Como un rápido hola, fue descrito por una portavoz de la Casa Blanca el encuentro que a Andrés Pastrana le pareció una “cordial y muy franca conversación sobre problemas y perspectivas de Colombia y la región” sostenida con el Presidente de los Estados Unidos. La superficialidad del ex presidente explica que un Hi acompañado de dos o tres frases le parezca una profunda reflexión.

Uribe, que parece haber caído en una trampa contraria a su estilo, fue mucho más parco, el saludo le pareció “social” y prefirió reaccionar publicando el libreto que tiene para cuando se encuentra con alguna autoridad de los Estados Unidos, en el que registra, para que no se le olviden 24 mentiras y tres verdades, según verificó La Silla, que les dispara en los minutos que le dediquen a oírlo. En su encuentro con Trump parece que no alcanzó a sacarlo del bolsillo para comenzar la retahíla cuando ya el “gringo” se había alejado.

A Pastrana, el presidente más malo del siglo XX en Colombia y eso que tuvimos unos muy malos, uno se lo imagina haciéndose invitar a donde frecuentemente van ricos y famosos y también es fácil de imaginarlo con una sonrisa pícara pensando que podría encontrarse con Trump y enrostrárselo a Santos, pero Uribe sin duda estaba en el lugar equivocado. No es un clubman y genuinamente esas cosas le parecen despreciables, sin embargo, se dejó seducir por la idea de que le podría recitar el libreto al Presidente de los Estados Unidos.

El episodio refleja la personalidad de los dos ex mandatarios, que, aunque completamente distintas esta vez convergieron en el propósito de hacerle daño al Gobierno, en lo que han coincidido hace algunos años, a través del gobierno de los Estados Unidos. Pastrana y Uribe desean que Trump legitime sus posturas en contra del proceso de paz y creen que ese sería un gran triunfo político. La idea de que Trump le da prestigio a alguna causa política solo se les ocurre a ellos dos, el uno por descriteriado, el otro por fanático.

El Presidente estadounidense tiene el 75% de imagen desfavorable entre los colombianos y es más bien un símbolo de lo incorrecto en política, por lo que si los ex presidentes colombianos están pensando en los réditos electorales que su actitud puede tener para las elecciones del 2018 parecieran estar equivocándose, por fortuna digo yo.

De Pastrana se puede esperar cualquier cosa. De hecho intentó subirse al bus del proceso de paz con las Farc pero cuando percibió que no tendría lugar destacado en la foto prefirió irse a la orilla contraria, a la que lideraba su principal opositor cuando estaba en el gobierno precisamente por haber intentado un proceso con un diseño absurdo que solo sirvió para atizar más la guerra y multiplicar el número de víctimas.

No deja, eso sí, de sorprender que un grupo de ex dirigentes conservadores le hayan pedido que dirija un partido, en el que ya no tienen influencia, a pesar de haber recibido la peor calificación que Presidente alguno haya tenido en Colombia desde que hay registro de encuestas de favorabilidad. Pero lo de Pastrana no fue de percepción, es que no hay indicador en el que este país estuviéramos mejor en el 2002 cuando dejó la Presidencia que en 1998 cuando la tomó.

Al final de ese período, Colombia tenía más desempleo que antes, más pobres que antes, más homicidios que antes, más desigualdad que antes, peor cobertura de educación, más deficiente prestación de servicios públicos, una guerrilla casi duplicada y unos grupos paramilitares cuadruplicados. Ese es el balance que quizás los firmantes de la Carta olvidaron.

Los indicadores de Uribe son distintos, sus males están en el resquebrajamiento de la democracia y en el déficit social: persiguió a los opositores, a la prensa, a los jueces; puso en peligro la separación de poderes, marchitó la descentralización; permitió violaciones a los derechos humanos del calado de los denominados “falsos positivos” a los que calificó de “falsas denuncias” y profundizó como el que más la desigualdad y la inequitativa distribución de los bienes y servicios públicos.

Los dos pudieron saludar a Trump. Uribe quedó frustrado porque no pudo recitar su libreto, Pastrana –en cambio- quedó feliz convencido que había sido una profunda conversación.

El incidente, increíblemente, solo habla bien del gobierno de los Estados Unidos que no se ha prestado para atizar temas de la política interna de Colombia y de Trump que amablemente saluda al que se encuentra por ahí.

Mañana, Tumaco elegirá alcalde por segunda vez, después de la destitución de la ex alcaldesa Emilsen Angulo a finales del año pasado. Más de 120 mil tumaqueños podrán votar en medio de ambiente muy polarizado y por primera vez en todo el país, a 54 kilómetros desde el casco urbano donde se concentra las Farc que, después de haber ejercido por más de 10 años el control sobre el segundo puerto sobre el Pacífico, están a dos meses de dejar las armas.

Aunque hay tres candidatos habilitados para las elecciones atípicas, hay dos favoritos:  Sandra Estacio, cuñada de la ex alcaldesa y la candidata que representa la continuidad del grupo político del barón electoral de Tumaco, Neftalí Correa (ex representante a la Cámara por el Partido Liberal); y Julio Rivera, el candidato respaldado por los ex alcaldes Víctor Gallo y Nilo del Castillo en una alianza contra Neftalí. La tercera candidata es Francis Estupiñán, avalada por el Centro Democrático.

En total, estarán disponibles 214 puestos de votación (15 en el casco urbano y 199 en el área rural). Desde ayer, la Misión de Observación Electoral, Moe, calificó las elecciones como unas en “riesgo extremo”.

Estas son las 5 cosas que se jugarán mañana:

El ELN reiteró recientemente, por declaración de uno de sus voceros, Pablo Beltrán, que acoge los mandatos del derecho internacional humanitario (DIH), con lo cual reitera una posición sostenida desde hace varios años.

Esto es una buena noticia pues el  respeto del DIH no sólo es fundamental para disminuir los sufrimientos asociados al conflicto armado que subsiste con esta guerrilla sino que, además, el DIH representa un marco normativo de respeto a la dignidad  humana que, si se vuelve un referente ético aceptado por las partes, facilita la consecución de la paz. Sin embargo, al mismo tiempo el ELN ha señalado que no renuncia al secuestro, como método de financiación de su rebelión, con el argumento de que esta práctica no desconoce el DIH y que la exigencia del gobierno de que el ELN renuncie al secuestro es una imposición unilateral. Que el ELN está dispuesto a discutir el tema de secuestro pero dentro de la mesa de negociaciones y en el marco del punto quinto de la agenda pactada sobre acciones y dinámicas humanitarias.

Esta entrada no aborda el debate ético sobre el secuestro como práctica atroz, que es repudiada en forma casi unánime por los colombianos. Yo comparto ese repudio y lo he expresado en numerosas ocasiones pues existen medios de lucha que son tan atroces que no existe ningún ideal, por noble que sea, que permita justificarlos y el secuestro extorsivo es uno de ellos. Esta entrada se centra en debatir la consistencia jurídica de la posición del ELN, que es esencialmente que respeta el DIH pero mantiene el secuestro como forma de financiar la rebelión, lo cual remite a una pregunta: ¿está o no prohibido el secuestro extorsivo por el DIH?

Aclaro que me limito a examinar el secuestro extorsivo, esto es, aquella retención ilegal de una persona con el fin de obtener un provecho ilícito, como es reclamar un rescate, pues ese es el secuestro que el ELN reclama como medio de financiar sus actividades. Al final hago algunas breves reflexiones sobre la relación del DIH con otras formas de secuestro no extorsivo.

Las justificaciones del ELN

No he encontrado un documento sistemático en donde el ELN desarrolle sus argumentos para sostener que el secuestro extorsivo no viola el DIH. Lo que existen son distintas declaraciones, cartas y trinos sobre el tema, como por ejemplo las respuestas de Antonio García frente a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa dada por el anuncio de la agenda pactada, o también la respuesta de Gabino a la exigencia del gobierno de cesar el secuestro, o noticias de prensa que expresan la posición del ELN, o algunos trinos en ELN_RANPAL, o algunos editoriales publicados por esta guerrilla.

A partir de estos documentos creo que es posible reconstruir la justificación que ELN ha dado para sostener que el secuestro extorsivo es compatible con el DIH y que podría ser formulada así: 1) que explícitamente ninguna norma de DIH prohíbe el secuestro, por lo que esa guerrilla entiende que el secuestro extorsivo no es una conducta prohibida por el DIH; que 2) un movimiento rebelde tiene derecho, como consecuencia del derecho a la rebelión, a realizar actos destinados a financiar la rebelión, como puede ser la imposición de tributos, en especial a aquellos que “han amasado sus capitales, explotando al pueblo y en muchos casos recurriendo a prácticas ilegales como la corrupción (la estafa, el robo al erario público), el narcotráfico, etc”; y que 3) por consiguiente, dentro del marco del DIH y dentro del ejercicio de  su rebelión, el ELN tiene derecho a realizar secuestros para hacer efectivos esos tributos.

A esos argumentos, que parecen los centrales de la tesis del ELN de la compatibilidad del secuestro extorsivo con el  DIH, esta guerrilla agrega otros dos que tienen que ver con la ilegitimidad de que el gobierno les exija cesar el secuestro como condición para la continuación de los diálogos. Según el ELN, 4) los gobiernos colombianos no pueden pretender darle lecciones de moralidad sobre temas humanitarios a los revolucionarios, cuando hay evidencias de su complicidad con el paramilitarismo o la corrupción; y que 5) exigir en este momento el cese del secuestro rompe la bilateralidad de las negociaciones y que en el fondo sería como que el ELN exigiera, como condición para continuar el proceso, la liberación de los guerrilleros encarcelados “en condiciones infrahumanas y muriendo por falta de atención médica”, como dijo Gabino en la citada entrevista..

En esta entrada documento examino esencialmente los argumentos 1 a 3 del ELN pues si estos carecen de sustento, su esfuerzo por mostrar que el secuestro extorsivo no viola el  DIH fracasa, y entonces sus argumentos 4 y 5 pierden toda su fuerza pues el reclamo del gobierno de que el  ELN cese el secuestro extorsivo no sería una exigencia unilateral del gobierno sino el reclamo de que cumpla con el DIH, como el propio ELN  se ha comprometido a hacerlo. Y que el gobierno colombiano haya podido incurrir en atropellos a la dignidad humana, como mantener presos en condiciones indignas, no es un argumento que justifique que el ELN recurra al secuestro pues las obligaciones humanitarias no se fundan en el principio de reciprocidad, sino que son unilaterales, pues en lo fundamental benefician a terceros y no a los combatientes. Cada parte sigue obligada a cumplir el DIH aunque la otra lo incumpla. Por eso la pregunta central es si el  secuestro extorsivo viola o no el  DIH, por lo que analizo más detalladamente los argumentos 1 a 3 del ELN.

La prohibición de “toma de rehenes”

Es cierto que el  DIH no habla expresamente de secuestro ni en los tratados de DIH ni en el llamado derecho humanitario consuetudinario. En esto tiene razón el ELN pero esto es así pues el secuestro es más una categoría del derecho penal interno de los Estados que del derecho penal internacional o del DIH. Pero esto no significa que el secuestro extorsivo realizado por un grupo rebelde para financiar sus actividades esté autorizado por el DIH. Lo que pasa es que esa conducta está prohibida bajo otras categorías del DIH, que son i) la prohibición de la toma  de rehenes y ii) la prohibición de la privación arbitraria de libertad.

En esta entrada me centro en el estudio de la prohibición de toma de rehenes por cuanto considero que es la norma más relevante y que muestra más claramente la incompatibilidad del secuestro extorsivo con el DIH.

La prohibición de la toma de rehenes aparece expresamente en el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra y en el Protocolo II a los Convenios de Ginebra. Así el artículo 3 dice en el numeral 1 a) que no podrán tomarse como rehenes las “personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas puestas fuera de combate”. Y el Protocolo II, en su artículo 4, que repite y amplia el artículo 3 común a los convenios de Ginebra, señala que está prohibida en todo tiempo y lugar la toma como rehenes de “todas las personas que no participen directamente en las hostilidades, o que hayan dejado de participar en ellas”.

Es pues claro que por mandato expreso de tratados de DIH la toma de rehenes está prohibida en los conflictos armados internos. Pero si alguna duda hubiera, esa prohibición también existe en el derecho internacional consuetudinario. En efecto, en la monumental sistematización del DIH consuetudinario realizado bajo el amparo del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) por los profesores Jean Marie Henckaerts y Louis Doswald Beck, y que es considerada hoy la obra más autorizada sobre el tema, la prohibición de la toma de rehenes es la norma No 86 consuetudinaria, que es plenamente aplicable también en conflictos armados internos. 

Es tan claro hoy que la toma de rehenes viola el DIH que es una conducta que es también considerada un crimen de guerra, que puede ser cometido en conflictos armados internos. Así lo establece el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que en el artículo 8, que consagra los crímenes de guerra, señala en el párrafo 2 c) iii) que en los conflictos armados internos es crimen de guerra la toma de rehenes  de “personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas puestas fuera de combate”.

Es pues inequívoco que una guerrilla que incurra en toma de rehenes viola el DIH y que no puede hacer esa conducta en ninguna circunstancia pues esa prohibición, como lo dice el Protocolo II, opera en todo tiempo y lugar. La obvia pregunta que surge es entonces la siguiente: las llamadas por el ELN “retenciones” con fines económicos, que son en derecho colombiano un secuestro extorsivo, ¿son o no también en el derecho internacional una toma de rehenes, que viola el DIH y configura un crimen de guerra?

Toma de rehenes y secuestro extorsivo

Para responder a esa pregunta es necesario precisar qué se entiende por toma de rehenes en el derecho internacional. Y existen varias definiciones, como la de la convención Internacional contra la toma de rehenes de 1979, la contenida en los Elementos de los Crímenes del Estatuto de la Corte Penal Internacional, o la que ha desarrollado la doctrina internacional humanitaria. Así, la Convención Internacional de 1979 define la toma de rehenes en su artículo 1 así:

“Toda persona que se apodere de otra (que en adelante se denominará "el rehén") o la detenga, y amenace con matarla, herirla o mantenerla detenida a fin de obligar a un tercero, a saber, un Estado, una organización internacional intergubernamental, una persona natural o jurídica o un grupo de personas, a una acción u omisión como condición explícita o implícita para la liberación del rehén, comete el delito de toma de rehenes en el sentido de la presente Convención.”

Por su parte, el tratado sobre Elementos de los Crímenes del Estatuto de la Corte Penal Internacional, que como se sabe, es el que desarrolla los contenidos más precisos de los crímenes internacionales establecidos por el Estatuto de la Corte Penal Internacional, señala que los elementos propios del crimen de guerra de toma de rehenes en los conflictos armados no internacionales, son los siguientes:

“1.        Que el autor haya capturado, detenido o retenido como rehén a una o más personas.

2.        Que el autor haya amenazado con matar, herir o seguir deteniendo a esa persona o personas.

3.        Que el autor haya tenido la intención de obligar a un Estado, una organización internacional, una persona natural o jurídica o un grupo de personas a que actuaran o se abstuvieran de actuar como condición expresa o tácita de la seguridad o la puesta en libertad de esa persona o personas.

4.        Que esa persona o personas hayan estado fuera de combate o hayan sido personas civiles o miembros del personal sanitario o religioso que no tomaban parte activa en las hostilidades.

5.        Que el autor haya sido consciente de las circunstancias de hecho que establecían esa condición.

6.        Que la conducta haya tenido lugar en el contexto de un conflicto armado que no era de índole internacional y haya estado relacionada con él.

7.        Que el autor haya sido consciente de circunstancias de hecho que establecían la existencia de un conflicto armado”.

Estas dos definiciones son en lo esencial coincidentes pues recogen los mismos elementos, con matices menores. Y por ello, el citado estudio del CICR, a partir de esas distintas fuentes, define la toma de rehenes en los siguientes dos párrafos que transcribo, suprimiendo las notas de pie de página usadas como fuente por el estudio del CICR:

“La Convención Internacional contra la toma de rehenes define esta infracción como el hecho de apoderarse de otra persona (rehén) o detenerla, y amenazarla con matarla, herirla o mantenerla detenida para obligar a un tercero a una acción u omisión como condición explícita o implícita para la liberación del rehén. En los Elementos de los crímenes del Estatuto de la Corte Penal Internacional se utiliza la misma definición, pero se agrega que el comportamiento que se exige del tercero puede ser una condición no sólo para la liberación del rehén, sino también para su seguridad. La toma de rehenes se caracteriza por la intención específica que la mueve; es precisamente ese factor lo que la diferencia de la privación de libertad como medida administrativa o judicial.

Aunque la prohibición de la toma de rehenes se incluye específicamente en el IV Convenio de Ginebra y se asocia, en general, con la retención de personas civiles como rehenes, nada indica que la infracción se limite a tomar como rehenes a personas civiles. El artículo 3 común a los Convenios de Ginebra, el Estatuto de la Corte Penal Internacional y la Convención Internacional contra la toma de rehenes no limitan el alcance de la infracción a la toma de rehenes civiles, sino que la aplican a cualquier persona. De hecho, los Elementos de los crímenes del Estatuto de la Corte Penal Internacional establecen que el crimen se aplica a toda persona protegida por los Convenios de Ginebra.”

Las anteriores referencias muestran que si un grupo guerrillero retiene o priva de la libertad a una persona que no tome activamente parte en el combate y exige para su liberación que una suma de dinero sea pagada o que el Estado realice ciertos comportamientos, esa guerrilla incurre en toma de rehenes pues se cumplen los elementos  básicos de ese crimen de guerra y de esta violación grave al DIH: que el actor armado i) prive de la libertad a alguien, que no está tomando parte en las hostilidades, y ii) que condicione su liberación a que otra persona u institución haga algo, como es pagar un rescate.

La anterior conclusión destruye los otros argumentos del ELN pues esa guerrilla no puede, sin violar el DIH, pretender financiar su rebelión realizando conductas que son violaciones graves al DIH. Y por ello es claro que el DIH le prohíbe a esa guerrilla a realizar secuestros extorsivos.

No hay pues duda de que el secuestro extorsivo realizado por el ELN para financiar la rebelión es un crimen de guerra y una violación grave al DIH. Es posible que haya algunos casos de  secuestro no extorsivo que, a pesar de ser delitos en el orden jurídico colombiano, puedan ser compatibles con el DIH. No debato en esta entrada ese tema pero señalo dos posibles ejemplos: la retención en condiciones dignas y por un tiempo corto de un miembro de la Fuerza Pública capturado en combate, o la retención transitoria de algunos civiles para evitar que sean afectados por una operación militar planeada por la guerrilla. En ambos casos esas conductas son secuestro simple en el orden jurídico colombiano pero no parecen desconocer el DIH. Pero el secuestro extorsivo por el ELN para financiar la rebelión es una violación del DIH y un crimen de guerra.

Conclusión

No es pues coherente que el ELN diga que respeta el DIH pero al mismo tiempo mantenga el secuestro extorsivo, que es una infracción grave al DIH y un crimen de guerra, pues es claramente una “toma de rehenes”. Por eso el profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Nottingham, Sandesh Sivakumaran, autor una de las obras de referencia sobre la aplicación del DIH en conflictos internos  (The Law of non-international armed conflicts. Oxford University Press, 2012), al explicar el alcance de la prohibición de la toma de rehenes en el DIH, comentó las explicaciones que las FARC  y el ELN habían dado para justificar el secuestro extorsivo como método de financiación de la rebelión, arguyendo que no era una toma de rehenes. El profesor Sivakumarán concluyó que esos dos ejemplos mostraban que lo importante no era tanto comprometerse formalmente con la terminología del DIH sino con la sustancia de esta normatividad.

Tampoco es válido que el ELN argumente, como lo hizo Gabino en una entrevista sobre el tema, que exigir la renuncia al secuestro para seguir los diálogos es como si esa guerrilla exigiera al gobierno “para continuar los diálogos, que liberaran los guerrilleros que están en las cárceles en condiciones infrahumanas y muriendo por falta de atención médica del Estado”. El ELN tiene razón en que es inaceptable que en Colombia haya presos en condiciones inhumanas, pero ese desconocimiento por el Estado de sus obligaciones frente a las personas privadas de la libertad no autoriza al ELN a violar el DIH, continuando con el secuestro, por la sencilla razón de que, como lo señalé más arriba, las obligaciones humanitarias no se fundan en el principio de reciprocidad, sino que son unilaterales, pues en lo fundamental benefician a terceros y no a los combatientes. Un secuestrado no tiene la culpa de que el Estado colombiano incumpla sus obligaciones frente a las personas privadas de la libertad. Cada parte en un conflicto armado sigue obligada a cumplir el DIH aunque la otra lo incumpla. 

Finalmente, tampoco es coherente que el ELN haga de la participación de la sociedad uno de los ejes de sus negociaciones de paz e insista en que este proceso busca recoger los anhelos de la sociedad colombiana, pero al mismo tiempo reitere que mantendrá una práctica atroz, como el secuestro,  que es masivamente condenada por los colombianos.

Por eso, la mayor parte de quienes apoyamos el proceso de paz con el ELN, estamos convencidos de que la renuncia al secuestro extorsivo por esta guerrilla no es aceptar una imposición unilateral del Gobierno en la mesa, sino que es tomar en serio una prohibición del DIH, que el ELN ha dicho que respeta. Y es además acoger un clamor de la sociedad colombiana que condena en forma casi unánime esta práctica inhumana y atroz.

Ojalá que, por razones éticas y humanitarias y para destrabar este proceso de paz, el ELN anuncie unilateralmente, como lo hicieron otras guerrillas, como el Frente Moro Islámico de Liberación (MILF, por sus siglas en inglés), en Filipinas, que no recurrirá en su rebelión a este atroz crimen. En efecto, en 2002, esa guerrilla realizó un pronunciamiento público, por medio del cual reiteraba su condena al secuestro extorsivo por ser incompatible con los principios elementales de una guerra justa y señalaba que la combatiría.

Esta semana arranca la feria del libro de Bogotá, un momento en el que vale la pena discutir no solamente sobre las novedades que se lanzan sino también sobre la innovación de la lectura y la escritura.

En la pasada edición de la feria, por ejemplo, el gran protagonista fue Germán, un YouTuber que hizo que cientos de jóvenes desbordaron la capacidad logística del evento.

Para entender cómo se está innovando en Colombia en lectura, divulgación y mercadeo de libros, y cómo se están asumiendo la nuevas tecnologías en ese aspecto, invitamos a dos expertos en el tema a La Silla Llena los domingos.

Ellos son Felipe González, director editorial de Laguna Libros, y Juliana Barrero, directora asociada de Lado B, una consultora en economía de la cultura.

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Continuamos siguiéndole la pista a la inversión de recursos públicos en diferentes municipios del país. En esta ocasión revisamos Arauca, ciudad que desde noviembre del año pasado se convirtió en una de las priorizadas en el plan anticorrupción de la Fiscalía y que hace unos meses dio de qué hablar porque el senador verde Antonio Navarro denunció que la gran mayoría de la contratación ha sido entregada en procesos con presuntos vicios de transparencia.

Le pusimos la lupa a los 31 contratos de más de $1.000 millones que se han suscrito en la administración de Benjamín Socadagüi, quien estuvo casi todo el año pasado preso por un proceso que le adelantan por presuntos delitos electorales, y encontramos que solo dos de los que se licitaron cerraron con más de un oferente, que en varios repitieron supercontratistas de la zona y que muchos de los beneficiados han estado en la mira de entes de control.

Seis años después de que en el sur del Atlántico unas 200 mil personas quedaran con al agua hasta el techo de sus casas, luego de las inundaciones tras un boquete en el Canal del Dique entre las poblaciones de Calamar (Bolívar) y Santa Lucía (Atlántico), el Gobierno Nacional no ha hecho las obras que evitarían definitivamente que se repita esa que ha sido la peor tragedia invernal en la historia reciente de ese departamento.

Como dato particular: el gobernador del Atlántico (el liberal Eduardo Verano De la Rosa) es el mismo que estaba al frente cuando el sur se inundó y antes de que eso ocurriera él y sus funcionarios aseguraban que esa zona estaba “blindada”.

La Silla Caribe viajó a la zona y constató que la intranquilidad de los habitantes de Santa Lucía, Manatí, Repelón, Campo de la Cruz y Suan aumentó en los últimos días porque el nivel del Canal del Dique ha subido a causa de las fuertes lluvias que se presentan en la región.

El agua pasó de un nivel normal de 2.5 metros a 4.83 metros y aumenta diariamente unos 8 centímetros, según los últimos reportes del monitoreo que está haciendo la Gobernación. Cuando el desastre de 2010 ese nivel fue de 9 metros.

La responsabilidad de que se hicieran las obras para reconstruir el sur del Atlántico y para evitar que inundaciones similares se repitan es del Fondo de Adaptación. Esa es una entidad que nació en 2011, adscrita al Ministerio de Hacienda, precisamente para reconstruir las zonas afectadas por el invierno de ese año.

Las demoras en el Fondo

Tras la inundación en el Atlántico en 2010, el Fondo priorizó las obras para reconstruir las zonas pobladas que quedaron casi devastadas y en ellas hizo vías, megacolegios, hospitales y viviendas.

Pero para recuperar del todo esa zona y darle una solución definitiva a varias fallas del Canal del Dique, un brazo artificial del río Magdalena de aproximadamente 113 kilómetros, el Fondo debía sacar adelante un megaproyecto que recibió por parte de Cormagdalena y contempla una inversión de 1.7 billones de pesos.

Ese ambicioso proyecto, denominado  Macroproyecto Canal del Dique, está dividido en dos fases: la primera comprende la realización de obras de protección de las orillas y el refuerzo y construcción de diques, para evitar inundaciones en Bolívar y en el sur del Atlántico. Y la segunda es la construcción de dos esclusas que cumplirán, entre otras funciones, la de controlar los niveles del Canal del Dique. Esta última fase es vista por el Fondo como la solución definitiva a las inundaciones a lo largo de todo ese brazo del Magdalena.

El proyecto fue presentado en septiembre de 2011, pero apenas hasta agosto de 2013 la entonces directora del Fondo, Carmen Arévalo, adjudicó el contrato para el diseño de las obras. La demora en la adjudicación de ese contrato, según el Fondo, fue porque había prioridad en las obras de reconstrucción de colegios, hospitales y vías.

Los diseños para ese macroproyecto fueron contratados, por 55 mil millones de pesos, con el Consorcio Dique, conformado por dos firmas: la holandesa Royal Haskoning DHV y la colombiana Gómez Cajiao.

Ese consorcio trabajó desde entonces en la inspección del Dique para realizar el diseño de las intervenciones de la primera fase del megaproyecto y finalmente en 2015 le recomendó al Fondo la intervención en 11 puntos en las zonas que bordean el canal (en Bolívar y Atlántico) para evitar inundaciones.

Esas obras fueron anunciadas por el Fondo de Adaptación en abril de 2016, antes de que el ahora ministro de Minas Germán Arce dejara su cargo como director del Fondo y empezaron apenas en mayo de ese año, cinco años después de la inundación del Sur y dos años después de contratados los diseños, como lo contamos.

Arce llegó a ese cargo en 2014 luego de la salida de la arquitecta Carmen Arévalo, cuya gestión al frente de la entidad fue criticada precisamente por estos atrasos.

La razón que dan en el Fondo para que esos proyectos apenas arrancaran el año pasado, además de alegar que en esa entidad habían priorizado las obras de reconstrucción de los pueblos devastados, es que tuvieron dificultades para adquirir unoS 10 predios de la zona que tenían que estar en propiedad del Estado para poder contratar las obras en los tramos recomendados.

Además de eso, también tuvo que ver ahí el pulso entre el entonces gobernador liberal José Antonio Segebre y el Fondo. Segebre cuestionaba que se dejara de hacer intervención en algunos puntos que también eran críticos a parte de los recomendados por el consorcio colombo - holandés. De hecho en diciembre de 2015, antes de dejar su cargo, alertó de un riesgo inminente de inundaciones si no se intervenían con urgencia las zonas en riesgo.

Por las demoras en contratar dichas obras y por quejas de los habitantes de la región que, en algunos casos, tuvieron que vivir en cambuches hasta el 2015, la gestión tanto de Arévalo como de Arce en el Fondo ha sido blanco de críticas por parte de políticos atlanticenses.

La diputada liberal Lourdes López, que ha hecho seguimiento al tema de la tragedia del sur desde el principio, por ejemplo, los ha cuestionado a ambos y sigue criticando el nombramiento de Arce en el Minminas luego de su “lenta gestión” para obras de las zonas afectadas por las inundaciones mientras fue gerente del Fondo.

Esos llamados de políticos pidiendo celeridad en los trabajos del Fondo para mitigar el riesgo de una nueva tragedia en el cono sur del Atlántico han seguido y el año pasado tuvieron eco nacional cuando la representante conservadora Inés López dejó en responsabilidad del Fondo y del gobernador Verano De la Rosa el hecho de que una inundación similar a la de 2010 se repitiera.

A ella se unieron nueve de los 17 congresistas del Atlántico, quienes firmaron una carta en la que, además de denunciar supuesta negligencia por parte de Verano, sugirieron que la Gobernación debía financiar parte de las obras que necesita el sur. Cuestionaron que, por ejemplo, se invirtiera con prioridad en la recuperación del muelle de Puerto Colombia (un pueblo vecino a Barranquilla, en el norte) para uso turístico, antes que en el sur del departamento.

Fue precisamente después de ese último llamado de los políticos y de que la comunidad de Santa Lucía alertara sobre erosión y filtración de aguas que por fin empezaron a contratarse y a ejecutarse las tres primeras obras de mitigación en el Sur, entre los meses de julio y octubre del año pasado.

Esas obras hacen parte de las 11 intervenciones que sugirió el consorcio colombo - holandés para evitar inundaciones. Las ocho restantes se adelantan en pueblos de Bolívar y fueron contratadas desde principios del año pasado.

De las tres obras contratadas para el sur del Atlántico apenas se ha hecho una y ni siquiera es la más clave: se trata de la protección de tres puntos críticos en las veredas Caño Arenas, Caño Tabaco y Boquitas, jurisdicción de Manatí, por un costo de 7.454 millones de pesos. Esa obra la ejecutó el consorcio Control Santa Lucía integrado por las firmas UCO S.A y Promotora El Campin S. A.

Las otras dos, que son las más importantes, van una en un 10 por ciento de ejecución y otra está suspendida con el 50 por ciento de la ejecución, pese a que ambas fueron adjudicadas entre julio y septiembre del año pasado.

El retraso en las dos obras clave del sur

Las dos obras clave que había que contratar para el sur del Atlántico eran un refuerzo en 15 puntos del Canal del Dique, sobre la vía entre Santa Lucía y Villa Rosa. Y la construcción de 1.400 metros del talud del Dique que queda del lado de Santa Lucía.

La que está en el 10 por ciento de ejecución fue entregada en octubre del año pasado por 55.594 millones de pesos al consorcio Vías del Canal del Dique, integrada por las firmas KMA Construcciones y Construcciones e Inversiones Beta S.A.S.

En total tienen que ser intervenidos unos 15.200 metros, pero desde el 27 de octubre, cuando arrancaron los trabajos, el contratista apenas ha intervenido en 1.500 metros, pese a que según el contrato los trabajos deben estar listos a finales de octubre de este año.

Aunque el Fondo y el contratista coinciden en que las obras van a buen ritmo y que, por ejemplo, diariamente se están suministran 3.000 metros cúbicos de arena de dragado, la comunidad de esta zona duda de que los trabajos estén listos en la fecha indicada, porque en seis de los 13 meses que dura el contrato van a penas en el 10 por ciento de ejecución.

La segunda obra, que es la que está suspendida, merece capítulo aparte porque se trata de las más urgentes, debido a que los trabajos se hacen en el pueblo de Santa Lucía, que queda a la orilla del Canal del Dique. Mantener blindado ese municipio evita que exista riesgo de inundación en los vecinos Manatí y Repelón.

(Para ver la galería, haga clic en los puntos)

Obras en Santa Lucía: suspendidas y con fallas

Santa Lucía es una población de unos 12 mil habitantes anclada frente al canal del Dique y fue una de las más devastadas cuando ese se rompió a finales de 2010. Ahí todavía tienen vivo el recuerdo de aquel mediodía del 12 de diciembre, un día antes de las fiestas patronales de la santa en cuyo honor fue nombrado el pueblo, cuando el agua empezó a meterse y cubrió sus casas hasta el techo.

“Eso fue espantoso. Todo el mundo lloraba desesperadamente. Por eso cada vez que nos sentimos en peligro alertamos a los responsables de las obras para protegernos, porque nosotros somos lo que convivimos con el Dique y sabemos que todos los días está subiendo”. El relato es de Alexander Jordán, un docente de Santa Lucía que, al igual que muchos de sus coterráneos, reclama la construcción de un muro de contención para sentirse “más seguros”.

El Fondo de Adaptación se ha negado rotundamente a esa obra porque se va a hacer lo que recomendó el consorcio colombo - holandés que es una protección en colchacrero (una tela rellena de concreto) en la margen drecha.

Esas obras fueron adjudicadas por el Fondo en junio del año pasado a la firma A Construir, a través de una licitación por invitación, y tienen un costo de 21.987 millones de pesos.

A Construir es una firma de ingeniería propiedad de los hermanos Christian y José Manuel Daes, megacontratistas del alcalde barranquillero Álex Char, y su mayor experiencia se le conoce en la construcción de parques en la capital del Atlántico y ahora en la canalización de arroyos, como lo contamos en La Caribe.

La empresa de los Daes alcanzó a intervenir 774 metros para hacer una protección para que las aguas no se filtren y estos estuvieron listos en diciembre del año pasado.

Sin embargo, después de esa fecha la obra ha empezado a tener varios inconvenientes que le han hecho merecedora de críticas desde varios sectores del Atlántico y que le impiden que sea entregada en junio de este año como está estipulado en el contrato.

El primer impasse de la obra fue la suspensión que debió hacerse en ese mes de diciembre porque aumentó el nivel del Dique y los diseños establecen que con un nivel de más de 4 metros no se puede trabajar, según nos explicaron por aparte el ingeniero Luis Marenco, director de ingeniería de la firma, y Yesid Pinzón, supervisor del Fondo de Adaptación.

A mediados de enero de este año se reactivaron las obras de protección de los 626 metros restantes, pero dos meses después, el 24 de marzo, volvieron a parar los trabajos por un nuevo aumento en el nivel del canal. Esta parálisis podría ser por más de dos meses, de acuerdo con los pronósticos climáticos que prevén lluvias fuertes por estos días.    

A esas dos parálisis que tienen la obra a mitad de camino, pese a que van ocho de los 10 meses que tiene el contrato como plazo de ejecución, se suman unas fallas que empiezan a verse en los trabajos, sin que todavía la construcción haya sido entregada oficialmente.

Hoy, de los 774 metros que se ven construidos 60 presentan falencias (como agrietamiento y desprendimiento del concreto) según el Fondo de Adaptación.

Esos problemas fueron denunciados por el diario El Heraldo a principios de abril y durante la visita que hicimos a la zona pudimos confirmar que varios de ellos no han sido reparados todavía.

Tras el evidente deterioro de algunos tramos de la obra, la secretaria de Infraestructura del Atlántico, Mercedes Muñoz, salió a decir el 10 de abril en medios de comunicación, que las obras no corresponden a los diseños.

Aunque esas declaraciones de la secretaria Muñoz fueron desmentidas por el contratista, la realidad es que la obra sí presenta fallas, como se lo ratificó a La Silla Caribe el ingeniero Yesid Pinzón, encargado de supervisar la obra por parte del Fondo.

“En algunos tramos la obra no cumple con las condiciones de calidad establecidas en el contrato”, nos dijo Pinzón.

Consultamos al ingeniero Luis Marenco, jefe de ingeniería de A Construir, y este alega en su defensa que este tipo de falencias se pueden presentar porque se trata de una obra que se realiza, en algunos tramos, por debajo del agua.

El Fondo de Adaptación espera que para el 2018 ya estén listos todos lo trabajos del Macroproyecto Canal del Dique que sería la solución definitiva de las inundaciones en el sur del Atlántico y en algunos pueblos de Bolívar. Pero toda esta historia de atrasos no genera mayor optimismo en los sureños.

Además de la protección contra las aguas del Magdalena, la gente del sur necesita ayuda para reactivar la economía de la zona que también resultó golpeada con la tragedia de 2010

Para recuperar ese sector, según el Fondo, se desarrolló un proyecto de reactivación de la ganadería, en el cual se invirtieron 14.564 millones de pesos para beneficiar a 1.000 familias ganaderas. En ese plan entregaron cinco novillas a cada una de las familias beneficiarias y el mejoramiento de 426 hectáreas de potreros.

Antes de las inundaciones de 2010 el sur de Atlántico era considerado la despensa del departamento y uno de las mayores productores de leche de la región: en esa zona había unas 11 asociaciones ganaderas y en municipios como Manatí, por ejemplo, había unos 240 ganaderos asociados que juntos aportaban unos 14 mil litros de leche diarios. Hoy, según cifras de la Asociación de Ganaderos de la Costa Norte, no supera los 3 mil litros de leche recolectados, lo que evidencia que no ha habido una recuperación considerable en ese aspecto.

Por ahora, con lluvias casi todos los días en todo el Atlántico y con unas obras con fallas, en el Sur del departamento esperan seguir contando con la suerte que los ha acompañado hasta ahora y que ha permitido que, en seis años, no vuelva la tragedia de la inundación. Eso sería un milagro.

Esta semana el Gobierno dará a conocer el proyecto de decreto ley que aterriza el tema de tierras del Acuerdo de Paz para que tanto los grupos de expertos vinculados a las universidades de los Andes, Externado y Eafit creados para eso, como la ciudadanía en general, lo discutan de manera exprés antes de que el presidente Santos lo firme usando sus facultades extraordinarias. Sin embargo, sin haber sido publicado oficialmente, el proyecto de más de 100 páginas ya ha creado mucho ruido y eso que el debate hasta ahora empieza.

Estos son los avances, los micos y los riesgos de lo que sería la nueva ley de tierras según varios expertos en el tema:

Los avances

Los técnicos que más saben de tierras en el país coinciden en que este proyecto representa unos avances muy importantes en democratizar el acceso a la tierra y frenar la violencia alrededor de su tenencia porque:

Los micos

Aún antes de que el Gobierno diera a conocer oficialmente el decreto ley para ser discutido, un grupo de congresistas encabezado por los senadores del Polo Iván Cepeda y Alberto Castilla, la representante Verde Ángela María Robledosalieron a criticarlo y a denunciar que tenía varios micos. Varios de los técnicos que han revisado el decreto comparten la preocupación.

Y es que el ministro Aurelio Iragorri metió varios puntos en el decreto de facultades extraordinarias que beneficiarían a grandes propietarios y no solo a los campesinos sin tierra o con tierra insuficiente para los cuales fue escrito el punto rural en la Habana. Y que incluso van más allá de lo que ya les garantizó la ley de Zidres que generó tanta polémica el año pasado.

Pero esto crea la sospecha de que el presidente Santos no ha renunciado a su idea de que el Acuerdo de Paz facilite el desarrollo de la gran agroindustria en lugares como la Orinoquia donde la gente más rica de este país ha hecho grandes inversiones sin seguridad jurídica, porque a través de la nueva figura del beneficiario oneroso o semi-oneroso permitirían que, por ejemplo:

Los riesgos

Técnicos que han analizado el proyecto ven tres tipos de riesgos:

Ayer, después de unas elecciones atípicas muy apretadas y contra todos los pronósticos, Julio Rivera, avalado por Aico, ganó la Alcaldía de Tumaco con el 49,39 por ciento de los votos. Le sacó a Sandra Estacio, la candidata del ex representante a la Cámara liberal Neftalí Correa, que tenía a su favor toda la maquinaria de la Alcaldía.

Así, Rivera derrotó al hasta ahora barón electoral, que había puesto a los últimos tres alcaldes. 

Lo hizo porque logró sumar a su nombre un bloque de “Todos contra Neftalí” que se enfrentó a Correa en las primeras elecciones en todo el país que se llevan a cabo en un municipio con zona de concentración de las Farc: hay más de 300 guerrilleros de las Farc a una hora del casco urbano.

Más de 1.500 miembros de la Fuerza Pública lograron garantizar el orden en medio de las alertas de “riesgo extremo” que lanzó la Misión de Observación Electoral por la disputa que protagonizan varios grupos armados ilegales que quieren quedarse con los espacios que dejó la guerrilla en el municipio con más cultivos de coca en todo el país.

Las alarmas estaban prendidas, además, porque hace un mes la saliente Alcaldía denunció que las Farc estaba haciendo proselitismo a favor de Rivera, algo que tanto él como la guerrilla negaron. Al final, las elecciones transcurrieron en calma, aunque en medio de denuncias por compra de votos, como pudo comprobar La Silla Pacífico en nuestro cubrimiento en vivo.

La ‘miscelánea’

La de ayer, como contó La Silla, fue una elección entre las dos maquinarias más poderosas del segundo puerto sobre el Pacífico. Pero los resultados mostraron que ese no fue el único factor que jugó en el triunfo de Julio Rivera.

El bloque que lo apoyó contó con respaldos distintos entre los que se contaron caciques políticos tradicionales de Tumaco, encabezados por los ex alcaldes Nilo del Castillo, Ever Castillo y Víctor Gallo, y sectores sociales como consejos comunitarios afros y de izquierda.

El apoyo de los ex alcaldes pesó, pero no se dio con la magnitud que se esperaba. Rivera sacó 28.788 votos, una cifra alta pero menor a los 18.354 votosque él mismo obtuvo en 2015 con el apoyo del entonces Alcalde Victor Gallo, más los 17.516 votos de Diego Angulo ese mismo año, con el respaldo de Nilo y Ever del Castillo. Eso se puede explicar porque unas elecciones atípicas son distintas a unas en el calendario normal que mueven mucho más a los electores.

Lo que sí logró la alianza entre esos caciques es que evitó que se dividieran los votos de sus maquinarias como había ocurrido antes, y así se enfrentaron a la maquinaria de la Alcaldía de Tumaco, que tiene un presupuesto de 215 mil millones de pesos al año, y a que tanto Correa como la ex alcaldesa Emilsen Angulo estaban haciendo correrías políticas por todo el municipio desde el año pasado para intentar mantener su poder a pesar de que los dos fueron destituidos por ordenes judiciales. 

A la alianza de los tres ex alcaldes se sumaron los apoyos de varios de los 15 consejos comunitarios afros en un municipio que es sobre todo rural. De hecho, uno de los principales promotores de la campaña de Rivera es el ex secretario de Gobierno de Víctor Gallo, Hernán Cortés, líder afro y miembro de la organización Proceso de Comundades Negras, PCN. 

Otro de los factores que al final del día inclinó la balanza hacia Rivera fue el apoyo que recibió de los sectores que se sentían ofendidos con Correa.

Por ejemplo, los mototaxistas. “Neftalí dijo que los mototaxistas se deberían acabar. Que deberíamos ir a echar machete al monte podando el campo y no acá. Eso no se le hace a la gente. En cambio Julio siempre cuenta para todo con el pueblo”, le dijo a La Silla uno de ellos.

También algunos funcionarios públicos en Tumaco le dijeron a La Silla estar cansados del estilo de Correa.  “A mí me quitaron el puesto por no querer hacer campaña, y así le pasó a varios compañeros”, nos dijo una trabajadora del hospital Divino Niño. Esto lo confirmaron varias personas que estaban a su lado y que también trabajan con la Alcaldía.

A eso se sumó que Estacio, la candidata de Correa, era una funcionaria pública de bajo perfil que no es muy conocida en Tumaco y a quien no se le reconoce experiencia. Además, según más de diez personas que estaban en las calles con las que habló La Silla, mantuvo un tono triunfalista y prepotente durante la campaña que no gustó.

Eso, más el “tono de gamonal de Correa”, como lo describieron varias de las personas que se fueron de su campaña, contribuyó a que muchos tumaqueños prefirieran votar en su contra o abstenerse.

Otro de los resultados llamativos fue que el voto en blanco obtuvo la tercera votación y, con 1,077 apoyos, superó a la de la tercera candidata, la uribista Francis Estupiñán.

El ‘factor Farc’

Uno de los temas centrales de esta campaña, que se robó la atención de los grandes medios nacionales, fue la denuncia de la supuesta alianza entre la campaña de Rivera y las Farc, que están concentradas desde febrero en la vereda La Playa, a 52 kilómetros del casco urbano y sobre la carretera que conduce a Pasto.

Como contamos, la denuncia que hizo pública la saliente alcaldía se basaba en una carta anónima que firmaban “líderes del municipio rural” que viven en veredas que tradicionalmente estuvieron bajo el dominio de las Farc hasta antes de la concentración. La carta aseguraba que los comandantes del Frente Daniel Aldana, alias ‘El Tigre’ y alias ‘Felipe’, salieron de la zona veredal para invitar a varios líderes campesinos a participar en reuniones políticas en la zona de concentración y mhabrían anunciado su apoyo a Rivera.

Aunque tanto Rivera como la guerrilla negaron esa alianza, La Silla Pacífico supo, por una fuente del sector social que conoce cómo se mueve las Farc en Tumaco, que sí hubo un apoyo aunque no en los términos que decía la carta. Según la fuente, que pidió la reserva de su nombre por seguridad, las Farc no contribuyeron con recursos ni movilizaron a sus miembros sino que convencieron a sus familiares que viven en Tumaco de apoyarlo, ya que Rivera fue el único candidato que se comprometió a respaldar la implementación de los Acuerdos de paz.  

“Ni Neftalí, ni Emilsen, ni el alcalde que llegó después mostraron interés por apoyar el proceso en la zona veredal, mejorar las condiciones de los guerrilleros allí o en lo que se les viene después. Y Sandra Estacio tampoco lo iba a hacer”, le dijo la fuente a La Silla. “Además porque no sólo para los guerrilleros, sino para muchos tumaqueños, ella no tiene la capacidad de asumir los retos que se le vienen ahora al municipio con el tema de los cultivos ilícitos, los nuevos grupos armados, el narcotráfico y el manejo de los recursos para el posconflicto”.

En cambio, según la fuente, Rivera logró posicionar una imagen cercana a la mayoría de los tumaqueños, sobre todo de la parte rural, que han tenido que convivir con la guerrilla. Él nació en la vereda Río Mejicano, que ha sido tradicionalmente de dominio de las Farc, y allí conoció y creció con familiares de guerrilleros como un primo de alias ‘Tigre’ que hizo parte de los cuadros de su campaña.

Por eso, para mucha gente en Tumaco, que las Farc estuvieran o no participando en su campaña no fue un motivo fundamental para decidir su voto, y no le atribuyen el triunfo de Rivera a ese respaldo.

“En Tumaco y en muchas partes del Pacífico, los actores [armados] no se piensan separados del resto de la población. Al final, todos se terminan relacionando”, agregó la fuente.

De hecho los resultados de ayer demostraron que el 'factor Farc' no tuvo los efectos de kriptonita para Rivera que se vio en 2015 cuando el candidato Víctor Morcillo tuvo el respaldo de la guerrilla, como contó La Silla, y obtuvo apenas el 3 por ciento de los votos. 

Lo que viene

El camino que le espera a Rivera no pinta fácil. Por un lado, le corresponde liderar la implementación de los acuerdos de paz en uno de los municipios más golpeados por el conflicto. Por lo menos hasta el 2019, tendrá que lidiar no sólo con los brotes de violencia que se han tomado el puerto en los últimos meses por cuenta de las políticas de lucha contra el narcotráfico sino también con los grupos que se están disputando el territorio que han ido dejando libre las Farc.

A eso se suma que su nombre no está libre de cuestionamientos, precisamente por los respaldos que recibió su campaña.

Como contó un medio local, la Contraloría departamental publicó un informe en los últimos días que lo involucra con un posible detrimento patrimonial por más de 4.700 millones de pesos de un proyecto para construir 367 casas en el barrio Candelillas del Mar en el que, a pesar de que se desembolsó toda la plata, sólo se construyeron 68 casas. Rivera participó en la puesta en marcha de ese proyecto como secretario de planeación de Tumaco durante la pasada alcaldía de Víctor Gallo.

Finalmente, tendrá que gobernar en medio de los compromisos que suelen suponer los apoyos políticos que recibió su campaña y que se cobran con participación política y burocrática. Eso le puede restar independencia.

“En Tumaco no hay ángeles ni demonios. A Julio lo apoyó una miscelánea muy grande de personajes que seguramente le cobrará el favor y la contratación ya está comprometida [porque la Alcaldía no arranca desde cero]”, le dijo a La Silla Pacífico una fuente que conoce la movida política en el puerto.

Por eso, aunque el triunfo de Rivera significa la derrota del hasta ahora barón electoral de Tumaco, no será fácil cumplir las expectativas que lograron sumar a los distintos actores que lo llevaron a la Alcaldía.

Está rodando por redes un afiche promocionando una presentación el próximo domingo en Bogotá de alias Julián Conrado, el guerrillero que se hizo nacionalmente famoso como “el cantante de las Farc”. Una fuente de la guerrilla nos confirmó la veracidad del mensaje y del concierto que organiza Independencia Records.

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Esa productora, que tendrá un stand en la Feria del Libro de Bogotá, tiene una página web en construcción en la que solo sale el audio de una canción que habla de reconciliación y del anhelo de la revolución sin armas, y que en Twitter reivindica no solo la música y la paz sino su cercanía con otras iniciativas de las Farc para usar el arte como herramienta política.

Como contamos en La Silla Caribe, Julián Conrado está agrupado hace más o menos un mes en la zona veredal ‘Simón Trinidad’ de la Serranía del Perijá, a unos 45 minutos de Valledupar. Las últimas noticias que se habían tenido del cantante -nacido en Turbaco (Bolívar)- es que cayó preso en Venezuela en 2011 y a inicios de 2014 fue librado para viajar a los diálogos de La Habana.

Con miras a cumplir el plan vargasllerista de duplicar sus curules en el Congreso, Cambio Radical comenzó a sus mover fichas en Antioquia, la cuna uribista, para que Germán Vargas Lleras tenga una estructura y tenga un buen resultado allí en las presidenciales.

Hace dos semanas el director del partido, Jorge Enrique Vélez (el único senador antioqueño que ha tenido Cambio, entre 2008 y 2010), comenzó a recorrer el departamento para tantear el terreno y asignar fórmulas a la Cámara a actuales senadores que no son antioqueños y tienen pocos votos en la región.

A pelear con las maquinarias

Cambio Radical tiene actualmente nueve senadores, pero espera crecer fuertemente en 2018: como hemos contado el exvicepresidente viene diciendo que su bancada será la más segunda grande, después del uribismo, por lo que debería doblar esa cifra. Y para eso necesita a Antioquia.

La decisión de llegar a Antioquia tiene tres razones.

La primera es que las dos cabezas que estarán pendientes de las campañas presidencial y parlamentaria son antioqueños: el ex ministro Luis Felipe Henao para la primera y el director Vélez para la segunda.

La segunda razón es que, según Vélez y los demás vargaslleristas consultados, en los últimos siete años han construido una estructura que suma congresistas (hoy tienen un representante a la Cámara, José Ignacio Mesa), 2 de los 26 diputados de Antioquia, 155 concejales (2 de ellos en Medellín) y 12 de los 125 alcaldes.

Ese músculo lo usarán para catapultar a sus aspirantes al Senado con grupos políticos que han tendido puentes con el partido.

Y la tercera es que Antioquia pone muchos votos, (4 millones de potencial electoral. En las elecciones presidenciales votó la mitad) o los suficientes para tener 10 senadores.

Aunque no hubo aval de Cambio a Luis Pérez cuando fue candidato a la Gobernación, un sector importante del partido lo apoya y Vargas y él son muy cercanos (dos de los aspirantes de Cambio al Congreso trabajaron en el gabinete de Pérez), y eso da presencia regional para una posible campaña.

El reto es grande porque el uribismo y el conservatismo siguen mandando, con grupos políticos más grandes.

De todos modos, esta estrategia de Cambio no la pueden hacer otros, como La U, ya que es una colectividad menos cohesionada y con más barones políticos que pelean cada uno por su curul.

La repartición

De los nueve senadores actuales de Cambio Radical, seis tienen ya bases en Antioquia porque las consiguieron por su lado o porque el partido las organizó. Es una estrategia similar a la que hizo el partido con el Eje Cafetero en 2014 y que sirvió, sobre todo para que el senador Germán Varón fuera elegido con votos del Quindío.

“Vélez dentro de los congresistas gusta porque le da a cada uno”, nos dijo un representante sobre el rol del nuevo director para conformar las listas al Congreso del partido.

En 2014 el senador más votado de Vargas en Antioquia fue el santandereano Bernabé Celis, con 10 mil votos. Tendrá como fórmula allá a José Ignacio ‘Nacho’ Mesa, actual representante de Cambio, que sacó 23 mil votos y apoyó a los dos concejales que tiene en Medellín el partido (a Robert Bohórquez en 2011 y Ricardo Yepes en 2015).

El vallecaucano Carlos Motoa tuvo 6 mil votos en el departamento en las últimas elecciones. Ahora armó tres alianzas: en Sabaneta con el único concejal del partido, José Julián Cano (cercano a Santiago Montoya, que se quemó llegando al concejo pero es secretario de movilidad del alcalde uribista, Iván Montoya); en La Estrella con el concejal Pedro Nel Ospina y Ricardo Yepes en Medellín. Entre los tres sacaron 7679 votos en 2015.

”Vélez dentro de los congresistas gusta porque le da a cada uno”

congresista de Cambio Radical

La cartagenera Daira Galvis, quien llegó al congreso por el antiguo PIN en 2008, se pasó al vargasllerismo en 2010 y ha sacado 65 mil votos en esa elección y en 2014, solo obtuvo mil en Antioquia. Le volverá a ayudar Jorge León Ruiz, su fórmula en 2014 y quien nos cuenta que ampliarán su trabajo en Urabá, Yondó y Cáceres (en el Nordeste), donde ya han tenido reuniones programáticas.

Otro senador que tendrá apoyo es el bogotano Juan Carlos Restrepo, que tiene fuerza en el Valle. En 2014 sacó 5 mil votos en Antioquia y ahora espera despegar en el departamento donde tiene raíces familiares (su esposa y su papá son de Medellín y Puerto Berrío).

Para eso contaría con el apoyo de Rober Bohórquez, el concejal más votado de Cambio en Medellín con 8 mil votos.Y también recibirá apoyo externo al partido, a través de la campaña que ya le hace la ramista y ex uribista Liliana Rendón, quien como contamos hace poco volvió a la actividad política.

Tanto Antonio Guerra de la Espriella, como Germán Varón, que en 2014 tuvieron 1.600 votos cada uno en el departamento (el primero con el apoyo de Vélez), estarían haciendo contactos con empresarios.

Además, Cambió tendrá dos aspirantes antioqueños al Senado, ambos provenientes del partido de La U.

Uno es el exgerente de la empresa departamental de vivienda Viva, Guillermo Palacio, quien forma parte del grupo de Augusto Posada, que se fue para el vargasllerismo.

A él le trabajarán el ex congresista y dirigente deportivo Mauricio Parodi, quien también va para la Cámara; y entre el ex alcalde de Rionegro, Hernán Ospina (que viene de la ASI y tuvo 19 mil votos para la elección), y el grupo político de La U que apoyó a Elkin Ospina a la alcaldía de La Ceja, que sacará un candidato a la Cámara que le haga campaña.

El segundo es el ex alcalde de Apartadó Gonzalo Giraldo, quien ya lleva trabajo adelantado con campesinos de la zona y juntas de acción comunal.

Los únicos que no se mueven en el departamento son los Char, que tienen como estrategia seguir conquistando el Caribe, y el bogotano Carlos Fernando Galán, quien todavía no decide si continuará en el Congreso pero probablemente no lo hará.

El panorama con los otros partidos

Con este acomodamiento, Cambio aspira a pelear votos frente a cuatro maquinarias más fuertes, del uribismo, el conservatismo, el liberalismo y La U.

El Centro Democrático fue el mayor elector en Antioquia al Senado con 436 mil votos y aspira a mantener o superar el logro anterior. En esta labor se enfocan las directivas del partido en el departamento, en cabeza del ex ministro Fabio Valencia y del propio Álvaro Uribe, quien desde inicios de año estuvo aprovechando su incapacidad para consolidar cuadros locales.

Parte de la estrategia hacia el departamento será definida en dos semanas en su convención nacional, en la que decidirán si las listas son abiertas como quieren algunos representantes para saltar al Senado, como Santiago Valencia (hijo de Fabio) y Margarita Restrepo (cercana a José Obdulio Gaviria), o no, como prefieren otros.

Para eso hoy tienen una estructura fuerte con 7 de los 26 diputados, 15 de los 125 alcaldes de Antioquia y el 60 por ciento de los ediles de Medellín

Otra maquinaria aceitada es la de los conservadores que con 268 mil votos sacaron la segunda votación más grande del departamento y pretende mantener sus tres curules en cabeza del grupo de Itagüí (que representa en el Senado Nidia Osorio), el de Bello (de los Suárez Mira, con la senadora Olga Suárez, hermana del prófugo Óscar Suárez; falta por ver si ella repite o sube su fórmula, el representante Germán Blanco) y el del senador Juan Diego Gómez.

Tienen más de 20 alcaldes en el departamento, cuatro de 26 diputados, 287 concejales y 31 de los 125 alcaldes-

Los liberales aspiran a volver a tener tres curules, las dos que hoy ocupan Luis Fernando Duque y Sofía Gaviria y la que aspira a ocupar el representante Iván Agudelo. Tienen un grupo sólido, con 5 diputados,  297 concejales y 25 alcaldes. Además, el ex senador Eugenio Prieto, que renunció para aspirar a la Alcaldía, adhirió al hoy alcalde Federico Gutiérrez y ahora es director del Área Metropolitana.

La U es la que tiene debilidades en el departamento, a pesar de que tiene dos senadores, Germán Hoyos, quien con 40 mil votos obtuvo su curul en el Senado y aspira a repetirla, y el caldense Mauricio Lizcano, quien sacó 46 mil de los 96 mil votos en el departamento. Además, varios senadores de otras regiones, como los caribes Musa Besaile (la mayor votación del país de La U), Miguel Amín y el Ñoño Elías, y el cristiano Jimmy Chamorro, sacaron entre 10 mil y 2 mil votos en el departamento.

A pesar de que en el papel tiene 233 concejales, 4 diputados y 13 alcaldes, la salida del grupo político del ex representante Augusto Posada y de otros menores como el de Gonzalo Giraldo), tienen al partido en ascuas.

Así las cosas, la estrategia de Cambio tiene donde crecer, especialmente entre los electores de la debilitada U. Pero buena parte de su futuro dependerá de la dinámica de la campaña presidencial, donde si Vargas está fuerte puede tener un arrastre importante en el departamento más uribista del país - o, si se convierte en el rival del candidato uribista, puede tener un talón de Aquiles.

Zona veredal de Planadas, Tolima. Foto: La Silla Vacía.

Aunque en el Acuerdo entre el Gobierno y las Farc 19 de los 26 puntos en los que la guerrilla está dejando las armas se llaman “zonas veredales transitorias”, la verdad es que muchas serán permanentes.

Ya es un hecho que los guerrilleros se quieren quedar a vivir, si pueden, en todas las zonas. No solo porque ya tendrían barrios cerca a las veredas y a los municipios en los que pueden empezar a hacer política, sino también porque como le dijo en diciembre a La Silla Vacía Jimmy Ríos, uno de los principales ideólogos de las Farc, se quieren quedar porque para ellos una de las mayores fortalezas es la vida colectiva.  

A diferencia de las guerrillas anteriores que han firmado la paz, como el M-19 o el EPL, cuyas desmovilizaciones fueron individuales, los de las Farc quieren que su reincorporación sea colectiva. Seguir viviendo juntos después de años en el monte facilita su objetivo de convertirse en un partido político.

Por eso en este momento la discusión entre el Gobierno y las Farc no es si se quedan o no, sino en dónde.

Las Farc se quieren quedar

La Silla Vacía ha podido confirmar visitando unas zonas y verificando con fuentes en terreno en otras, que la guerrilla no ve las zonas de concentración como lugares de paso. Al contrario, las ven como sus futuros barrios.

Por ejemplo, como contamos el domingo, en Planadas, una de las zonas veredales en el Tolima, los guerrilleros ya pintan los tres carro tanques con imágenes del ‘Mono Jojoy’, bautizaron la zona como ‘Marquetalia’ y dos guerrilleros (uno de alto rango y otro raso) del frente 21, que es el que está concentrado allí, nos confirmaron por aparte que su plan es quedarse.

Lo mismo encontramos en Pondores, la zona del municipio de Fonseca en la Guajira.

“Nadie piensa irse a su casa después”, nos dijo en esa zona el guerrillero Norberto Velásquez. “Más bien están pensando en traerse su casa para aquí. Porque primero está el proyecto político de paz con justicia social”, agregó.

“Si vamos a traer la misma carpa donde hemos estado para templarla aquí (en la zona veredal) pues no estamos haciendo nada. Se requiere que sea algo digno, que sea un pueblo, que tenga todas las comodidades, que tenga energía, agua potable, conectividad, espacios de recreación, salud, etc. Si no ¿qué estaríamos haciendo, que normalización es eso?”, dijo a La Silla Pacífico Yesid Guevara, comandante del frente Daniel Aldana, que es el que está concentrado en la zona veredal de La Playa, en Tumaco.

Y averiguando en otras, el panorama es el mismo.

En la zona veredal de La Paz, Cesar, Aldemar Altamiranda, el comandante del frente 41 que junto al 19 está concentrado ahí, le confirmó a La Silla Caribe que la vocación de infraestructura que se está levantando es la de permanencia.

En Tibú, el epicentro de la región del Catatumbo en Norte de Santander, confirmamos con miembros del frente 33 de las Farc, que es el que está concentrado en Caño Indio, que su idea es que los exguerrilleros se queden en la zona rural estudiando y formándose para la nueva etapa política que iniciará el grupo.

Incluso hay casos en los que las Farc están pensando en comprar tierras vecinas a donde están concentradas.

Por ejemplo en Arauquita, Arauca. Allí confirmamos con dos fuentes que lo saben de primera mano que los frentes 45, 28, 38 y principalmente el 10, que son los que están concentrados en la vereda Filipinas (en total 425 guerrilleros),  están pensando comprar tierras cerca al caserío de la vereda para construir su propia ciudadela. La razón es que como todos los predios en donde están los campamentos son arrendados, prefirieron no arriesgarse a quedarse sin un lugar donde vivir y por eso quieren comprar otros predios.

El Gobierno sabe que la pretensión de las Farc es quedarse porque así se lo confirmó a La Silla el gerente de las zonas veredales Carlos Córdoba. “Estamos mirando en cuales zonas es posible y necesario que se queden”, nos dijo.

La discusión ahora es en qué condiciones.

Las condiciones del Gobierno

Una alta fuente del lado del Gobierno nos confirmó que el acuerdo al que llegaron con las Farc durante la cumbre que tuvieron en Cartagena hace un mes fue mirar caso por caso, o sea zona por zona, cuales se pueden usar para la reincorporación, pero con la condición de que las Farc se comprometan a dejar las armas a más tardar el 1ro de junio, que es el plazo acordado.

Es decir, el hecho de que la infraestructura siga para que ellos vivan ahí no significa que también se les alarga el plazo para dejar las armas.

Por eso el Gobierno se mantiene en que el 1ro de junio las zonas dejan de funcionar como los lugares de dejación de armas y de tránsito a la legalidad.

Sin embargo, sobre eso hay toda una discusión porque para las Farc, como dijo el miembro del secretariado Pastor Alape, lo que se acordó en Cartagena es que las zonas como sitios para dejar las armas van a seguir por tres meses más.

Alape le aclaró a La Silla que ese alargue no es porque ellos quieran tener más tiempo para dejar las armas, sino porque “La ONU no va a alcanzar a sacarlas todas en el plazo acordado (1ro de junio) porque hay sitios en los que ni siquiera han llegado los contenedores. Hay demoras en la sacada, pero no en que dejemos las armas”.  

En todo caso, las zonas que se elijan para seguir como centros de reincorporación una vez dejen las armas ya no tendrían anillos de seguridad de Ejército y Policía alrededor. Se volverían los lugares en los que los guerrilleros serán censados, en los que empezarían a definir los proyectos productivos y en los que terminarían de entregarles sus cédulas, solo por poner algunos ejemplos.

Lo que falta por definir es cuáles zonas siguen como centros de reincorporación y cuáles no. Eso es justamente lo que está en proceso de negociación entre Gobierno y Farc y que se definirá en el marco de la Comisión de Seguimiento y Verificación de los Acuerdos (Csivi), integrado por tres jefes guerrilleros y por el consejero del Posconflicto Rafael Pardo, el Alto Comisionado Sergio Jaramillo y el ministro del Interior Juan Fernando Cristo.

Para comenzar a hacer el filtro, el Gobierno está esperando que las Farc les entreguen tres listados.

El primero es el de los guerrilleros que se van a postular para ser escoltas de los miembros del partido que creen las Farc (la Unidad Nacional de Protección no ha recibido esa información); otro es cuántos quieren entrar a la organización de desminado de las Farc ‘Humanicemos’ (apenas hay 10 guerrilleros capacitados) y cuantos entrarían a Ecomun, la cooperativa de la guerrilla, porque aunque la gran mayoría quieren seguir en la organización, otros, como vimos en Planadas, quieren su plata (8 millones de pesos para un proyecto y 2 millones para lo que quieran) y salirse de las Farc.

Con esos tres listados, el Gobierno espera evaluar teniendo en cuenta el número de guerrilleros por zona, cuales se quedarían con muy poquita gente y en esas, reubicar a los guerrilleros a otra zona más cercana.

El otro criterio para reubicarlos es devolverlos a sus sitios de origen.  

Por ejemplo, los guerrilleros que están en Icononzo vienen casi todos de los Llanos Orientales y algunos de los de Planadas son del Cauca.  

Pero esa reubicación va tener sus dificultades.

Las líneas grises

Hay dos temas que no se han resuelto y que, como la reubicación, siguen en discusión.

El primero es hasta cuándo, pasados los 180 días que dura el desarme, el Gobierno seguirá manteniendo a los guerrilleros. Porque aunque hoy les pagan todo, desde unas mudas de ropa y la comida hasta la salud, la idea es que como cada uno va a recibir su plata, así se queden a vivir en las zonas, puedan mantenerse solos.  

Lo otro que es un problema que se ve venir desde ya tiene que ver con el arrendamiento de los lotes donde están los campamentos, porque pasados los seis meses en los que el Gobierno negoció el arrendamiento de las hectáreas, los propietarios, como contamos en Planadas, van a querer reclamar su terreno y el Gobierno va tener que negociar con todos ellos.

Para las zonas que se queden vacías la idea es negociar con las alcaldías municipales para que aprovechen esa infraestructura y las vuelvan barrios de vivienda de interés social. Eso igual obligaría a las alcaldías, si el Gobierno les cede el contrato de arrendamiento, a renegociar con los propietarios de los campamentos. 

El impacto político

Este acuerdo de que las zonas fueran permanentes no fue algo que el gobierno tuviera previsto desde el principio, sino que fue evolucionando a medida que se dieron cuenta de las dificultades de montar estos sitios en estas zonas alejadas y que sería imposible cumplir con todas las tareas previstas para la reincorporación en el plazo inicial de 180 días.

Esto, obviamente, le dará munición a los que promovieron el No en el plebiscito porque reforzará el mito de las “repúblicas independientes” y la idea de que el gobierno engañó a los colombianos pues no contó desde un inicio que las zonas serían permanentes.

A la vez, estos barrios más permanentes ayudarán a que la guerrilla se reincorpore colectivamente y en esa medida, a que los jefes puedan seguir manteniendo al grupo unido y sea menor la tentación de irse a los grupos disidentes o a las bandas criminales.  

También reduciría el otro temor que tienen tantos colombianos urbanos de que los ex guerrilleros terminen en las ciudades de pandilleros, de vagos o extorsionando.

Por último, esto facilitaría que paguen las penas alternativas pues se sabrá dónde están, y estarían más cerca de las víctimas que tienen que reparar ya sea ayudando a desminar o a construir carreteras o haciendo eventos simbólicos para tratar de reestablecer las relaciones que rompieron.

En todo caso, como todo en esta fase de transición, lo de las zonas transitorias que ahora serán permanentes será otro frente de debate político.

A raíz de la movilización social que existe en Venezuela en contra del presidente de Nicolás Maduro por culpa de una crisis económica, la violación a derechos como el de protesta, libertad de prensa y oposición, entre otras, en Colombia se ha fortalecido el fantasma del  "Castrochavismo" promovido por los opositores a Santos.

Para analizar estos temas invitamos a "La Pepa" a Catalina Loboguerrero, periodista corresponsal en Venezuela y a Mauricio Jaramillo, Politólogo y profesor de la Universidad del Rosario.

Desde la semana pasada está creciendo entre los congresistas el rumor de que los conservadores le pidieron al Gobierno el control de la Superintendencia de Notariado y Registro, que tiene el partido de Germán Vargas Lleras, Cambio Radical. Pero que no tiene titular desde que Jorge Enrique Vélez renunció para presidir la colectividad del exvicepresidente.

De hecho, están citados desayunos de las bancadas de Cambio Radical, la de la Cámara mañana y el Senado la próxima semana, para definir qué línea van a seguir para oponerse a eso. De hecho, algunos congresistas incluso han hablado de decirle al Gobierno que si acceden a la solicitud de los “azules” se saldrían del Gobierno.

El rumor entre Cambio es que los azules le han pedido al conservador ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, que patrocine su solicitud en conversaciones con el gobierno por esa posición para el partido.

Como botín burocrático, la Superintendencia tiene el manejo de las oficinas de registro en todo el país, que no solo son cargos sino que son las que definen quién es el dueño de los predios,. Y ahora es más interesante con la llegada de dos nuevas tareas: el control de las Curadurías Urbanas y el catastro multipropósito acordado en La Habana y que es necesario para que el Estado conozca bien el campo y pueda cobrar más impuestos a la propiedad rural e invertir en las zonas más necesitadas.

Sin embargo, dentro de los conservadores la versión es diferente. Dos congresistas azules Le dijeron a La Silla que el rumor no es cierto.

Su versión es que el chisme nació de una reunión entre los voceros azules en Congreso, el senador Juan Diego Gómez y el representante Orlando Guerra, con el nuevo secretario General de la Presidencia, Alfonso Prada, el lunes de la semana pasada.

Pero dicen que fue solo una mención de paso porque Prada les dijo que estaban buscando candidatos, pero a los conservadores el puesto les parece de poca monta. “(Ese puesto) es una chimbada”, nos dijo uno de los conservadores.

Por ahora, la Superintendencia sigue bajo el encargo de Jairo Mesa, que trabajó con Vélez - aunque en las últimas semanas fueron nombrados dos nuevos funcionarios de origen conservador que se están acercando al partido vargasllerista.

Leticia aún no cumplía veinte años cuando tuvo que huir de casa. Al final de los años 40, Coyaima, Tolima, su pueblo de nacimiento, el único reino conocido por la joven mitad pijao de cabello negro y piel tan blanca como las nubes, era un hervidero de terror. La región estaba llena de campesinos liberales heridos por la represión rural que azotaba sus tierras y de legiones de policías, a quienes el gobierno del conservador Marino Ospina Pérez había ordenado el exterminio total de esos insurgentes. La Violencia, le llamaron a esos años.

El inició de aquel fenómeno sacó a la chica de su casa y los recuerdos fueron tan sangrientos y dolorosos que poco volvió a hablar de esos días y de esa vida. Atrás quedaron su ranchería, sus padres, sus tierras, los cultivos que ella alguna vez cuidó, los animales de corral a los que no sabía nombrar y las cercas de madera que marcaban los límites entre lo suyo y lo del vecino. Muchos años después me contaría, entre risas y cosquillas, que esas largas estacas habían sido motivos de accidentes infantiles, golpes en la cabeza y heridas que debían cuidarse entre ella y sus cinco hermanos.

Según un informe de la Secretaria de Agricultura de Tolima de 1959 que, de acuerdo con el Centro de Memoria Histórica de Colombia, fue el primero en cuantificar las víctimas de la época de La Violencia, se estimó que hubo 16.219 muertos entre 1949 y 1957, “sin incluir los muertos habidos con fuerzas regulares del Ejército, ni en masacres colectivas, que generalmente eran abandonados a los animales, o arrojados a los ríos y precipicios, y tampoco las bajas sufridas por las Fuerzas Armadas”. Además de esto, hubo 321.621 desplazados -42,8% de la población total del Tolima- durante esos años. No puedo dejar de pensar que una de ellos fue Leticia, con sus ojos rasgados y sus cejas gruesas de oscuro perfecto.

Si miro en Google Maps la distancia que tuvo que viajar desde Coyaima hasta Bogotá fue de 216, 8 kilómetros. Hoy podríamos recorrer esa ruta en cuatro horas, pero en esos años la diminuta Leticia, que no pasaba del metro y medio de estatura, los debió hacer en carreta con lo poco o nada que su madre Eulalia le dio para llegar a casa de su tía en la capital.

En horas que pudieron ser días vio con esos ojos pequeños que tenía el cambio de paisaje cinematográfico que va del verde húmedo, selvático y fértil que es la tierra tolimense, al paso por el sur de Cundinamarca y luego al ascenso de la montaña, donde poco a poco fue conociendo el cielo gris eterno, el hermetismo emocional de Bogotá y sobre todo, el frío.

Lo que pasó en los años siguientes es borroso porque ella cambió la versión muchas veces, pero se sabe que llegó a Bogotá, asistió a su tía en casa con las labores hogareñas y después conoció a un joven marinero de origen boyacense y apellido vasco que se la llevó a vivir a Barranquilla. Allá tuvo a su primer y único hijo.

A mediado de los 50 se mudó sola a Cartagena y ahí conoció a Luis, un cubano de origen libanés al que le gustaba escuchar a Buck Canel narrar partidos de las Grandes Ligas, y que vendía telas en la calle de Las Carretas del Centro Histórico. El hombre estaba en la puerta de su tienda uno de esos días de lluvia caribeña y vio pasar a la muchacha de belleza peculiar y astuta – cualidades que conservó hasta el día de su muerte- y le tiró un tapete para que no se mojara los pies.

Luis se casó con Leticia muy enamorado, adoptó a su hijo –a pesar del escándalo que eso representó para su pudiente familia, que por varios años optó por pretender que ellos no existían-, se mudó a Olaya Herrera (que ya en esa época era un barrio difícil, de estrato medio-bajo y receptor de los recién llegados de la transición de los 50 y los pobres raizales de siempre) y crió al niño como si fuera suyo. Con el amor que eso requiere. Con la devoción y la seriedad que eso amerita.

El chico, llamado Fredi, fue indisciplinado, melancólico y desarraigado. No supo de dónde venía y se clavó de cabeza en los libros y la música para encontrar un presente y un futuro al que aferrarse. Pasó por siete colegios, porque a pesar de las excelentes notas, era de una indisciplina que lo hicieron merecedor de cientos de coscorrones de Leticia.

La desobediencia contrarrestó con el afán del muchacho por enseñar a leer y escribir a su mamá quien, después de aquella educación recibida por el chico, descubrió la Biblia y abrió una tienda que se volvió famosa en el barrio donde vivieron desde los 70: Lo Amador. Un asentamiento popular ubicado en la bajada del cerro de la Popa, donde vivían mayormente obreros que trabajaban en barrios como el Centro, Bocagrande, Manga y el Pie de la Popa.

Fredi, el hijo de Leti y Lucho, fue primero fotógrafo en la playa y luego se volvió líder sindical, cuando fue obrero en la zona industrial cartagenera: Mamonal. Después estudió economía, hizo una maestría en estudios políticos y económicos, y ahora termina un doctorado en ciencias sociales. Durante más de treinta años ha dedicado sus días a hacer investigación sobre el Caribe y a ser docente universitario en varias entidades educativas de la ciudad. Ese hombre es mi padre, el Profe Goyeneche. Y yo me pregunto cada día qué sería de él –de mí y mis tres hermanos- si mi abuela no hubiera vivido la guerra, el exilio y las dificultades, hasta llegar aquí, donde le dio camino a nuestras vidas.

Según la ONU, Colombia fue en 2016 el país con el mayor número de desplazados –por encima de Siria y de Irak-. Víctimas de un conflicto armado que, a pesar de la firma del Acuerdo de Paz con las FARC, sigue siendo una realidad en muchas regiones del país. Cada uno de esos 6,9 millones de casos registrados es una vida y una oportunidad. La guerra, que es siempre sinónimo de muerte, también es una oportunidad para la vida de aquellos que logran huir. Cada uno de los que no somos muertos del conflicto armado, sino nacidos gracias o a pesar de él, nos debemos a la paz, a la educación y a hacer crecer a aquellos que nos rodean.

Mi papá, mi abuelo Lucho y sobre todo mi abuela Leticia me dejaron ese legado. Todos los colombianos hemos nacido en el marco de un Estado violento, por eso depende de nosotros hacernos cargo de la paz.

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Leticia González y Luis Ilelaty

Uno de los puntos controversiales del Acuerdo con las Farc son las circunscripciones especiales de paz, sobre cuya localización el Gobierno ha mantenido el tema bajo gran sigilo. La Silla finalmente conoció cuáles serán, dónde van a estar y qué características tienen.

Las circunscripciones especiales de paz son 16 zonas donde los habitantes podrán votar dos veces: por un representante a la Cámara en las elecciones ordinarias y por un segundo candidato de listas de organizaciones sociales, movimientos significativos de ciudadanos, resguardos indígenas o consejos comunitarios afro para las elecciones del 2018 y del 2022.

Desde que se acordó esta circunscripción transitoria ha sido una figura polémica porque si bien le dará representación en el Congreso a zonas que no la han tenido porque la guerra ha impedido que funcione allí una democracia normal, los promotores del No en el plebiscito alegaron que por la vía de organizaciones sociales bajo su influencia las Farc accederán a 16 curules adicionales a las 10 que tendrán por derecho propio en el Senado.

Aunque qué tan cierto sea eso solo se sabrá cuando se de la elección, ha habido mucha expectativa sobre dónde van a quedar esas zonas y hasta ahora solo ha habido especulaciones.

La Silla encontró la lista completa casi que por accidente. Pues en la página web del Ministerio del Interior sale del borrador de acto legislativo que publicó sin ningún comunicado oficial a fines de marzo para iniciar su consulta previa con las comunidades afro, por lo que hasta ahora ha pasado desapercibido en los medios.

Esa lista, que incluye 158 municipios de 19 de los 32 departamentos, ya está prácticamente definida, según el viceministro de participación Luis Ernesto Gómez. ”Ya se concluyeron las consultas previas”, explicó a La Silla. “Se protocolizan con el pueblo Rrom el jueves y ya se puede radicar”.

Sin embargo, Luis Fernando Arias, consejero mayor de la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic), dijo a La Silla Vacía que el proceso de consulta no ha terminado; y una fuente de Afrodes que está al tanto del proceso, nos dijo que el pasado fin de semana los afros rechazaron la propuesta de consulta exprés que les planteó el gobierno en Coveñas.

Si aún así el Gobierno sigue adelante, las circunscripciones escogidas serán así:

Están en zonas más rurales que el promedio. Además, en los 13 municipios con más de 50 mil votantes potenciales (Santa Marta, Ciénaga, Fundación, Valledupar, Buenaventura, Florencia, Tumaco, Turbo, Carmen de Bolívar, Caucasia, Santander de Quilichao, Tierralta, Montelíbano y Apartadó) solo formarán parte de las circunscripciones su zona rural.

En casi todas ganó el Sí en el plebiscito, pero en el 15 por ciento ganó el No.

Incluye a casi todas las zonas donde están concentradas las Farc (quedan por fuera, aunque cerca de alguna circunscripción, las de Icononzo, en el Tolima; Fonseca, en La Guajira; y Policarpa, en Nariño), pero en 13 de las 16 futuras circunscripciones no hay zonas.

En ocho de cada diez municipios, y en todas las circunscripciones, hay cultivos ilícitos en su jurisdicción.

En 15 de las 16 futuras circunscripciones hay resguardos indígenas y en 13 hay territorios afro.

Y son zonas fuertemente golpeadas por el conflicto.

Al final, así serán las 16 circunscripciones, que en gran medida reflejan las áreas donde las Farc tuvo influencia durante décadas, lo que en las próximas elecciones les puede jugar a su favor o en contra si los odian. En todo caso, contando toda la población de los 13 municipios grandes cuyas zonas rurales están en la circunscripción, tienen menos gente que Antioquia, con lo cual las zonas marginadas tendrán la voz y el voto que nunca habían tenido.

Acá puede revisar toda la base de datos que construimos

La reforma política que propuso la Misión Electoral Especial (MEE), el organismo que ordenó conformar el Acuerdo de paz para dar sugerencias sobre cómo aterrizar el punto sobre participación política, no será la definitiva. Y tampoco la que le gustaría al Gobierno. En 15 días habrá una propuesta definitiva para pasarla por el fast track.  

En reuniones formales e informales en los últimos días, el Gobierno ha estado revisando estas sugerencias con los partidos por aparte (La U el lunes, los liberales al medio día de ayer, los partidos minoritarios hoy, Cambio Radical y los conservadores en reunión ampliada la próxima semana) y lo hará con las Farc mañana jueves. La idea es que haya un texto consensuado para mitad del mes.

De los cuatro cambios que propone la MEE -reformar la autoridad electoral, financiación estatal de las campañas, lista cerrada y ampliación de las circunscripciones del Congreso-, la que tiene el potencial de revolucionar la forma de hacer política es la lista cerrada porque al obligar a los votantes a votar por el partido y no por candidatos específicos forzaría a las colectividades a tener un programa ideológico más que caciques como es hoy.

Lo que va, pero ajustado

La Silla consultó con congresistas de todos los partidos sobre sus posturas frente a las propuestas de la MEE, para determinar si éstas pasarán o no al texto que llegará al Congreso.

En definitiva, la financiación estatal de las campañas contaría con amplias mayorías para ser aprobada, mientras que ya hay propuestas de modificaciones para la lista cerrada. Lo que tienen claro los consultados, la MEE y el Gobierno es que las medidas deben ser graduales y que todas entren en vigencia definitiva en cinco años.

Esta tarde, cuando la plenaria del Senado iba a votar el proyecto que permite a las Farc tener un partido político, la bancada de Cambio abandonó el recinto, con lo que no había quórum para aprobarlo.

Ocho de sus nueve congresistas (Carlos Motoa, Carlos Galán, Rosmery Bohórquez, Juan Carlos Restrepo, Daira Galvis, Antonio Guerra y Germán Varón) se refugiaron en la oficina de secretaría general del Senado. El noveno, Arturo Char, no está en la ciudad.

Según uno de los senadores la idea era presionar para evitar que la Superintendencia de Notariado pase al conservatismo, un chisme cuya fuerza reveló La Silla Vacía.

Así las cosas, un enlace del Ministerio de Vivienda (cartera al que en las plenarias le corresponde velar por el vargasllerismo), y el viceministro de interior Guillermo Rivera, fueron hasta la oficina para que salieran. Ante la negativa, tuvo que ir el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, a disolver la reunión.

Al final, con su encerrón de media hora, lograron mostrar que son una bancada necesaria para el Gobierno: al regresar a la plenaria el quórum llegó a 52 senadores (estaban los uribistas pero siempre se salen a la hora de votar), el minimo que se necesitan para votar. Y aunque la plenaria pasó a hacerlo, Cambio dejó la advertencia.