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El plebiscito se le atravesó a San Pacho (y viceversa)

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En Quibdó tiraron voladores para festejar la firma de los acuerdos de paz con las Farc el día que anunciaron el cierre de la negociación. Pero cuando supieron que su refrendación será el 2 de octubre se aguó la fiesta porque se cruza con la celebración de San Pacho.  

La fiesta interrumpida

Las Fiestas de San Pacho en Quibdó -declaradas en 2012 como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad- nacieron en la capital chocoana desde 1648 cuando el monje franciscano Fray Matías Abad inauguró la  Catedral San Francisco de Asís.

 

Las fiestas en homenaje al santo patrono de los quibdoseños tradicionalmente inicia el 20 de septiembre con una misa inaugural y un gran desfile de comparsas y bandas musicales que interpretan la chirimia (ritmo musical del Chocó). Luego, durante los siguientes 12 días, cada uno de los barrios tradicionales desarrolla una programación de 24 horas que combina lo religioso y lo pagano.

Finalmente, el  3 de octubre, se realiza una balsada con la imagen del Santo por el río Atrato y el desfile de carrozas con los disfraces de los barrios y las mejores comparsas; el 4 hay una multitudinaria procesión por las calles de Quibdó y el 5 es el cierre con la recogida de banderas símbolo de cada uno de los barrios que hacen parte de las fiestas.

Como la votación del plebiscito fue programada para el 2 de octubre, cuando se supo la fecha, la emoción con la paz se diluyó porque amenazaba los mejores días de San Pacho y los días en los que más turistas hay en la ciudad.

“La reacción de la gente fue bastante fuerte porque culturalmente están acostumbrados a la dinámica de la fiesta al punto que en Quibdó esos días todo gira entorno a ello y desacomodar su tradición es bastante traumático”, dijo Nilton Córdoba Manyoma, representante a la Cámara por el Chocó.

Después de ires y venires, y de una semana de trabajo, la Fundación Fiestas Franciscanas encontró la solución:

“En principio el dilema era si adelantar o atrasar las fiestas, desde la junta del barrio La Yesquita, propusimos que nos uniéramos en un día dos barrios y podamos celebrar bajo la hermandad que nos caracteriza, es la oportunidad de ensayar si podemos recortar las fiestas hacia futuro”, dijo a La Silla Argenis Lozano, la presidenta de la junta del barrio La Yesquita.

Ramón Cuesta Valencia, Presidente de la fundación que organiza San Pacho, le dijo a la Silla que con esta acomodación, “permitimos que los días 1 y 2 donde cesamos nuestra actividad San Pachera, para que Quibdó viva otra fiesta, la de refrendar los acuerdo de paz logrados con las Farc; y el día 3 se retoma nuestra programación original”. 

El Chocó, donde siete de cada diez chocoanos han sido víctimas declaradas del conflicto armado, tiene un ambiente favorable por el Sí. Sin embargo, a las campañas les preocupa que San Pacho no bendiga el plebiscito y que, por el contrario, aumente la tradicional abstención electoral.  


El primer ternado a la Procuraduría

El plan de Peñalosa para urbanizar el norte

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La Alcaldía de Peñalosa está a punto de revelar su plan para expandir el norte. Será el tercer intento formal de una Alcaldía de Bogotá por destrabar la construcción en esa zona, y el primero que podría facilitar que la reserva Van der Hammen también se urbanice.

¿Qué es el Poz Norte?

Desde la semana pasada, el gobierno de Peñalosa comenzó la socialización y colgó en la página web de la secretaría de Planeación el borrador del decreto del Plan de ordenamiento zonal del Norte o POZ norte, que reglamentará el desarrollo de un área de 1.800 hectáreas de las cuales 466 (dos veces el tamaño de Ciudad Salitre que se ha demorado 30 años en desarrollarse) están en suelo urbanizable y que hasta ahora siguen siendo un proyecto.

 

El Poz Norte es hoy el último lugar que tiene Bogotá habilitado para crecer.

Se trata del espacio de tierra que está entre los cerros orientales, el peaje de los Andes en el Norte que limita con Chía, la calle 191 al sur y al occidente el área rural de Bogotá donde también está la reserva Thomas Van der Hammen que ha despertado tanta polémica porque sus defensores ven en esa reserva un espacio vital para el sostenimiento de la sabana de Bogotá y hace parte de la estructura ecológica de la ciudad.

Aunque esta área está delimitada desde que quedó vigente el Pot de 2004, desde entonces, ningún alcalde ha podido avanzar para que el plan se vuelva realidad. En parte por los costos que implica y porque necesita la confluencia de muchos intereses.

Como Bogotá nunca ha tenido plata para desarrollar esa zona que implica arrancar desde cero a construir vías, poner servicios públicos, hacer parques y transporte público para conectarla con el resto de la ciudad, la idea que siempre se ha planteado es que entre los dueños de la tierra, los constructores y el Distrito se diseñe un mecanismo de cargas y beneficios para que quienes pongan la plata para hacerlo sean los privados.

Samuel Moreno lo hizo en 2010 pero no lo pudo implementar. Y Petro lo retomó el proyecto y le añadió varios cambios pero nunca lo pudo concretar porque la CAR lo objetó.

Luego llegó Peñalosa que desde el principio ha planteado un proyecto más ambicioso: Ciudad Norte, una franja de tierra de unas 6 mil hectáreas que incluye no sólo el espacio urbanizable del Poz Norte sino las 1400 hectáreas de la Reserva Forestal Thomas Van der Hammen y otras 2 mil hectáreas de la zona rural del Distrito. En estas dos últimas, por ley, no se puede construir hasta que no se cambie el uso del suelo y la Car levante la declaratoria que hay sobre la Reserva.

Con el borrador del decreto del Poz Norte, Peñalosa ya arrancó a desarrollar su idea para expandir a Bogotá hacia el norte en la medida en que vaya creciendo la población mientras termina de elaborar el proyecto del Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad en la que podría cambiarle el uso del suelo al resto del borde norte de la ciudad.

La fórmula de Peñalosa

La Administración Peñalosa rebautizó el Poz Norte y lo llamó “Ciudad Lagos de Torca” con el argumento de que así muestra “el cambio de visión de esta Alcaldía para hacer un desarrollo más sostenible”, en palabras del gerente de Ciudad Norte, Juan Camilo González. Será un espacio donde se construirán 110 mil viviendas, 40 mil de las cuales serán de interés social (20 mil Vis y 20 Vip).

En uno de los eventos de socialización del proyecto, González dijo que “vamos a hacer un espacio más agradable y más equitativo para que todos los segmentos sociales de la ciudad tengan acceso al mismo urbanismo”, agregó.

Las 1800 hectáreas del Poz Norte hoy están repartidas en 550 de suelo urbanizable que no tienen nada construído hoy, 500 que se pueden formalizar para volverlas urbanizable y 150 que ya están construidas.

El Distrito necesitaría ahora construir toda la infraestructura que incluye 200 hectáreas para vías, 63 hectáreas para el parque metropolitano Guaymaral, 65 hectáreas para el parque humedal Torca y 100 hectáreas para rondas y zonas de preservación.  Para lograrlo, según la Alcaldía, se necesitan 2 billones de pesos y 500 hectáreas de suelo que el Distrito no tiene.

La plata planean recogerla a través de privados a los que les pedirán un aporte voluntario en plata o en tierras para desarrollarlas y quienes además, estarán encargados de contratar y entregar las obras. La idea es que esos privados sean los dueños de los predios o terceros que se alíen con ellos como socios (como constructores o bancos de inversión).

Esos recursos serán administrados por una fiducia, integrada por los dueños de los predios que representen al menos el 25 por ciento de todos los suelos del Poz Norte.

Aunque este sistema es la fórmula de cargas y beneficios que siempre se ha tenido en cuenta a la hora de hablar del desarrollo del Poz Norte, la fórmula de Peñalosa incluye una novedad: si en dos años y medio contados a partir de que se expida este decreto, la fiducia no ha recolectado 700 mil millones de pesos que es el punto de equilibrio del proyecto, éste no podrá avanzar y le tendrán que devolver la plata a todos los que invirtieron.

En principio, esa plata servirá para hacer una infraestructura básica a partir de la cual, esperan, se pueda construir el resto. Y que incluye la totalidad de estudios y diseños detallados de toda la infraestructura que requiera la zona, dos carriles externos de la avenida Polo, la avenida Boyacá, la avenida Santa Bárbara y la Avenida Guaymaral, más las redes de servicios públicos.

Para recoger la plata lo más pronto posible, el Distrito generará unos incentivos tanto para los dueños de la tierra como para los que se asocien con ellos. Básicamente, entre más rápido paguen por desarrollar un proyecto en el Poz Norte o más rápido entreguen las tierras que se necesitan para hacer las obras de infraestructura, más descuento reciben en los derechos para construir. Y entre más alto quieran construir, tendrán que pagar más.

La Alcaldía dice que incluso si los que quieran desarrollar el proyecto deciden hacer proyectos de la menor altura posible (6 pisos), ya alcanzarían a recoger la mayor cantidad de la plata que se necesita para lograr el punto de equilibrio (74 por ciento de los recursos que se necesitan).

“Queremos ponerle la zanahoria al desarrollo para que con la infraestructura se incremente el valor de los predios”, dijo González en la presentación de la idea y recordó que éste es un proyecto para desarrollar gradualmente, en 10 o 12 años.

Además, el proyecto plantea que los suelos que no serán destinados para viviendas de interés social paguen la infraestructura de los que sí lo son para garantizar que esta se haga.

Los riesgos

Aunque el Distrito confía en que estos mecanismos servirán para que efectivamente los privados se quieran meter en el proyecto y que una vez se llegue al punto de equilibrio y empiecen a construir la infraestructura básica, habrá demanda para financiar el resto del proyecto, lo cierto es que la idea tiene varios riesgos.

El más obvio es que no se llegue al punto de equilibrio, y que eso implique que Ciudad Lagos de Torca se quede en un sueño. Y que podría darse si los constructores, como Camacol, vuelven a tener las mismas objeciones que tuvieron en proyectos anteriores como el de Samuel Moreno.

Como contó La Silla, en ese momento protestaron porque Moreno proponía desarrollar el norte de manera progresiva, obligando a los constructores a construir primero vivienda de interés social y Camacol consideró que si no construían paralelamente vivienda comercial para los estratos altos no habría forma de financiar la vivienda subsidiada.

Y segundo, los dueños de la tierra y los constructores le reprocharon al Distrito querer cobrarles la construcción de servicios públicos y vías de acceso que la Alcaldía estaba obligada a hacer en el suelo urbano desde que se emitió el POT en el 2000. Su argumento era que el POZ Norte le imponía unas cargas desproporcionadas al sector privado para complacer a los sectores de izquierda.

Pero aún si se puede hacer el proyecto tal cual lo sueña la alcaldía de Peñalosa, los urbanistas que ya están estudiando el decreto han identificado un riesgo adicional: el impacto de construir Lagos de Torca como está diseñada ignorando que ésta limita con la reserva Thomas Van der Hammen en la que hoy no se puede construir.

Aunque en principio, el Poz Norte no incluye ningún sector de la reserva y por lo tanto, en estricto sentido no tienen que mencionarla, el decreto de Peñalosa no la nombra ni en la delimitación del Poz Norte ni dentro de los elementos estructurales ambientales que según los ambientalistas se deben proteger. Eso ha despertado sospechas en los defensores de la Reserva que se oponen a que la urbanicen.  

“El decreto omite voluntariamente que la reserva hace parte de la estructura ecológica. Eso significa echar leña al fuego [de la pelea de Peñalosa con los ambientalistas] innecesariamente”, le dijo a La Silla un urbanista que pidió la reserva de su nombre porque la entidad para la que trabaja tiene relaciones con el Distrito. 

“El plano [que presentó el Distrito] demuestra que la administración que actúa de mala fe y que su objetivo es aprobar un decreto que le permita al Alcalde continuar con añeja idea que le quedó trunca hace dieciséis años”, agregó por su lado el historiador Juan Luis Rodríguez, miembro de la Red Cachaca.  

La sospecha es que al omitir que la Reserva Van der Hammen existe, y que ya hay trazadas algunas vías sobre el terreno que hace parte de ella, abre la puerta para que si Peñalosa logra que se levante la restricción que hoy tiene, ésta se pueda urbanizar en el futuro. Además de que el proyecto de Ciudad Lagos de Torca como está diseñado hoy va a generar una presión de urbanización en sus vecinos de la reserva Van der Hammen que ya no van a querer vender sus predios más baratos [porque son suelos de conservación] para que se haga una reserva sino a constructores que quieran construir y que queden atraídos por la valorización de la nueva infraestructura que se desarrolle a partir del Poz Norte.

“A primera vista se nota que la Reserva no se identifica y que aparece atravesada por varias avenidas y encerrada por la zona de Guaymaral que se urbaniza en su totalidad”, le dijo a La Silla Julio Carrizosa.

Juan Camilo González, el gerente de Ciudad Norte le explicó a La Silla que no la incluyeron porque la reserva hoy está definida como un suelo rural y así es como la delimita el decreto. Además, que no la incluyen dentro de los puntos de interés de protección ambiental porque “es una reserva productora y no protectora” y por tanto, no hace parte de la estructura ecológica principal del borde norte de Bogotá. En todo caso dice que la propuesta para modificar la reserva sí se mantiene y que eso "va a generarle a Bogotá una reserva de acuerdo a los estudios que llevan 15 años haciendo y que va a ser una realidad y no un papel". 

Por eso, aunque el proyecto Ciudad de Torca propone una idea creativa para desarrollar esa zona del norte de la ciudad que todo el mundo concuerda en que es necesaria y el proyecto “propone todo lo que manda el manual en materia de vivienda densa para todos los estratos, vías, parques y protección ambiental”, como le dijo a La Silla Juan Luis Rodríguez, no va a terminar el debate que abrió Peñalosa sobre la reserva Thomas Van der Hammen.

 

La Silla
Enrique Peñalosa Londoño

Enrique Peñalosa Londoño

Alcalde de Bogotá

Con la caída de Ordóñez, el No gana un vocero sin perder la Procuraduría

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Resumen: 
Ayer el Consejo de Estado decidió declarar la nulidad de la reelección de Alejandro Ordóñez en la Procuraduría. Aquí les dejamos nuestro análisis sobre esta noticia y otras historias en profundidad:
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Con la caída de Ordóñez, el No gana un vocero sin perder la Procuraduría
El plan de Peñalosa para urbanizar el norte
El primer ternado a la Procuraduría
El plebiscito se le atravesó a San Pacho (y viceversa)
¿El acceso a la tierra propuesto en los acuerdos de paz es una idea Castro-Chavista?

Con la caída de Ordóñez, el No gana un vocero sin perder la Procuraduría

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La decisión del Consejo de Estado de declarar la nulidad de la reelección de Alejandro Ordóñez en la Procuraduría le da un duro golpe a la rosca de amiguismo y favorecimientos en la cúpula de la justicia. Pero también le permite a Ordóñez pasar de ser un crítico del proceso de La Habana para convertirse en un jefe de debate de la campaña por el No, y sin perder el control de la Procuraduría.

Ordóñez, que se ha ido perfilando como potencial candidato para 2018 e incluso ha ido arrancando su campaña, estaba a solo cuatro meses de terminar su período y en pleno eclipse de su poder. Pero ese “pato rengo” puede pasar a convertirse en un mártir de un sector de la opinión, que coincide con quienes se oponen al plebiscito.

Más porque ocurre justo el día después de los titulares en la prensa sobre su enfrentamiento con el presidente Juan Manuel Santos por la participación de funcionarios y dos semanas después de que Santos hubiera pedido al Consejo de Estado que acelerara la toma de la decisión en el proceso de la reelección de Ordóñez.

Un proceso enredado

La demanda contra la reelección de Ordóñez la interpusieron Dejusticia, la Comisión Colombiana de Juristas y otras ONG hace tres años, cuando llevaba menos de un mes de su segundo período. Lo hicieron argumentando que había incurrido en el “yo te elijo, tú me elijes”, gracias a esta investigación de La Silla Vacía, que tuvo una importante ayuda de sus usuarios.

En concreto, el argumento giró alrededor del artículo 126 de la Constitución, que dice que los funcionarios públicos no podrán nombrar como empleados a parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil, o con quien estén ligados por matrimonio o unión permanente ni a personas con estos mismos lazos con los funcionarios competentes para intervenir en su designación.

Como lo denunció La Silla en su momento, antes de ser reelegido Ordóñez nombró en puestos de hasta 19 millones de pesos mensuales a amigos o familiares de 31 senadores (que eran los encargados de elegirlo) y nueve ex senadores; 22 amigos y familiares de magistrados de las altas cortes (que estaban a cargo de su nominación), incluyendo de siete consejeros de Estado, de dos magistrados de la Corte Constitucional, de siete magistrados o ex magistrados de la Corte Suprema y de un ex magistrado del Consejo Superior de la Judicatura. 

En particular, hay seis nombramientos que lo enredaron porque se trataba de parientes de los magistrados que eran competentes para incidir en su nominación: la sobrina y la esposa de dos magistrados de la Corte Suprema y la hermana y dos hijos de otros tres magistrados del Consejo de Estado.

Al parecer, en el Consejo nunca hubo duda de que Ordóñez incurrió en una falta al hacer estos nombramientos. El interrogante era si esto daba para una sanción disciplinaria, que lo habría inhabilitado, o si daba para anular su elección. 

Dejusticia, en su demanda, argumentaba que el Procurador debería quedar inhabilitado por esa falta porque si los magistrados, cuyos parientes él nombró, se hubieran declarado impedidos, Ordóñez no habría tenido la mayoría para ser elegido.

El proceso se demoró mucho, por todo tipo de tropiezos, incluyendo que pasó de la Sección Quinta a la Sala Plena, por su importancia, y una larga cadena de impedimentos, recusaciones y solicitudes de pruebas de parte de Ordóñez que enredaron  el proceso. Por eso, a pesar de que el problema jurídico estaba claro hace meses, la decisión terminó saliendo en esta coyuntura.

Al final 14 consejeros (justo el número que se necesitaba) votaron a favor de la ponencia de Alberto Yepes, que pedía tumbarlo por haber incurrido en ese "yo te elijo, tú me eliges". Solo cinco (Hugo Bastidas, María Claudia Rojas, Carlos Zambrano, Marta Teresa Briceño y Guillermo Sánchez) votaron en contra.

Eso es un cambio grande frente a la aparente imposibilidad de moverse unas votaciones de 12 a 8, que lo matuvieron en el cargo varios meses.

Una de las cosas que cambió fue la llegada de César Palomino, un magistrado de la sección segunda que fue elegido hace menos de dos meses y se posesionó hace apenas dos semanas. Como el nuevo consejero no había participado en los debates anteriores y la mayoría en favor de anular la reelección de Ordóñez estaba muy justa, su voto era fundamental.

Lo otro es que los magistrados Guillermo Vargas y Hernán Andrade votó finalmente a favor de la ponencia.

La decisión retomó la jurisprudencia del mismo Consejo de Estado de  2014, cuando tumbó al magistrado Francisco Ricaurte del Consejo de la Judicatura porque había sido elegido para ese cargo por magistrados a los que él había elegido en su pasado.

En cambio, el Consejo de Estado no dijo que un procurador no puede reelegirse, que era otro de los argumentos de la demanda.

Con la decisión, más allá del caso específico de Ordóñez, el Consejo de Estado de muestra una vez más el debilitamiento de la rosca de la rama judicial que era cercana al Procurador y que lleva un par de años cambiando, como ha contado La Silla. Y se refuerza porque lo decidió el mismo día que ternó a Fernando Carrillo, un abogado que no viene de esa rosca, como su candidato para reemplazar a Ordóñez.

Un mártir para el No

Ordóñez es la cabeza visible de una corriente minoritaria dentro del conservatismo, el religioso. A eso le ha sumado que es una de las caras visibles de la oposición al Gobierno en temas álgidos como el proceso de paz, por lo que ha terminado alineado en ello con la oposición uribista.

De hecho, el ex presidente Álvaro Uribe salió en su principal medio de comunicación, Twitter, a defender la continuidad de Ordóñez en su cargo:

Pero todavía no es seguro que Ordóñez se vaya antes del plebiscito. Si la sentencia sale mañana, tiene hasta el lunes para notificarse, y luego puede presentar una solicitud de aclaración del fallo, que no cambiaría su sentido pero se usa en algunas ocasiones para demorar su aplicación. Como Ordóñez logró demorar el proceso, no es extraño que lo hiciera. Con eso quedaría con el aura de mártir sin perder el manejo de la Procuraduría y la figuración en medios que le da su cargo.

Sin embargo, tiene un incentivo para no demorarla porque si deja de ser Procurador se puede conviertir en un nuevo vocero del No. Una figura, además, conocida por la gente, con una voz fuerte y reconocida, y que no está bajo la sombra de Uribe, pues ha hecho carrera por su lado y siempre se ha identificado como conservador.

Por eso, el No ganaría un vocero que encaja justo con la creciente campaña de grupos religiosos por el No, que se disparó después del escándalo por la educación sexual, que le aguó el voto cristiano al Sí y que hoy retoman activistas como el pastor Oswaldo Ortiz, el blogger estrella de ese sector o líderes como el pastor Miguel Arrázola.

Es una vertiente del No, que hasta ahora se ha acercado al uribismo sin que la mayoría de políticos del Centro Democrático la defiendan directamente.

 

Y Ordóñez no está confinado a ese sector. Por ejemplo ha atendido y defendido a las llamadas víctimas de la restitución de tierras , hasta el punto de ir con ellos a plaza pública en Cesar y Magdalena, y convertirse en unos de los líderes.

Además, ha ganado presencia en redes sociales y lleva años entregando mercados, kits de aseo y jugos de cama, como contó La Silla

Mejor dicho, ahora puede usar la campaña política que ha venido montando con un fin cercano, tangible y que lo puede conectar con todavía más gente. Y todo con la ventaja de que no necesariamente va a perder el poder de la Procuraduría.

La probable encargada, más ordoñista que Ordóñez

Ordóñez armó una Procuraduría activista de su línea del conservatismo que, por ejemplo, puso a sus funcionarios a tratar de evitar que jueces y notarios casaran a personas del mismo sexo, usando para ello las Procuradurías Regionales y los Procuradores Judiciales, como contó La Silla.

Una buena muestra es su viceprocuradora durante todo el período, que quedaría de encargada de la entidad, lo que significa que Ordóñez no pierde ese poder.

Se trata de Martha Isabel Castañeda Curvelo, que llegó al cargo con Ordóñez y ha estado con él estos casi 8 años. Seguramente se quedará en el cargo hasta enero, cuando el nuevo Procurador se posesione. Eso significa que de cómo actúe la hoy viceprocuradora dependerá de si Ordóñez pierde el poder que le daba la Procuraduría, y los antecedentes señalarían que lo mantendrá.

Esta abogada samaria tiene un trayectoria similar a la de Ordóñez: viene de la Rama Judicial, donde estuvo por más de 30 años, y fue magistrada del Tribunal Contencioso del Magdalena entre 1990 y 2009, cuando Ordóñez la nombró. Como Ordóñez, también tiene familiaridad con la política, pues es hija de congresista.

Castañeda tiene fama de ser de mano dura, incluso más que Ordóñez. Tiene una trayectoria larga, es muy trabajadora y ha sido la punta de lanza de la Procuraduría en varias de sus polémicas más grandes.

Por ejemplo, lideró la oposición a que los procuradores judiciales fueran nombrados a dedo, el intento de evitar el matrimonio igualitario en la Corte Constitucional, la defensa del suspendido magistrado Jorge Pretelt o la ofensiva para evitar la consulta popular contra la minería en Ibagué.

De hecho, fue ella y no Ordóñez la primera en amenazar con castigar a los funcionarios que promovieran el Sí en un acuerdo de paz (lo hizo en mayo, cuando no había Acuerdo).

A pesar de eso, es posible que Castañeda se convierta en el "pato rengo" que era Ordóñez.

Por un lado, para muchas personas es una desconocida, lo que hace que tenga menos impacto mediático. Y, por otra, a pesar de su fama de mano dura, para los políticos locales no es lo mismo una amenaza de Ordóñez que la de una procuradora encargada por algunos meses, según la explicó a La Silla un asesor de comunicaciones de varios mandatarios locales.

Por eso es que Ordóñez puede buscar que se demore su salida del cargo, para seguir siendo una talanquera para que alcaldes y gobernadores hagan campaña de frente por el Sí, sobre todo los que hasta ahora no lo han hecho por miedo real a una sanción o que han usado esa amenaza como excusa para no hacerlo sin quedar mal con Santos.

En todo caso, la decisión del Consejo de Estado sí es una carga para Ordóñez. Por más que logre convertirse en vocero del No y seguir manejando los hilos y el poder de la Procuraduría, su discurso de gran líder contra la corrupción queda muy golpeado por una sentencia que lo muestra como un politiquero que se hizo reelegir gracias a que le hizo favores a algunos de sus electores.

En la encuesta trimestral de Gallup más reciente, su imagen favorable superó a la desfavorable, aunque por pocos puntos. Dependiendo de cómo entiendan los colombianos la sentencia de hoy y de los resultados del plebiscito, y a medida que se acerque la campaña presidencial de 2018, esa situación puede cambiar.

La Silla
Alejandro Ordóñez

Alejandro Ordóñez

Procurador General

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Sigue el autobombo: La Silla entre lo mejor de Latinoamérica

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Hoy se conocieron los finalistas del Premio Gabriel García Márquez de Periodismo que premia las 40 mejores historias del periodismo latinoamericano en las categorías de Texto, Imagen, Cobertura e Innovación. La Silla Vacía fue seleccionada entre los diez mejores trabajos en las categorías de innovación y cobertura.

En innovación, está entre los diez finalistas Crimen y Castigo, un proyecto financiado por el Open Society Foundation que arrancó en marzo del año pasado y que hizo visibles todos los homicidios que ocurren en Suba, una de las localidades más grandes de Bogotá. Fue un trabajo conjunto entre Natalia Arenas y Víctor Castillo.

En cobertura, la directora de La Silla, Juanita León, está entre los diez finalistas en la categoría de cobertura noticiosa, con nueve historias sobre La Justicia que sale de La Habana.

En esta serie están desde historias macro sobre cómo se logró el acuerdo de justicia en  la mesa en Cuba y los enredos que tuvo, hasta historias sobre cómo el presidente Juan Manuel Santos le apostó al derecho de los soldados y guerrilleros de decirle adiós a sus muertos, o el proceso de las Farc de pedir perdón en Bojayá, y cómo las Fuerzas Militares y la Iglesia se preparan para enfrentar la verdad de su participación en el conflicto.

Desde que se creó este premio en 2013, ocho trabajos de La Silla han sido seleccionados como finalistas, el medio colombiano más nominado en este que es el concurso internacional más importante de periodismo en Iberoamérica.

Proyecto Rosa, a cargo de Olga Lucía Lozano, ganó el premio de Innovación; Laura Ardila Arrieta estuvo en la selección oficial por el cubrimiento al negocio de las basuras de Petro y el trabajo de Juan Esteban Lewin sobre las fichas para la reelección del procurador Alejandro Ordóñez también fue seleccionado en la categoría de innovación.

Esta investigación hizo parte de la denuncia con la que el think tank Dejusticia logró que el Consejo de Estado anulara la reelección de Ordóñez ayer.

En el 2014, estuvimos en la selección oficial con el Quién es Quién en la categoría de innovación y La Silla Minera, a cargo de Andrés Bermúdez.

En el 2015 también fuimos seleccionados por la sección La Silla Llena en la categoría de innovación.

Los otros medios colombianos que quedaron entre los diez seleccionados en esta edición del premio son el Malpensante, con la historia la Revancha de Santa Zita, a cargo de Ángel Unfried, una mirada al servicio doméstico en Colombia. En imágen está Víctor Galeano, de Soho, con un reportaje gráfico sobre los últimos días de Ovidio González, el papá del caricaturista Matador. Y en innovación clasificó el trabajo independiente ‘Pregoneros de Medellín’  de Ángela Carabalí, Thibault Durand, Esaú Carabalí y Juliana Carabalí. Y el portal Verdad Abierta, con Las Rutas del Conflicto.

El jurado de este premio está compuesto por periodistas de varios países. La premiación del mejor de cada categoría será el 29 de septiembre en Medellín.

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El segundo ternado para la Procuraduría

La ONG que está detrás de la caída del Procurador

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Aunque la demanda que tumbó al procurador Alejandro Ordóñez la presentaron varias organizaciones como la Comisión Colombiana de Juristas, el Centro de Estudios Constitucionales PLURAL, la Corporación Viva la Ciudadanía y Foro por Colombia, el argumento que más pesó en la decisión del Consejo de Estado fue el que presentó Dejusticia, una ONG que lleva 11 años haciendo investigación y litigio con base a la Constitución de 1991.

Dejusticia argumentó que en la reelección del Procurador se había incurrido en la táctica del “yo te elijo, tú me eliges” que viola el artículo 126 de la Constitución y que se sustentó en esta investigación de La Silla Vacía que mostró los vínculos entre los funcionarios nombrados por Ordóñez y los senadores y magistrados que lo eligieron.

Detrás de ese trabajo estuvo el área de litigio estratégico de la organización coordinada en el momento de la demanda contra la reelección del Procurador por el abogado Rodrigo Uprimny, ex director de Dejusticia, uno de sus fundadores y blogger de La Silla.

Aunque seguramente la demanda contra el Procurador es la más importante en la que ha  participado hasta ahora la organización, que simboliza la idea de que la justicia es una herramienta de transformación social, no es la única.

También hicieron parte de la demanda que tumbó la elección de los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura Pedro Munar y Francisco Ricaurte y que se basó en el mismo argumento de la “rosca” judicial del caso de Ordóñez.

Además, junto con la ONG Colombia Diversa, han sido los autores de las demandas ante la Corte Constitucional que han garantizado derechos en igualdad para las parejas del mismo sexo en temas como el matrimonio y la adopción.

En procesos étnico ambientales han contribuído a la defensa de los derechos de las comunidades a tener consulta previa en las intervenciones en su territorio, una postura que ha sido criticada por la industria extractiva.

Por ejemplo, Dejusticia acompañó los procesos de consultas populares contra explotaciones de oro en Piedras, Cajamarca e Ibagué en el Tolima y hoy apoyan una similar en el municipio de Pijao, en el Quindío.

Este activismo judicial está sustentado en un trabajo colaborativo entre la investigación académica y sus estrategias de incidencia y lo acompañan de una importante presencia en medios, columnas de opinión y participación en audiencias públicas a nivel nacional.

La Silla
Rodrigo  Uprimny Yepes

Rodrigo Uprimny Yepes

Fundador de Dejusticia


La reunión que reforzó el Sí indígena

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Les dijeron que los delegados de La Habana nunca irían hasta el Cauca, que no se sentarían en unas sillas rimax, bajo un galpón con techos de lata, sin aire acondicionado y con piso de tierra roja. Que no le darían la cara a miles de indígenas, a los afro y a alguno que otro blanco, simpatizante de sus causas. Que las negociaciones que empezaron en Cuba, hace cuatro años, eran un asunto solo del Gobierno y de las Farc. Que sus preocupaciones, como víctimas, pero también como fuerzas resistentes al conflicto armado, que siempre amenazó con meterse en sus territorios, se las podían ir guardando.

 

Pero los indígenas y los afro, que saben que ante un No, lo que hay que hacer es insistir, insistieron. Y siguieron insistiendo. Mandaron cartas, peticiones y mensajes y, finalmente, fueron tenidos en cuenta, en el último minuto. Una comisión, integrada con representantes y líderes indígenas y afro, viajó a La Habana, para sentarse de tú a tú con los negociadores. Lograron incluir un capítulo étnico el día antes de la firma del acuerdo, pero, además, comprometieron a los delegados a que, antes de que fuera convocado el plebiscito, fueran a sentarse, en sus territorios, con sus comunidades a dialogar sobre el acuerdo.

El encuentro sucedió ayer, en el resguardo de La María, en Piendamó, creado en 1999 como un espacio para el diálogo, donde los indígenas se han reunido en anteriores oportunidades con representantes del gobierno nacional. Con la guerrilla también han tenido que encontrarse, en innumerables oportunidades, empuñando sus bastones de mando, para exigir respeto a sus comunidades. Lo que nunca antes había sucedido era que se sentaran juntos, en ese lugar, en la misma mesa, y al mismo nivel, con el gobierno y con las Farc.

Sobre una tarima decorada con flores, se sentaron los dirigentes del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), las negritudes, autoridades locales, el Alto Comisionado para la Paz Sergio Jaramillo, y los delegados de las Farc, Marcos Calarcá y Matías Aldecoa. Los guerrilleros se amarraron el pañuelo rojo y verde, símbolo del CRIC, en la muñeca. Ambos, en la mano izquierda. En cambio, Sergio Jaramillo se lo puso en el cuello, a la usanza de los Nasa.

Ante ellos, en el inmenso galpón, estaban unas 8 mil personas, en su mayoría indígenas, que se habían movilizado desde el día anterior, en un recorrido que emprendieron desde Santander de Quilichao hasta Corinto y luego hasta Piendamó.

Sintiéndose protagonistas de lo que será la construcción de la paz, algunos marcharon a pie, otros iban en sus chivas, ondeando las banderas verdes y rojas del (CRIC) y agitando sus bastones de mando. “¡Vamos para la paz, vamos por la vida, vamos por el respeto a nuestros territorios!”, gritaron a lo largo del recorrido, que culminó finalmente en el resguardo La María.

Rodeando la tarima principal estaban cuatro guardaespaldas del gobierno. Uno de ellos sufrió el embate de un murciélago que volaba por encima de la mesa de delegados. También custodiaban a los invitados los miembros de la guardia indígena, varios de ellos niños. Agitaron sus bastones de cintas de colores con fuerza, cuando sonó el himno de la guardia, antes del Gloria Inmarcesible y luego estuvieron muy pendientes del rap que cantó uno de los jóvenes de la comunidad, con un piercing en la oreja izquierda, otro en la ceja derecha, y vestido con una sudadera con capucha. "Ni cantante ni rapero, parce, yo soy Nasa y orgulloso de su raza. Yeah".

Después de himnos y rap, y los saludos protocolarios, finalmente empezaron a salir las dudas sobre cómo los acuerdos negociados en La Habana afectarían a los indígenas y afro del Cauca.

Muchas de sus intervenciones reflejaban una preocupación de que los acuerdos vulneraran los derechos que se han ganado en la Constitución y a través del Convenio de la OIT, a punta de tutelas y fallos que reconocen su autonomía.

Dijeron sentirse preocupados porque el acuerdo no tenga en cuenta procesos de consulta previa, y que la implementación de algunos de sus puntos sea incompatible con sus Planes de Vida y su concepción del territorio.

Entre los asistentes rondaba la idea de que con la llegada de "la paz", van a llegar también megaproyectos económicos, liderados por personas que no son de la comunidad, incluyendo empresarios extranjeros, que terminarían utilizándolos como mano de obra y llevándose la mayoría de los ingresos.

En palabras de Hernán Cortés, el representante afro que había venido desde Tumaco a la reunión, ese tipo de paz tendría "los mismos efectos que los fusiles"

Sergio Jaramillo intentó tranquilizarlos. Les aseguró que nada de lo que habían ganado en derechos y autonomía con la Constitución el 91 lo iban a perder con los acuerdos. Les aseguró que los planes que se implementen se diseñarán de manera paticipativa con la comunidad, en lo que los indígenas, reconoció, son expertos.

Han sido expertos también en sobrevivir a la guerra, que dejó un saldo de 27.016 víctimas indígenas en el Cauca, como lo recordó una de las principales líderes del CRIC.

Como viuda de la guerra, Aída Quilcue habló del dolor de las comunidades y pidió que como primera medida se esclarezca el paradero de tantos indígenas desaparecidos.

La verdad, el reconocimiento público, la reparación, sanciones y garantías de no repetición, es algo que piden los indígenas, pero también están preocupados porque no saben cómo se va a articular la jurisdicción de paz con la jurisdicción especial indígena.

Jaramillo explicó que, a diferencia de lo que ha ocurrido en otros procesos, la Comisión de la Verdad, además de hacer informes, tendrá que demostrar los efectos del conflicto en los territorios y para eso tendrá que abrir espacios de participación con las víctimas en esos mismos territorios.

La articulación entre la jurisdicción especial para la paz y a jurisdicción indígena no solo era necesaria sino una tarea urgente. "Lo primero que debe ocurrir luego de la firma son los actos de reconocimiento de responsabilidad. Son esos actos los que van a sentar las bases de la tolerancia y convivencia, " dijo.

Jaramillo fue resolviendo, punto por punto, otras preguntas y dudas de los líderes de la comunidad, sobre las zonas veredales de transición, la sustitución de cultivos ilícitos, la salida de los menores de edad indígenas y afros, y el papel de veeduría y su interlocución con el mecanismo tripartito que se encargará de verificar la implementación del acuerdo.

Las explicaciones de Jaramillo, técnicas y claras, le dieron una buena excusa a Marcos Calarcá.

El jefe guerrillero dijo que como "Sergio" ya había explicado las dudas, él iba a enfocarse por otro lado. Mejor dicho, iba echarse un discurso político.

Luego de gritar arengas por la paz, dejó claro que entregar las armas no era abandonar “la lucha” y que la semana entrante darían un paso más hacia la organización política en la que van a convertirse, en la X conferencia.

Invitó a la comunidad a unirse a la lucha popular, porque sectores de las élites no querían el acuerdo. "Que esto se cumpla es la garantía de no repetición".

Pero esa convivencia con las Farc, como actores políticos, es justamente una de las cosas que más preocupan a las comunidades étnicas, y a sus autoridades tradicionales que durante años han querido marcar distancia con las dos partes del conflicto para que no los tildaran de auxiliadores de la guerrilla o de informantes del gobierno.

Uno de los delegados indígenas le pidió al gobierno, pero especialmente a las Farc, que no se metan a hacer pedagogía en sus territorios ni que apoyen a otros grupos que lo están haciendo.

"No hay que mencionar nombres", dijo. Pero todos allí sabían que se refería a los Nietos del Quintín Lame, a la CONPI y a la Marcha Patriótica, que tienen un trabajo político más cercano a la guerrilla en esta zona.

A los líderes también les genera incertidumbre como será la reintegración de los "comuneros y comuneras" indígenas que terminaron, por las razones que fueran, en la guerrilla, y ahora regresaban a las comunidades.

José Domingo Caldono, del CRIC, preguntó si los milicianos indígenas iban a hacer parte del proceso y qué orientación saldría para sus excombatientes de la X Conferencia, pero ni "Sergio", ni "Matías", ni "Marcos", como los llamó, respondieron sobre este punto.

Tanto Jaramillo como Calarcá celebraron en sus intervenciones que la guerra entre el Estado y las Farc había llegado a su fin. Pero Calarcá dijo que quedaban otros grupos, y que ahora sería responsabilidad exclusiva del Estado negociar con ellos o combatirlos.

Esos grupos, son la principal amenaza en el Cauca al proceso de paz y ya se están haciendo sentir.

Aída Quilcué dijo que tenía en sus manos uno de los panfletos más recientes de amenazas por parte de grupos paramilitares a la comunidad de Tierradentro que había manifestado públicamente su apoyo por la paz.

"Por apoyar el plebiscito, por apoyar la paz. ¿Quien puede estar contra ésto? Así es como funciona el negocio de la guerra", dijo y denunció que en Almaguer y Sucre habían ocurrido "masacres" en los últimos días. Quilcué se refería a la masacre de tres personas el pasado domingo en una finca de la zona rural del municipio de Sucre, en el Cauca y que la Fiscalía está investigando. 

Ignoraba que horas más tarde, en Corinto, justo en la vereda La Cominera, donde se instalará el campamento transitorio para las Farc, encontrarían asesinada a Cecila Coicué, indígena, campesina y miembro activo de varias organizaciones sociales que están apoyando el Sí. 

hwallis

Las cuatro patas de La Silla: le ponemos el detector de mentiras a una cadena por whatsapp

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Resumen: 
Los jefes de las Farc mostraron en sus cuentas de Twitter sus nuevas cédulas, hecho que alborotó las redes sociales. Jonathan Vega, el agresor de Natalia Ponce de León fue condenado a 21 años de cárcel. Mientras tanto en La Silla le contamos estas historias en profundidad.
Items boletin: 
Detector de mentiras al resumen uribista de los acuerdos por WhatsApp
La reunión que reforzó el Sí indígena
La ONG que está detrás de la caída del Procurador
El segundo ternado para la Procuraduría
Sigue el autobombo: La Silla entre lo mejor de Latinoamérica
Van der mala fe

Detector de mentiras al resumen uribista de los acuerdos por WhatsApp

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Una de las formas en las que miles de colombianos se están enterando del Acuerdo Final entre el Gobierno y las Farc es a través de redes sociales. Como tienen ese gran impacto en el debate público, La Silla le aplicó su detector de mentiras a una cadena de WhatsApp, que recibimos directamente de Fabio Valencia Cossio, el director del comité político del Centro Democrático. La escogimos para chequear por la importancia de quien la difunde y porque se presenta como un resumen del Acuerdo Final para los que no tiempo de leerlo (ver el inicio en las capturas de pantalla 12 y 3). Es decir, como si fuera pedagogía neutral y no un posición política al respecto.

De las 18 afirmaciones textuales, solo 5 son ciertas, aunque 4 de ellas con alguna salvedad sustancial. En cambio hay 3 abiertamente falsas, 5 son engañosas (usan algunas verdades para llegar a una conclusión falsa) y otras 5 son apresuradas, pues dan por cierto algo que es solo una posibilidad futura.

Estas son todas las afirmaciones, su valoración y la explicación de ésta:

“10 curules 5 en Senado 5 en Cámara para la guerrilla sin elecciones, es decir automáticas”

Cierto, pero
 

Explicación: Efectivamente se acordó darles 10 curules en el Congreso a las Farc, 5 en Senado y 5 en Cámara, sin importar cómo les vaya electoralmente. Pero no es “sin elecciones”, pues para que tengan acceso a esos cupos el partido en el que se convierta las Farc debe participar en ellas. Además, si a punta de votos obtienen curules, esas se descuentan de las 10 que tendrían fijas. Es decir, lo que garantiza el Acuerdo es un mínimo fijo para las Farc y solo por 8 años, algo que no explica la cadena.

 

“16 curules indirectas, corresponden a las Circunscripciones de Paz... solo podrán aspirar habitantes de las zonas en poder de las FARC”

Apresurado
 

Explicación: Aún no se sabe dónde estarán esas 16 zonas, donde los movimientos y organizaciones sociales podrán postular candidatos que podrán llegar a la Cámara con un umbral más bajo del que se les exige a los partidos tradicionales. Así que decir que son las que están “en poder de las Farc” es apresurado.

Según el Acuerdo, esas 16 áreas son “zonas especialmente afectadas por el conflicto, el abandono y la débil presencia institucional”, lo que quiere decir que entre ellas muy seguramente habrá varias con presencia histórica de las Farc pero habrá otras con presencia de ELN, como en Arauca, o de Bacrim si es en el nudo de Paramillo o de ambas como en el Catatumbo.

Por otro lado, las organizaciones postulantes pueden estar integradas por desplazados de esas zonas que retornan, lo que abre espacio para que haya candidatos de organizaciones de víctimas que incluso odian a las Farc. La cadena tampoco explica que cada una elegirá un representante a la Cámara, solo en las elecciones de 2018 y 2022.

 

“7 mil millones les pagaremos todos los colombianos a la guerrilla anuales por 10 años, más 620 mil a cada guerrillero desmovilizado mensual + 2 millones para gastos personales y 8 millones para cada terrorista para cualquier proyecto”

Cierto, pero
 

Explicación: Efectivamente las Farc recibirán 7 mil millones de pesos al año durante 10 años pero hay algunas precisiones. Ese dinero saldrá del fondo de financiación de partidos, con el que hoy los colombianos le pagamos a La U, al Polo o al Centro Democrático todos los años cifras semejantes. Ese dinero solo se podrá destinar para su partido: la mitad para su financiamiento, una cuarta parte para la difusión de su plataforma ideológica, y la otra cuarta para un centro de pensamiento. Algo similar ocurre con el dinero para los desmovilizados, que no saldrá por 10 años, como parece decir la cadena, sino por dos años y condicionado al cumplimiento de sus compromisos en el Acuerdo, como dejar las armas, presentarse a las audiencias de la justicia transicional, contar la verdad y no reincidir. Lo mismo ocurre con los pagos de 2 y 8 millones, que están sujetos a que estén cumpliendo con el programa de reinserción. Esta cifra es muy similar a lo que reciben hoy los desmovilizados de cualquier grupo, que reciben 180 mil pesos mensuales por estudiar, otros 180 mil si van a las terapias psicosociales y 180 mil más si estudian en el Sena (es decir, hasta 540 mil pesos al mes), más los mismos 8 millones para un proyecto productivo y 1 millón para menaje.

 

“Cada comandante tendrá sueldo especial y así por escalafón hasta llegar al secretariado de las FARC quienes tendrán sueldo igual a los congresistas.”

Falso
 

Explicación: Este mito se ha difundido una y otra vez por redes pero no tiene ningún sustento en el Acuerdo Final.

 

“Pagarán cero cárcel por sus delitos. Ojo cero solo tienen que confesar y sin importar el tamaño del delito pagan cero.”

Engañoso
 

Explicación: Aunque es cierto que quienes confiesen sus delitos evitarán penas de cárcel, eso solo ocurrirá si lo hacen al inicio del proceso. Si confiesan cuando ya están en la fase del juicio, podrán ir a la cárcel entre 5 y 8 años. Y los que no confiesen y sean condenados pagarán hasta 20 años de prisión ordinario. Además, los que confiesen desde el principio no saldrán libres al día siguiente, pues estarán sujetos a sanciones que buscan la reparación de las víctimas, que duran entre 5 y 8 años y que implican una restricción efectiva de la libertad pero diferente a la cárcel. Por ejemplo, deberán contribuir con el desminado o construir infraestructura en zonas determinadas. Es decir, que sí pagan una pena. Dado que la cadena dice que es un resumen de todos los puntos importantes del acuerdo para los que no se lo quieran leer, consideramos que es engañoso omitir que así confiesen voluntariamente tendrán que pagar una sanción en todo caso de entre 5 y 8 años.

 

“Todos los guerrilleros presos serán liberados”

Cierto, pero
 

Explicación: Efectivamente serán liberados los guerrilleros presos, pero no lo serán los que hayan cometido delitos que no tienen que ver con la guerrilla (por ejemplo, los que extorsionaron para enriquecerse ellos personalmente). Y los que salgan, tendrán que dirigirse a las zonas de concentración, donde estarán 6 meses monitoreados por los observadores internacionales de la ONU. La Jurisdicción Especial para la Paz podrá asumir sus casos y dependiendo de lo que pase en este proceso judicial pueden regresar a la cárcel o pagar penas alternativas. Aunque si tarda más de 6 meses en condenarlos (como es probable), esos guerrilleros saldrán de las zonas de concentración al cabo de 6 meses y quedarán totalmente libres mientras son llamados por la JEP.

 

“Desde la aprobación del plebiscito el Secretariado entrará al Congreso con sueldo, con voz pero sin voto y a partir del 2018 como congresistas por dos periodos seguidos.”

Engañoso
 

Explicación: Es cierto que las Farc tendrán voceros sin derecho a voto en el Congreso entre la refrendación y la instalación del siguiente Congreso el 20 de julio de 2018. Pero, de entrada, los voceros hasta el 2018 serán solo tres personas (máximo la mitad del Secretariado podría entrar ahí, no todos como dice la cadena.

Luego, el Acuerdo dice explícitamente que “deberán ser ciudadanos/as en ejercicio”. Como los miembros del Secretariado hoy tienen condenas en firme, no podrían ocupar esos espacios, por lo menos mientras sale la ley de amnistía e indulto. Además, no es claro si esos voceros van a tener suelo. El Acuerdo solo dice que “los requerimientos para la realización de su trabajo serán definidos con el Ministerio del Interior“, por lo que falta por verse si serán pagos y cómo.

Por último, los voceros son solo para las leyes que salgan por el fast track, para implementar el Acuerdo. 

Sí es cierto que desde 2018 y por dos períodos (8 años) tendrán mínimo 10 congresistas. Pero nada asegura que esos espacios los ocupen los siete miembros del Secretariado de las Farc (”Timochenko”, “Pastor Alape”, “Joaquín Gómez”, “Iván Márquez”, “Mauricio Jaramillo”, “Pablo Catatumbo” y “Bertulfo Álvarez”). Es posible que, por lo menos algunas de esas curules las ocupen otras personas que no han hecho parte de la guerrilla pero que tienen cercanía ideológica con ella.

 

 

“Canal de televisión 24 horas para difundir sus políticas (adoctrinamiento)”

Falso
 

Explicación: El Acuerdo sí contempla la creación de un canal de televisión abierta, pero no para las Farc sino para todos los partidos políticos y organizaciones y movimientos sociales. Además no dice que sea 24 horas. “El Gobierno se compromete a habilitar un canal institucional de televisión cerrada orientado a los partidos y movimientos políticos con personería jurídica”, es lo que dice el Acuerdo al respecto.

De hecho, también se crea “una comisión con representantes de los partidos y movimientos políticos y organizaciones y movimientos sociales más representativos para asesorar en la programación del canal”, lo que quiere decir que la programación la definirá el Gobierno con asesoría de los diferentes partidos (posiblemente incluyendo al Centro Democrático).

 

“Creación de UNP especial para desmovilizados, es decir que los colombianos debemos pagar adicionalmente cuerpo de seguridad para desmovilizados con carros blindados y armas suministradas por el Estado y manipuladas por los mismos guerrilleros.”

Cierto, pero
 

Explicación: Es cierto que el Acuerdo prevé crear un dispositivo especial para la seguridad de los desmovilizados, pero no será una Unidad Nacional de Protección Especial, sino una unidad especial dentro de la UNP que ya existe. También es cierto que será para proteger a los desmovilizados, pero no a todos sino a los que tengan riesgos de seguridad (como ocurre hoy con cualquier ciudadano). Y si bien habrá guerrilleros armados como escoltas de ellos mismos, la otra mitad de sus escoltas serán policías.

 

“El negocio del narcotráfico no se acaba”

Verdadero
 

Explicación: El Acuerdo no termina con el narcotráfico, y tampoco pretende hacerlo. Lo que sí hace es que las Farc -que es el principal regulador del primer eslabón- se comprometen a ayudar a desmantelar los cultivos ilícitos bajo su control y a contribuir con información que ayude a entender la cadena del negocio.

 

“No hay entrega de armas, habrá dejación (todavía nadie sabe qué significa eso) hasta que se verifique si aprueban o no plebiscito.”

Engañoso
 

Explicación: Aunque es cierto que la dejación de armas solo va a arrancar  después del plebiscito y solo si gana el Sí, es totalmente falso que no se sepa qué es dejación de armas: el Acuerdo le gasta más de 50 páginas al proceso de concentración de los miembros de las Farc, cese bilateral, dejación de armas y la verificación internacional para garantizar que ocurra como se acordó. En resumen, el proceso de dejación se hará a lo largo de los 6 meses de concentración, en tres fechas claramente definidas en el cronograma del acuerdo, y las armas serán entregadas a una misión de verificación de la ONU, que las guardará en contenedores para destruirlas más adelante.

 

“No entregan ni un solo peso del dinero producido por actividades ilícitas.”

Apresurado
 

Explicación: En el Acuerdo no se establece que las Farc vayan a entregar plata, pero sí se abrió una puerta para que eventualmente lo hagan, por lo que es muy temprano para decir que no entregarán ni un solo peso. El camino para que terminen haciéndolo es a través de la Jurisdicción de Paz, que exige que las Farc, de forma colectiva e individual, reparen materialmente a sus víctimas. Eso puede incluir dinero, siempre y cuando el Estado logre demostrar que el guerrillero tiene fondos si es que éste no lo hace voluntariamente. Además, el Acuerdo no impide que si el Estado les encuentra bienes o cuentas les extinga el dominio.

 

“No hay petición de perdón a los colombianos.”

Apresurado
 

Explicación: Es cierto que en el Acuerdo las Farc no piden perdón, y que tampoco lo han hecho de forma colectiva ni el día simbólico del cierre de la negociación. Pero ya lo hicieron frente a los habitantes de Bojayá por la masacre que cometieron y los mandos medios lo están comenzando a hacer en algunas zonas en el Caquetá, por ejemplo. En todo caso, se acordaron "actos tempranos de reconocimiento de la responsabilidad" que incluyen "actos de reconocimiento y de contrición en los cuales el Gobierno, las FARC-EP y diferentes sectores de la sociedad que puedan haber tenido alguna responsabilidad en el conflicto, reconozcan su responsabilidad colectiva por el daño causado y pidan perdón".   

 

“Se crea partido político de las FARC, el partido con más dinero del país, es decir posibilidades de meter presidente de la República para el 2018.”

Engañoso
 

Explicación: Es cierto que a través del Acuerdo se crea un partido de las Farc y se crean condiciones para que tenga la posibilidad de poner Presidente algún día. Por el lado del dinero, que es el argumento de la afirmación, hay dos formas de entender la frase: si es por la plata que le dará el Estado a las Farc, no es cierto que su partido vaya a ser el que tenga más dinero: los 7 mil millones al año que recibirán son muy similares a lo que reciben los partidos más grandes, encabezados por La U.

Además, las campañas políticas no las suelen pagar los partidos sino los candidatos, y por eso un partido de caciques como La U termina sumando mucho más dinero en las campañas para el Congreso.

Encima, las campañas para la Presidencia se financian con aportes de particulares o créditos bancarios, no con la plata de los partidos, así que el dato de la plata del partido no es el más relevante y es fácil predecir que las Farc no recibirían aportes de los grandes grupos económicos.

Por último, en las campañas presidenciales el dinero que tiene un partido está lejos de ser definitorio, como han mostrado candidaturas sin partidos fuertes que las respalden, como la de Álvaro Uribe en 2002, la de Antanas Mockus en 2010 o la de Óscar Iván Zuluaga en 2014.

Si se entiende, como seguramente es la intención, que será el más rico porque se presume que han ahorrado la plata del narcotráfico, el secuestro, la extorsión y la minería ilegal que llevan practicando durante décadas, no es tan fácil comprar 8 millones de votos sin que alguien lo denuncie ni que tanta gente se las venda a las Farc.

 

“No se incluyó en los acuerdos la entrega de menores reclutados por las Farc.”

Engañoso
 

Explicación: Efectivamente en el Acuerdo no se habla explícitamente de la entrega de menores de parte de las Farc, pero no se hizo porque ya se habían comprometido antes a hacerlo, como parte de las medidas de creación de confianza entre las partes. Por eso ya se estableció el mecanismo de entrega para que se haga este sábado 10 de septiembre. Además, el Acuerdo prevé que salgan de la guerrilla no solo los menores sino todos los guerrilleros, muchos de los cuales pueden alejarse del partido que surja de las Frc.

 

“Aprobado el plebiscito eso sería un SÍ AUTOMÁTICO a reforma tributaria para conseguir recursos para pagarle a la guerrilla por su acto "generoso”

Falso
 

Explicación: Por un lado, la Reforma Tributaria se necesita con o sin Acuerdo Final, dado que hay un déficit fiscal de más de 23 billones de pesos y las agencias calificadoras ya condicionaron mantener la calificación de la deuda de Colombia a que ésta salga. Eso quiere decir, además, que la Reforma no es para pagarle a la guerrilla sino para ayudar a tapar el hueco fiscal que dejó el desplome del precio del petróleo.

Pero la afirmación no solo es falsa porque no es para pagarle a la guerrilla, sino porque no es cierto que un Sí al plebiscito sea un sí a la reforma. Ésta debe ser aprobada por el Congreso, por una vía diferente al pupitrazo del fast track, y allí puede sufrir cambios o incluso hundirse. Y congresistas como el senador del Polo Jorge Robledo le están haciendo campaña al Sí pero muy seguramente serán críticos de la reforma que presente el Gobierno, lo que muestra que no son el mismo debate.

Lo que sí puede ocurrir es que el Gobierno use un Acuerdo refrendado como argumento para defender la reforma o que si gana el Sí de manera contundente Santos quede políticamente reencauchado en el Congreso para sacarla adelante.

 

“Subir IVA 4x 1000, Aumenta la base gravable, Más impuesto predial, Más impuestos de vehículos, Aumento en peajes, Más impuestos y más impuestos, para pagar todo lo acordado.”

Apresurado
 

Explicación: Todavía no hay texto de la reforma tributaria (y el Gobierno lo presentará después del plebiscito) por lo que decir que esos van a ser sus rasgos es apresurado. El informe de los expertos de la Comisión para la Reforma, que es uno de los insumos que usará el Gobierno, sí contempla algunos de esos puntos pero también incluye otros que no toca la cadena. Entre los que sí menciona están el aumento de la tarifa general del Iva y de su base gravable.

Sobre el 4x1000, contrario a lo que dice la afirmación, no sugiere aumentarlo sino que propone que su pago se pueda restar de lo que pagan las empresas por IVA. En el predial no propone subirlo sino actualizar los catastros (que son la base para cobrarlo y deberían estar siempre actualizados) para que sea más real. No propone aumentar el impuesto de vehículos ni el de peajes, pero sí los impuestos a los combustibles. 

En todo caso, sin conocer el texto de la reforma es apresurado dar por hecho que tendrá esas características y no otras como la eliminación del Cree, una reducción de la tarifa de renta a las empresas o la creación de los impuestos a los dividendos y a las gaseosas, asuntos que son menos miedosos para quien lo oye.

 

“Amigo Colombiano ... si le da pereza LEER las 297 paginas de lo acordado en la Habana, la película de este proceso es Venezuela, para allá vamos!!!”

Apresurado
 

Explicación: "Aunque no hay forma de prever el futuro, hay diferencias sustanciales entre la Colombia de hoy y la Venezuela de 1999, cuando Hugo Chávez ganó las elecciones. Por lo menos dos son muy notorias. Primero, la economía venezolana ya tenía una alta dependencia del petróleo, que le dio muchos recursos a Chávez, mientras que la colombiana es mucho más diversificada y eso hace más difícil controlar toda la economía desde el Gobierno y tener un gasto público tan alto para comprar apoyos. Segundo, Chávez no llegó a las elecciones con el lastre de la pésima imagen que tienen las Farc, y más bien era visto como un antipolítico que era actor nuevo en la escena política, no como una guerrilla sanguinaria que ha violado los derechos de cientos de miles de personas.

 
La Silla

Las marchas anti-petróleo que podrían dar combustible al No

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A esta hora marchan en “defensa del agua y la vida” en Florencia, la capital de Caquetá y en todos los municipios de ese departamento. En Cesar también habrá otra marcha a finales de septiembre. Aunque a ambos departamentos los separan más de mil kilómetros de distancia, entre ríos, pueblitos y montañas, los une la misma indignación: marchan contra la entrada del petróleo a sus territorios.

Son peleas de vieja data que no se han resuelto entre las comunidades y las multinacionales que operan allí, ahora, en plena campaña del plebiscito, comienzan a transformarse en indignación con el Gobierno. Indignación que podría servirle al No porque en ambos departamentos algunos campesinos ya piden que las petroleras salgan si quieren que ellos apoyen el SÍ.

Caquetá vuelve a plantársele al petróleo

La historia de la marcha de hoy en Caquetá viene de bien atrás.

 

Hace un año, el Esmad se enfrentó a un centenar de campesinos que bloqueaban un puente en el sur de Caquetá, que llamaron “Puente la Resistencia” para que no pudieran pasar camiones de la petrolera china Emerald Energy.

Los campesinos protestaban porque en ese entonces, la petrolera -que hace parte del grupo chino Sinochem- quería cavar un pozo estratigráfico que le permitiera entender si la zona tenía el mismo potencial que sus campos en San Vicente del Caguán. (Que en éste momento están temporalmente cerrados por la caída del precio del petróleo).

A pesar de la resistencia, el pozo Cardón igual se cavó, fue terminado en noviembre del año pasado, y ahora la petrolera quiere comenzar a hacer su trabajo de exploración en la zona.

El pozo queda cerca de los municipios de Montañita (donde habrá zona de concentración de las Farc), Paujil, Doncello y Puerto Rico y en su concesión son socios por mitades Emerald Energy y Ecopetrol.

Para los caqueteños que protestan, que el petróleo entre en su región, implica perder la calidad del agua. “Si aquí sacan petróleo eso dejaría nuestras aguas nueve veces más saladas que el agua de mar. Ese es el futuro que los campesinos de aquí no quieren”, nos dijo una persona que ya ha hecho cuatro monitoreos ambientales para medir la calidad del agua en la región y que pidió la reserva de su nombre porque dijo que ha recibido amenazas.  

En julio, los enfrentamientos con Esmad incluído, siguieron y hubo un campesino, José Antonio Saldarriaga, que se fue al polideportivo de Valparaíso, al sur del departamento y a dos horas de Florencia, a hacer una huelga de hambre. Duró tres días sin comer.

A mediados de agosto la indignación de la comunidad llegó al punto de que en el municipio de Doncello, cuatro mil campesinos firmaron una carta en la que condicionaban su apoyo al Sí, si no sacaban las petroleras del municipio.

Por cuenta de esos antecedentes, varios representantes de los municipios afectados, incluyendo a la ‘Mesa Departamental por la Defensa del Agua y el Territorio en Caquetá’, que nació en mayo del año pasado y reúne a activistas y campesinos del sur del departamento, fueron convocados por el ministerio de Minas, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Anh, y la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, Anla, a una reunión en Florencia el 20 de agosto y después a otra en Bogotá, cinco días después, en las oficinas del ministerio de Minas.

“En esa reunión volvimos a contarles por qué Caquetá no quiere saber absolutamente nada de petróleo”, nos dijo una fuente que estuvo invitada y pidió no ser citada. “La gente acá está muy indignada con lo del petróleo y eso los tiene mirando con lupa los acuerdos, porque después de la página 170 habla de regalías y aquí en Caquetá cuando nos hablan de regalías, nos están hablando de petróleo”, agregó. 

Justamente en esa reunión, cuenta la misma fuente, el campesino de la huelga de hambre, José Antonio, le dijo al presidente de la ANH, Orlando Velandia: “que a Caquetá solo viene el Estado en las elecciones y cuando quieren petróleo y que si lo de los hidrocarburos no se soluciona, la gente de la región votará No al plebiscito”.  

Velandia no nos confirmó esa versión. Nos dijo que su impresión es que la gente en zonas tan afectadas por la guerra sí está con la paz y agregó que está comprometido a “propiciar espacios para escuchar a la gente y tener capacidad de autocrítica sobre dónde hemos fallado, sin posiciones arrogantes. Hay que llenar espacios de diálogo”.

El lunes de esta semana volvieron a reunirse en Paujil. Ésta vez, además de Velandia de la ANH, y de los representantes de la Mesa, con los alcaldes de varios municipios, también fue el presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry, que ya ha dicho que por el fin de la guerra con las Farc, “la paz nos va permitir sacar más petróleo de zonas vedadas por el conflicto”.

Mensaje que no fue bien recibido en Caquetá, que de acuerdo con el último informe del Sistema General de Regalías, le han entrado por regalías directas entre 2015 y 2016, casi 334 millones de pesos. Una cifra insignificante frente al presupuesto del departamento de 226.500 millones de pesos.  

Según nos contaron dos personas presentes en esa reunión: “Echeverry dijo que estábamos sentados en sillas de petróleo, que el micrófono que sostenía también era de petróleo, mejor dicho, que estábamos perdiendo un potencial enorme”, nos dijo una fuente.

De ese encuentro salieron con el compromiso de crear una comisión integrada por representantes de la comunidad y del Gobierno (ministerio de Minas, de Ambiente y del Interior) para encontrar un solución intermedia al tema.

En Caquetá ya están en eso. De hecho, como la Mesa Departamental por la Defensa del Agua tiene mesas municipales, la idea es que cada uno escoja a 5 por mesa y que antes del 15 de septiembre, día en el que tienen que tener listos los miembros, se reúnan todos y escojan quienes los van a representar en ese espacio.

Mientras deciden, hoy están marchando y esperan que salgan más de las 50 mil personas que, según cálculos de las fuentes con las que hablamos, salieron en junio.

La pelea por el fracking en San Martín

En San Martín, municipio en el sur del Cesar, también viene cocinándose una dura pelea. A un lado, están los campesinos de la vereda Cuatro Bocas, donde pasa la carretera que conduce al pozo petrolero Picoplata. Al otro, la multinacional Conocophillips,  una de las más grandes del mundo y que se ha ganado licencias en más de 14 países para explorar y explotar petróleo por su prestigio.

Conocophillips puso los ojos en este municipio de casi 25 mil habitantes hace un año largo. Y selló el negocio el 2 de diciembre del 2015, como contamos, firmando un contrato con la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, para explorar hidrocarburos a través de fracking.

Esa técnica, que consiste en inyectar a presión millones de litros de agua combinada con químicos, para fracturar rocas que estén entre uno y tres kilómetros debajo de la superficie para sacar el petróleo atrapado en ellas, se ha ganado varios enemigos al punto de que está prohibida en países como Francia y Bulgaria porque podría representar “riesgos para la salúd pública”. Pero también ha probado ser una técnica que hoy se usa en más del 60 por ciento de los pozos del mundo y en todos los estados de Estados Unidos menos Nueva York y que ha representado una fuente significativa de ingresos para ellos.

Colombia está del lado de los últimos y la avaló y reglamentó en 2014.

Desde que la gente en San Martín supo de ese contrato, la pelea ha dado muchas vueltas. Unas 7 mil personas salieron a marchar contra esa posibilidad en marzo y abril de este año y a ese movimiento anti-fracking se sumaron políticos como Claudia López y Jorge Enrique Robledo, y congresistas de la zona como Cristian Moreno.

Justo después de esas marchas, Conocophillips suspendió sus trabajos de exploración. Hasta ayer.

La idea que tenía la petrolera era arrancar a hacer la limpieza del pozo, que llevaba cuatro meses sin trabajo alguno. Aquí es cuando las versiones comienzan a cambiar.

Dos habitantes del municipio nos dijeron por aparte que la petrolera llegó acompañada de “gente armada” a “intimidar a la comunidad”.

La petrolera le dijo a La Silla que sus contratistas fueron informados de que había algunas personas en la comunidad de Cuatro Bocas que estaban bloqueando la vía y que fueron hasta allá con la Policía para confirmar lo que estaba pasando y para “negociar con las personas que bloqueaban la vía”. Agregaron que: “Conocophillips no intimida a las comunidades en las que opera”.

Aunque la situación no pasó a mayores y luego de cruzarse unas palabras, la Policía se devolvió y los campesinos que se plantaron volvieron al casco urbano, la escena sí dejó a la gente de la región preocupada.

“Para nosotros es innegociable que ellos quieran hacer fracking acá. Es el futuro de nuestros hijos frente a las ganas de ellos de sacar todo el petróleo”, le dijo a La Silla Juan Carlos Anaya, un habitante de Cuatro Bocas, horas después del episodio.

Conocophillips asegura que en su contrato (que tiene 3 fases de 3 años cada una) van en la fase 1, que consiste en pruebas de producción en el pozo, que ya está perforado, para ver “el potencial que tenga”. Esa actividad se considera una prueba convencional para la que ya tienen licencia.

Si esas pruebas de las Fase 1 salen bien y la empresa encuentra que hay potencial, comenzarían el fracking en la Fase 2. “Pero eso no está listo y hay que esperar a ver los resultados”, dice la petrolera.

Para los campesinos que están protestando, permitir que la petrolera haga las pruebas de la fase 1 es darle a la petrolera el pasaporte para que arranquen a hacer fracking en unos años. Por eso, así Conocophillips no tenga todavía la licencia para el fracking, seguirán plantándose.

De hecho, la Corporación Defensora del Agua, Territorio y Ecosistemas, Cordatec, que fue la que organizó las marchas anteriores, ya convocó para la tercera marcha contra el fracking en San Martín, el próximo domingo 25 de septiembre.

Aunque la petrolera ha intentado acercarse a la comunidad para explicarles en qué consiste el proyecto, nuevamente varían las versiones.

Anaya, el habitante con el que hablamos, dice que han sido socializaciones “con regalos, lechona y hasta comparsa, como si nosotros fuéramos a cambiar nuestra postura por un plato de comida”.

“No son espacios de diálogo, sino de gente exponiendo las bondades del fracking”, le dijo a La Silla Carlos Andrés Santiago, de Cordatec.

La petrolera nos dijo que eran jornadas de ocho de la mañana a una de la tarde y que “lo mínimo para que la gente se quede es ofrecerles un plato de comida y darle algún tipo de entretenimiento a sus hijos. No es más que eso”.

Nos dijo también que para las actividades de limpieza y trabajo preliminares están proporcionando 55 puestos de trabajo directos a personas en siete comunidades en toda el área de influencia. Además del trabajo indirecto que generan y del que ofrecerán cuando construyan el campamento y empiecen las pruebas en el pozo.

La Silla supo, confirmándolo tanto con fuentes del municipio como de la petrolera, que en una de esas reuniones de socialización, el pasado domingo, un habitante le dijo al representante del ministerio de Minas que le mandaba a decir al presidente Santos, que si en San Martín seguían insistiendo con el fracking, allí le dirán No al plebiscito el 2 de octubre.

El alcalde de este municipio, Saul Celis, no ha querido contestarnos ni para esta ni para la anterior historia que escribimos sobre el tema. La comunidad le ha reclamado que no ha asumido una postura de defensa frente al territorio y han interpretado su silencio como “complicidad” con las petroleras. La Silla no pudo confirmar si eso es así.

Por lo menos la marcha de San Martín será una semana antes del plebiscito. Y justo en el sur del Cesar también se han dado las marchas contra la restitución de tierras. De manera que ahí, como en Caquetá, la indignación por temas de medio ambiente puede ser una razón más para restarle combustible al SÍ, si el Gobierno no logra acuerdos con ellos antes.

La Silla

Así interpretan los acuerdos los presidenciables

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La campaña por el plebiscito es la precampaña de las presidenciales del 2018. Por eso, la posición de los candidatos frente al Acuerdo de Paz da las primeras puntadas de lo que será su discurso en los próximos dos años. Así interpretan el acuerdo firmado con las Farc y sus repercusiones para el futuro:

Estos son:

Humberto de la Calle

Sí. En su discurso del día en que se anunció el Acuerdo Final con las Farc, el jefe negociador del Gobierno dijo que “este acuerdo abre posibilidades para iniciar una etapa de transformación de la sociedad colombiana. Bajo el telón de fondo de la reconciliación abrimos la puerta a una sociedad más incluyente, en la que podamos reconocernos como colombianos, en la que nadie tema por su integridad a consecuencia de sus ideas políticas”.

Afirmó que con este acuerdo -“el mejor acuerdo posible”- se abrirán nuevas oportunidades para Colombia, pues, con el fin del conflicto, será posible hacer las reformas que antes no pudieron hacerse. Entre otras cosas, concentrarse en derrotar al narcotráfico y a la corrupción.

Gustavo Petro

Sí. En una entrevista con Semana, Petro dijo que votará por el Sí porque “desde 1991 no teníamos un momento tan interesante para promover una transformación social”.

Sin embargo, para él, los acuerdos se limitan a “una desmovilización técnica de la guerrilla”. “Tristemente el Gobierno Santos -de manera premeditada- limitó las conversaciones a una especie de proceso técnico de desmovilización de las Farc, quitándole cualquier perspectiva de cambio estructural”, dijo el ex Alcalde de Bogotá.  “Las Farc, que han decidido salir de la guerra, tampoco aprovecharon esta oportunidad para plantear una agenda transformadora del país”.

Por eso dice que promoverá  una papeleta para votar a favor o en contra de convocar una Asamblea Constituyente que haga las verdaderas reformas que, según él, se dejaron de lado en la negociación en la Habana.

Marta Lucía Ramírez

No. Aunque su posición ha sido un poco ambigua, ella está con el No porque considera que las concesiones hechas a las Farc son demasiado grandes para lo marginal que es la violencia que ellos representan.

"En este acuerdo se abren las puertas al objetivo de la participación en política de las Farc con enormes ventajas desde el punto de vista económico, pues no reconocen los recursos del narcotráfico, extorsiones ni secuestros con los que harán política. Logran igualmente que sus crímenes graves queden sin sanción efectiva y contarán con grandes ventajas para su quehacer político puesto que a diferencia de todos los partidos, tendrán 10 curules aseguradas (o de pronto 26 con las de las jurisdicciones especiales de paz), le explicó a La Silla.

"He dicho que votaré No porque creo que sí se podría tener un mejor acuerdo, pero estoy comprometida a aceptar los resultados del plebiscito abriendo espacios para que logremos la paz en lo cotidiano y encontrar consensos que permitan trabajar unidos en la agenda del desarrollo y el emprendimiento futuro de Colombia.".

Germán Vargas

Sí. En una entrevista con Semana,Vargas alaba que el acuerdo “pone fin al conflicto y conduce a la desaparición de las Farc como organización armada.” En todo caso, tiene una visión restrictiva del Acuerdo: “una cosa es que muchos compartamos que mediante este acuerdo podemos recuperar la paz, aceptando los sacrificios que el Acuerdo impone y otra muy distinta que éste sea el preámbulo como algunos sueñan para entregarles a las Farc el Gobierno y la conducción de la Nación. Qué bueno que sea en las urnas donde tengamos ahora la oportunidad de derrotar a las Farc”

Vargas tiene reparos sobre la Jurisdicción Especial de Paz porque considera que tiene un ámbito “demasiado amplio” porque no solo tendrá competencia sobre los miembros de las Farc, sino también sobre civiles que hayan participado de manera indirecta en el conflicto. En particular le preocupa que empresarios que pagaron extorsiones y que no tengan cómo demostrar que se vieron obligados a hacerlo terminen procesados como financiadores.

Sergio Fajardo

Sí. En su texto Se puede: Del miedo a la esperanza, Fajardo manifiesta su apoyo incondicional al Sí y dice, como contó La Silla, que es el primer paso para transformar la política colombiana.

Para él, el conflicto ha sido uno de los principales obstáculos que ha impedido que podamos “desplegar la riqueza de nuestros recursos y las capacidades de nuestros hombres y mujeres porque nos ha tocado dedicar buena parte de nuestros esfuerzos a enfrentar la destrucción”.

Para Fajardo, “La paz no puede ser una argucia para que todo siga igual. Para nosotros no tiene sentido firmar la paz y continuar con la misma política tradicional que ha envilecido lo público”.

Jorge Enrique Robledo

Sí. El senador del Polo siempre ha apoyado el proceso de paz, pero tomando distancia de la campaña oficial. En una entrevista para El Nuevo Día, dice que, a pesar de que tiene algunos reparos con el Acuerdo, es mejor “desarmar a las Farc con lo que ya tenemos, que meternos en incertidumbre, y quién sabe cuántos años más pueda seguir este país en una especie de corcho en un remolino, enredado en este problema del alzamiento armado”. Robledo asegura que este proceso es “un inmenso positivo para la sociedad colombiana”, pues las Farc están pasando de desafiar militarmente al Estado a reconocer su legítimo monopolio de la fuerza.

Claudia López

Sí. La senadora de Alianza Verde, en una columna para La Vanguardia, dice que con el triunfo del Sí en el plebiscito las Farc “desaparecerán como organización criminal mediante la desmovilización de sus combatientes, la entrega y destrucción de sus armas, la erradicación de la coca que sembraron y de las minas que plantaron”. Y que de este lado, “nuestra parte del Acuerdo” es “respetar la vida de los que dejen las armas, hacernos cargo del campesinado y de las regiones abandonadas, permitir a los desmovilizados de las Farc que, después de cumplir a las víctimas y a la Justicia Transicional, puedan seguir haciendo política pero sin armas”.

Mauricio Cárdenas

Sí. En una alocución en Antioquia después del anuncio del fin del conflicto, el Ministro de Hacienda dijo que la paz traerá nuevas oportunidades para Colombia.

La paz “va a tener un dividendo económico, un dividendo en términos ya de actividad, en términos de inversión, en términos de empleo. Podríamos decirlo, es como un bono adicional, como un extra. Además de mejorarnos la calidad de vida, además de darnos seguridad y tranquilidad, nos va a dar más oportunidades económicas”.

Del mismo modo, asegura que esta paz no es sólo buena para Colombia, sino, también, para el mundo entero ya que “la paz en Colombia nos va a ayudar a resolver el problema mundial de las drogas” y “va a ayudar a proteger mejor nuestra biodiversidad, y éste es un bien público de toda la humanidad”.

Por eso espera que los costos de la financiación no provengan sólo de Colombia, sino que otros países se sumen a esta iniciativa.

Alejandro Ordóñez

No. El ex Procurador ha sido, desde el comienzo, uno de los principales críticos de lo que se estaba acordando en La Habana. En el discurso luego de su destitución, afirmó que “la paz no lo justifica todo. No justifica premiar a los responsables de miles de crímenes de lesa humanidad. No justifica un golpe de Estado contra la Constitución, ni justifica que un Presidente haga lo que se le dé la gana”.

También, se declaró en contra de la impunidad, de que le “otorguen el derecho a gobernar a Colombia a perpetradores de atrocidades” y del “rompimiento de la Constitución”.

Con esto, Ordóñez se monta en la campaña del No y será uno de sus principales representantes.

Óscar Iván Zuluaga

No. En un video publicado desde su cuenta de Facebook, el ex candidato presidencial dice que “la votación del plebiscito va a definir qué tipo de país y sociedad queremos para cada una de nuestras familias”.

Considera, entre otras cosas, que no va a haber justicia porque los que cometieron delitos atroces no pagarán un día de cárcel, que el sistema que lo juzgará estará hecho a medida de las Farc, que se les va a dar la categoría de víctimas con lo cual las víctimas serán revictimizadas y que el narcotráfico será amnistiado.

Dado que el Acuerdo no “garantiza una paz verdadera”, Zuluaga invita a los colombianos a votar No, pues, para él, éste “le cierra (al país) la puerta a una paz verdadera”.

Antonio Navarro

Sí. En un video de Qantu Colombia, el senador afirma que debemos votar Sí en el plebiscito ya que “se van a desarmar más de siete mil guerrilleros. Nos van a preguntar si Sí o si No, ¿cómo les vamos a decir que no?” Además, argumenta que “si el conflicto termina ya, no habrá más víctimas nuevas”.

También, en otro video, dice que el desarme de los guerrilleros “lo venimos necesitando como país hace muchos años y ese desarme se puede producir con la firma del Acuerdo de Paz”.

Clara López

Sí. En un foro de la Universidad del Rosario, la Ministra  de Trabajo afirmó que votar por el Sí constituye un “imperativo ético” para acabar con la “fábrica de víctimas” que ha sido la guerra en Colombia. Así, propone que “tenemos que tomar la bandera de la vida y entender que no hay ley, constitución, matrimonio o acuerdo perfecto, y que por encima de estas imperfecciones, está la vida”.

Por eso, su Sí es un “Sí al diálogo, Sí a la deliberación democrática, y No a las armas”.

La Ministra también ha afirmado, anteriormente, en una entrevista con El Tiempo, que el posconflicto “es la oportunidad para establecer nuevas relaciones entre los sectores sociales y el Estado en función de romper con el pasado de profundas desigualdades sociales y de exclusión política que ha estado en la base del conflicto armado”.

Iván Duque

No. El No del senador del Centro Democrático se sustenta en que, para él, los acuerdos violan varias normas internacionales y de nuestra Constitución. En una entrevista con Semana, el senador argumenta que votar Sí o No en el plebiscito podría resumirse en que para los del Sí “va a haber una posición de algunos que para ellos es legítima tragarse sapos, y en el No va a haber una postura donde hay unos sapos que por principio, por legalidad, por compromiso con el derecho internacional no nos podemos tragar”.

En particular, le parece que “no podemos legitimar que quienes han cometido grandes crímenes sean elegidos políticamente”. También tiene las objeciones del ex presidente Uribe con respecto a la creación de una justicia especial y a que no haya cárcel para los que cometieron delitos atroces, incluyendo a los militares que cometieron falsos positivos.

Carlos Holmes Trujillo

No. En su intervención en el Foro Pedagógico del Plebiscito por la Paz, organizado por la Universidad Distrital, el ex candidato vicepresidencial argumenta que su voto por el No, no es un voto en contra de la paz, sino a favor de la reorientación de los Acuerdos. En su opinión, es necesario votar por el No porque, así, se podrá lograr un mejor acuerdo que sea más incluyente, “que una a los colombianos y no protocolice esta división artificial que se inventó el presidente Santos entre amigos de la paz y amigos de la guerra”, y en el que se “garantice que no se va a caer mañana”. Por esta razón, Holmes aboga por una modificación de los Acuerdos para crear, así, unos mejores que “pavimenten el camino para una paz verdadera, real, sostenible y estable”.

La Silla
juana
Alejandro Ordóñez

Alejandro Ordóñez

Procurador General

Humberto De La Calle

Humberto De La Calle

Negociador Jefe del Gobierno

Gustavo Francisco Petro Urrego

Gustavo Francisco Petro Urrego

Ex alcalde de Bogotá

Marta Lucía Ramírez

Marta Lucía Ramírez

Ex candidata presidencial

Germán Vargas Lleras

Germán Vargas Lleras

Vicepresidente de la República

Sergio Fajardo

Sergio Fajardo

Ex Gobernador de Antioquia

Jorge Enrique Robledo Castillo

Jorge Enrique Robledo Castillo

Senador del Polo Democrático

Claudia López

Claudia López

Senadora de la Alianza Verde

Mauricio Cárdenas Santamaría

Mauricio Cárdenas Santamaría

Ministro de Hacienda

Óscar Iván Zuluaga Escobar

Óscar Iván Zuluaga Escobar

Director del Centro Democrático

Antonio Navarro Wolff

Antonio Navarro Wolff

Senador de la Alianza Verde

Clara Eugenia López Obregón

Clara Eugenia López Obregón

Ministra de Trabajo

Iván Duque Márquez

Iván Duque Márquez

Senador del Centro Democrático

Carlos Holmes Trujillo

Carlos Holmes Trujillo

Ex fórmula vicepresidencial de Óscar Iván Zuluaga

Sobre los costos del conflicto: entrega 2

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Entrega 2: algunos costos del conflicto en lo productivo

Esta nota es la segunda entrega de un post que resume evidencia sobre los costos del conflicto en Colombia, surgida de investigaciones conducidas en la Facultad de Economía de la Universidad de Los Andes, en la que somos profesores quienes escribimos este blog. Busca elementos analíticos al proceso de reflexión en que estamos, o deberíamos estar, inmersos los colombianos, ahora que nos aprestamos a depositar nuestro voto de apoyo o rechazo a lo pactado. El martes pasado publiqué la , concentrada en los costos sociales del conflicto. Hoy publico la entrega 2, sobre los costos en lo productivo. Éstas y muchas más investigaciones realizadas en la Facultad están ahora listadas en una

Hay muchas maneras en que el conflicto ha afectado el desarrollo productivo del país, golpeando, en última instancia, la capacidad de generación de ingresos de las personas, tanto victimizadas como no. Para comenzar, las marcas que el conflicto deja en el capital humano y los activos productivos de las víctimas (reseñadas en la de este post) se ven directamente reflejadas en una disminuida actividad productiva.  Pero hay otro canal por el cual el conflicto afecta la capacidad productiva de la economía: mayor riesgo de hacer negocios, que a su vez conduce a la desaparición ineficiente de empresas que sin conflicto habrían sido rentables; a una menor dinámica de creación de nuevas empresas; y a menor inversión en las empresas existentes. Y, a diferencia del impacto vía las víctimas directas, este canal acaba afectando a toda la población, con intensidad concentrada en los pobladores de las áreas más afectadas y en las personas afiliadas a sectores más directamente relacionados con el conflicto.

Adriana Camacho y Catherine Rodriguez han encontrado que los ataques contra la población civil ocurridos en el marco del conflicto incrementan la probabilidad de que un establecimiento productivo decida abandonar el mercado. Según mis cálculos a mano alzada, el tamaño de los efectos que estiman implica que, en un año promedio entre 1993 y 2008, los cincuenta municipios que experimentaron más ataques sobre la población civil vieron más que quintuplicada la probabilidad de desaparición de sus establecimientos productivos.  Y eso en una estimación que empleó datos del sector manufacturero, que no parece ser aquel donde los efectos del conflicto son más fuertes.

Varios análisis señalan que los sectores agrícolas, y más en general los que dependen de recursos naturales, son en realidad los que cargan con el mayor peso de los costos del conflicto en producción. Hernando Zuleta y Laura Beatriz Gómez estiman, por la distribución regional de la actividad agrícola, la afectación de este sector por el conflicto es análoga a tener el 19% de la actividad agrícola y silvicultora concentrada en el departamento con mayor actividad violenta asociada al conflicto. La cifra es muy similar para el sector de minas y canteras, pero menor para los demás sectores: alrededor de 14%. Y encuentran también que, cuando un municipio es sometido a una ofensiva de un grupo ilegal, se reduce la tasa de crecimiento de su PIB agrícola en alrededor de un punto porcentual en el año de ocurrencia. El efecto sobre el crecimiento del sector servicios es de alrededor de 0.5% y en el sector industrial alrededor de 0.7%.

Por supuesto actividades de servicios que dependen de manera intensiva de los recursos naturales, tales como el ecoturismo, se ven también profundamente afectadas.  Un estudio en que participa Jorge Higinio Maldonado estima, por ejemplo, que en un escenario de paz el aviturismo podría generar nueve millones de dólares de ganancias al año y más de 7,000 empleos, que no se vienen generando, a pesar del enorme potencial del país para el avistamiento de aves, por las pobres condiciones de seguridad en el campo.

Además de la pérdida directa de activos productivos y capital humano, y del mayor riesgo para la actividad productiva, especialmente la asociada al campo, el conflicto depreda recursos naturales cruciales para la sostenibilidad del desarrollo económico. Estos son activos fundamentales para la producción en el futuro más lejano, y su pérdida es un costo del conflicto cuya dimensión en términos de producto perdido sólo se conocerá en décadas, pero cuya expresión en términos de bosques perdidos ya se puede observar. Usando datos relacionados con la violencia paramilitar, Leopoldo Fergusson, Darío Romero y Juan Fernando Vargas muestran que la dinámica de deforestación fue mucho más intensa en los municipios más cercanos a los centros de actividad paramilitar durante los años de apogeo de estos grupos. Y, su análisis sugiere réditos efectivos de haber desactivado esa arista del conflicto: la deforestación en esas regiones convergió a los niveles del resto del país luego de que las fuerzas paramilitares se desmovilizaron.

Éstas y muchas otras investigaciones apuntan a pérdidas productivas asociadas al conflicto, a través de múltiples y muy diversos canales. Ahora, ¿cuánto podría ganar el sector productivo como un todo si el país se pacificara? ¿Cuánto más PIB tendríamos si ese milagro ocurriera? Es una cuenta arriesgada de hacer. Todos los análisis reseñados hasta aquí utilizan datos de Colombia y cuantifican los costos de los colombianos afectados comparándolos contra colombianos similares no afectados; o comparando un municipio afectado, o más afectado, contra otro de menor afectación. Es decir, todos los números mencionados arriba nos hablan de cómo el conflicto ha empobrecido a un sector de la economía y la sociedad colombiana. La pacificación traería, entonces, grandes réditos para ese sector, cerrando brechas con respecto al resto de Colombia. Con base en estudios de este tipo.

Y, sí. Esas ganancias tienen también que traducirse en ganancias económicas para el país como un todo, pues las brechas se cierran porque a un sector le va mejor sin que a otro le vaya peor. Maria Alejandra Arias, Adriana Camacho, y Ana María Ibáñez,  en su libro “Costos Económicos y sociales del conflicto” recopilan y resumen estudios que, con base en evidencia como la ya discutida (comparación de PIB entre municipios con más y menos violencia, por ejemplo) estiman efectos en el crecimiento anual del PIB tan grandes como 4% .

Pero el monto de ganancia de PIB total es necesariamente menor a las ganancias que los individuos afectados, los municipios afectados, o los sectores afectados recibirían, que son los que los enfoques metodológicos de esos estudios permiten inferir. Esto porque esos individuos, municipios y sectores no representan una fracción mayoritaria del PIB del país. Así lo explica un análisis de Marc Hofstetter. Por ejemplo, se espera que el agro sea el sector que más gane, pero el agro pesa sólo 6% de la actividad económica, así que cualquier unidad de ganancia en el PIB  agropecuario (digamos cien puntos) sólo impactará el nacional en 6% de esa unidad (seis puntos de esos cien). El análisis de Marc indica que, para que el crecimiento de la economía colombiana suba de manera sostenida en un punto porcentual a causa de un mayor crecimiento en el agro, éste tendría que crecer a una velocidad que lo llevaría a pesar 15% en el PIB  a la vuelta de diez años. Ese es un escenario altamente improbable si se recuerda que una característica del desarrollo es que el agro cada vez participa menos en el PIB de cualquier economía, y que economías medianamente comparables pero a salvo del conflicto armado (Brasil, Chile, México, Argentina, Perú) tienen agros que pesan entre 3% y 9% en el PIB.

El análisis de Marc muestra también que, si bien una pacificación del país dejaría marcas permanentes en el PIB, no hay por qué esperar que las deje de manera permanente en el crecimiento del PIB. Piense, por ejemplo, en las pérdidas de educación mencionadas en la de este post. Sin conflicto, un niño de las zonas azotadas completará una educación un año más extensa, con ganancias para toda su vida en su nivel de ingreso (cálculos de Fabio Sánchez sitúan el retorno de un año más de educación básica en cerca de 700mil pesos de hoy al año). Lo que no se puede inferir de ese hallazgo es que ese individuo seguirá acumulando más y más educación a lo largo de toda su vida. Es decir, la paz implicaría mayor nivel de educación para el individuo, no mayores tasas de incremento de su nivel educativo durante toda su vida. Así mismo, se puede esperar una ganancia de PIB derivada del fin del conflicto, que probablemente se demore unos años en completarse. Durante ese periodo, el crecimiento de la economía será mayor. Pero ninguno de los argumentos o resultados resumidos en esta nota sugiere, en mi opinión, un incremento permanente de la tasa de crecimiento.

En conclusión, los estudios reseñados aquí (y muchos otros no cubiertos por esta nota) sugieren importantísimos costos económicos del conflicto. Estos recaen sobre una fracción importante de la población que, además, es también más vulnerable que el resto en aspectos diferentes al conflicto (calidad de las instituciones en sus municipios, acceso a educación, etc). El conflicto, por tanto, ha profundizado las ya enormes inequidades que aquejan al país. Cabe esperar que una eventual reducción de su intensidad tenga un enorme impacto económico sobre esa parte de la población y las regiones, y contribuya a cerrar muchas de las tercas brechas que hacen que Colombia no sea uno, sino muchos y muy diferentes países. Seguramente traería también un rédito para el agregado del sector productivo, aunque éste no sea ni el más importante ni el más masivo de los beneficios de una hipotética pacificación.

Vale también recordar lo ya dicho en la primera entrega de esta nota: ni la firma ni la aprobación popular, ni siquiera la efectiva implementación del acuerdo de la Habana hacen que el conflicto y sus costos desaparezcan como por arte de magia. Conocer los costos del conflicto, algunos de los cuales han sido analizados por los estudios resumidos en esta nota, sólo nos da una idea de los beneficios potenciales de llegar a la paz. Otros elementos de juicio serán necesarios para que cada quien estime cuánto de ese camino se puede recorrer aprobando los acuerdos de la Habana.

Por Marcela Eslava (quien escribió esta nota, y es responsable por todas las interpretaciones que en ella hace de las investigaciones reseñadas), con insumos y ayuda proveídos por Diego Amador, Leopoldo Fergusson, Marc Hofstetter, Ana María Ibáñez, Jorge Higinio Maldonado, Andrés Moya y Hernando Zuleta.

 

Referencias:

Arias, María Alejandra, Adriana Camacho, y Ana María Ibáñez,  2014. “Costos Económicos y sociales del conflicto en Colombia. ¿Cómo construir un posconflicto sostenible?”

Camacho, Adriana and Catherine Rodriguez. 2013"Firm Exit and Armed Conflict in Colombia" Journal of Conflict Resolution 57(1) pp.89-116. doi:10.1177/0022002712464848

Fergusson, Leopoldo, Dario Romero & Juan F. Vargas, 2014. "The environmental impact of civil conflict: The deforestation effect of paramilitary expansion in Colombia," Documento Cede 2014-36.

Gómez, Laura Beatriz y Hernando Zuleta, 2016. “Conflicto, Sectores, Regiones y Crecimiento”. Trabajo en progreso.

Hofstetter, Marc. 2016. Paz y PIB. Documento Cede 2016-19.

Maldonado, Jorge Higinio, Rocío Moreno-Sánchez , Sophia Espinoza, Aaron Bruner, Natalia Garzón  y John Myers . (2016)  “Mucho más que palomas: beneficios económicos del acuerdo de paz en Colombia a partir del turismo de observación de aves.” Trabajo en progreso.

¿Votar Sí? ¿Votar No? La Silla le ayuda

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Las encuestas sobre intención de voto en el plebiscito han pegado saltos sorprendentes, pero en una cosa se han mantenido constantes: entre el 20 y el 30 por ciento de los encuestados siguen indecisos.

Con el fin de ayudarle a la gente a tomar su decisión y a entender los acuerdos, creamos una herramienta para ayudarle a decidir según sus posturas sobre lo acordado, que está en nuestro micrositio sobre el plebiscito.

Escogimos las preguntas que explican en términos generales lo pactado con las Farc. A cada respuesta, le asignamos un peso según los temas que el usuario valora más. Y si necesita saber más de cada punto, ahí está la explicación.

En el resto del especial, está una explicación detallada de cada acuerdo, de los puntos más polémicos, las preguntas frecuentes, lo que necesita inversión para implementarse, etc.

Esperamos que esta herramienta les sea útil.

La Silla

Está prohibido ser militante

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Iba a escribir sobre la inutilidad de la procuraduría a propósito de la nulidad de la reelección de Alejandro Ordoñez, pero me pareció irresponsable que quien tenga un espacio privilegiado como éste para expresar sus opiniones se abstenga de hacerlo sobre algún tema relacionado con la posibilidad de cerrar el conflicto armado con las Farc. A los colombianos no nos habían hecho una pregunta tan difícil de cuya respuesta depende en mucho el futuro del país.

No hay lugar para la indiferencia y la apatía, sin embargo, las encuestas demuestran que un altísimo porcentaje de los ciudadanos no se sienten concernidos con la decisión y la actitud de la inmensa mayoría, aún de los que están dispuestos a votar, especialmente de los que están con el Sí es más bien pasiva.

El mayor problema que enfrenta el plebiscito es que en Colombia no hay una ciudadanía activa y organizada y ese problema lo enfrentan los del Sí y los del No. Aunque no hay estudios suficientemente fiables, los pocos que hay indican que solo el 20% de los colombianos pertenecen a una organización, social o política y que solo reconocen mayoritariamente pertenecer a una organización religiosa.

Para quienes tienen el privilegio de llegar a la educación superior, la ciudadanía se activa ahí en la Universidad y resulta que directivas y profesores se han sumado a la idea de que la militancia está mal vista, despierta emociones que –a su juicio- resultan contrarias a las razones. ¡A tal punto ha llegado el equívoco que la política está hoy prácticamente prohibida en las universidades! y el resultado es que la gran mayoría de los estudiantes no participan activamente de los asuntos públicos.

Los profesores atribuyen ese hecho a una especie de apatía que se ha tomado a los jóvenes y no hay tal, la ciudadanía la activan los profesores para empezar con el ejemplo, pero si un estudiante va a colgar una pancarta promoviendo alguna causa, y ni qué decir un partido político, su conducta es rechazada e incluso sancionada.

La propia Ministra de Educación expidió una circular con ocasión de las elecciones de Octubre del año en la que “recordaba” a las universidades que en sus instalaciones eran prohibidas las actividades políticas. ¡Habrase visto!

En estos días se ha activado un grupo, afortunadamente creciente, de estudiantes de casi una decena de universidades de Bogotá que han convocado “marchas de banderas blancas” que se han reunido los viernes en el Parque de los Periodistas y a ellos parece que se van a sumar grupos de Medellín y Cali que harán lo propio en sus ciudades. Es una semilla de ciudadanía activa y militante, que puede ser un legado adicional que deje este proceso.

Me ha llamado la atención, no tanto el escepticismo y la apatía de un porcentaje muy alto de los estudiantes, sino especialmente la actitud de profesores y directivas de universidades. A la movilización se ha involucrado una docena de “profes”, pero los demás miran con displicencia y en las universidades ponen obstáculos, exigen permisos que después niegan, a los estudiantes que participan no les permiten aplazar deberes académicos. Es como si lo que pasara fuera rutinario.

Los curas se declararon neutrales, los profesores también, los periodistas (salvo los del No que son muy activos) también. La mayoría de los medios les han pedido a sus empleados que no expresen públicamente sus preferencias por el Sí o el No, no les permiten participar en actividades relacionadas con el tema ¡por la imagen de la marca! y lo mismo han hecho otras empresas. Por ejemplo, quienes trabajan en organizaciones gremiales tienen que permanecer en el closet.

Claro que todos tienen su postura por el Sí o por el No pero les prohíben expresarla. Es curioso, los “aparatos ideológicos” que llamaba Althusser (la iglesia, la escuela y los medios) renuncian en apariencia a ejercer su papel. En sus orígenes eran instrumentos de causas y ahora se convirtieron en empresas o se volvieron “neutrales”.

Las universidades se fundaron para promover específicos códigos de valores, igual que los medios y las iglesias. Varias instituciones se enorgullecen de ese origen, en mi Universidad, el Externado, somos muy orgullosos de pertenecer a una comunidad que promueve valores liberales, como seguramente los javerianos –por citar cualquier ejemplo- se sienten de hacerlo con los valores católicos. Instituciones que tienen esa misión no pueden ser neutrales en esta coyuntura.

La campaña por el Sí tiene su mayor desafío, pero también su mayor oportunidad, en despertar ciudadanía entre la población más joven, que según las encuestas es donde mayor porcentaje de abstención habrá. Se trata además de jóvenes que están en las ciudades, donde también hay los mayores niveles de resistencia. Medellín y Bogotá son los lugares donde la intención de voto por el No se registra más alta.

Ninguno de esos jóvenes está en ninguna organización y por tanto no están donde están llegando la mayoría de las campañas. Ese es el reto.

Opinión
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Los que mandan en las empresas versión 2016

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Aunque muchas de las decisiones de las grandes empresas tienen un impacto público importante, se suele saber poco de quiénes las toman.

Por eso, actualizamos nuestra investigación de las personas que están en las juntas directivas y quienes dirigen las 50 empresas más grandes del país, medidas en ventas. Además de esas 50, tenemos las que estaban en nuestra última investigación pero que salieron de él, las del sector financiero que habrían entrado a él por sus ventas, y cinco de las más notorias en la contratación pública.

Con la información que logramos conseguir -y que esperamos seguir completando con nuevas empresas y con los datos que nos aporten nuestros usuarios- actualizamos la base de datos de esas 75 empresas, lo que permite comenzar a tener una idea de la cara empresarial del país e incluye 507 cargos (75 presidentes de empresas y 432 miembros de juntas directivas).

 

La mayoría de las personas de la lista solo están en una junta directiva y un puñado está en más de una. Pero siete personas (Jorge Londoño De la Cuesta, Rafael Rivas, Carlos Arcesio Paz, Gonzalo Pérez, Efraín Otero, Alejandro Figueroa y Antonio Celia) están en tres empresas; David Bojanini, Astrid Álvarez y Jorge Mario Velásquez están en tres juntas y son presidentes de una cuarta empresa.

Esa cúpula es totalmente diferente a la de hace un año, por los relevos que hubo en als cabezas del Grupo Empresarial Antioquaño y el cambio en las administraciones locales, pues las grandes ciduades son dueñas de algunas de estas empreasas como EPM, Emcali o la EAAB. Además, al incluir empresas contratistas locales y con la salida de otras compñaías como Pacific, creció la cantidad de colombianos y de eprsonas sin posgrado frente al año pasado.

Si quieren conocer más, indagar en los perfiles y hacer sus propios cruces, acá pueden revisar toda la base de datos

 

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  • La Silla actualiza la investigación de las personas que están en las juntas directivas y quienes dirigen las 50 empresas más grandes del país, medidas en ventas.
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Hágame el cruce

¿Cómo cambia el campo con el Acuerdo Final?

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El punto sobre desarrollo rural del acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc es uno de los menos polémicos del Acuerdo pero también de los menos explicados. Para entender de qué se trata este punto, y cómo transformaría la vida de miles de campesinos (y si en realidad la transformaría), invitamos a dos expertos de La Red Rural a “La Silla Llena los domingos”.

Ellos sonÁlvaro Balcázar, especialista en desarrollo agrícola y rural y uno de los asesores del Alto Comisionado en la concepción de este punto. Y Jorge Orlando Rondón, director de la Unidad Nacional Agropecuaria, una organización que aglutina a productores agropecuarios en 20 departamentos y que, desde su experiencia como productor, ha trabajado en varias instancias relacionadas con el desarrollo del agro como La Misión para la Transformación del Campo.

Arauca le teme a una arrinconada del ELN

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Aunque a finales de agosto el jefe máximo del ELN, Nicolás Rodríguez Bautista alias ‘Gabino’ dijo que esa guerrilla iba a respetar las zonas de concentración de las Farc, en Arauca, donde esa guerrilla es más fuerte, algunos conocedores vieron su comunicado más como una advertencia. La declaratoria del paro armado que hizo esta guerrilla en seis departamentos desde hoy hasta el jueves les da la razón.

La Defensoría del Pueblo ayer confirmó que solo en las dos últimas semana el ELN perpetró 16 acciones violentas, pero la sospecha inicial se debía a que en marzo y en agosto asesinaron en Arauca dos comunistas -la corriente que en Colombia ha tenido una afinidad con las Farc- y el ELN ya reconoció estar detrás de uno de estos dos crímenes.

Por eso Carlos Lozano, el director del semanario comunista La Voz, publicó el 2 de septiembre una carta que continuó el sábado pasado dirigida a Gabino en la que le recuerda que “no pueden repetirse” los asesinatos de simpatizantes de esa corriente de izquierda.

Lo peor, compañero Nicolás, es que aún en Arauca el ELN sigue asesinando comunistas. Son crímenes cobardes contra gente inerme y desarmada. Usted debe ordenar que se suspendan esos actos viles”, dice uno de los apartados de la carta.

Además de los asesinatos y el paro armado, los antecedentes de la guerra entre las las Farc y ELN que durante cinco años golpeó a los araucanos, han atizado el temor de la gente de que a raíz de las dos zonas de concentración para las Farc en las veredas de Filipinas y Bocas del Ele, la población que apoya el proceso de paz termine siendo castigada por el ELN.

No quieren que la historia se repita

Desde los años 80 las Farc y el ELN han operado en Arauca. Según varios campesinos y líderes sociales con los que habló La Silla, desde finales de 2014, cuando las Farc declararon su cese unilateral de fuego con ocasión de la negociación en La Habana, la gente empezó a vivir más tranquila y esperanzada en que podría recobrar la tranquilidad por completo.

Sin embargo, en medio de la campaña por el plebiscito y a contados 15 días de que los frentes 10 y 45 de las Farc que operan en el departamento se comiencen a concentrar, la gente está asustada por cómo pueda proceder el ELN.

Nos metieron a todos en el mismo talego. Una cosa es que compartamos ideales políticos con las Farc y otra cosa es que seamos uno más de sus filas

Líder comunista

Un líder de la región que está promoviendo el SÍ, le dijo a La Silla que parte de su equipo ya está reconsiderando hacerle campaña a favor de los acuerdos porque en Arauca ha empezado a tomar fuerza la idea de que el frente Domingo Laín no ve con buenos ojos el proceso de paz.

Como ellos (Frente Domingo Laín) no se pronuncian, nuestro termómetro son sus bases sociales y ¿cómo los vemos? muy apáticos. Ni por el Sí ni por el No. Y los que sí van por el Sí, hacen muchas críticas”, dijo otra fuente.

Un líder comunista de Arauca le dijo a La Silla algo muy parecido. “Aquí están demostrando que tienen su reserva a la existencia de las zonas de normalización porque consideran que es una traición. Ahora, Gabino pudo haber dicho que no se van a meter con el proceso pero aquí hasta que no hable ‘Pablito’ (comandante del Frente Domingo Laín) no hay nada escrito”. Con el paro armado, convocado con ocasión del aniversario del frente 'Domingo Laín', el poderoso jefe guerrillero parece haber hablado.

El Frente Domingo Laín, comandado por ‘Pablito’ y que es el más poderoso del ELN con cerca de 500 combatientes (los que están armados) y 1500 milicianos (los que se mueven entre la población), ha engrosado desde 1980 sus filas con gente de la región y con la bandera de no permitir la exploración petrolera por parte de las multinacionales.

Como gran parte del poder del ELN en la región no obedece tanto a su poderío militar como a lo que se llama su “Frente Amplio”, integrado por organizaciones y líderes civiles pero que trabajan de manera orgánica con la guerrilla, cuando el ELN se enfrentó a las Farc por el control de las rentas ilegales del departamento lo que hicieron ambas guerrillas fue matar y desplazar a los líderes campesinos del otro bando, sus bases sociales.

El problema es que nos metieron a todos en el mismo talego. Una cosa es que compartamos ideales políticos con las Farc y otra cosa es que seamos uno más de sus filas”, le dijo un miembro del partido comunista en Arauca a La Silla.

La guerra llegó hasta el punto de que se crearon fronteras invisibles en Arauca y los campesinos no se podían mover dentro del departamento, ni siquiera para vender sus productos, por miedo a ser asesinados.

"Fue un golpe muy duro porque eran dos guerrillas, dos ejércitos de izquierda que se supone combaten por el pueblo y lo que estaban haciendo era matándonos”, le dijo un campesino a La Silla.

 A eso se sumó que  el Ejército se alió con el ELN para acabar con las Farc, según lo documentaron en la zona, y como consecuencia, se produjeron las detenciones masivas del Ejército en las que según las denuncias cayeron inocentes bajo el argumento de ser colaboradores de la guerrilla.

En 2010, después de cinco años, el ELN y las Farc llegaron a una tregua y la relativa calma volvió.

El terror

Hasta este año, en el que ese frente ha sacudido el departamento de tal forma que tres líderes de la región le dijeron a La Silla que desde la época del enfrentamiento entre guerrillas, el ELN no se había mostrado tanto.

El hecho de que el Ejército vaya a estar allá supuestamente protegiendo a las Farc no quiere decir que ya no son los enemigos de los otros

Líder campesino

Solo en los últimos tres meses atentaron tres veces contra el oleoducto de Caño-Limón; en redadas contra patrullas y batallones del Ejército y la Marina asesinaron a 8 militares (uno de ellos un sargento) y dejaron 10 heridos; y además, atentaron contra el aeropuerto de Saravena.

Según cifras de la Fundación Paz y Reconciliación, a marzo de este año el  Domingo Laín sumaba 97 ataques, cuando en todo el 2015 la cuenta se quedó en 91.  

Esto, como lo contó La Silla, es una forma de presión del ELN para buscar que el Gobierno vuelva a la mesa de diálogo, suspendida ante la negativa de la guerrilla de suspender el secuestro.

Sin embargo, para tres líderes sociales del departamento, también es una muestra del descontento que tiene esa guerrilla con la instalación de las dos zonas veredales en el departamento donde se hará el proceso de dejación de armas por parte de las Farc.

Por eso, entre la población ya hay recelo por las fuerzas militares que están llegando a la región (680) y los que llegarán para cuidar el perímetro externo de las zonas de concentración, pues no saben cómo va a reaccionar el ELN.   

El hecho de que el Ejército vaya a estar allá supuestamente protegiendo a las Farc no quiere decir que ya no son los enemigos de los otros (ELN)”, le dijo a La Silla un campesino de Filipinas, una de las veredas donde se concentrarán las Farc.

Aunque solo una fuente nos dijo que el ELN ya ha empezado a copar los espacios que está dejando las Farc en Arauca, otras dos fuentes advirtieron que ante la falta del Estado, en las veredas en las que las Farc ha hecho fuerte presencia, la gente ya está empezando a sentirse desprotegida.

Por acá nunca se veían robos porque al que cogían en esas ahí mismo las Farc se la llevaban a bolear machete tres meses y si volvía a hacerlo le tocaba irse. Ahora está apareciendo gente que a robar, que a pelear con otros por plata, así de la nada”, le dijo a La Silla un habitante de Puerto Jordán, uno de los centros poblados veredales más grandes de Arauca.

Este vacío de Estado y de ‘justicia’ (así sea tan arbitraria como la que impartían las Farc), le puede abrir espacios al ELN para que empiece a controlar las zonas que está dejando la guerrilla de Timochenko.

Si, además, los líderes de esos territorios comulgan con la dejación de armas podrían quedar contra las cuerdas. Este temor quedó expresado el fin de semana antepasado en un comunicado firmado por cuatro de las más grandes organizaciones cívicas de Arauca en el que reiteran la necesidad de que ELN y Gobierno se sienten a negociar y piden que la guerra entre guerrillas no se repita.

"Es una especie de SOS porque sí, ya estamos asustados”, nos dijo uno de los que participó en la redacción del comunicado.

Alias 'Pablito' comandante del Frente Domingo Laín que opera en Arauca. Tomada de Principio Esperanza
La Silla Santandereana

El programa de beneficios por cooperación, la Superintendencia de Industria y Comercio y el instigador del cartel: ¿Más carteles en el futuro?

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En casi todos los países del mundo se busca evitar que las empresas de un sector que operan en un mismo mercado se pongan de acuerdo para reducir la competencia. En efecto, cuando lo logran, en su conjunto las empresas obtienen una ganancia cercana a la de un monopolio que puede ser compartida entre ellas. Las normas de competencia sancionan estos comportamientos de cartelización no solamente para proteger a los consumidores de precios más elevados, sino también para cuidar la eficiencia de los mercados, pues un precio por encima del precio competitivo implica que transacciones mutuamente beneficiosas para la sociedad pueden desaparecer.

En este orden idea, en Colombia, la normatividad de competencia se ha dotado con la , de una herramienta muy poderosa: entregar beneficios por cooperación como lo estipula el artículo 14 de dicha ley. El objetivo de este artículo es muy sencillo: para la autoridad competente, la Superintendencia de Industria de Comercio en Colombia (SIC de ahora en adelante), es muy difícil y costoso obtener a través de sus únicas investigaciones pruebas materiales de los acuerdos entre las empresas. El artículo 14 de la Ley 1340 permite entonces a la SIC disminuir las penas de las empresas que colaboran, denunciando y dando detalles de los acuerdos en los cuales han participado con otras empresas.

Me parece importante resaltar que este programa de beneficios por cooperación es algo muy común en el mundo y es aplicado, por ejemplo, en Estados Unidos y en los países de la Unión Europea. Mejor dicho, este programa, bien implementado, constituye una gran oportunidad para luchar contra las empresas que deciden formar carteles para reducir la competencia y obtener ganancias ilegítimas. En efecto, gracias a las pruebas materiales entregadas por las empresas que deciden acudir a este programa, la SIC puede sancionar más fácilmente a las empresas involucradas en estrategias de cartelización. Sin embargo, es necesario subrayar, que más allá de los casos que se pueden resolver hoy en día gracias a este programa, su aplicación conlleva dos efectos opuestos en el mediano y largo plazo:

1)    Un efecto de disuasión: Por las pruebas que comparten las empresas que se quieren beneficiar de la reducción de la pena/multa, éstas saben que cuando participan en un cartel, todo el resto igual, es más probable que sean detectadas y sancionadas por la delación de otra empresa. Por ende, las empresas tienen menos incentivos para participar en un cartel.

 

2)    Un efecto de riesgo moral dinámico:Las empresas saben que se pueden salvar, parcialmente o totalmente de la pena si el cartel es descubierto, por ende pueden tener más incentivos a participar o instigar estos carteles anticipando que se podrán salir con la suya en caso de que sean descubiertos.     

 

Con el objetivo de magnificar el primer efecto y reducir el segundo, estos programas tienen generalmente la cláusula de que no se puede perdonar al instigador del cartel, es decir, la empresa que hizo las gestiones para proponer el acuerdo a las otras empresas. En eso, Colombia no es ninguna excepción a la regla, y el punto 1 del artículo 14 establece que “Los beneficios podrán incluir la exoneración total o parcial de la multa que le sería impuesta. No podrán acceder a los beneficios el instigador o promotor de la conducta.”

 

En otras palabras, en su normatividad de competencia, Colombia parecía haber entendido el efecto de riesgo moral y sus consecuencias dañinas, es decir el aumento del número de carteles en el futuro. Lo que me preocupa, es que el parece mostrar exactamente lo contrario. En efecto, al estilo de Penélope (la esposa de Ulises), este decreto deshace por la noche todo lo que la ley construye durante el día. Más precisamente, este decreto estipula dos cosas. Primero da una definición un poco  insólita del instigador: “Es la persona que mediante coacción o grave amenaza induzca a otra u otras a iniciar un acuerdo restrictivo de la libre competencia, siempre que dicha coacción o grave amenaza permanezca durante la ejecución del acuerdo y resulte determinante en la conducta de las empresas involucradas.” Mejor dicho, con esta definición del instigador hablando de grave amenaza, uno ya siente el cuchillo por debajo del cuello. ¡El corolario de eso es que si no hay cuchillo, no hay instigador!

Segundo, en caso tal de que esta definición insólita del instigador no fuese suficiente para eliminar esta precaución que la Ley 1340 planteaba, el decreto termina rematándola con su sección 2 estipulando lo siguiente: “Presunción. Para efectos de conceder beneficios por colaboración, se presumirá que el solicitante no es el Instigador o promotor del acuerdo anticompetitivo. El que afirme que otro es instigador o promotor del acuerdo anticompetitivo deberá probarlo.” (Artículo. 2.2.2.29.2.1.). Mejor dicho, la SIC no tendrá que asumir la carga de la prueba, y no tendrá que demostrar que una empresa que se beneficia del artículo 14 de la Ley 1340 no es instigador de cartel objeto de la investigación. De hecho, en las resoluciones de los casos recientes de acuerdos que la SIC tuvo que tratar, se puede observar que esta, de manera conforme a este decreto, aplica el programa de beneficios por cooperación sin haber determinado previamente cual es la empresa instigadora del cartel.

No me voy a lanzar en una discusión jurídica para saber si el Decreto 1523 del 2015 que pretende reglamentar la Ley 1340 del 2009 incumple o no el espíritu de la Ley. A mi modo de ver, no se está respetando la precaución que la mencionada Ley estipula, pero prefiero dejar esta inquietud jurídica a los abogados. Más allá de la discusión jurídica, lo que realmente me preocupa es que el efecto de riesgo moral dinámico que mencioné se encuentre tan reforzado por la aplicación de este decreto que contribuye a aumentar el número de carteles en Colombia en lugar de disminuirlo. En otras palabras, me pregunto si la forma con la cual se usa este programa de beneficios por cooperación no va a terminar con efectos similares a un antibiótico mal usado: cura la enfermedad en el corto plazo, pero la refuerza en el largo plazo.

 

Opinión
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