100%

Como la Corte Constitucional ha tenido una definición amplia de salud como “un estado de bienestar bio-sicosocial” no es tan difícil que un médico certifique que la mujer se encuentra en esa situación.

El estudio de la Mesa, sin embargo, ha encontrado que aún con ese certificado durante estos diez años las mujeres han encontrado todo tipo de barreras en las instituciones para no dejarlas abortar.

Son de varios tipos. Estos van desde el hecho de que muchas mujeres desconocen que tienen el derecho a interrumpir el embarazo si su salud mental corre un riesgo hasta la resistencia de los hospitales y los médicos a practicar el aborto. Hay múltiples testimonios de mujeres que cuentan que cuando llegan a la cita las tratan de convencer de que están haciendo ‘algo malo’, cometiendo un ‘pecado’, sacrificando a una familia de la posibilidad de adoptar un ‘bebito’ o que el procedimiento es de alto riesgo para su salud.

Con frecuencia, los hospitales o los médicos invocan una ‘objeción de conciencia institucional’, o le dicen a la mujer que tienen que hacer una junta médica para tomar la decisión.

“La dilación para brindar atención médica conlleva un aumento del número de semanas de gestación que  suele ser, a su vez, una nueva barrera”, dice la Mesa. Esto porque luego los médicos argumentan que dado lo avanzado del embarazo es muy tarde para practicar el aborto.

Y, por último, está el factor Ordóñez.  El procurador Alejandro Ordóñez, que emprendió durante estos años una auténtica cruzada contra la sentencia que marcó toda la primera etapa de implementación de la sentencia.

Como lo ha documentado La Silla, Ordóñez ha movido cuanto mecanismo ha tenido a su disposición para frenar el avance de este derecho reproductivo.

“En la medida en que no quisimos interlocutar con la Iglesia porque consideramos que era un tema constitucional de derechos humanos, la oposición tuvo que encontrar cómo meter a alguien dentro del discurso constitucional para poder ejercer oposición”, dice Mónica Roa.

Según la Mesa, durante su mandato (2009-2017) la Procuraduría ha solicitado doce nulidades a las dos sentencias de la Corte sobre aborto y no ha sancionado a ninguna entidad pública que haya incumplido sus obligaciones constitucionales y legales frente al tema. “Además, ha generado desinformación e incertidumbre con sus actuaciones frente al aborto”, dice el capítulo de la cartilla Las Causales de la ley y la causa de las mujeres, escrito por Ana Cristina González, miembro de la red de las Mujeres de La Silla.

Pero Roa le ve algo positivo y es que: “En diciembre cuando se vaya el Procurador tenemos que celebrar que nos deja un marco jurídico mas desarrollado y mas fuerte porque cada iniciativa suya ha resultado en estándares mas claros, normas mas claras, un movimiento mas grande y mas fuerte porque con cada una de sus acciones le demostraba a mas gente que los problemas no estaban superados”

La mayor satisfacción para las líderes del movimiento de mujeres es que mientras todo el poder de Ordóñez depende del cargo que ocupa, el de ellas es permanente porque es el de la ciudadanía. Y eso les quedó demostrado cuando la Fiscalía le abrió un proceso penal a la actriz Carolina Sabino por haber abortado y esto generó una indignación generalizada.

Lo que viene

Con lo logrado hasta ahora, tanto Women´s Link, la organización que dirigió Roa hasta ahora que se retira como la Mesa, sienten que están listas para dar la próxima batalla: superar el tema de las causales como excepción para abortar y pasar al de los meses de gestación (las primeras) o a la despenalización total (las segundas).

Ya hay pasos importantes en esa dirección.

Por un lado está el proyecto de ley que presentó antes de irse el ex fiscal Eduardo Montealegre que propone quitar el requisito de las excepciones en los primeros dos trimestres del embarazo.

Por el otro, está el proyecto de la representante verde Angélica Lozano que busca despenalizar el aborto en el primer trimestre pero además lo integra con otras opciones reproductivas, como técnicas de maternidad asistida y adopción.

Mónica Roa, quien fue la cara más visible de la demanda para despenalizar el aborto en los tres casos se retira de Women’s Link para dedicarse a proyectos de consultoría.

Pero como dice Mónica Roa, “La revolución se tiene que dar en la manera de aplicar las leyes y no en crear nuevas”.

Aún en el caso de la Fiscalía de Montealegre, que quiso convertirse en el alter ego liberal de Ordóñez, según Women´s Link hay más de mil mujeres con procesos penales con aborto. “Totalmente injustificados, muchos de ellos con violación al secreto profesional y al debido proceso”, segú Roa.

Explicó que muchas veces los mismos médicos que reciben a las mujeres las denuncian ante la Fiscalía. Por eso le parece que la directiva 06 que sacó el Fiscal dando instrucciones a los fiscales sobre cómo investigar los casos del aborto y diciendo que no pueden recibir denuncias ni pruebas que violen el secreto profesional entre el médico y la paciente ni tampoco cuestionar los certificados médicos es un buen comienzo.

“El problema es que esa directiva no la han aplicado a esos mil casos”, dice Roa. “Espero que ese compromiso se traduzca en una aplicación rápida a los casos de estas mujeres, que a no ser Carolina Sabino no tienen quién se indigne por ellas.”

Para la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres lo que hace falta es la voluntad política para la despenalización total del aborto “eliminando el delito de aborto del Código Penal sin más dilaciones y sin más excusas”.

La reforma al sistema general de regalías, que arrancó hace cinco años impulsada por el Gobierno Santos, busca hacer equitativa la repartición de los recursos del petróleo y la minería en todo el país, o repartir “la mermelada en toda la tostada”, como dijo el entonces Ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverri. Córdoba, uno de los departamentos con más población y más pobreza en el país (los dos criterios para distribuir las regalías con el nuevo sistema) fue uno de los departamentos que más ganó con la reforma. Sin embargo, la plata de las regalías todavía está en obra gris.

Según el presupuesto de los años 2015 y 2016, Córdoba es el tercer departamento que más recursos de regalías tiene para gastar, después de Meta y Antioquia.  Pasó de tener un promedio anual de 352.284 millones de pesos en regalías de inversión durante los cuatro años anteriores a la reforma a la ley de regalías, a un billón de pesos de presupuesto para gastar en en estos dos años, según datos del DNP.

Por eso, como parte de nuestro especial de seguimiento a las regalías, La Silla recorrió durante tres días el norte y el sur del departamento para verificar en qué se han gastado estos recursos.

Escogimos los 30 proyectos más costosos que se están ejecutando o que ya se terminaron con plata de las regalías y que en total se llevaron 2 de cada 5 pesos que se invirtieron por esta vía, más del doble de lo que paga anualmente el Gobierno por el programa de Ser pilo paga.

En total, visitamos 16 obras físicas, averiguamos por un programa de desayunos en colegios que terminó el año pasado y por cinco grandes proyectos de investigación en ciencia y tecnología. No alcanzamos a visitar los otros ocho porque quedaban muy apartados de nuestra ruta, porque no los pudimos encontrar en el terreno –aunque los buscamos– y porque no eran tangibles por lo que era más complicado verlos en terreno. En este último caso, por ejemplo, está la implementación de un programa de comprensión de lectura de emprendimiento en las comunidades educativas de Córdoba.

En ese universo de proyectos, los resultados son agridulces.

Por un lado, la mayoría de los proyectos (16 de los 22) que visitamos son de infraestructura que pretenden, aunque sea en el papel, mejorar la calidad de vida de los cordobeses con obras. Sólo uno de los 22 no se ha comenzado a ejecutar.

Sin embargo, 17 están sin terminar, suspendidos o en proceso de revisión por la actual Gobernación. De esos, siete ya deberían estar listos según el cronograma de ejecución que se estipula el contrato. En otros siete proyectos no fue posible saber si ya debían estar terminados o no porque los contratos no aparecen en internet. Y sólo 5 proyectos terminados del todo según lo pudimos verificar en el terreno.  

Varios proyectos tienen o han tenido irregularidades en su contratación lo que ha hecho, en parte, que las obras se demoraran en arrancar porque los contratos se suspendieron mientras se subsanaron las irregularidades. En otros casos, el proceso continuó con ellas: en 6 de los 16 contratos de obras que revisamos, se hicieron licitaciones públicas con un solo oferente.

Además, está el lío de los convenios que firmó la gobernación anterior, en cabeza de Alejandro Lyons, por concepto de regalías para ciencia y tecnología. De los proyectos que revisamos, este es el sector en el que más plata se aprobó y se comenzó a ejecutar por concepto de regalías. Sin embargo, la semana pasada el nuevo gobernador, Edwin Besaile, decidió suspender tres de los cinco más costosos. 

Lo que encontramos

Los problemas

Todavía no ha ido el nuevo Gobernador de Córdoba Edwin Besaile a entregar el colegio que construyó su antecesor con plata de las regalías, pero los niños de la vereda El Almendro, en Planeta Rica, ya lo inauguraron. La rectora dio la orden. Y los más de 200 niños de ésta y otras veredas cercanas entraron a usar las nuevas instalaciones de un colegio que por fuera es suntuoso: salones de ladrillo gris y paredes amarillas, una cancha de futbol de cemento, lamparitas que iluminan el camino de ladrillo hacia la cafetería, el laboratorio, la sala de computadores y la granja pedagógica. Casi todos con ventiladores para atacar el calor que no baja de los 35 a pleno medio día. Un cascarón.

El colegio Alberto Alzate Patiño no tiene agua, ni luz, ni pupitres, ni tableros, ni computadores, ni materiales científicos. O sí tiene, pero los destartalados que los niños tuvieron que llevarse al hombro de la vieja institución de la que huyeron por el calor. Algunos, con menos suerte, tienen que sentarse en el piso, bajo los ventiladores que no prenden. La pintura amarilla de las paredes se está desprendiendo y se quedó en promesa las 12 nuevas aulas, que en realidad son ocho. El estanque con el que los niños aprenderían a criar peces es un pozo de tierra a medio llenar con el agua lluvia. No hay peces, obvio. Tampoco llegaron los marranos ni las gallinas.  

“Es puro nombre y fachada”, dice una mujer de la junta de acción comunal de Los Almendros que guarda las llaves del colegio como un tesoro en su casa, aunque la reja también quedó a medio cerrar. “Nos dijeron que iban a venir a tumbar las columnas de la cancha, donde se suponía que iba el techo. No lo permitimos. Preferimos que se quede así”, dice el hombre que la acompaña, mientras señala los cimientos que exhiben las varillas despelucadas en la parte más alta.

El Alberto Alzate es uno –el más grande y el más caro– de cuatro colegios, en igual número de municipios, que la Gobernación contrató en un proyecto que se financió con 10.631 millones de pesos de recursos de las regalías.

Es, además, el número 20 entre los 30 proyectos más costosos de los 468 que se aprobaron (por más de un billón de pesos) en los cinco últimos años en que ha estado vigente la reforma. Y uno de los 12 proyectos, de los 16 que corresponden a infraestructura física, que están inconclusos.

Aunque esos son la mayoría, hay cinco proyectos que sí se terminaron, aunque no por eso están libres de problemas. La central de abastos de Montelíbano, al sur del departamento, un municipio acostumbrado a recibir regalías porque es vecino a la mina de Cerromatoso, es un ejemplo de ello.

A las nueve de la mañana de un día laboral, el nuevo mercado está vacío. Los pocos vendedores que se quedaron con un local, sentados en sillas rimax esperan, sin muchas expectativas, un comprador desprevenido. La obra es un elefante blanco que costó más 10 500 millones de pesos.

“Es que Montelíbano es muy pequeño para tener dos mercados”, dice una vendedora que le invirtió un millón de pesos a comprar productos para vender en diciembre, cuando inauguraron la obra, pero que se pudrieron porque nunca llegaron los compradores. Ella, acompañada por otras cuatro personas, dice que en parte, la comida también se pudrió porque en lugar de la vitrina refrigerada que les prometieron, les entregaron una mesa de metal. “La gente va a la de siempre, que está en el centro, y que también acaban de remodelar”.

Aunque no lo dijo, quizá porque no lo sabía, la remodelación de la central de abastos de siempre, también se pagó con recursos de las regalías.

La nueva central de abastos de Montelíbano llama la atención además por otro aspecto: como también ocurrió con el proyecto del Alberto Alzate, la licitación pública con el que se adjudicó tuvo un solo oferente. Una condición que tuvieron otros cuatro contratos y que preocupa, porque sin más que una propuesta, quien contrata queda sometido a escoger sin tener con quién comparar si lo que le están ofreciendo lo hará el contratista más idóneo y que le pueda ofrecer mejor calidad en relación al precio. 

Aunque la reforma a las regalías buscó crear un sistema colegiado (los Ocad) para tomar decisiones de manera técnica y transparente sobre cómo gastar los recursos y un sistema de control y vigilancia preventivo para acabar con la corrupción, esos controles se quedaron cortos.

El sistema diseñó un modelo basado en el buen gobierno: los proyectos se presentan y una semana antes de citar al Ocad, pasan a una mesa técnica que evalúa varios criterios: si el proyecto es viable, si puede ser priorizado –por el impacto social que genera-, si tiene una aprobación técnica y si el responsable de la obra – que suele ser el departamento o el municipio que lo presentó–  tiene capacidad idónea para ejecutarlo.

En la mesa técnica del Ocad departamental de Córdoba está el Ministerio del Transporte –porque muchas de los proyectos que se presentan son para mejorar o construir vías- y el Departamento Nacional de Planeación. También hay una revisión por parte del Ministerio de Hacienda, que hace una especie de “checklist” en la que mira si el proyecto es técnicamente viable y por supuesto, si hay recursos para ejecutarlo.

De ser así, el proyecto pasa a la sesión del Ocad, donde tienen asiento un representante del Gobierno nacional, uno del departamento y uno municipal y allí se vota por mayoría si el proyecto se aprobado o no. Sin embargo, como contó La Silla, en muchos casos, el triángulo del buen gobierno se convirtió en el triángulo de la politiquería con los contratistas en uno de sus ejes y parte de los recursos han sido invertidos en proyectos con más impacto político local que social.

La segunda parte del sistema, que se encarga del seguimiento y control, también tiene varios vacíos.

Después de ser aprobados, los proyectos quedan en manos de las entidades territoriales que los ejecutan y son quienes los adjudican al contratista que realmente los hacen. El monitoreo queda reducido principalmente a lo que esas entidades ejecutoras reportan –en términos de avance físico de los proyectos y porcentaje de financiación- al DNP que maneja el mapa de regalías en todo el país.

Aunque ese sistema se está trabajando para hacerlo más robusto, todavía falta mucho para que haya transparencia y una evaluación centralizada de los proyectos. Pero por ahora, no hay cómo saber si el proyecto que se aprobó en el Ocad se está implementando de manera fiel a como se formuló, y la única forma de saber quién lo ejecuta realmente es yendo a la gobernación ejecutora, pidiendo todos los documentos del contrato y haciendo trabajo de campo.

La Silla lo comprobó: encontramos reportes están bastante desactualizados e incompletos. Por ejemplo, el de la vía de 3.2 kilómetros que contrató Puerto Libertador, en el sur de Córdoba para conectar la cabecera municipal con la vía que conduce a la mina de Cerromatoso, aparece con un cero por ciento en ejecución. Sin embargo, sí se construyó. Aunque en realidad es un parche de pavimento en medio de los 13 kilómetros de una vía destapada y maltrecha, el alcalde saliente la inauguró antes de terminar su mandato, a finales de diciembre. En cambio, otros proyectos que registran el 100 por ciento en ejecución todavía están a medias como el nuevo estadio que se construye en Planeta Rica y al que todavía le falta terminar toda la parte externa de los parqueaderos que con las lluvias, se llenaron de barro.

En otros proyectos, la contratación no siguió los parámetros de transparencia.

Otros líos en contratación

Además de los casos en los que solo hubo un oferente, La Silla encontró en dos contratos y cinco convenios de ciencia y tecnología problemas graves a la hora de contratar y seleccionar a los contratistas que ejecutan los proyectos.

“Cuando nosotros nombramos gobernadores y alcaldes, esos tipos tienen muy bonitas ideas pero no tienen ni idea cómo ejecutar, no tienen ni idea cómo contratar. No saben. Entonces ellos aprenden en los primeros dos años de gobierno y los últimos ejecutan un montón de plata. Eso es incapacidad institucional”, le dijo a La Silla la fuente que pidió no ser citado.

Esa incapacidad institucional hizo que por ejemplo, en dos de los contratos, la construcción del acueducto San Jorge y la de la Universidad de Córdoba en Sahagún, se demorara su ejecución porque el proceso de adjudicación quedó suspendido después de que entes de control e incluso ciudadanos interpusieron denuncias por la falta de transparencia en la selección de los contratistas. En ambos procesos, sólo hasta comienzos de este año, se puso la primera piedra y las obras tienen un avance de menos del 10 por ciento.

Pero los problemas más graves están en los convenios que firmó la gobernación anterior por ciencia y tecnología de los cuales tres de los cinco más costosos (y que revisamos) quedaron suspendidos desde la semana pasada por orden del nuevo gobernador.

Se trata de convenios que, a través de la investigación, buscaban mejorar la productividad en el agro: el primero, por 51 mil millones de pesos, buscaba analizar los impactos de un corredor agroecológico en la cuenca del río Sinú; el segundo, por 17.300 millones de pesos para implementar la cría de carneros -o cabras- para mejorar la competitividad del departamento tras los efectos del TLC; y el tercero, por más de 13 mil millones de pesos para investigar los recursos hídricos del departamento y desarrollar la pesca sostenible.

Además de que los tres fueron entregados a dedo con la modalidad de convenios especiales y están ejecutados en menos del 36 por ciento aunque ya se entregaron recursos para hacerlos por más que ese porcentaje, estos convenios tienen en común que los que se quedaron con ellos están vinculados a la investigación por el crimen de Jairo Alberto Zapa, el ex director de regalías de Córdoba que fue asesinado a mediados del 2014 por asuntos de su trabajo, según la Fiscalía.

El contratista Jesús Henao Sarmiento, vinculado como presunto autor intelectual del crimen, aparece como el representante legal de la organización Corporación Áreas Naturales Protegidas que se ganó el primer convenio.

También aparece vinculado como director científico encargado de Ceni Agroecológicos, la empresa que quedó encargada de elaborar los términos de referencia para elegir a los beneficiarios de unas becas que se entregarán dentro de esos tres convenios de ciencua y tecnología para hacer las investigaciones que buscaban los proyectos.

Por ahora, la gobernación sólo ha decidido suspender estos tres aunque están revisando con lupa los otros siete convenios de ciencia y tecnología que firmó el ex gobernador Lyons para ver si la plata que se ha girado se está gastando en lo que toca.

Faltará ver entonces qué decisiones se toman con esos convenios y si el nuevo gobernador logra sacar adelante los otros proyectos que están todavía a medias.

Lo que sí quedó claro después de nuestro viaje a las entrañas de los proyectos de las regalías en Córdoba es que el departamento tiene una baja ejecución de los recursos que recibe por esta vía como lo aseguró en febrero, el Departamento Nacional de Planeación. Y que por eso, la plata de las regalías en este departamento, que salió premiado después de la reforma que impulsó Santos, está todavía en obra gris.

Ayer Luis Gilberto Murillo se estrenó como ministro de Ambiente con un debate en el Congreso. Lo citó el senador del Polo, Jorge Enrique Robledo, para hablar sobre “todas las malas decisiones del MinAmbiente y la Anla”, decía la citación.  Murillo salió a la medianoche, luego de que casi todos los congresistas, como nos contaron dos personas que estuvieron allá, le pidieran la cabeza del director de la Anla, Fernando Iregui.

Hoy fue su primer día en las oficinas del Ministerio y aunque no ha terminado de llegar, tiene varias decisiones encima. La más urgente es quién se va y quién se queda en la cartera, porque La Silla confirmó que le pidieron la renuncia a todos los cargos de libre nombramiento. Eso incluye al viceministro, Pablo Vieira, las cinco direcciones y todos los asesores, que en total suman unas 30 personas. Y lo otro es qué va pasar con Iregui, a lo que Murillo contestó en el debate que: “esa es una decisión del presidente”.

Lo cierto es que de todos los problemas que Gabriel Vallejo le hereda, quizás el más urgente es lograr que el ministerio funcione bien por dentro. Sin eso, como coinciden tres fuentes, no hay buen ministro que valga para resolver tantos chicharrones en menos de dos años.

El desorden

En el papel, el ministerio de Ambiente tiene una estructura clara. Cuenta con un viceministerio con cinco direcciones, una secretaría general, otra dirección aparte que es el puente entre lo que pasa adentro y la ANLA, Parques Naturales y los institutos científicos, que se llama SINA (sistema nacional ambiental) y seis oficinas que van desde asesoría jurídica y control interno, hasta asuntos internacionales y TICs.

Pero en la práctica esa estructura no funciona como debería. Porque lo que nos confirmaron las seis fuentes con las que hablamos para esta historia es que todas esas oficinas se cruzan los cables y las decisiones son un “un ping pong constante”.

“Las oficinas no tienen tareas articuladas. Uno no puede hablar de bosques sin hablar de agua y sin embargo hay dos direcciones distintas para cada tema”, nos dijo una experta ambiental.

“Pablo Vieira, el viceministro, es un tipo preparadisimo. Lo que pasa es que viaja mucho y no hay quien se quede a resolver esos temas”, nos dijo otra persona.

Vieira nos dijo que “ningún ministerio es perfecto. Nosotros tenemos muchas responsabilidades y el ministerio es muy jóven. No es cierto que no haya articulación. Al contrario, todas las semanas tenemos reuniones temáticas y yo siento que hay que dejar llegar a Murillo. Uno primero llega a la casa, la conoce, y después toma decisiones.”

Tres de las fuentes también coinciden en que hace falta un cargo de alto nivel, de la categoría de un viceministro, que se encargue de fortalecer las relaciones con las Corporaciones Autónomas Regionales (CARs).

Y es clave que haya una mejor comunicación con las corporaciones, entre otras, porque ellas son las que se encargan de llevar la política ambiental de los escritorios en Bogotá al terreno. Pero, como nos dijo en febrero el director de la Car de Cundinamarca, Néstor Franco: “lo que pasa es que la mayoría de corporaciones tienen muy pocos recursos y grandes territorios. Eso hace muy difícil que cumplan la tarea.”

Otra decisión urgente es encarrilar, como nos dijo un ambientalista: “a las dos ruedas sueltas: Parques Naturales, porque es una oficina que le responde a presidencia y no al ministerio y la ANLA, que toma decisiones por su cuenta.”

“El peor error, que ojalá resuelva Murillo, es el de haber separado la ANLA del ministerio”, le dijo a La Silla el ambientalista Manuel Rodríguez y uno de los que promovió la creación de ese ministerio. “Ahí se concentra el poder de decisión, pero por ahora Ambiente es un espectador, no incide en nada”, agregó.

En eso también coincide Juan Camilo Cárdenas, experto ambiental y profesor de la Universidad de los Andes. “Murillo tiene en sus manos decidir si la ANLA sigue siendo una notaria o un ente técnico”, nos dijo.

Y aparte de los problemas de adentro, a Murillo le espera un largo etcétera: desde qué va pasar con la desviación del arroyo Bruno en La Guajira, si habrá o no minería en el valle del Cocora y que tiene a la gente en Salento alarmada, si habrá explotación petrolera en la Macarena, qué hacer con el fracking, cómo resolver el tema de las consultas previas, el decreto que permite que las truchas y tilapias sean consideradas como especies locales, la delimitación de los 26 páramos que faltan y los planes de acción de casi todos (son 36 en total), la urbanización de la reserva Van der Hammen y las licencias ambientales express. Todo un listado que en dos años no será fácil de chulear.  

La incertidumbre

En las oficinas de Ambiente la pregunta del momento es con quién se va quedar Murillo. Por ahora se sabe que se trajo a su jefe de prensa de siempre, Mabel Rocío Castilla y que nombró como su secretaria privada a Paola Vásquez, la asesora estratégica de ‘Todos somos Pazcifico’, plan del que Murillo era director, como contamos, hasta que lo nombraron ministro.

“Lo más probable es que se traiga gente de confianza, que le de un enfoque más afro al ministerio y a hacer un Plan Pazcifico versión dos, dedicado solo a temas de protección de ambiente”, nos dijo otra fuente.

De hecho, La Silla supo que una de las personas que más suena para entrar al ministerio, aunque no pudimos saber para qué cargo, es Alicia Ríos. Ella viene de ser directora encargada de Colciencias y antes fue gerente del Fondo Ciencia y Tecnología del Sistema General de Regalías.

Es chocoana, como Murillo, y viene de trabajar con él, cuando fue gobernador en 2011, como su alta consejera para el desarrollo.

En medio de ese desorden por dentro y los problemas ambientales que hereda, Murillo recibe un ministerio golpeado por la opinión pública y con poca atención en Presidencia. Como nos dijo Juan Camilo Cárdenas, el profesor de los Andes, “si quiere funcionar, tiene que ser un ministerio que estorbe en el buen sentido de la palabra, como el de Hacienda.”

Sin embargo, a algunos funcionarios les preocupa que como Murillo llegó al nuevo gabinete en representación de Cambio Radical, el partido del vicepresidente Germán Vargas, haya más presiones para sacar adelante sus megaproyectos. Pero el viceministro Vieira no lo ve así: “Yo creo que este es un ministerio que debe trabajar no solo con vicepresidencia, sino con todos los sectores. Acá trabajamos con el criterio de garantizar un desarrollo económico sostenible.”

Mientras los diálogos con las Farc en La Habana continúan su rumbo y los del ELN nada que se instalan, en la región del Catatumbo el discurso de la paz se siente más como publicidad que como realidad.

La ola de terror

Desde que arrancó el año y como lo ha contado La Silla, una serie de desapariciones y asesinatos se empezaron a registrar en el Catatumbo.

Entre el 1 de enero y hasta el pasado 13 de abril, según cifras de la Fundación Progresar, una de las ONG con más credibilidad en Norte de Santander, en esa región se contabilizaron 27 asesinatos de civiles y una desaparición forzada, además de decenas de amenazas a líderes de toda la región.

Los 11 municipios del Catatumbo, según cuatro habitantes de San Calixto y Teorama, tres alcaldes, organizaciones defensoras de los derechos humanos y dos fuentes de la Defensoría Regional del Pueblo, están viviendo la guerra como hace tiempo no lo hacían, en una zona en la que el ELN, las Farc, el EPL y bandas criminales tienen presencia.

“Aquí la cosa está complicada. Los alcaldes estamos muy asustados”, le dijo a La Silla uno de los alcaldes del Catatumbo. “Cuando uno pensaba que lo que se nos avecinaba era la paz en el territorio lo que ha pasado es que se han incrementado los focos de violencia”

La situación ha llegado hasta tal punto, que en las últimas semanas empezaron a circular panfletos y a aparecer pancartas firmadas por la guerrilla del EPL en los que ‘decretó’ el toque de queda en el tránsito de las vías que conectan a los municipios de la zona sur del Catatumbo en la Provincia de Ocaña entre las 9 de la noche y las 5 de la mañana, quien lo viole le pueden quemar el carro o incluso ser asesinado.

“Nadie está saliendo después de esa hora, el miedo que tenemos es mucho. No entendemos cómo en estos precisos momentos nosotros estamos viviendo la misma guerra de siempre o peor y se está hablando de paz”, le contó a La Silla un habitante de la región.

Además del toque de queda, la vida cotidiana ya no es la misma. 

En Teorama, por ejemplo, las fiestas patronales que cada año se celebran en honor a San Isidro Labrador, el patrono de los campesinos, se cancelaron.  Aunque debían iniciar el sábado, la Alcaldía decidió aplazarlas indefinidamente.

“Aquí tradicionalmente se hacen reinados, se traen carrozas, y se hacen integraciones con los otros municipios. Hace tres años no se hicieron tampoco las fiestas por unas granadas que tiraron en el pueblo”, le contó a La Silla Jesús Montagut, alcalde de Teorama. “Ahora la historia se repite por temor”.

Solo en ese municipio, en lo corrido de 2016, una mujer fue asesinada al frente de su casa porque era allegada a los policías y militares, según las versiones de algunos habitantes, y varios jóvenes se vieron forzados a abandonar el municipio.

“Les llegó un aviso diciendo que tenían un día para irse y se fueron”, le contó a La Silla otra persona de Teorama.

Esa historia se repite en San Calixto, donde una líder – Nelly Amaya- fue asesinada en enero también porque era allegada a las policías, según las versiones que circulan en este pueblo de 11 mil personas, o en corregimientos como La Gabarra en Tibú, donde además de amenazas de líderes, se declaró la desaparición forzada de Henry Pérez, el presidente de la asociación de juntas de acción comunal de la zona.

Aunque sobre todos estos hechos la Fundación Progresar, en cabeza de Wilfredo Cañizares, ha alertado con cartas dirigidas a La Habana y al Ministerio del Interior no han existido pronunciamientos.

“Como siempre no ha pasado nada, ni siquiera hemos tenido una respuesta”, explicó Cañizares.

Lo que está detrás

En el Catatumbo existen entre 9 mil y 12 mil hectáreas de coca sembradas y desde hace más de una década tienen presencia y control territorial el Eln, el Epl y las Farc, y más recientemente también las bandas criminales. 

Con este contexto, la violencia ha sido una constante en esta región, pero desde finales de 2015 la balanza de poder en el Catatumbo empezó a moverse. 

La muerte en combate con el Ejército  de Víctor Navarro, alias ‘Megateo’, el máximo jefe del EPL en esa zona, fue un punto de inflexión debido a que dejó sin cabeza visible a la guerrilla que más presencia tiene en el sur del Catatumbo y que es la que en las últimas décadas ha mantenido el control de los municipios que integran esa zona.

El hecho de que el EPL se hubiera quedado sin su máximo líder implicó una reorganización de las tropas, que son, según los reportes de las autoridades, las que mantienen gran parte del control del tráfico de drogas en el Catatumbo.

Aunque el lugar de Megateo fue rápidamente ocupado por alias ‘David León’, esa muerte ocasionó un despliegue violento del EPL en el Catatumbo, y fue a partir de ahí que se empezaron a registrar más hechos de violencia en esa región, como el de muertes de líderes o de civiles que eran conocidos por ayudarles a las Fuerzas Armadas.

Según las hipótesis de las autoridades, esa arremetida del EPL se dio en respuesta al Gobierno Santos, que ha preferido tratarlos como narcotraficantes y objetivos de alto valor para las fuerzas armadas, que como una guerrilla con estatus para negociar en un proceso de paz, que es lo que ellos han buscado.  

La violencia también se ha recrudecido por la reorganización de poderes en la zona. Como ya lo contó La Silla, el control que antes mantenían las Farc y el Eln en sus respectivas zonas ya no es tan claro desde que la guerrilla de Timochenko decretó un cese unilateral hace un año y otros grupos están tratando de copar esos territorios con miras a quedarse con los negocios ilegales si firman la paz.

Esto también ha hecho que las amenazas a líderes y la desaparición forzada de uno de ellos (Henry Pérez, de quien no se conoce el paradero desde febrero) no tengan responsable identificado.    

Las 'casas estudio'

Los 11 municipios que integran el Catatumbo son Ábrego, Convención, El Cármen, El Tarra, Hacarí, La Playa, Ocaña, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú y todos tienen en común que desde que son territorios sin el control ni la presencia del Estado, y que aún hoy, cuando se están haciendo esfuerzos por acabar la guerra, es muy difícil que llegue.

Aunque cada uno tiene una estación de Policía en el centro, la Policía no puede salir a patrullar las calles.

“En los municipios del Catatumbo esas estaciones son conocidas como ‘casas estudio’ y es el peor castigo que le pueden dar a un bachiller”, le explicó a La Silla un exfuncionario de la Defensoría del Pueblo de Ocaña. “Ellos literalmente se tienen que quedar encerrados y solo salen cuando llega el helicóptero del Ejército a hacer patrullaje para abastecerlos.”

Eso no es sorpresivo acá. Las autoridades terminan representando un peligro para la comunidad

Precisamente, esta semana el diario local La Opinión registró cómo en Hacarí el Alcalde tuvo que interceder para abastecer de comida a los uniformados, que llevaban una semana comiendo raciones mínimas porque los habitantes se niegan a venderles por miedo a que las guerrillas que operan en la zona los asesinen por hacerlo.

Incluso, como sucedía antes de la Seguridad Democrática de Uribe en muchos municipios del país, en San Calixto la Defensoría del Pueblo tuvo que acudir a un juez para que le ordenara a la Policía retirar la estación que estaba en la parte central del pueblo, porque podían poner en riesgo a los habitantes.  Ahora está en un costado del casco urbano.

“Eso no es sorpresivo acá. Las autoridades terminan representando un peligro para la comunidad”, le dijo a La Silla el representante de una ONG internacional en el Catatumbo.

Desde febrero para acá, a la mayoría de los delegados de las organizaciones que velan por la defensa de los derechos humanos les han recomendado no visitar los municipios que están en la parte sur del Catatumbo. 

La Silla también supo que Familias en Acción se ha demorado en llevar los subsidios a la región porque los funcionarios no pueden entrar a la zona y la Fuerza Pública tampoco se atreve a acompañarlos.

El 'Contrato paz' y el difícil aterrizaje de los acuerdos

Mientras la zozobra y la desconfianza a la eventual implementación de los acuerdos de paz en La Habana y a los que se llegue con el ELN toman cada vez más fuerza entre los habitantes del Catatumbo, el fin de semana pasado el presidente Juan Manuel Santos anunció que para esta región, al igual que otras que han sido tradicionalmente golpeadas por el conflicto, el gobierno suscribirá ‘Contratos paz’.

La figura es en esencia la misma que las de los siete ‘Contratos Plan’ que se han firmado en el país y consiste en llegar a acuerdos de cofinanciación de proyectos entre los gobiernos locales, la Dirección Nacional de Planeación y la Nación.

La diferencia sustancial está en que aunque los siete que ya existen han priorizado infraestructura vial y económica, en el caso de los ‘Contratos Paz’ se privilegiará la inversión en obras como escuelas, alcantarillado, acueducto, electrificación, hospitales, proyectos de apoyo agropecuario y vivienda rural. Básicamente los que se han pactado en el primer punto sobre desarrollo rural en La Habana.

La Silla conoció que la inversión en ese contrato podría bordear los $1,7 billones (suponiendo que la crisis fiscal no empeora), recursos que serían invertidos en un término de 5 años, desde el momento en el que se firme el documento; no obstante, para que se dé ese paso aún falta concertar con los alcaldes, la Gobernación y organizaciones sociales, y generar un Conpes que sea el que soporte de la inversión. 

Estos proyectos se sumarían a los proyectados en el Plan de Desarrollo del Gobernador que incluyen la construcción de un centro agroindustrial, el anillo vial que conectaría a esa zona con la Ruta del Sol y una transversal que conectaría a Tibú, el Tarra y Convención. Además hay varias acciones relacionadas con desarrollo rural.

Si bien esa sería la manera de aterrizar el posconflicto en el Catatumbo, para Wilfredo Cañizares, de la Fundación Progresar, aún no es claro cómo eso pasaría debido a la situación de orden público y a que una historia parecida se vivió en el Catatumbo en el 2000, cuando Andrés Pastrana firmó un Conpes del que “solo quedó el papel”.

“Las dificultades de aterrizar la paz en el Catatumbo son muchas. Estamos hablando de una zona que está en conflicto y con actores que no están en procesos de paz”,  aseguró Cañizares.  “Además, el Catatumbo tiene la experiencia de las promesas incumplidas, una más no veo por qué sería diferente”.

El Catatumbo tiene la experiencia de las promesas incumplidas, una más no veo por qué sería diferente

Wilfredo Cañizares, Fundación Progresar

Esa misma desconfianza la tienen asociaciones de campesinos como Ascamcat. Uno de sus líderes le dijo a La Silla, que no “creen que las promesas se vayan a cumplir porque ni siquiera el Gobierno Santos lo ha hecho con los acuerdos del paro agrario”.

La poca credibilidad que tiene el Gobierno en esas organizaciones se ha agudizado por los anuncios del Ministro de Defensa de la aspersión con glifosato en una zona que es una de las mayores productoras de hoja de coca del país 

Aunque aún no se sabe si esa modalidad de erradicación se aplicará también en el Catatumbo y tampoco cuándo, Ascamcat y el gobernador de Norte de  Santander, William Villamizar, han pedido que sea concertada una decisión de esas en la región. Algunos de los líderes de la zona incluso amenazaron con convocar un paro violento si fumigaban los cultivos ilícitos.

Así, mientras en La Habana avanzan los diálogos, en el Catatumbo se recrudece la guerra. En el medio está la promesa de la llegada del posconflicto a una zona que ha puesto miles de muertos, en la que además del orden público tiene como uno de sus grandes desafíos la sustitución de los cultivos de coca y en la que hace 50 años no conocen que es vivir sin grupos ilegales a sus espaldas.

Con el llamado que hizo el ex presidente Álvaro Uribe a la resistencia civil, el uribismo le apuesta, ahora con nombre propio, a sacar la oposición que ha hecho en el Congreso a la calle para tratar de volverla masiva. Aunque no es claro cómo lo van a lograr porque por ahora su estrategia es seguir haciendo lo que han hecho hasta ahora. Aún así, el efecto práctico de este llamado es que podría calentar una eventual campaña por el “No” en el plebiscito para refrendar lo que se acuerde en La Habana. 

La versión uribista de la 'resistencia civil'

Aunque Uribe habla de resistencia civil, su invitación no es a hacerla como se conoce tradicionalmente: no van a dejar de ir al Congreso ni cesar sus labores, no van a romper la ley ni desconocer al Estado, como lo hizo el escritor y filósofo estadounidense David Thoreau cuando dejó de pagar impuestos y terminó en la cárcel por una noche.

Aunque es uno de los intelectuales que cita el senador José Obdulio Gaviria para justificar su resistencia civil, no van a aplicar su premisa de desconocer “los modos aportados por el Estado para remedio del mal”, como escribió en su ensayo “Del deber de la desobediencia civil”.

“Si la injusticia tiene una polea, un muelle o una palanca exclusivos, puede que quizá podáis considerar si el remedio no será peor que la enfermedad; pero si es de naturaleza tal que requiere de vosotros como agentes de injusticia para otros, entonces os digo: Romped la ley”, dice Thoreau.

De hecho, el comunicado de prensa con el que el uribismo difundió su llamado dice que para ellos la resistencia civil es “el ejercicio de la oposición de manera sistemática, de acuerdo con la Constitución y las leyes”.

Es decir que por ahora, lo que va a hacer el uribismo es adoptar los mecanismos legales para generar un movimiento masivo de resistencia contra lo que se acuerde en La Habana.

“No es una resistencia revolucionaria ni de desobediencia propiamente. Es una defensa de la legitimidad del Estado”, le dijo a La Silla el senador José Obdulio Gaviria. “Uribe es un hombre muy conservador. Los congresistas son muy conservadores. No creo que se sientan como pez en el agua con lo que estamos haciendo pero lo hacen con convicción”.

“La idea es mantener una resistencia civil como muy bien se ha establecido: pública, pacífica, argumentada, persistente y democrática”, agregó el senador Alfredo Ramos.

Para aterrizar la que llaman una nueva forma de hacer oposición, el uribismo está diseñando tres acciones, dos de las cuales en realidad no son nuevas, como ellos mismas reconocen.

La primera es que van a convocar a marchas en contra de los “acuerdos de impunidad” de La Habana y contra “el desgobierno” de Santos. Algo que ya han hicieron por ejemplo, en la pequeña protesta que hizo la bancada uribista el primero de marzo de este año frente al Palacio de Nariño o la marcha del 2 de abril que lideraron en todo el país en contra de proceso de paz de La Habana.

La segunda es que van a votar en contra de los proyectos de ley que presente el gobierno y los congresistas de la Unidad Nacional que tengan que ver con la paz, como lo han hecho desde que están en el Congreso.

Y la tercera, van a apoyar una “firmatón” de iniciativa ciudadana en la que le piden la renuncia a Santos y donde se exprese su opinión en contra de los acuerdos de paz de La Habana, sobre todo en el punto de justicia transicional.  

Esta es la única que no tiene antecedentes dentro del Centro Democrático y es con la que pretenden lograr su objetivo de “meterle pueblo” a la oposición.

“Vamos a tomar acciones para promover el debate público en distintos escenarios como la calle, que no se quede en el parlamento sino que estemos más conectados con la ciudadanía para capitalizar el descontento”, le dijo a La Silla el representante a la Cámara Samuel Hoyos.

Al final la idea es “intensificar” la oposición que han hecho hasta ahora en el Congreso para intentar que miles de ciudadanos que apoyan las tesis uribistas se sumen a ellos.

La firmatón: se calienta la campaña contra el plebiscito

El mecanismo más novedoso del Centro Democrático es apoyar una recolección de firmas para recoger y canalizar en un documento el creciente y evidente descontento popular con el gobierno de Juan Manuel Santos y el rechazo que, según ellos, tienen los pactos de la mesa de La Habana.

Esta es una iniciativa que está promoviendo el grupo de ciudadanos que se inventó la marcha del dos de abril en contra del “desgobierno de Santos” y a la que el Centro Democrático se quiere sumar.

El senador Alfredo Ramos, hijo del ex senador conservador detenido por parapolítica, Luis Alfredo Ramos, está liderando la iniciativa desde el partido. La idea, según le dijo Ramos a La Silla es que la recolección de firmas arranque el próximo 4 de junio.

Según Ramos la propuesta tiene dos objetivos: primero, pedir la renuncia inmediata de Santos.

Y segundo, enviar un documento a instituciones nacionales como las Altas Cortes y la Procuraduría e internacionales como la ONU, OEA y la Unión Europea, “donde se notifica que se desconocería cualquier negociación con grupos al margen de la ley que no sea transparentemente refrendado y que cumpla con unos mínimos requisitos”. Aunque aclaró, este punto todavía está en discusión dentro del partido.

Ese documento no tendrá efectos prácticos sino políticos, aún si llega a recoger el millón de firmas que esperan según le dijo a La Silla el senador Alfredo Rangel.

“Queremos que la ciudadanía se exprese en contra de los acuerdos. Crear un hecho político contra los diálogos mediante firmas, hacer una declaración, y presentarlos a la Corte como un hecho político. No se puede esperar que que tenga consecuencias jurídicas pero sí políticas. Y denunciar ante los tribunales los contenidos de este acuerdo de impunidad”, dice Rangel.

Por eso no están recogiendo firmas para impulsar un referendo revocatorio de Juan Manuel Santos porque saben que los tiempos que requiere ese mecanismo no alcanzan a materializarse antes de que deje de ser presidente en 2018.

De la resistencia al 'plebiscito'

Ahora que falta poco para que la Corte tome la decisión si el mecanismo del plebiscito es constitucional o no la estrategia del Centro Democrático de la “resistencia civil” empieza a activar el uribismo en las calles y eso puede ser muy útil si efectivamente se hace. 

"[La resistencia civil] de Uribe está motivada por la inminecia de los acuerdos. Se vino encima y están reaccionando. Para nadie es un secreto que el uribismo juega a muchas bandas. [Por eso con esto], buscan fortalecer a quienes hacen oposición legítima, pasando por movilizar una oposición menos ortodoxa en las regiones, hasta generar temor y una cortilla de humo sobre los pecadillos del entourage de expresidente", dice el profesor de Ciencia Política de la Universidad de Los Andes, Miguel García. 

El Centro Democrático tiene poca estructura de base y todavía no ha decidido si va a hacer campaña por el “No” en un eventual plebiscito o si, más bien, va a promover la abstención. Hasta ahora el ex presidente Uribe ha dicho que el plebiscito sería ilegítimo, cualquiera que sea el resultado.  

“Independientemente del resultado del plebiscito, la forma en la fue convocada es ilegítima por la modificación del umbral, la forma como quiere ser incorporado al ordenamiento jurídico y por el hecho de que sólo se haga una sola pregunta, que más parece una amenaza”, dijo Uribe ayer en La W.

Por eso, para ellos es clave ir armando estructuras para defender su oposición en las calles. 

En todo caso, el uribismo ya ha dado luces de lo que piensa hacer si la Corte avala el plebiscito y si éste es aprobado por los colombianos. 

En esa misma entrevista, ante la pregunta de que "en el caso de que el plebisicto se realice y tenga un resultado de respaldo al proceso de paz, ¿su invitación es a rechazar esa decisión democrática?", Uribe respondió "por supuesto". Y antes dijo que su llamado a la resistencia civil era también un llamado a hacer "todos los esfuerzos para derogar, inaplicar" los acuerdos de La Habana si estos se vuelven normas, "a oponerse a lo que viene".

Aunque no lo dijo explícitamente, para el analista y columnista de La Silla, Héctor Riveros, las respuestas podrían significar que Uribe va a desconocer los resultados del plebiscito.

"Hasta ahora el uribismo había mantenido usado un lenguaje solapado pero desconocer los resultados es más grave. Uno puede oponerse a los acuerdos pero no desconocer los resultados”, le dijo Riveros a La Silla.

Además, aunque el uribismo todavía no lo ha dicho así, Riveros teme que detrás de la “resistencia” el uribismo quiera aprovechar que el año pasado se reformó la ley de participación ciudadana para reducir los requisitos para los referendos por iniciativa ciudadana.

“Ahora no es sino completar el requisito de firmas. Si las completan, pueden llevar eso a votación popular. Ellos no lo han dicho pero me temo que eso sea lo que están buscando: hacer un contra-plebiscito”, agregó.

Aunque las encuestas han mostrado que Santos atraviesa un mal momento y que muchos de los encuestados no creen que este año se firme la paz, el proceso de La Habana tiene más apoyo. Según la última Gallup el 32 por ciento de los encuestados definitivamente sí participarían en unas votaciones para refrendar los acuerdos de paz y de los que votarían el 66 por ciento lo haría a favor, un 13 por ciento más que en febrero y un margen suficiente para que gane el Sí. Aun con el margen de error del 7 por ciento, la tendencia en esa pregunta es favorable y se superaría de lejos el umbral del plebisicto que está revisando la Corte, que es del 13 por ciento.

La duda es qué pasaría si hay, a la vez, un plebiscito en el que gane el Sí (lo que sería probable si la Corte lo aprueba y se mantienen esas cifras) y una votación popular en contra que también pase los umbrales.

El Gobierno y las Farc anunciaron anoche un acuerdo para blindar jurídicamente el Acuerdo Final de La Habana que abrirá varios debates jurídicos pero que entierra uno político que era un escollo grande para la negociación: la Asamblea Constituyente que ha defendido las Farc desde que arrancó la negociación.

El acuerdo anunciado ayer busca darle a esa guerrilla una garantía jurídica de que el gobierno no le hará conejo con lo que se ha acordado en La Habana puesto que dispone que el Acuerdo Final formará parte de la Constitución.

Es decir que, en principio, lo pactado no quedará sujeto a que el próximo presidente de Colombia crea en los acuerdos ni a que un juez, vía tutela o una demanda, termine modificando lo acordado. Aunque hay varias cosas que dice la Constitución que no se cumplen en la realidad, así el Acuerdo estaría mucho más blindado dado que cada uno de sus puntos sería no solo una norma constitucional sino una obligación internacional del Estado colombiano.

De esta forma, el Gobierno calma uno de los grandes temores que –con razón dado el incumplimiento de puntos de acuerdos pasados con guerrillas y movimientos sociales- tienen las Farc: que al final no les cumplan, y así se despeja más el camino para llegar al acuerdo de cese bilateral del fuego y a la firma final.

Uno de los argumentos centrales de las Farc para convocar una Constituyente es que solo ‘constitucionalizando’ lo acordado ellas podrían tener la tranquilidad de que no quedaría en letra muerta como muchos acuerdos firmados por el gobierno, por ejemplo, los que ha hecho para levantar paros campesinos.

El Gobierno se resistía a la idea de la Constituyente porque, dado que una vez instalada tiene poder soberano, se corría el riesgo de reabrir toda la negociación. Y además, se abría la puerta para que por esta vía Uribe recuperara mucho de su poder e incluso la posibilidad de su reelección, y que la discusión terminara siendo entre él y las Farc.

Por eso, esta era una de las ‘líneas rojas’ que había puesto Santos en diciembre cuando reiteró que el 23 de marzo era la fecha límite para tener acordados los temas centrales del proceso de paz.

Dado que lo pactado anoche cumple el propósito más explícito que buscaban las Farc, se le cierra la puerta a la discusión de la Constituyente, y eso no es poca cosa.

Sin embargo, el acuerdo abre varias preguntas jurídicas y políticas.

Lo acordado

Como explicó el Gobierno, lo pactado fija “una ruta compleja de formalización jurídica del Acuerdo Final”. En palabras más sencillas, explica cómo van a hacer para que lo negociado en La Habana se vuelve ley en Colombia.

Lo primero que acuerdan es que el Acuerdo Final se considerará un “Acuerdo Especial en los términos del artículo 3 común a los Convenios de Ginebra”.

Esto, traducido, significa que el Acuerdo Final va a tener el estatus de una norma humanitaria con peso de tratado internacional que además pone fin a una guerra, sin que esto signifique –como ha explicado el Comité Internacional de la Cruz Roja- que les estén reconociendo el estatus de Estado a las Farc.

Este punto de convertir el Acuerdo Final en un Acuerdo Especial sonaba una excentricidad hace unos meses cuando Álvaro Leyva, el abogado conservador asesor de las Farc, lo planteó. Luego la tesis se abrió paso y el entonces fiscal general Eduardo Montealegre, amigo de Leyva, la recogió en una demanda que interpuso y que la Corte Constitucional está estudiando actualmente.

Por eso, que el Gobierno reconozca el Acuerdo Final como un Acuerdo Especial es una victoria para las Farc. Sobre todo porque también se acordó que El Gobierno hará “una declaración unilateral ante el Secretario General de las Naciones Unidas, para que el Consejo de Seguridad genere un documento oficial y anexe el texto completo del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.”. Es decir que el Gobierno se obligará internacionalmente a cumplir su palabra.

En todo caso, no es una victoria completa para las Farc porque los negociadores del Gobierno lograron introducirle a la idea de Leyva dos cosas: que el Acuerdo Final no entraba a la Constitución de manera automática sino que tiene que tramitarse ante el Congreso una ley que diga el Acuerdo Final se considera un Acuerdo Especial.

Y que, además, después a través del Procedimiento Legislativo Especial para la Paz (que está en su séptimo debate y establece un trámite más corto para esos proyectos en el Congreso), se aprobará que el Acuerdo Final entra a formar parte del bloque de constitucionalidad para ser tenido en cuenta “durante el periodo de implementación del Acuerdo como parámetro de interpretación de las normas que sean necesarias para desarrollarlo”. Es decir, lo acordado ayer pasará dos veces por el Congreso.

Con esto el Gobierno consiguió que las Farc se subieran al bus del Acto Legislativo para la Paz que ya está en su séptimo debate, a pesar de que inicialmente lo habían rechazado como otra medida ‘unilateral’ del Gobierno.

Que las Farc hayan hecho esto es significativo, por un lado, porque reconocen una vez más someterse a la institucionalidad colombiana, algo que le parece obvio a la mayoría de gente pero frente a lo cual la guerrilla siempre había manifestado resistencia pues argumentaba que son las instituciones de un Estado corrupto.

Y por el otro, demuestran que es cierto lo que han dicho públicamente los jefes guerrilleros y es que sí quieren firmar el Acuerdo de Paz este año.

Como el Acuerdo Legislativo para la Paz va en su séptimo debate si la mesa de negociación no lograba un acuerdo ya sobre este punto, perdían la oportunidad de incluirlo en esa reforma constitucional, y la negociación se alargaba hasta el próximo año pues tendrían que comenzar una nueva reforma el próximo semestre.

Al moverse justo esta semana, las Farc mostraron que sí tienen interés en firmar este año para poder jugar un papel en las elecciones del 2018.

Ahora el desafío es que el Congreso lo apruebe y que pase el examen constitucional. Dos retos grandes y que no parecen totalmente asegurados.

Los desafíos

Minutos después de que el acuerdo conjunto fuera leído desde la Habana, la senadora verde Claudia López, una de las congresistas más mediáticas, trinó su rechazo al acuerdo.

“Yo no voy a servir de notaria de nadie”, le dijo a La Silla. Dijo que rechazaba el acuerdo porque el Gobierno había entregado a las Farc lo que querían: convertirlo en un Acuerdo Especial sin lograr de parte de ellas una aceptación formal y explícita a los otros dos componentes del Acto Legislativo para la Paz, que son la refrendación popular del Acuerdo Final y el procedimiento del “fast-track” que contempla el Acto Legislativo para las leyes que desarrollen el Acuerdo Final.

Dado que López es una de las defensoras más acérrimas de la negociación de La Habana, su rechazo visceral a lo acordado no es un buen augurio para lo que viene en el Congreso.  Entre las cosas que más la ofenden es que la Mesa de Negociación les deje a los congresistas un texto ya redactado y con la condición de que solo pueden aprobarlo o improbarlo. Esto mismo es para los uribistas “un golpe de Estado”.  

La discusión clave aquí será sobre la refrendación.

Yo no voy a servir de notaria de nadie

Claudia López, senadora

La teoría que maneja el Gobierno, según lo que se infiere del discurso del jefe negociador Humberto De la Calle y del ministro del Interior Juan Fernando Cristo, es que como lo acordado hoy con las Farc termina siendo un artículo del Acto Legislativo para la Paz, y la entrada en vigor de éste está condicionada a que los colombianos refrenden el acuerdo, las Farc están retirando implícitamente su veto al plebiscito.

Claudia López considera que su aceptación del plebiscito debería haber sido explícita y que más allá de lo que diga De la Calle en su comunicado eso no quedó escrito en el Acuerdo.

En realidad, probablemente este debate se zanjará mañana cuando en su ronda matutina Iván Márquez lea su comunicado con la interpretación de lo acordado.

Más allá de esa discusión, que no sería menor, está el desafío jurídico. Y es que como dijo una fuente consultada por La Silla cercana al proceso, el “exceso de leguleyismo” de las Farc conllevará a que lo acordado pase dos veces por la Corte Constitucional, la primera al revisar la ley que diría que el Acuerdo Final es un Acuerdo Especial, y luego otra que aprueba el Acuerdo Final específicamente. Y allí habrá todo un debate sobre asuntos de procedimiento y de fondo.

De procedimiento, está el tema de si meter esto en séptimo debate es un “mico enorme” como dice la senadora López, porque viola las reglas de consecutividad. De parte del Gobierno dicen que en todos los debates se han dejado ‘constancias’ de que podría haber un Acuerdo Especial. Una fuente dijo que en dos debates la constancia se presentó y en otro dos se negó, algo que la Silla no alcanzó a confirmar con otra.

Y de fondo, está todo el tema de la sustitución de la Constitución, solo para mencionar uno de los asuntos a discutir.
Como suele suceder en este país, el debate seguramente terminará en manos de abogados. Pero, por lo pronto, se logró sustraer de las manos de los eventuales constituyentes

Hernando Zuleta

Desde los medios de comunicación se ha hecho eco del último acuerdo logrado entre los negociadores del gobierno y los de las FARC. Asimismo, de forma casi unánime se ha señalado que con este acuerdo se desbloquea el proceso de paz de manera que, ahora sí, estamos ad portas de un acuerdo definitivo, donde todo esté acordado.

El optimismo es comprensible. No obstante, hay al menos un aspecto en el que creo que este optimismo es excesivo: el aspecto económico.  En primer lugar, el efecto que tendrá la desmovilización de las FARC sobre el crecimiento económico está sobre-estimado y, en segundo lugar, los costos de implementar los acuerdos son muy altos.

Sobre los réditos económicos de la paz.

De acuerdo con varios economistas, el fin del conflicto podría agregar entre 2 y 4 puntos porcentuales al crecimiento del PIB. Estos cálculos suelen realizarse a partir de un análisis estadístico que permite establecer el efecto que cada uno de los tipos de ataque tiene sobre la actividad económica.  Una vez identificados estos efectos, es posible simular el efecto de llevar a cero el número de ataques de la FARC.

Mi crítica central es que aunque los trabajos mencionados sean rigurosos y bien elaborados, no es posible hacer proyecciones hacia el futuro utilizando parámetros que fueron estimados utilizando información de las últimas tres o cuatro décadas.  Permítanme dividir mi argumento en tres partes:

1. La estructura de la economía cambia de forma permanente, el sector agropecuario pierde participación y el sector servicios gana participación.  La estructura demográfica también va cambiando (tal vez es producto del cambio en la estructura económica), la población urbana crece mucho más rápido que la población rural.

2. Las FARC es una guerrilla rural de manera que los efectos económicos de sus acciones se sienten más en sectores como el agrícola y el ganadero. Del mismo modo, la población más afectada por las acciones de las FARC ha sido la población rural.

3. Los puntos 1 y 2 implican que el efecto de los ataques de las FARC sobre la economía agregada debió ser mayor en los años 70 y, seguramente, será menor en la medida en que el país sea más urbano, menos  agrícola.

Así, aunque en el pasado la actividad de las FARC haya reducido el crecimiento económico en 3 o 4 puntos es imposible afirmar que en el futuro la economía crecerá 3 o 4 puntos adicionales gracias a la paz. 

Sobre los costos de construir la paz.

En su reciente libro, Claudia López cuantifica el costo de implementación de los acuerdos y el costo de las medidas que, a su juicio, deben llevarse a cabo para conseguir una paz real y duradera.

Los números presentados por Claudia López son cálculos gruesos. No obstante, permiten tener una ­idea acerca de la magnitud del costo de implementar los acuerdos.

Los acuerdos demandan recursos para sustitución de cultivos, para garantizar la seguridad alimentaria de quienes viven del cultivo de coca, para llevar bienes públicos a las zonas de conflicto, para atender a los consumidores problemáticos de drogas ilícitas, para el fondo de tierras, etcétera.

Además de los costos directos del acuerdo, la senadora señala, entre otras cosas,  la necesidad de llevar instituciones judiciales, infraestructura y vivienda digna a todas las regiones del país.

El costo de construir la paz, dividido en categorías escogidas por la senadora, se presenta en la Tabla 1.

De acuerdo con los cálculos de Claudia López, la suma total de las inversiones requeridas para lograr una paz justa y duradera es de $333 billones, esto es 269% del recaudo tributario del 2015 o 42% del PIB.

Difiriendo el gasto a 10 años, el programa completo de inversiones detallado por la senadora demanda un incremento de 27% en el recaudo tributario (4,2% del PIB).

¿Cuántos de los amigos de la paz están dispuestos a apoyar una reforma tributaria que incremente el recaudo en estas cantidades?

El Senador URIBE; de quien he estado en las antípodas ideológicas, está encarnando una realidad que, principalmente en las regiones, se está viviendo y sintiendo.

Un inconformismo real con los anuncios de paz que se celebran en unas élites urbanas y académicas pero que saben amargos en la vida real de los colombianos.

La desazón con el proceso de paz permea transversalmente a grandes sectores de la sociedad, sin hacer distingo de estratos, ocupación, nivel educativo o incluso espectros ideológicos.

La insatisfacción en el País real, es generalizada; basta con ver las encuestas de opinión en las que se mide la aprobación presidencial y por ende, la de los diálogos de paz, única propuesta de este gobierno monotemático y abúlico.

Los empresarios regionales y muchos de los cacaos bogocentristas; los dueños de tierras y grandes negocios, ven con suma desconfianza lo que se pueda estar negociando en la Habana, el nuevo País que de ahí surja y la consecuencia lógica en repartición de la riqueza, modelo económico, estructura y diseño territorial, modelo electoral y sobretodo, el incierto tribunal de justicia transicional, que podrá juzgar a todos los colombianos y no solamente al grupo insurgente que está negociando.

En esos sectores hay mucha gente de quienes en otrora fueron los patrocinadores obligados o convencidos de la autodefensa y que ideológicamente están en el espectro opuesto de quienes pretenden vender la firma de la paz con las FARC, como la panacea para el futuro del País.

Pero no son los únicos inconformes,  existe una gran parte de la población que añora tener un jefe natural porque desconfía de Santos y su obstinada condescendencia con el otrora grupo terrorista; personas que no militan ideológicamente en la derecha y que no se alinean por intereses económicos. Aquellos  que caminan en contra del gobierno -más por el odio que le profesan a las FARC, sumado al  inconformismo con Santos- y que nunca verán los diálogos de La Habana como un camino democrático y legítimo para acabar con la guerrilla.

De otro lado, encarnando un sector influyente en la población colombiana, hallamos gran parte de las fuerzas armadas: militares, policías, fuerza aérea, armada, sus familias, su personal civil, etc; que no pueden ver con buenos ojos, como se le entrega todo a las farc en una mesa de negociación en la que consiguen lo que nunca ganaron en la guerra y que ve su estabilidad laboral, política, jurídica; en fin....su papel en la sociedad, amenazado de manera grave, en ese nuevo País que surja de las negociaciones en La Habana.

Volvemos a ver lo que tanto he machacado; por un lado va Bogotá; los grandes medios, la prensa del centro del País y por otro, va el País real, el de la gente.

Uribe aprovecha ese estado de opinión, sale a los medios, arma la oposición para acaparar ese sentimiento e intentar canalizarlo.

Su objetivo real, no parece estar claro aún. A veces parece que busca posicionar un mejor espectro para todos a quienes representa y lograr una mejor posición jurídica una vez que se venga la justicia Transicional. No hay que olvidar que ese nuevo modelo va a terminar juzgando a todos los que participaron en el conflicto, entre ellos, al propio URIBE, según lo dijera en su momento el ex fiscal Montealegre y su familia, como ya lo afronta su hermano Santiago y no sólo a las FARC, como debería ser.

Sea como sea, esta es la cuota inicial del Centro Democrático para el 2018; ya Cambio Radical está jugado con Germán Vargas Lleras, de la mesa de la Habana saldrá otro candidato y la extrema derecha calienta motores para demostrar con esta oposición civil, que también está presente y jugará, bien para poner candidato, bien para inclinar la balanza. De manera que, la resistencia civil del Senador Uribe es el inicio en plaza pública de la campaña presidencial del 2018.

Esta mañana, el jefe de la delegación guerrillera en la Habana Iván Márquez leyó un comunicado de las Farc con su interpretación del acuerdo anunciado ayer para blindar jurídicamente el Acuerdo Final. Su mensaje y el tono emotivo en el que lo dio muestran lo mucho que ha evolucionado el proceso de paz desde que se instalaron los diálogos en Oslo en 2012.

Existía la incógnita sobre si las Farc aceptarían la interpretación que habían dado ayer el ministro del Interior Juan Fernando Cristo y el jefe negociador Humberto de la Calle. Ellos asumían que como el Acto Legislativo por la Paz, en el que se incorporó el nuevo artículo para blindar los acuerdos, solo entra en vigor si se aprueba el plebiscito, las Farc tácitamente reconocían la validez de este mecanismo de refrendación popular.

La incógnita quedó despejada. “..en todo caso, como lo ha dicho el jefe de la delegación del Gobierno, habrá un mecanismo que garantice que los colombianos tomen sus decisiones en conciencia sobre lo pactado”, dijo Márquez.

Estos fragmentos de su discurso de hoy vs. los de su discurso en Noruega, en octubre de 2012, muestran la evolución de las Farc y también la inevitabilidad y la cercanía de la firma de la paz:

Frente a las víctimas

Frente a los convenios de Ginebra

Sobre las armas

Sobre la justicia transicional

Sobre el paramilitarismo

Sobre sus enemigos tradicionales

Sobre el futuro

Las palabras de despedida

La semana pasada, durante la Cumbre Rural de Gobernadores en Montería, el director del DANE, Mauricio Perfetti, presentó los resultados del Censo Nacional Agropecuario. Una radiografía clave ahora que el gobierno está por firmar un acuerdo de paz con las Farc, con estadísticas actualizadas sobre el campo que permitirían diseñar políticas más efectivas para lograr, entre muchas otras cosas, que el punto de desarrollo rural aterrice bien.

Por ahora los expertos del tema esperan que los 350 mil millones de pesos que costó hacerlo no se pierdan, que los datos no terminen engavetados en las oficinas del gobierno y que les presenten los microdatos por regiones. Perfetti dice que saldrán máximo en junio.

En lo que las siete fuentes consultadas para esta historia, incluído el propio director del DANE coinciden, es que este censo es apenas un insumo de lo que se necesita para repensar el campo.

Porque como nos dijo Luz Amparo Fonseca, miembro de La Silla Rural: “el censo es una foto de cómo está el campo hoy. Ahora viene lo más difícil: pensar cómo queremos que sea mañana.”

Éstas son las claves para entender mejor el censo.

9

Hay datos actualizados sobre la tenencia de la tierra

En el área rural dispersa censada, la forma de tenencia predominante es la propia (72 por ciento), seguida del arrendamiento (9,6 por ciento).

El problema es que hay muchos campesinos que tienen tierra, pero no la titulan. De hecho, como contamos, un estudio de Ana María Ibáñez, decana de economía de la Universidad de los Andes y una de las mayores expertas de tierras en Colombia, estima que una quinta parte de todos los predios rurales del país tienen problemas de titulación.

“De cada dos pequeños campesinos, solo uno tiene derechos formales sobre su tierra”, dijo Ibáñez a La Silla Vacía en ese momento.

Esa informalidad hace imposible que exista un verdadero mercado de tierras e inversiones significativas en el campo. Porque sin títulos ciertos, no hay incentivos para invertir.

Por eso uno de los puntos clave del acuerdo de desarrollo rural entre gobierno y Farc es emprender un “vigoroso programa de formalización de tierras”.

Y para eso se necesita una institucionalidad rural fuerte que no tenemos. Porque el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac) no funciona bien, según nos lo confirmaron tres fuentes. A eso se suma que la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos, las notarías o el Incoder, otros tres actores claves para que este acuerdo se vuelva realidad, fueron infiltrados durante años por los que se robaron las tierras durante el conflicto.

La semana pasada, en la Cumbre rural de Gobernadores en Montería, Mauricio Perfetti presentó los resultados del tercer censo nacional agropecuario. Perfetti nos dijo que: "después de 45 años, sin tener información del campo, Colombia vuelve a saber qué hay y en qué esta la zona rural dispersa del país". ¿Ustedes qué dicen?

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca acaba a suspender el congreso liberal que arrancaba formalmente mañana y que tenía, como uno de sus platos fuertes, elegir la nueva dirección del Partido. Con la decisión, eso ya no puede ocurrir y lo deja como una reunión en la que no se pueden tomar decisiones, a pesar de que el Partido las necesita para definir el norte hacia el 2018.

La suspensión se dio porque dos ex directivos del partido, Germán Arias Ospina, ex secretario organizaciones de campesinos, y Jaime Pulido Sierra, ex secretario de organizaciones sociales y de base, le pidieron al Tribunal Administrativo que declarara que la convocatoria al congreso incumple la sentencia del Consejo de Estado del año pasado que tumbó los estatutos que había creado el partido en 2011. Y le dijeron que eso era tan evidente, que antes de fallar de fondo debía suspender el congreso, en lo que se conoce técnicamente como una solicitud de suspensión provisional.  

Ayer el secretario del partido, Héctor Olimpo Espinosa, respondió rechazando esa solicitud y renunció al resto del plazo que tenía para responder.

Como ya no había más plazo, el magistrado Moisés Rodrigo Mazabel Pinzón podía decidir desde hoy. Y así lo hizo justo en la antesala del congreso rojo. 

Esa decisión dejó a varios con los crespos hechos.

Por un lado, a los que esperaban que en el congreso se definiera la posición del partido sobre si salirse o no de la Unidad Nacional. 

El Presidente Juan Manuel Santos se dirigió a los rojos esta tarde, después de que las declaraciones del senador Horacio Serpa caldearan el ambiente por la amenaza del partido de salirse de la Unidad Nacional. Esta semana el alboroto se disipó, como contó La Silla, porque Santos le dio a los rojos la dirección del Banco Agrario. Así quedó en evidencia después de la reunión en Palacio el pasado miércoles donde estuvieron Serpa y otros congresisas con el Presidente y de la que Serpa salió diciendo que los rojos seguirían apoyando las políticas de paz del Gobierno.

Aún así, por ejemplo, las senadoras Viviane Morales y Sofía Gaviria llevan meses diciendo que el partido debe apartarse de la coalición de Gobierno.

En todo caso, como contó La Silla, el alboroto de Serpa estaba dirigido más al partido que al propio Gobierno y era la antesala de la pelea que se venía venir en el congreso por la elección de la dirección nacional del partido.

Por eso, el otro que queda desinflado con la suspensión es Serpa que estaba aspirando a dejar de ser copresidente y volverse presidente único del partido. Ese era uno de los temas más gruesos que se iba a discutir en este congreso y que tiene que ver directamente con cómo iba a quedar el partido con miras al 2018.  

Había tres posibilidades: primero, que hubiera una dirección única, y que era la alternativa que según tres fuentes del partido estaba defendiendo sobre todo la bancada del Senado. Segundo, que hubiera una dirección dual, encabezada por un senador y un representante a la Cámara y que era la alternativa que estaba defendiendo la Cámara de Representantes. Y tercero que se quedara como está hoy, en una dirección colegiada de 10 personas entre congresistas y líderes de organizaciones sociales adscritas al partido. 

La pelea estaba servida. La Cámara, que es mucho más numerosa en congresistas que el Senado, estaba pidiendo que ellos tengan representación en esa dirección. La discusión se prendió aún más porque a los representantes rojos les corresponde la presidencia de la Cámara en el Congreso a partir del próximo 20 de julio, según los acuerdos de las bancadas de la Unidad Nacional, y hay varios candidatos disputándose ese puesto. 

En cambio, los senadores querían que el partido siguiera en cabeza de Horacio Serpa, ahora como jefe único, según le contaron a La Silla tres fuentes. 

La Silla supo que el partido designó una subcomisión en Cámara y otra en Senado que estaban a cargo de encontrar un consenso entre hoy y mañana. Aunque todavía no se habían puesto de acuerdo, la alternativa que estaba ganando fuerza era la dirigencia dual, según las fuentes. La discusión iba a seguir mañana, pero con la decisión del Tribunal quedó congelada porque el congreso se quedó sin poder de decisión.

Así quedó también otro punto que estaba en la agenda este fin de semana que era la definición de quién iba a entregar los avales para las elecciones legislativas del 2018. Ese tema es clave, sobre todo para los congresistas y diputados porque les da incidencia en quiénes son los candidatos. Sin embargo, La Silla supo que esta decisión estaba atada a la de cómo quedaría definida la dirección. 

El congreso tendrá que esperar a que Tribunal levante la suspensión y decida de fondo. Mientras tanto, el trapo rojo seguirá revuelto, aunque en tertulia. 

Esta es la decisión del Tribunal:

  AP AUTO 2013-194 by lasillavacia

Por: Ana María Rueda @anamariarueda01

El resultado de la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGASS) sobre Drogas, que se realizó en Nueva York entre el 19 y 21 de abril de este año, ha merecido toda suerte de calificaciones siendo las referencias a sus irrisorios avances las más comunes. Estas posiciones, aunque bastante cerca de la realidad, velan las tareas que le quedaron a Santos después del liderazgo que logró en el debate internacional sobre la política de drogas, del que aún no está claro si nació o murió en Nueva York.

Desde 2012, el Gobierno colombiano se le metió progresivamente a este debate, que arrancó muchísimos años atrás pero que logró fuerza gracias a las salidas públicas de expresidentes como Gaviria, Cardoso y Zedillo, y otras muchas figuras reconocidas del mundo político, académico y del entretenimiento. En 2016, Colombia se conoce como uno de los países defensores del cambio del status quo, y se le reconocen sus esfuerzos en intentar la tarea más difícil: el desmonte de la tradicional concepción sobre las drogas.

Por eso, la UNGASS no podía llegar más allá de lo que la realidad permitía. La discusión fue y será muy difícil porque busca ampliar la concepción del problema de las drogas más allá de la tradicional lucha contra el narcotráfico, no para decir que se deben dejar de enfrentar a los narcotraficantes, sino para mostrar que mientras el negocio sigue rampante, son más contundentes las contribuciones de la actual política en la marginalización de otros actores de la sociedad, en su mayoría instrumentalizados por estas redes, que en la disminución de estos criminales o de la disponibilidad de las drogas.

Dados los miedos, muchos reales, que producen las drogas y los viejos prejuicios que se desarrollaron a lo largo de estos años, es muy difícil comprender argumentos que parezcan tener como propósito amainar la persecución de capos del narcotráfico y dejar el consumo a merced de los mercados de drogas. Es muy difícil que se entienda que todos los temas asociados a la problemática de las drogas no hacen parte del mismo costal, y que la política de drogas ha hecho de las drogas un problema muchísimo peor. Ese fue el mensaje al que se intentó llegar con la UNGASS sobre Drogas.

Se puede decir que la UNGASS sobre Drogas, con todo el proceso que tuvo detrás, es el inicio del camino hacia el reconocimiento político de lo que todos ya saben: la humanidad vivirá siempre con las drogas, y mientras sigan siendo ilegales, los Estados tienen la obligación de proteger a sus ciudadanos no solo frente a la potencialidad de daño que acarrea el consumo, sino de un mercado criminal que ostenta poder repartiendo violencia y marginalización. Está comprobado que seguir encarcelando a todo aquel que tenga contacto con las drogas no desestimula el mercado, y sí condena a una gran parte de sus ciudadanos a perpetuarse en un ambiente criminal. Todos ya saben que este enfoque punitivo le hace el juego al narcotráfico pero es muy difícil aceptarlo. El Gobierno colombiano ya dio el primer paso.  

En la declaración política de la UNGASS Colombia defendió, junto a otros países; en especial México, Suiza, Guatemala y Costa Rica, temas que parecen alejados de la realidad interna y talvez muy retóricos. Entre los más importantes, la preponderancia de los tratados de los Derechos Humanos sobre las convenciones de drogas, la autonomía de los países frente a las convenciones de drogas de acuerdo a sus realidades nacionales, la descriminalización del consumo, la proporcionalidad de las penas, las alternativas al encarcelamiento, la reducción de daños y la abolición de la pena de muerte.

Todos estos, con excepción al último, quedaron plasmados aunque no con la contundencia y claridad que se esperaba. Son temas de alta sensibilidad para algunos países en las negociaciones internacionales no solo porque este escenario político está atrapado en la lógica de la represión sino porque en él se juegan otros intereses políticos y diplomáticos.  Además, en términos prácticos, es imposible poner a 193 países de acuerdo con el lenguaje de una declaración, y aún menos posible una declaración con un enfoque progresista sin el liderazgo de países poderosos.

Los europeos han sido tradicionalmente apáticos frente al debate; muchos de ellos defienden y aplican estos enfoques entonces para qué meterse en peleas para defenderlos. China y Rusia son fervientes defensores del status quo. Y Estados Unidos, ante el proceso gradual de regulación de la marihuana en sus estados, se limitó a defender la flexibilidad de las convenciones de acuerdo con las realidades y necesidades nacionales. No está muy claro si ahí Colombia y los demás países se dejaron meter un gol, pero sí queda clarísimo que les metieron un golazo a las convenciones. Si regular la marihuana ya no se va a entender como una violación al sistema internacional de fiscalización de drogas, se pueden regular todas las demás?

En resumen, la UNGASS sobre Drogas deja el mensaje de que se debe avanzar hacia un modelo equilibrado para atender la problemática de drogas en el que la prioridad no es “eliminar” las drogas a cualquier precio sino reducir los daños que le generan las drogas a la sociedad. La UNGASS dio cuenta del disenso que existe actualmente entre los países frente a la actual política mundial de drogas dejando dos posibilidades. La primera, para que aquellos países que quedaron con energía y logren mantener el pulso político continúen con el debate esperando lograr un cambio real al final del largo camino. Otra, para debilitar el debate internacional y que cada país continúe interpretando las convenciones a su parecer pero, ahora, con la venia de la ONU gracias a la autonomía que esta UNGASS otorgó. También las dos posibilidades pueden darse paralelamente.

Es deseable que el debate continúe. Pero Colombia debe seguir dándole vida al debate internamente. La UNGASS le deja al país varias tareas en honor al rol de liderazgo que ejerció en el que se presentó como un defensor de una política más efectiva y humana. Ya hace un tiempo se ha venido reclamando coherencia entre el discurso internacional de Colombia en materia de drogas y la política nacional.  Así que debería ser difícil para el Gobierno, tanto en el ámbito interno como en el internacional, no mostrar con contundencia su compromiso frente a un nuevo enfoque de la política de drogas.

Es necesario, por ejemplo, estudiar posibles escenarios de regulación para la marihuana y la coca, profundizar en la despenalización del consumo en Colombia mediante la operativización eficaz del último fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre la dosis personal, contar con programas de reducción de daños para consumidores, atender el microtráfico desde una perspectiva integral que atienda las redes criminales con medidas represivas pero eficientes y a los jóvenes, niños y mujeres instrumentalizados por estas redes con medidas sociales, y modificar el Código Penal para garantizar la proporcionalidad de las penas que reconozcan la diferencia entre los narcotraficantes y los cultivadores o pequeños traficantes.

El Presidente Santos no fue a Nueva York a pedir la regulación de las drogas porque no hay espacio político para hacerlo. Como Presidente, solo podía llegar hasta abrir el debate sobre la necesidad del equilibrio en las políticas de drogas, y lo logró. Lograr equilibrio y eficiencia en la política nacional de drogas es la difícil tarea que le dejó la UNGASS sobre Drogas al Presidente Santos.

Convoca a la resistencia civil contra el proceso de La Habana y se resiste a aceptar que de llegar a tener éxito en su pretensión la única alternativa sería el reinicio de la confrontación con los costos en vidas humanas y dolor que ello traería. También esconde el propósito puramente electoral de la movilización: el Centro Democrático inicia la campaña presidencial del 2018 y sabe que sus posibilidades de éxito son inversamente proporcionales al final feliz del acuerdo con las FARC.

Cuando le preguntan qué pasaría si se frustra el acuerdo con la guerrilla dice solapadamente que no acabaría la negociación, sino que la reconduciría a que la guerrilla aceptara pasar varios años en la cárcel para pagar por los múltiples delitos que ha cometido. Uribe sabe que la guerrilla no está dispuesta a aceptar un proceso de sometimiento a la justicia, sino una negociación política que es en la que se avanza. El expresidente tiene claro que lo que se vendría si se intentan cambiar las condiciones del proceso sería un rompimiento de la conversación y la vuelta al campo de batalla con todo y bombardeos como exigía su amanuense, el Procurador General de la Nación, en estos días cuando reclamaba por el incumplimiento del cese unilateral prometido por las FARC.

Uribe ha construido una imagen de “frentero” pero su actitud se parece a la del cobarde que pide que lo detengan porque si no le va a dar en la “jeta” a alguien.

“¡Bombardeen!”  exclamó Ordoñez como si las bombas no cayeran en áreas en las que viven campesinos que tienen que huir despavoridos en medio de una cruenta confrontación. Lo hacía entre tertulia y risas con Uribe en Miami donde no caerían las bombas.

Mientras tanto el senador eludía las preguntas sobre la manera que según él tendríamos para evitar la impunidad cuando le ponían en evidencia que hasta ahora lo que hemos tenido no es paz con impunidad, sino impunidad sin paz. Durante los ocho años de gobierno de Uribe, pero más todavía durante los sesenta años de confrontación, ningún miembro del Secretariado de las FARC ha estado preso. Es más, de las decenas de guerrilleros que han representado a esa guerrilla en La Habana solo Rodrigo Granda estuvo detenido y Álvaro Uribe ordenó liberarlo.

Que las FARC no van a reparar a sus víctimas como si por el camino de la confrontación hubieran conseguido que reparara siquiera a una y no lo estuviéramos haciendo con el patrimonio público. Que las FARC no van a entregar su fortuna, como si durante los ocho años de su gobierno se hubieran logrado identificar esos bienes y ponerlos a buen recaudo.

Aunque insiste en que la resistencia es democrática e institucional, anuncia que desconocerá el resultado del plebiscito si llega a ser aprobatorio de los acuerdos y amenaza con intentar impedir “por todos los medios” el cumplimiento de los mismos. La delgada línea entre lo legal y lo ilegal y la expresa condición antidemocrática de quien sólo está dispuesto a aceptar el resultado si le es favorable.

Que convoca a la resistencia civil porque es inminente un acuerdo que sólo se revela días después y cuyo contenido solo debían conocer quienes participaban en la negociación. Se niega a revelar como obtiene información privilegiada, que sólo puede conseguirse por medios ilegales.

El ex presidente Uribe ha construido una imagen de “frentero”, que es una expresión popular que tiene una connotación positiva de sincero y otra de “machito”, “peliador” que es muy bien valorada en esta sociedad. Pero su actitud se parece a la del cuento de ese cobarde que pide que lo detengan porque si no le va a dar en la “jeta” a alguien. Cada vez que hay una pregunta comprometedora pide “pasar a la siguiente pregunta amigo”. Cuando a hurtadillas prepara todo para su reelección declara que tiene “una encrucijada en el alma” y esconde su verdadera intención.

Uribe y sus seguidores están en todo su derecho de oponerse a la negociación en La Habana. Pueden predicar a los cuatro vientos, así no lo piensen, que con las FARC no hay nada que conversar distinto a su sometimiento. Pueden reclamar por el “exceso de concesiones” e incluso ocultar que Uribe llegó a ofrecer a las FARC hasta Constituyente y suites en el Hotel Tequendama. Será muy bueno que la democracia colombiana salga a la calle como lo anuncian, ese es el escenario propio de la manifestación política, las redes sociales, que parece ser el espacio contemporáneo, están “envenenadas” de anónimos y perfiles falsos.

El Centro Democrático es un partido disciplinado al que respeto a pesar de su poco talante democrático. Su bancada parlamentaria tiene “derecho” a no facilitar el quorum para el trámite de los proyectos del gobierno y habrá que reconocer que en estos dos años ha cumplido una labor destacada en el Congreso. La existencia de ese partido de derecha extrema que está contra los derechos de las minorías, que promueve el desarrollo de economías extractivas que afectan el medio ambiente y exenciones tributarias para las grandes empresas es no solo legítima sino incluso necesaria en una democracia.

A pesar de estar en su derecho, los ciudadanos estamos en el nuestro de exigirle a ese partido y a su líder que se atreva a aceptar que si tiene éxito su oposición al proceso de La Habana tendremos garantizado que las FARC no se van a acabar, sino que van a durar varios años más y que después del último muerto o de otra negociación podremos cerrar ese nefasto capítulo de la historia colombiana, pero que no será en el 2016 o en el 2017, sino quizás en el 2030 y dentro de miles de muertos.

Sólo así ese “machito”, peliador” se merecería el calificativo en el sentido positivo de “frentero” y no el de solapado que según el diccionario es la persona “que por costumbre oculta maliciosa y cautelosamente sus pensamientos”.

La revelación de millones de documentos de una firma de abogados panameña especializada en crear sociedades offshore (las que no tienen operaciones) ha desatado un escándalo en todo el mundo. La Silla Vacía revisó los nombres de los colombianos que aparecen y encontró que casi todos son de Bogotá o Medellín, que las sociedades suelen usarse por grupos familiares o por los mismos socios de empresas colombianas, y que en algunos pocos casos la lista incluye a empresas que no son de papel.

Para saber quiénes aparecen en el escándalo y entender cómo usan esas sociedades, tomamos la base de datos que hizo pública el lunes festivo el International Consortium of Investigative Journalists y revisamos los 1.245 colombianos que arroja cuando se filtran los nombres de los beneficiados por el país, una lista que han publicado otros medios, y que incluye los 17 de una filtración de 2013 llamada Offshore Leaks (en la que aparecen los hijos del ex presidente Álvaro Uribe).

Eliminamos de esa lista los de Offshore Leaks, los nombres repetidos y las entidades extranjeras que aparecían como colombianas, con lo que la cifra se redujo a 982. Pero también vimos que no aparecen todos los colombianos (no encontramos a nuestra directora, Juanita León, el empresario Alberto Ríos ni el ex ministro Alberto Carrasquilla, que sabíamos que estaban en los Panamá Papers) y por lo tanto incluimos los casos visibles ya publicados, además de que buscamos puntualmente apellidos conocidos en Colombia y sumamos los que encontraron La Silla Santandereana y La Silla Caribe.

Seguramente hay más colombianos entre las 360 mil personas de los Panamá Papers y aun más que son dueñas de empresas parecidas por fuera de la lista, pues ésta solo incluye los clientes de una de las firmas dedicadas a este negocio, Mossack Fonseca. Además, los que aparecen son los más fáciles de ubicar, pues otras personas se esfuerzan más en borrar sus rastros al no usar una dirección que los vincule con el país, crear estructuras con offshores dueñas de offshores, usar testaferros o poner todas las acciones "al portador" (que no están a nombre de alguien sino de quien las tenga en la mano).

No encontramos pruebas de ilegalidades: tener una compañía offshore no lo es per se y no tuvimos acceso a los documentos de la filtración ni a las declaraciones de renta de los implicados para conocer sus movimientos y saber para qué se usaban.

En todo caso, de esa lista armamos una muestra (que, sumando los personajes visibles y una muestra aleatoria dieron 332 personas y entidades, una de cada tres de las iniciales) para encontrar quiénes son y definir patrones entre los colombianos de los Panamá Papers.

La primera conclusión es que la gran mayoría son personas asentadas en Bogotá o en Antioquia, que si bien concentran una parte importante de la población, del PIB y de las empresas, están sobrerrepresentadas, sobre todo si se comparan con otras similares como Santander o el Valle.

La segunda, es que la gran mayoría son empresarios de sectores muy diversos, y muy pocos periodistas o políticos, aunque sean los más visibles

Y la tercera es que las empresas no están tan concentradas en Panamá, como daría a entender el nombre del escándalo, y que por lo tanto el reciente convenio para intercambiar información con ese país es una ayuda para la lucha contra la evasión y la elusión, pero falta lograr algo similar con otros paraísos fiscales. Además, cuando están en lugares con los que Colombia no tiene relaciones comerciales como las islas Seychelles o las Islas Vírgenes Británicas, es improbable que hayan sido creadas para ser operativas.

Las lógicas

Además de esos datos básicos, encontramos seis tipos de empresas.

El primer caso, en el que ubicamos apenas tres sociedades, es de las que efectivamente tienen operaciones en Panamá y por lo tanto no son de papel.

Una de ellas es la empresa de software antioqueña IG Services, que tiene una panameña llamada Intergrupo Panamá S.A.. Su nombre comercial en Colombia es Intergrupo, publicitó su desembarco para trabajar en Panamá en 2013 y opera allí. Algo parecido ocurre con el centro de radiología oral Diago 3D que es de dos colombianos pero funciona en Ciudad de Panamá, y con Servicios Especializados de Ingeniería SIMOUT Panamá S.A., de la colombiana del mismo nombre, y que opera en ese país.

Estas son las únicas en las que está claro que sus dueños no están reduciendo los impuestos a pagar, por vías legales (conocidas como elusión fiscal, incluyen vender una sociedad en un paraíso fiscal en vez de un inmueble o unas acciones en Colombia para pagar menos impuestos) o ilegales (la evasión que se da cuando se usa una offshore para facturar gastos inexistentes, por ejemplo).

Sin embargo, no tenemos la información para saber si en las restantes sociedades se hizo eso.

El segundo grupo son las empresas que, aunque no sabemos si operan directamente en Panamá, tienen una relación transparente con una empresa colombiana, pues comparten el mismo nombre, lo que hace mucho más difícil usarlas para evadir impuestos.

Esas incluyen Aviomar Cargo, vinculada a la transportadora Aviomar; Globotech Displays Corp., de los mismos accionistas de la empresa de stands publicitarios Globotech Displays de Colombia; Odaco Group S.A., de los mismos dueños de la colombiana Odaco Group (productora de las compotas orgánicas de nombre Baby Faves); o Monómeros International, de Monómeros Colombo - Venezolanos.

El tercer tipo son las llamadas tradings, compañías dedicadas a importar y exportar productos. Estas se suelen armar en Panamá porque es un país que facilita el comercio de mercancías a través de la zona libre de Colón (donde no hay que pagar impuestos por importar mercancía si luego se exporta), tiene cuentas en dólares (lo que evita perder plata haciendo varios cambios de moneda) y muchas rutas marítimas (gracias a su canal).

Entre ellas se encuentran las de Diego Fernando Charry, un importador de productos que tiene una empresa en Panamá; o la que tienen en ese mismo país los accionistas de la empresa Importadora de Sintéticos y Textiles Imsitex S.A.

El cuarto grupo son las que tienen como accionistas a familiares, muchas veces grupos de padres e hijos, como las de Dario Arizmendi y sus hijas, la familia de Juanita León, o los Maestre Castro de Barranquilla.

Estas empresas se suelen crear como holdings de compañías en Colombia y en el exterior, en algunos casos para unificar en un país que tiene cuentas en dólares los manejos de empresas en varios países, en otros para centralizar una eventual herencia, y en otras más para reducir los impuestos que se dan en las sucesiones en Colombia o para que no aparezcan a nombre de sus dueños algunos bienes en Colombia.

El quinto tipo son las están a nombre de varias personas que también son directivas de una o más sociedades en Colombia, y es probable que las hayan usado para extender sus negocios a otros países o para poner a nombre de la offshore sus acciones en las colombianas.

Entre esos casos está el del ex ministro Alberto Carrasquilla y sus socios Lía Heenan y Andrés Flórez; los constructores barranquilleros de Constructores Unidos; o los dueños de la firma de libranzas Elite International Americas.

Por último, hay un conjunto importante de compañías cuya finalidad no pudimos establecer.

Los más llamativos

Además de estos patrones, encontramos dos casos de personas vinculadas directamente a escándalos financieros y que tienen empresas en la lista.

Uno es el de la española María Mónica Alberte, dueña de la sociedad panameña Eldrayton Holdings S.A. que creó en 2014. Alberte está envuelta en un escándalo a fines del año pasado, aunque el nombre que se conoció no fue el de ella sino el de su esposo, el empresario español Sergio Cortés Rodríguez.

Cortés encabezaba Internacional Compañía de Financiamiento, una entidad que intervino la Superintendencia Financiera en noviembre de 2015 para liquidarla porque estaba a punto de quebrarse después de haber hecho muchas operaciones sin los requisitos legales incluyendo préstamos a sus directivos. Eso afectó a entidades públicas como Bancóldex y Finagro, que le habían dado plata a cambio de la promesa de retornos muy jugosos.

Alberte, como gerente y dueña de la empresa colombiana Importadora Colombo Española, recibió en 2014 préstamos por 685 millones de pesos de Internacional, según la Superfinanciera. Es decir, se benefició de los manejos irregulares de la compañía de su esposo justo en el año en el que creó la offshore, mientras los ahorradores perdieron parte de su plata.

Otro es José Alejandro Navas Vengoechea, un publicista del Politécnico Gran Colombiano que trabajó como promotor comercial en la comisionista de bolsa Proyectar Valores, que intervino la Superfinanciera en 2011 porque, sin permiso, se habían usado recursos de los inversionistas para fallidos negocios que buscaban enriquecer a algunos de sus dueños y funcionarios, y que compartía varios accionistas con Interbolsa. En 2011 creó Elite International Americas (Elias), empresa de libranzas de la que es presidente.

Estando en Proyectar, Navas actuó como comisionista a pesar de no poder hacerlo y compró y vendió acciones de clientes sin tener la orden para ello. Es decir, violó la confianza de sus clientes. Por eso fue sancionado por el Autorregulador del Mercado de Valores (la entidad disciplinaria de la Bolsa) con una suspensión de 6 meses de su trabajo y una multa de 12 millones.

Navas aparece, junto con otros 5 accionistas y directivos de Elias, como dueños de la sociedad costarricense Tenedora Universal de Libranzas Sociedad Anónima, creada en 2014 en ese país.

Al final, toda esta información muestra que en los Panama Papers no están todos los que son ni son todos los que están. Pero que sí trae muchos indicios para que la Dian avance en las investigaciones que ya anunció por este escándalo.

Acá puede ver la lista completa y depurada.

La próxima semana se discutirá en el Concejo de Bogotá la venta de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB), un punto que ha sido de los más polémicos del Plan de Desarrollo del Alcalde Peñalosa.

El argumento que dio la alcaldía es que la ETB “ya no cumple la función pública que tuvo en su origen” y que con la plata de su venta se podrían construir 30 colegios, cuatro hospitales, 8 jardines, 2 megacentros deportivos, nuevas troncales, invertir en seguridad y en la EPS del distrito, Capital Salud.   

Por otro lado, hay quienes dicen que este debate debería estar aislado de la discusión del Plan de Desarrollo y así sea aprobado por “pupitrazo”. Además, dicen que si la van a vender, lo hagan en un momento en que las finanzas estén sólidas y no en época de “vacas flacas”.

Otros argumentos dicen que se debe esperar para saber si la inversión de 2 billones de pesos que hizo la ETB para una apuesta tecnológica rinde frutos o no. O al menos, tratar de conseguir los clientes para recuperar esa inversión. Sin contar con la preocupación de los empleados de la empresa que no saben qué pasará si la empresa cambia de manos.

Más allá de un debate ideológico, para entender los argumentos de fondo detrás de esta idea y las consecuencias que podría tener la venta de la empresa invitamos a dos miembros de la Silla Llena que conocen de cerca el problema. Ellos fueron Rafael Orduz, que fue presidente de la ETB y Fernando Rojas, ex candidato al Concejo de Bogotá que ha seguido de cerca las discusiones del Plan de Desarrollo.

Aquí comienza "La Silla Llena los domingos".