A esta hora marchan en “defensa del agua y la vida” en Florencia, la capital de Caquetá y en todos los municipios de ese departamento. En Cesar también habrá otra marcha a finales de septiembre. Aunque a ambos departamentos los separan más de mil kilómetros de distancia, entre ríos, pueblitos y montañas, los une la misma indignación: marchan contra la entrada del petróleo a sus territorios.
Son peleas de vieja data que no se han resuelto entre las comunidades y las multinacionales que operan allí, ahora, en plena campaña del plebiscito, comienzan a transformarse en indignación con el Gobierno. Indignación que podría servirle al No porque en ambos departamentos algunos campesinos ya piden que las petroleras salgan si quieren que ellos apoyen el SÍ.
Caquetá vuelve a plantársele al petróleo
La historia de la marcha de hoy en Caquetá viene de bien atrás.
Hace un año, el Esmad se enfrentó a un centenar de campesinos que bloqueaban un puente en el sur de Caquetá, que llamaron “Puente la Resistencia” para que no pudieran pasar camiones de la petrolera china Emerald Energy.
Los campesinos protestaban porque en ese entonces, la petrolera -que hace parte del grupo chino Sinochem- quería cavar un pozo estratigráfico que le permitiera entender si la zona tenía el mismo potencial que sus campos en San Vicente del Caguán. (Que en éste momento están temporalmente cerrados por la caída del precio del petróleo).
A pesar de la resistencia, el pozo Cardón igual se cavó, fue terminado en noviembre del año pasado, y ahora la petrolera quiere comenzar a hacer su trabajo de exploración en la zona.
El pozo queda cerca de los municipios de Montañita (donde habrá zona de concentración de las Farc), Paujil, Doncello y Puerto Rico y en su concesión son socios por mitades Emerald Energy y Ecopetrol.
Para los caqueteños que protestan, que el petróleo entre en su región, implica perder la calidad del agua. “Si aquí sacan petróleo eso dejaría nuestras aguas nueve veces más saladas que el agua de mar. Ese es el futuro que los campesinos de aquí no quieren”, nos dijo una persona que ya ha hecho cuatro monitoreos ambientales para medir la calidad del agua en la región y que pidió la reserva de su nombre porque dijo que ha recibido amenazas.
En julio, los enfrentamientos con Esmad incluído, siguieron y hubo un campesino, José Antonio Saldarriaga, que se fue al polideportivo de Valparaíso, al sur del departamento y a dos horas de Florencia, a hacer una huelga de hambre. Duró tres días sin comer.
A mediados de agosto la indignación de la comunidad llegó al punto de que en el municipio de Doncello, cuatro mil campesinos firmaron una carta en la que condicionaban su apoyo al Sí, si no sacaban las petroleras del municipio.
Por cuenta de esos antecedentes, varios representantes de los municipios afectados, incluyendo a la ‘Mesa Departamental por la Defensa del Agua y el Territorio en Caquetá’, que nació en mayo del año pasado y reúne a activistas y campesinos del sur del departamento, fueron convocados por el ministerio de Minas, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Anh, y la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, Anla, a una reunión en Florencia el 20 de agosto y después a otra en Bogotá, cinco días después, en las oficinas del ministerio de Minas.
“En esa reunión volvimos a contarles por qué Caquetá no quiere saber absolutamente nada de petróleo”, nos dijo una fuente que estuvo invitada y pidió no ser citada. “La gente acá está muy indignada con lo del petróleo y eso los tiene mirando con lupa los acuerdos, porque después de la página 170 habla de regalías y aquí en Caquetá cuando nos hablan de regalías, nos están hablando de petróleo”, agregó.
Justamente en esa reunión, cuenta la misma fuente, el campesino de la huelga de hambre, José Antonio, le dijo al presidente de la ANH, Orlando Velandia: “que a Caquetá solo viene el Estado en las elecciones y cuando quieren petróleo y que si lo de los hidrocarburos no se soluciona, la gente de la región votará No al plebiscito”.
Velandia no nos confirmó esa versión. Nos dijo que su impresión es que la gente en zonas tan afectadas por la guerra sí está con la paz y agregó que está comprometido a “propiciar espacios para escuchar a la gente y tener capacidad de autocrítica sobre dónde hemos fallado, sin posiciones arrogantes. Hay que llenar espacios de diálogo”.
El lunes de esta semana volvieron a reunirse en Paujil. Ésta vez, además de Velandia de la ANH, y de los representantes de la Mesa, con los alcaldes de varios municipios, también fue el presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry, que ya ha dicho que por el fin de la guerra con las Farc, “la paz nos va permitir sacar más petróleo de zonas vedadas por el conflicto”.
Mensaje que no fue bien recibido en Caquetá, que de acuerdo con el último informe del Sistema General de Regalías, le han entrado por regalías directas entre 2015 y 2016, casi 334 millones de pesos. Una cifra insignificante frente al presupuesto del departamento de 226.500 millones de pesos.
Según nos contaron dos personas presentes en esa reunión: “Echeverry dijo que estábamos sentados en sillas de petróleo, que el micrófono que sostenía también era de petróleo, mejor dicho, que estábamos perdiendo un potencial enorme”, nos dijo una fuente.
De ese encuentro salieron con el compromiso de crear una comisión integrada por representantes de la comunidad y del Gobierno (ministerio de Minas, de Ambiente y del Interior) para encontrar un solución intermedia al tema.
En Caquetá ya están en eso. De hecho, como la Mesa Departamental por la Defensa del Agua tiene mesas municipales, la idea es que cada uno escoja a 5 por mesa y que antes del 15 de septiembre, día en el que tienen que tener listos los miembros, se reúnan todos y escojan quienes los van a representar en ese espacio.
Mientras deciden, hoy están marchando y esperan que salgan más de las 50 mil personas que, según cálculos de las fuentes con las que hablamos, salieron en junio.
La pelea por el fracking en San Martín
En San Martín, municipio en el sur del Cesar, también viene cocinándose una dura pelea. A un lado, están los campesinos de la vereda Cuatro Bocas, donde pasa la carretera que conduce al pozo petrolero Picoplata. Al otro, la multinacional Conocophillips, una de las más grandes del mundo y que se ha ganado licencias en más de 14 países para explorar y explotar petróleo por su prestigio.
Conocophillips puso los ojos en este municipio de casi 25 mil habitantes hace un año largo. Y selló el negocio el 2 de diciembre del 2015, como contamos, firmando un contrato con la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, para explorar hidrocarburos a través de fracking.
Esa técnica, que consiste en inyectar a presión millones de litros de agua combinada con químicos, para fracturar rocas que estén entre uno y tres kilómetros debajo de la superficie para sacar el petróleo atrapado en ellas, se ha ganado varios enemigos al punto de que está prohibida en países como Francia y Bulgaria porque podría representar “riesgos para la salúd pública”. Pero también ha probado ser una técnica que hoy se usa en más del 60 por ciento de los pozos del mundo y en todos los estados de Estados Unidos menos Nueva York y que ha representado una fuente significativa de ingresos para ellos.
Colombia está del lado de los últimos y la avaló y reglamentó en 2014.
Desde que la gente en San Martín supo de ese contrato, la pelea ha dado muchas vueltas. Unas 7 mil personas salieron a marchar contra esa posibilidad en marzo y abril de este año y a ese movimiento anti-fracking se sumaron políticos como Claudia López y Jorge Enrique Robledo, y congresistas de la zona como Cristian Moreno.
Justo después de esas marchas, Conocophillips suspendió sus trabajos de exploración. Hasta ayer.
La idea que tenía la petrolera era arrancar a hacer la limpieza del pozo, que llevaba cuatro meses sin trabajo alguno. Aquí es cuando las versiones comienzan a cambiar.
Dos habitantes del municipio nos dijeron por aparte que la petrolera llegó acompañada de “gente armada” a “intimidar a la comunidad”.
La petrolera le dijo a La Silla que sus contratistas fueron informados de que había algunas personas en la comunidad de Cuatro Bocas que estaban bloqueando la vía y que fueron hasta allá con la Policía para confirmar lo que estaba pasando y para “negociar con las personas que bloqueaban la vía”. Agregaron que: “Conocophillips no intimida a las comunidades en las que opera”.
Aunque la situación no pasó a mayores y luego de cruzarse unas palabras, la Policía se devolvió y los campesinos que se plantaron volvieron al casco urbano, la escena sí dejó a la gente de la región preocupada.
“Para nosotros es innegociable que ellos quieran hacer fracking acá. Es el futuro de nuestros hijos frente a las ganas de ellos de sacar todo el petróleo”, le dijo a La Silla Juan Carlos Anaya, un habitante de Cuatro Bocas, horas después del episodio.
Conocophillips asegura que en su contrato (que tiene 3 fases de 3 años cada una) van en la fase 1, que consiste en pruebas de producción en el pozo, que ya está perforado, para ver “el potencial que tenga”. Esa actividad se considera una prueba convencional para la que ya tienen licencia.
Si esas pruebas de las Fase 1 salen bien y la empresa encuentra que hay potencial, comenzarían el fracking en la Fase 2. “Pero eso no está listo y hay que esperar a ver los resultados”, dice la petrolera.
Para los campesinos que están protestando, permitir que la petrolera haga las pruebas de la fase 1 es darle a la petrolera el pasaporte para que arranquen a hacer fracking en unos años. Por eso, así Conocophillips no tenga todavía la licencia para el fracking, seguirán plantándose.
De hecho, la Corporación Defensora del Agua, Territorio y Ecosistemas, Cordatec, que fue la que organizó las marchas anteriores, ya convocó para la tercera marcha contra el fracking en San Martín, el próximo domingo 25 de septiembre.
Aunque la petrolera ha intentado acercarse a la comunidad para explicarles en qué consiste el proyecto, nuevamente varían las versiones.
Anaya, el habitante con el que hablamos, dice que han sido socializaciones “con regalos, lechona y hasta comparsa, como si nosotros fuéramos a cambiar nuestra postura por un plato de comida”.
“No son espacios de diálogo, sino de gente exponiendo las bondades del fracking”, le dijo a La Silla Carlos Andrés Santiago, de Cordatec.
La petrolera nos dijo que eran jornadas de ocho de la mañana a una de la tarde y que “lo mínimo para que la gente se quede es ofrecerles un plato de comida y darle algún tipo de entretenimiento a sus hijos. No es más que eso”.
Nos dijo también que para las actividades de limpieza y trabajo preliminares están proporcionando 55 puestos de trabajo directos a personas en siete comunidades en toda el área de influencia. Además del trabajo indirecto que generan y del que ofrecerán cuando construyan el campamento y empiecen las pruebas en el pozo.
La Silla supo, confirmándolo tanto con fuentes del municipio como de la petrolera, que en una de esas reuniones de socialización, el pasado domingo, un habitante le dijo al representante del ministerio de Minas que le mandaba a decir al presidente Santos, que si en San Martín seguían insistiendo con el fracking, allí le dirán No al plebiscito el 2 de octubre.
El alcalde de este municipio, Saul Celis, no ha querido contestarnos ni para esta ni para la anterior historia que escribimos sobre el tema. La comunidad le ha reclamado que no ha asumido una postura de defensa frente al territorio y han interpretado su silencio como “complicidad” con las petroleras. La Silla no pudo confirmar si eso es así.
Por lo menos la marcha de San Martín será una semana antes del plebiscito. Y justo en el sur del Cesar también se han dado las marchas contra la restitución de tierras. De manera que ahí, como en Caquetá, la indignación por temas de medio ambiente puede ser una razón más para restarle combustible al SÍ, si el Gobierno no logra acuerdos con ellos antes.
