El miércoles a las 8:30 de la noche fue asesinado José Ever Yatacué Mestizo, un miliciano de las Farc que vivía en Toribío y que se había acogido al proceso de paz. Con este, ya van dos casos de homicidios a personas de la guerrilla y otros cinco a familiares de guerrilleros en menos de dos meses. Una prueba de que la seguridad de las Farc es un tema prioritario para el éxito de la implementación del Acuerdo.

Los casos

José Ever Yatacué era indígena, tenía 35 años y aunque era miliciano de las Farc, en Toribío también lo conocían porque trabajaba transportando personas en mototaxi.

La Silla confirmó con el Mecanismo de Monitoreo de la Onu, con la Alcaldía de Toribío y con prensa de las Farc que Yatacue, conocido en la guerrilla como alias "Jaider Villa" hizo parte de las listas de milicianos que la guerrilla entregó en la zona veredal de Monterredondo, en el municipio de Miranda, en Cauca, cumpliendo el compromiso que quedó escrito en el Acuerdo de Paz. De hecho, era el líder de esas milicias en el municipio.

Sin embargo, después de registrarse, regresó a su casa con su familia porque en los Acuerdos quedó pactado que los milicianos no entrarían en las zonas veredales.

Una de las razones, como le explicó a La Silla Vacía una fuente que conoció de primera mano ese proceso, es que no era posible construir toda la infraestructura que se necesitaría para alojarlos.

“La infraestructura fue lo que nos hizo pensar en no dejarlos a todos sino solo a los guerrilleros armados. Si no, nos hubiera tocado casi que duplicar o triplicar la infraestructura”, dijo la fuente.

Y es que aún sin los milicianos, todavía hay varias zonas veredales que están atrasadas a pesar de que en teoría, éstas se deberían acabar en un mes. Eso ocurre en Monterredondo que, según el último comunicado del Mecanismo de Monitoreo y Verificación hasta el 14 de abril estaba en un 5 por ciento de construcción y los guerrilleros están viviendo en carpas en zonas cercanas al lote donde se está construyendo.

Yatacué, en cambio, volvió a Toribío. Allí estaba hasta el miércoles en la noche, cuando recibió una llamada a su celular y salió, al parecer para encontrarse con alguien. En un sitio cercano al Hospital, lo asesinaron a tiros.

Toribío es el municipio que más veces se tomó las Farc antes de entrar en el proceso de negociación con el gobierno. Aunque inicialmente hubo un período de tranquilidad tras el cese al fuego, en los últimos meses, según supo La Silla Pacífico por una alta fuente del municipio, han aparecido disidentes de las Farc que están incrementando la violencia en una disputa con otros actores por el territorio que dejó la guerrilla.

A eso se suma que la zona rural del municipio, compuesta en sobre todo por tres resguardos indígenas, se llenó de cultivos de marihuana y “hay disputas por cooptar el negocio”, según la fuente.

El caso de Yatacué es el último de los asesinatos directamente relacionados con miembros de las Farc.

El primero fue el del guerrillero Luis Alberto Ortíz Cabezas, un indígena Awa conocido en las filas de las Farc como “Pepe” que fue asesinado en el corregimiento de Llorente, en Tumaco el pasado 16 de abril.

Ortíz había sido el primer guerrillero indultado en el marco de los acuerdos de paz de La Habana. Salió de la cárcel Villa Hermosa de Cali dos semanas antes de su asesinato y regresó a Tumaco para presentarse en la zona veredal de La Playa, como contó Verdad Abierta.   

Aunque en teoría los guerrilleros indultados tienen que estar en las zonas veredales, Ortíz fue asesinado afuera de una discoteca en la vereda Guayacana de ese corregimiento. Según explicó Romaña, que lidera la zona veredal de Tumaco, estaba por fuera porque la guerrilla le dio permiso para ir a visitar a sus papás, a su esposa y a sus hijos pero tenía pensado volver.

La guerrilla denunció que su asesino era un “narco paramilitar” conocido como alias “Renol”, que fue capturado ayer tras una investigación de la Fiscalía.

‘Renol’ está siendo investigado además como el posible asesino del patrullero de la Policía Bayron Fernando Recalde Morcillo, que murió tras recibir un disparo durante los enfrentamientos con los cocaleros a principios del mes.

Ante esta situación, hoy, el Fiscal Néstor Humberto Martínez dijo que la Fiscalía le ha dicho al Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, que “es conveniente que los jefes de las milicias también se incorporen a las zonas veredales para dar garantías de seguridad y jurídica frente a los proceso que tienen que responder”.

Los familiares

Además, en estos últimos dos meses también se han presentado dos casos de homicidios a familiares de guerrilleros que hacen parte del proceso de paz.

El primero ocurrió también el pasado 16 de abril cuando los hermanos Dalmiro Cárdenas Vitoria y Anselmo Cárdenas Vitoria fueron secuestrados, torturados y degollados, según las Farc, por grupos paramilitares que operan en el municipio de Litoral de San Juan al sur del Chocó. Ellos son hermanos del guerrillero Robinson Vitoria, recluido en el patio siete de la cárcel de Chiquinquirá.

Como contó El Espectador ayer, Vitoria dijo que a sus hermanos “les tendieron una trampa”. “Un amigo de uno de mis hermanos sabía que yo era guerrillero, entonces les puso una cita para realizar un supuesto trabajo. Cuando ellos llegaron los cogieron y los torturaron para que dieran información sobre asuntos de las Farc. A uno de ellos lo degollaron”, contó el guerrillero que hoy está esperando salir libre en el marco de la ley de amnistía. No dijo qué asuntos.

“El amigo que los entregó dijo que habían sido los paramilitares, que ahora se hacen llamar Clan del Golfo. Ellos lo habían mandado a hacer la vuelta y como él está trabajando con ellos pues se prestó para asesinar a mis hermanos”, agregó.

El otro caso, coincidencialmente, también ocurrió ayer en Tarazá, Antioquia. Según información que conoció La Silla con una fuente del sector humanitario y que confirmó con el Mecanismo de Monitoreo de la región, fueron asesinados tres familiares de un guerrillero indultado de las Farc que está en la zona veredal de Remedios.

Según la información que conoció La Silla, “intentaron matar el resto de familia incluida la mamá pero no pudieron tumbar la puerta a la una de la madrugada. Este hombre está desesperado ante esta situación y plantea irse a recoger la familia. Entre los asesinados hay una niña de 14 años”.

Esta situación fue denunciada por Carlos Antonio Lozada, miembro del Estado Mayor de las Farc que dijo en Caracol Radio que había "una cierta sistematicidad en los crímenes a parientes de nuestros hombres. Entonces sí hay un asedio paramilitar que está afectando el proceso, no propiamente haciendo propuestas, sino atacando a familiares de las Farc”.

Lo que revela

En últimas, estos hechos muestran la necesidad de que la Jurisdicción Especial de Paz comience a funcionar y lo haga bien para que todas las cuentas pendientes de la sociedad con los guerrilleros se puedan tramitar por las vías no violentas.

También muestra la urgencia de que el Vicepresidente Óscar Naranjo, que hoy anunció que recibirá funciones para articular la implementación de los acuerdos y trabajar por mantener la seguridad en los territorios, entre otras, le ponga la lupa a que se comiencen a implementar las medidas de seguridad que quedaron pactadas en los acuerdos.

El Gobierno se comprometió a combatir a los sucesores del paramilitarismo, por un lado, creando una Comisión de Garantías de Seguridad encabezada por el Presidente. Tras la renegociación de los acuerdos, las Farc quedaron fuera de la comisión y se redujeron sus funciones.

Y por otro, se pactó crear una Unidad Especial de investigación en la Fiscalía para desmantelarlas con una unidad especial de policía judicial propia, y un cuerpo élite de la Policía apoyando la lucha contra esas organizaciones, además de fortalecer la supervisión de la seguridad privada para evitar nuevas Convivir.

Además, el Gobierno se comprometió a crear un grupo mixto de escoltas para los desmovilizados, que funcionará dentro de la Unidad Nacional de Protección con policías y personas de confianza de los jefes de las Farc. Estos miembros deben estar capacitados y cumplir unos requisitos que va a determinar la UNP.

La UNP ya está haciendo pruebas psicológicas que son el último paso para aprobar las primeras hojas de vida de los escoltas para la guerrilla. Como contó La Silla, a principio de abril, las Farc habían postulado 137 personas y ninguna era de la guerrilla.

El lío es que ese proceso se siga demorando mientras las amenazas contra las Farc y sus familiares se mantienen en los territorios.

El escándalo de corrupción que explotó en España hace unos días a raíz de la captura de 12 ejecutivos y políticos relacionados con la empresa pública madrileña de agua ‘Canal de Isabel II’ tiene entre sus mencionados mediáticos en ese país al alcalde de Barranquilla Álex Char, aunque en Colombia ese dato ha sido omitido por parte de la gran prensa o reseñado sólo para decir que el mandatario sacó un comunicado negando los señalamientos.

El caso, además, podría arrojar luces sobre el polémico episodio de ‘chuzadas’ que sacudió a La Arenosa en 2010 y sobre el que aún existen muchas dudas.

El caso

Los capturados, entre quienes se encuentran Ignacio González (expresidente de la Comunidad de Madrid y de Canal de Isabel II) y varios de sus hombres de confianza, están acusados de hacer parte de una red corrupta que desvió millonarios recursos estatales hacia paraísos fiscales, tras pagar altos costos por entrar a sociedades en países como Colombia.

Precisamente es por ello que el escándalo ibérico tiene un capítulo colombiano: Canal de Isabel II tiene como filial a Inassa, accionista mayoritaria de la Triple A, que es la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Barranquilla.

(Inassa también maneja el acueducto de Riohacha y, hasta hace poco, tuvo el control de la empresa Metroagua de Santa Marta en sociedad con el empresario William Vélez).

Según aseguró hace unos días el medio español El Confidencial, en el destape del caso tuvo que ver un video de cuatro minutos revelado en 2009 por la Cadena Ser, en el que se ve a Ignacio González y tres de sus colaboradores caminando en un viaje a Cartagena con unas bolsas sospechosas en las que algunos creen que llevaban plata en efectivo.

En esa estadía en Colombia (en 2008), González y otros directivos del Canal -entre ellos el expresidente de Inassa Edmundo Rodríguez Sobrino, también detenido- se reunieron en Bogotá con el entonces presidente Álvaro Uribe.

De acuerdo al relato de El Confidencial, lo hicieron para pedirle ayuda con Álex Char (que en ese momento como ahora era el alcalde de los barranquilleros), pues ese mandatario estaba estudiando la posibilidad de que el Canal perdiera peso accionario en la Triple A para que en su reemplazo entraran “otros importantes empresarios del país, los hermanos Nule, hermanos de la mujer de Char, Katia Nule, exreina del Carnaval de Barranquilla”, dice el medio.

Perder espacio en la Triple A -en donde, en una movida criticada, el Distrito de Barranquilla pasó de tener el 85 por ciento a menos del 15 por ciento- era un lujo que los españoles no se podían dar, pues esa empresa era considerada nada menos que la joya de la corona de Inassa, según el diario español.

Lo escandaloso del informe es que según un extrabajador de Inassa, cuyo nombre no es revelado por El Confidencial, esos ejecutivos habrían pagado para hacer esa vuelta: “La información que manejábamos en Inassa es que hubo que pagar para convencer a Char. En Colombia se hacían así las cosas”, es la frase textual atribuida a esa fuente anónima.

Uno de los protagonistas de ese viaje, el exgerente del Canal de Isabel II entre 2004 y 2009 Ildefonso de Miguel, también imputado dentro del mismo caso, había declarado el año pasado en la Asamblea de Madrid que esa venida a Colombia y lo de las bolsas “es una historia ridícula”.

Sobre el supuesto encuentro con Char dijo: “Nosotros fuimos a ese viaje según marcaba la agenda, para tener una reunión con el presidente de la República de Colombia, y en ese viaje también estaba previsto el contacto con el alcalde de Barranquilla; era un viaje, por tanto, institucional".

Hasta el momento, en lo que concierne puntualmente a Álex Char, el detalle de la información de este medio español ha sido publicada en Colombia por algunos medios de manera conveniente a Char.

El Heraldo (el principal periódico de Barranquilla, en cuya junta directiva está el gerente de desarrollo de la ciudad, considerado el ‘vicealcalde’, Jaime Pumarejo) se ha referido al artículo del diario español pero para destacar el comunicado del Alcalde que en las últimas horas negó haberse reunido o conocer a Ildefonso de Miguel.

Por su parte, este lunes la revista Semana publicó un artículo sobre el caso de corrupción en España (bautizado por las autoridades como “Blas de Lezo”) en el que citó el informe de El Confidencial, pero sin mencionar el nombre de Char.

Sobre lo publicado en España, el Alcalde Char dijo en un corto comunicado que las afirmaciones de Ildefonso de Miguel sobre la supuesta reunión sostenida con él en 2008 son completamente falsas, que ese encuentro nunca se realizó y que no conoce a ese empresario.

La grabación que revive

Las pesquisas de las autoridades españolas sobre las actuaciones de los ejecutivos de ese país involucrados en el proceso “Blas de Lezo” podrían también resolver las dudas que se han empezado a abrir en Colombia sobre los manejos de la Triple A y la participación accionaria que alcanzaron los españoles.

Mucho más teniendo en cuenta que ayer el fiscal Néstor Humberto Martínez anunció que trabajará con su homóloga de España para establecer lo sucedido. En una rueda de prensa, el Fiscal detalló que abrió dos pesquisas y que a mediados de mayo viajará a España.  

Un elemento que podría ganar interés para los investigadores es el polémico capítulo de las chuzadas clandestinas que se hicieron hace ocho años a empresarios, políticos y funcionarios barranquilleros, y cuya revelación en 2010 causó un tsunami en la ciudad.

Una de las conversaciones que en ese momento reseñamos en La Silla Vacía tiene que ver justamente con la posibilidad de venta de la Triple A.

Se trata de una charla informal entre el entonces asesor privado y mano derecha del alcalde Char, David Maestre, y Tomás Jaramillo, esposo de una prima de Maestre y en ese momento uno de los principales accionistas de Interbolsa (hoy, Jaramillo está condenado por manipulación fraudulenta, estafa agravada y concierto para delinquir dentro del caso del descalabro de esa firma comisionista).

En la conversación, Maestre le pregunta a Jaramillo si tendría interés en la Triple A porque la iban a vender.

“Los dueños mayoritarios son los españoles esos del Canal Isabel Segunda y parece que hay unos intereses porque yo tengo una gente que está muy interesada”, le dice el entonces asesor a Tomás Jaramillo.

Dado que en 2013, cuando ya habían estallado los escándalos del cartel de la contratación en Bogotá y de Interbolsa, la Fiscalía reveló que indagaba por firmas ligadas a los Nule que tenían nexos íntimos con Interbolsa, ese comentario podría ir en el mismo sentido de lo revelado por El Confidencial sobre el supuesto interés del Distrito en que en ese negocio entraran esos parientes políticos de Char que hoy están condenados por el millonario desfalco a las arcas de los bogotanos.

Como Maestre era el representante de Char en la junta directiva de la Triple A, en su momento la filtración de esta charla generó críticas al primero pues para algunos podría haberse tratado de uso de información privilegiada.

En aquel entonces, el asesor le dijo a La Silla Vacía que la conversación efectivamente existió pero que la grabación tenía cortes y por lo tanto estaba adulterada y manipulada.

También en ese momento, como lo registramos en 2010, fuentes confiables nos dijeron que en realidad los españoles no querían vender sino obtener una prórroga de la concesión. Quedarse, como ciertamente sucedió.

En el marco de este caso, desde el año pasado en la Asamblea de Madrid se vienen realizando debates en los que se han hecho públicos detalles de posibles irregularidades alrededor de las inversiones hechas por Canal de Isabel II en varios países de América Latina.

Por ello, justamente, algunos anticipan que este escándalo será el Odebrecht de España. Con su respectivo capítulo colombiano.

Con los nombramientos en propiedad de los directores en el Departamento para la prosperidad social (DPS), la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla) y el Sena, consideradas fortines políticos, burocráticos y con músculo financiero, el presidente Juan Manuel Santos demuestra que quiere mantener un equilibrio burocrático entre los partidos para no generar traumatismos mientras dura el fast track.

Esta mañana, el Presidente anunció con un trino que nombrará en propiedad a los encargados en las direcciones del DPS, Sena y Anla, dejando quietas las cuotas burocráticas que ya tenían esas entidades.

El anuncio llega luego de que, como hemos contado, en el último mes los partidos se han reunido con el Gobierno para hablar de puestos: La U tuvo dos, con Santos y con su secretario general, Alfonso Prada; los voceros conservadores tuvieron otra que generó molestias en el vargasllerismo y que hizo que ayer hicieran pataleta en plena votación de un proyecto del fast track.

Mantener las cuotas tiene dos finalidades, según dos altas fuentes del Gobierno: una, que los nuevos tienen experiencia en los temas internos de las entidades para seguir los proyectos lo que sirve para que el Gobierno muestre ejecución en su última etapa.

“Ponerse a experimentar con alguien de afuera que comienza de ceros hace que se pase el tiempo y que nunca coja el ritmo”, dijo una de las fuentes.

“Hay una muestra de continuidad en las políticas”, nos dijo la otra.

Lo segundo es que el Gobierno se muestra seguro con sus mayorías en el Congreso (pese a que a veces los proyectos pasan con lo justo) para reglamentar el Acuerdo.

Los nuevos

En el DPS, el presidente Santos nombró en propiedad a Nemesio Roys, quien venía desempeñándose como subdirector. Roys fue candidato por el partido de La U y los conservadores a la Alcaldía de Riohacha en 2015.

Roys tiene un MBA en Oxford. Antes de llegar al DPS en febrero de 2016 había trabajado en el sector privado durante seis años y previamente en la Presidencia de la República. Su madre es la dos veces alcaldesa de Riohacha Carmen Garzón.

Dentro de La U es visto como cercano a Alfredo Deluque (y de hecho como contamos, el congresista entregó su hoja de vida). La colectividad, en especial su bancada en el Caribe, también apoyó a Tatyana Orozco, la ex directora de la entidad, que renunció para trabajar en el sector privado.    

Así, La U mantiene un fortín burocrático que no solo está en el Caribe, sino en otras regiones del país, a través del DPS, como Cundinamarca, Antioquia y Bogotá, donde los padrinos políticos de los directores son congresistas de ese partido.

Algo diferente ocurre en el Sena. En esa entidad, Santos decidió dejar a una técnica, con pasado político, pero que hoy es vista como una funcionaria sin nexos con congresistas.

Se trata de María Andrea Nieto, quien lleva dos años y seis meses trabajando en la entidad. Es economista con especialización en gerencia de proyectos territoriales.

Nieto, que fue edil de Bogotá, era una de las apuestas de La U para el Senado en 2014, de buscar figuras sin trayectoria partidista, una idea del entonces director del partido, Sergio Díazgranados, y mojó prensa durante esa campaña por ponerle brasiere a la estatua La Rebeca en Bogotá.

Luego de quemarse en esa elección (sacó 1500 votos) Prada la llamó para trabajar en el Sena en la agencia del servicio público de la entidad y modernizar los fondos del capital semilla, que da plata a proyectos de emprendedores.

Tanto dentro como fuera del Sena no es vista como miembro de algún partido.

“Es exactamente la misma línea de Prada. No hay ningún cambio, es como si él no se hubiera ido”, nos dijo una persona que trabaja en la entidad.

Esta línea la ha seguido Santos con anteriores directores como Gina Parody (quien luego fue su ministra de Educación) y el mismo Prada, quien si bien fue gerente de la campaña de 2014 para Bogotá, y anteriormente congresista del partido Verde, no tiene filiación política.

Y eso mismo se muestra en la escogencia de los directores regionales. Como contamos en nuestro especial de cuotas políticas, en 8 de los 13 departamentos revisados, el director regional del Sena tiene un padrino político de partidos de la coalición como La U, los liberales, Cambio Radical y el conservatismo.

En la Agencia Nacional Ambiental (Anla) la decisión fue la más técnica de todas. Claudia Victoria González es una bióloga marina especialista en manejo integrado del medio ambiente que lleva desde 2001 trabajando en este sector: primero como asesora en el Ministerio de Ambiente hasta 2009, luego en Ecopetrol y desde 2014 como subdirectora de la Anla.

Aunque la entidad encargada de conceder las licencias ambientales depende del Ministerio de Ambiente, en cabeza hoy del vargasllerista Luis Murillo, a González no se le conoce filiación política alguna,

Previamente, para dirigir la entidad el senador de Cambio, Carlos Motoa, había presentado una hoja de vida, y según dos fuentes (un congresista y un funcionario del Gobierno), Murillo también postuló personas, pero Santos se decantó por la directora encargada.

De esta manera, Santos pone fin a la expectativa que tenían tantos políticos por la recomposición burocrática.

Por Andrés Zambrano y Nicolás Rodríguez Sanabria

La precaución se ha vuelto parte de nuestra rutina: nos revisamos constantemente los bolsillos, volteamos a mirar quién camina detrás de nosotros, llevamos los morrales sobre el pecho y no la espalda. Para nadie es un secreto que, pese a los esfuerzos de las autoridades, los altos índices de criminalidad son un flagelo del que las ciudades colombianas no se han podido librar. De hecho a finales del año pasado la Fiscalía publicó un desalentador informe que, entre otras cosas, anunciaba un alza del 4% en el número de noticias criminales entre el 2015 y el 2016.

El problema no parece ser cuestión de presupuesto. La seguridad suele estar entre las prioridades de las ciudades y el monto destinado a ésta tiende a aumentar cada año; tan solo en Bogotá —el principal foco de criminalidad del país— esta inversión aumentó $138 mil millones en el último lustro. Y aunque se han dado buenos resultados como el control de las cifras de homicidios, las tasas de criminalidad siguen tendiendo al alza.

Figura 1: Tendencia de la tasa de homicidio y hurto común por 100.000 habitantes en Colombia, 2006-2016

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Fuente: Tomado del reporte del ministro de Defensa en Enero de 2017.

La peor faceta de esta problemática es el hurto en las calles. Pareciera que los ladrones inventan a diario nuevos e ingeniosos métodos para conseguir lo que desean: disfrazarse de funcionarios, bloquear el seguro automático de los carros y fingir ser buenos ciudadanos están entre los más recientes. El crimen ha ido evolucionando de la fuerza bruta a la astucia y es necesario que las autoridades hagan lo mismo. La Secretaría de Seguridad de Bogotá ha dado los primeros pasos con intervenciones experimentales como los “hotspots” y la “intervención situacional”, pero todavía queda un puñado de alternativas que han probado ser efectivas en diferentes partes del mundo.

Muchas de estas estrategias consisten en maniobras tan imperceptibles que a simple vista parecen inútiles. Por ejemplo, en Nara, Japón, disminuyeron el crimen en un 9% con tan solo usar luz de color azul en las aceras y en el metro de Londres lograron reducir los asaltos en un 25% al poner música clásica en las estaciones. ¿Qué explica el éxito de estas estrategias? En palabras del psicólogo John B. Watson, fundador del conductismo, se debe a que “el hombre, como los animales, se ajusta a su medio por medio del hábito. Ciertos estímulos llevan a ciertas respuestas: dados los estímulos, la respuesta se puede predecir". Es decir, es posible influenciar a los criminales por medio ciertos estímulos para que desistan de su propósito.

Ahora, es necesario aclarar que los resultados de este tipo de estrategias no tienen un sustento robusto en la mayoría de los casos, muchos no han sido estudiados rigurosamente y los datos no cuentan con un respaldo sólido. Una excepción notable son los dosexperimentos de “ojos” que ha llevado a cabo la Universidad de Newcastle. El primero consistió en alternar cada semana el póster de una cafetería de autoservicio —donde los estudiantes debían pagar lo que consumían en una “caja de la honestidad” que nadie vigilaba— entre una imagen de flores y una de ojos, como se muestra en la figura 2. En el segundo el póster de ojos se utilizó en los parqueaderos de bicicletas, donde las tasas de robo estaban aumentando.

Ambos experimentos probaron que la imagen de los ojos vigilantes alternaba drásticamente el comportamiento de los estudiantes. En el primer caso se encontró que los estudiantes depositaban 2.76 veces más dinero en las semanas de ojos que en las semanas de flores y en el segundo se observó que los robos decayeron en un 62%. Este último caso es de particular importancia, ya que se descubrió que el crimen no había sido erradicado, solo se había movilizado: en los parqueaderos sin póster el robo de bicicletas creció un 65%.

Figura 2: Resultados del experimento de la Universidad de Newcastle

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Fuente: Bateson, Nettle & Roberts, 2006.

Bogotá cuenta con su propio ejemplo: el exalcalde de Bogotá, Antanas Mockus, se propuso promover la cultura cívica y logró disminuir los robos contra la propiedad privada en un 50% usando políticas poco ortodoxas. Algunas de estas políticas consistieron en contratar mimos o implementar el uso de “tarjetas civiles”: unas fichas que mostraban, por un lado, la imagen de un pulgar arriba, y por el otro, un pulgar abajo, para representar la aprobación o desaprobación de las acciones de los ciudadanos. Otra de las intervenciones del exalcalde fue diseñar policías de cartón detrás del cual podía esconderse un policía real y ubicarlos en puntos estratégicos.

Los resultados obtenidos demuestran que este tipo de estrategias no ortodoxas pueden contribuir potencialmente a desestimular el crimen. Es por esto que en un estudio recién publicado decidimos analizar teóricamente las consecuencias de intervenciones como la descrita anteriormente de utilizar policías de cartón y así entender el alcance que pueden tener como una estrategia complementaria al aumento de pie de fuerza. Para nuestro análisis asociamos este tipo de intervenciones a señales que proveen información ambigua de la existencia de un policía y por ende de una captura si el crimen se comete.

En esencia, este sería un juego entre la autoridad y potenciales ladrones. La autoridad mueve primero y debe tomar dos decisiones con respecto a una locación: si poner o no a un policía, y si instalar o no una señal. Los potenciales ladrones que se encuentran en esta locación observan si la autoridad instaló una señal, pero no observan si hay o no un policía tras esa señal. Con esta información deben decidir si se arriesgan a cometer un crimen o no.

Al analizar este juego, encontramos que hay cuatro escenarios posibles, cada uno con sus condiciones y restricciones:

1. La autoridad siempre instala la señal en todas partes, invariablemente.

2. La autoridad jamás instala la señal.

3. La autoridad jamás instalará la señal cuando no haya un policía para vigilar. Pero si ubica un policía allí, instalará la señal a veces.

4. La autoridad instalará la señal siempre que exista un policía. Si no hay un policía, a veces instalará la señal.

Al comparar los cuatro escenarios, se obtienen varios resultados interesantes. Por ejemplo: tanto el escenario 1 como el 4 no le conviene a la autoridad, ya que en el primero la señal pierde su utilidad (de tanto ver la señal en todos lados los criminales rápidamente terminarían por ignorarla) y en el último los ladrones terminarían por descubrir que jamás habrá alguien vigilando donde no haya una señal. 

Nos quedan dos. El segundo escenario representa el mejor caso posible: no hay necesidad de una señal porque la presencia aleatoria de la policía es suficiente para evitar el crimen. Sin embargo, por sus condiciones y restricciones, este escenario solo funcionaría en una sociedad muy desarrollada cívicamente, donde una señal de vigilancia llegue a significar una ofensa hacia el buen ciudadano y sea mejor evitarla. Un ejemplo de este caso es la sugerencia de la FIFA de evitar el uso de rejas y mallas en los estadios porque estos pueden incitar a la violencia, que sabemos muy bien que solo funciona en algunas sociedades.

Finalmente tenemos el escenario número 3, que sería muy efectivo en una sociedad con problemas de criminalidad pues los ladrones desistirían automáticamente ante la presencia de una señal y se confundirían al no ver una: no sabrían si por ahí ronda un policía o no. Esta incertidumbre es lo que haría de la señal una estrategia poderosa. Tal vez lo más interesante es que el escenario 3, en su punto óptimo, tiende a convertirse en el número 2. Esto significaría que en un primer momento, es necesario que la autoridad invierta más de lo necesario en instalar señales y disuadir criminales. Luego, a medida que el país se desarrolle y la delincuencia se reduzca por medio de avances sociales y cívicos, la señal sería cada vez menos recomendable hasta que llegue el punto en que sea mejor no usarla. En otras palabras, la señal ayudaría a moldear las creencias de los criminales potenciales hasta el punto de disuadirlos de cometer crímenes sin necesidad de ellas.

Es crucial llevar este tipo de experimentos a la realidad y estudiarlos a fondo. Es un hecho que la fuerza y la inversión en seguridad son necesarias, pero no bastan. Estas modalidades experimentales de vigilancia podrían darnos pistas sobre cómo usar más eficientemente los recursos que ya tenemos a la mano y tomar por fin la ventaja ante el crimen.

Hace dos meses la Corte Constitucional eligió a José Antonio Cepeda Amaris como encargado del despacho que dejó libre Luis Ernesto Vargas al concluir su período como magistrado. Como Cepeda es magistrado auxiliar de Luis Guillermo Guerrero, éste nombró un nuevo magistrado auxiliar. Y al hacerlo llevó a la Corte a uno de los ex funcionarios del anulado ex procurador Alejandro Ordóñez que más representan su pensamiento muy conservador en temas morales.

Eso es llamativo porque los intentos de personas cercanas a Ordóñez de llegar a la Corte han sido objeto de fuertes críticas, como cuando en 2012 la entonces procuradora delegada Ilva Myriam Hoyos buscó que el Consejo de Estado la ternara o ahora que la ex viceprocuradora Martha Isabel Castañeda es una de las favoritas en una de las dos ternas que debe hacer la Corte Suprema.

Aunque el ordoñista que llegó a la Corte no es un magistrado titular sino uno auxiliar, encargado de redactar proyectos de ponencias y de sentencias para su jefe, llega justo cuando Guerrero ocupa su presidencia y, según nueve fuentes de la Corte, tiene una voz fuerte en sus decisiones. Y, si Castañeda llega a resultar elegida, podría encontrarse con un magistrado auxiliar conocido.

Balcázar, el conservador

El nuevo magistrado auxiliar de Guerrero es Andrés Balcázar González, quien fue procurador auxiliar para asuntos constitucionales de Ordóñez, y en ese cargo acompañó la cruzada del anulado Procurador en temas morales que pasaban por la Corte.

Belalcázar es un abogado de la Universidad del Rosario, con maestría en filosofía allí mismo. Es profesor de la especialización en derecho médico - sanitario y lo ha sido de la maestría en derecho constitucional de La Sabana.

Una persona que lo conoce desde la universidad lo define como alguien "Sano, limpio y preparado. Pero es, para mi gusto, un tanto intransigente y confunde ser buena persona con ser católico ", dice. Y eso se nota en su trayectoria académica y pública.

En su trayectoria se ha preocupado notoriamente por temas morales, como lo muestra su tesis de la maestría de 2010, "La despenalización del aborto en una sociedad liberal: El caso colombiano“, en la que critica que la Corte haya despenalizado el aborto en tres casos extremos en una decisión de 2006.

Pero sus posiciones posteriores han sido mucho más fuertes, y lo muestran como una persona con posiciones similares, o incluso más radicales, a las de su anterior jefe.

Por ejemplo, en marzo de 2015 defendiendovidas.org publicó un artículo de Balcázar y el también abogado y profesor de La Sabana Gabriel Mora Restrepo (quien también trabajó en la Procuraduría de Ordóñez en asuntos constitucionales y se hizo famoso en 2015 cuando Blu Radio reveló una grabación de una de sus clases en las que decía “hay que ayudar a los homosexuales porque son enfermos”), llamado "El poder de los brujos: Las trampas de la corte constitucional colombiana en materia del aborto”.

En ese escrito Balcázar y Mora se van con toda contra la Corte a la que acusa de ser mentirosa y tramposa. De hecho, el tercer capítulo se llama “La Corte tergiversa los casos y oculta la evidencia” y el cuarto “La Corte persigue a sus opositores”.

La Corte persigue a sus opositores

 

Andrés Balcázar y Gabriel Mora

En la introducción dice que “el presente artículo se busca avanzar más en la descripción del fenómeno, ciertamente tramposo, que ha seguido esta temática del aborto en el derecho colombiano, bajo el decidido liderazgo de la Corte Constitucional” y que “el tribunal constitucional ha ido modificando, tergiversando y además falseando los casos que ha tenido ocasión de revisar con relación al aborto”.

Al final, Balcázar y Mora concluyen que “Mucho de fondo y forma se puede seguir escribiendo sobre los vicios argumentativos y éticos en que ha incurrido la Corte Constitucional colombiana en estos procesos de aborto” y que “ Los hechiceros de nuestro tiempo también se visten de toga”.

Alfil de Ordóñez

El argumento del secreto en los procesos de tutela refleja un choque entre Balcázar y la Corte en varios procesos, cuando el primero, actuando en nombre de la Procuraduría, pidió copias de expedientes.

Por ejemplo, lo hizo en una tutela de una adolescente con síndrome de down que pidió que le retiraran un implante anticonceptivo porque le causaba grandes molestias y en su lugar le ligaran las trompas (la Corte le negó las copias porque contenía partes de su historia clínica, que está protegida por el derecho a la intimidad, y falló a favor de la menor); o en el proceso que concluyó con una sentencia que obliga a los notarios a casar a personas del mismo sexo.

Pero también pidió copias de expedientes en otros temas de interés de Ordóñez, como una demanda del ex fiscal Eduardo Montealegre sobre el Acuerdo de las Farc.

E hizo intervenciones totalmente alineadas con las posturas de su entonces jefe, como cuando criticó la Ley Antidiscriminación en una audiencia pública en la Corte, porque "no se puede hablar de “protección de la igualdad o de las minorías” cuando por medio de dicha protección se afectan derechos de las demás personas como son las libertades de conciencia, expresión y religiosa, entre otras" y por eso le ley crea una "versión igualitaria y absolutista de la sociedad".

A pesar de que esa ley viene de la iniciativa del partido cristiano Mira, Balcázar la muestra como ejemplo de "cierta postura ideológica (que) ha pretendido enmascarar su agenda política con el argumento de la igualdad, la discriminación y la protección de las minorías cuando, en último término, lo que pretende es imponer la dictadura de una homogeneización forzada y “juridificada” de lo que se considera “políticamente correcto”.

E incluso salió a medios a defender esas posturas, como  cuando defendió en Blu Radio el concepto de Ordóñez en un proceso contra el artículo 90 del Código Civil, según el cual “la existencia legal de las personas es desde el momento de la concepción y no desde el nacimiento“, lo que tiene como consecuencia la prohibición total del aborto.

O cuando fue al Sí o No de RCN Televisión para explicar por qué no es inconstitucional que el Congreso decida que solo sea obligatoria la cátedra de educación sexual desde sexto grado.

Sus declaraciones públicas más fuertes las hizo en un foro en el Congreso al que asistió como representante de la Procuraduría en 2015, cuando dijo que Profamilia estaría exportando y comercializando a Estados Unidos los órganos de fetos abortados.

Todo esto lo hizo como parte del círculo cercano a Ordóñez, quien lo nombró como su asesor de despacho a mediados de 2011 y luego lo promovió a la procuraduría de asuntos constitucionales para reemplazar a Mora Restrepo .

En todo ese camino Balcázar fue particularmente cercano a Ilva Myriam Hoyos, la poderosa procuradora delegada para la Familia de Ordóñez.

Esa cercanía quedó en evidencia en 2013 cuando La Silla publicó una foto del chat del blackberry de Hoyos, en la que le decía a “Francisco el posudo” que estaba dedicada a hacer lobby para hundir el proyecto de matrimonio igualitario y éste le preguntaba si “estamos ganando”. Luego revelamos que “Francisco el Posudo” era Balcázar.

Guerrero explica que el que Balcázar haya llegado a su despacho no va a cambiar las decisiones que tome. “La línea del despacho, en temas como el que menciona y otros, la fijo yo sin que la designación de Andrés Balcázar permita anticipar alteración alguna”, le dijo a La Silla.

En todo caso, esa línea en asuntos morales ha sido conservadora. Por ejemplo, fue uno de los tres magistrados conservadores que no compartieron la sentencia que obliga a los notarios a casar a personas del mismo sexo y tmapoco apoyó la de la adopción igualitaria.

“Vinculé a Andrés, para un periodo que se asume breve, en razón de sus competencias jurídicas, analíticas y de expresión”, explicó el magistrado. “Es cierto que puede tener posiciones extremas, pero eso en mi apreciación de su competencia le resta y no le suma. Y para nada se manifestarán en mi apreciación de temas sensibles.”

(Balcázar) puede tener posiciones extremas, pero eso en mi apreciación de su competencia le resta y no le suma

 

Luis Guillermo Guerrero

Lo del período breve se debe a que Cepeda volvería a ser su magistrado auxiliar cuando la Corte Suprema arma una terna y el Senado elige de ella el reemplazo definitivo de Vargas. En ese momento Cepeda regresaría a su cargo y Balcázar saldría de él, por lo menos en principio.

Pero igual no es claro cuánto podría tardar esa decisión, pues para que ocurra se necesita primero que la Corte Suprema arma dos ternas, y lleva 6 meses sin poder hacerlo. Y una vez lo haga el Senado tiene que elegir de ellas, algo que para el caso de las ternas de Presidencia que ya están andando tomará más de un mes sin no hay inconvenientes, y que depende de qué tan apretada esté su agenda.

En todo caso, sea corto o largo, ese plazo es justamente el de la ventana de oportunidad que tiene Guerrero para seguir siendo una voz cantante en la sala plena.

El momento de Guerrero

Nueve fuentes de la Corte, entre magistrados, magistrados auxiliares y abogados que pertenecen a cinco despachos, concuerdan en que Guerrero hoy es líder en la Corte, aunque hay matices en hasta dónde y por qué.

Dos de ellas creen que su visibilidad se debe esencialmente a que es su presidente desde enero y a que la Corte está en plena transición.

“Creo que es fuerte por la coyuntura de ser presidente y porque los que se fueron frenaban el carro”, dice un magistrado auxiliar.

Se refiere a la salida este año de cuatro magistrados titulares, el conservador Gabriel Eduardo Mendoza y los tres liberales (Jorge Iván Palacio, Luis Ernesto Vargas y María Victoria Calle) que sumando el voto de Alberto Rojas estaban a un voto de tener una mayoría permanente en la Corte, mientras que Guerrero solía quedar en la minoría conservadora en muchos temas.

Es claro que su presidencia le da más visibilidad, como lo demuestra la entrevistaque le hizo Yamid Amat para El Tiempo este fin de semana.

Además, con la salida de esos cuatro magistrados y la llegada de José Antonio Lizarazo se ha reconfigurado el balance de fuerzas dentro de la Corte; según dos de sus magistrados, hoy no hay bloques tan claros sino unos equilibrios que cambian según el tema.

“Hoy no hay bloques predefinidos, no como antes” dice un magistrado. “Lo que ocurre en sala plena es más relevante para la decisión final”, explica otro.

Eso le da más incidencia a las voces más estructuradas y conocedoras, y la principal hoy es la de Guerrero, que es el mayor de los magistrados actuales, fue el primer magistrado auxiliar de la Corte Constitucional que llegó a ser titular (hoy también es el caso de Gloria Stella Ortiz) y  el que lleva más tiempo como magistrado titular.

De hecho, el magistrado es visto como uno de los más preparados en temas de derecho constitucional y un buen argumentador.

“Tiene una capacidad argumentativa importante, que se reconoce incluso cuando uno no está de acuerdo con él”, dice un magistrado titular. “En campo abierto, Guerrero es el más sólido de los Magistrados pero muy terco y muy godo a veces, lo que le resta poder de persuasión”, dice otro. “No tiene contrapeso (como voz fuerte) pero no siempre se impone”, resume un magistrado auxiliar.

En campo abierto, Guerrero es el más sólido de los Magistrados

 

Magistrado de la Corte

“Con el paso de los meses Linares (que no era constitucionalista) se ha amoldado a su papel de juez constitucional y ha empezado a vincular su agenda gobiernista a Guerrero, no por nada es el vicepresidente actual", explica un abogado de la Corte para mostrar cómo se ha armado una alianza intermitente en la que Guerrero tiene una liderazgo claro. “Y a ese grupo yo le sumaría a Lizarazo que es muy unido (almuerzan a menudo) con Linares”

“Lizarazo entró al eje Gue-Li (por Guerrero - Linares)” dice un magistrado, que explica que suelen votar juntos en la mayoría de asuntos, excepto en los de paz y en los morales, en los que Linares es liberal, como quedó claro en la votación de hace una semana sobre la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad del Acuerdo con las Farc, que para Linares era totalmente exequible y para Guerrero no lo era en la parte que permite que 5 de los 15 miembros sean personas particulares.

Que la voz de Guerrero no es marginal es algo que queda claro en las decisiones recientes de la Corte. El magistrado solo ha estado en la minoría en 4 de las 23 decisiones que ha tomado la Sala Plena desde marzo, cuando se desarmó el bloque liberal.

Y las seis tutelas de las que ha sido ponente este año sus tesis triunfaron siempre, aunque Linares salvó parcialmente el voto en dos se declaró impedido en otra porque era contra Ecopetrol. En las otras tres Linares y Lizarazo votaron a favor.

Todo esto puede ser apenas transitorio, porque cuatro de los nueve despachos están en manos de encargados -dos porque la Corte Suprema lleva seis meses sin lograr elegir dos ternas que le corresponden para reempalzar a Palacio y Vargas y dos mientras el Senado elige de las de Presidencia para reempalzar a Calle y Pretelt - y dependiendo de quienes resulten elegidos para llenarlos puede cambiar el equilibrio interno de la Corte.

Pero, mientras tanto, la Corte debe tomar decisiones gruesas.

Algunas son claves para implementar el Acuerdo con las Farc como la posibilidad de que el Gobierno use los saldos viejos de regalías para implementar el Acuerdo, los acuerdos con los cocaleros para hacer erradicación manual de cultivos ilícitos o la amnistía para los guerrilleros.

Otras que tienen que ver más directamente con la trayectoria de Balcázar y las preocupaciones de Ordóñez como la facultad de la Procuraduría de interceptar comunicaciones o una demanda sobre hasta qué momento se puede abortar en los tres casos en los que es legal hacerlo.

Y cerca de todos esos procesos va a estar un magistrado auxiliar que es fiel defensor de las posturas morales más conservadoras - y que si la ex viceprocuradora Castañeda es elegida magistrada, tendría una oportunidad para seguir siendo magistrado auxiliar, ahora de una magistrada ordoñista .

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Partner,  

    Salgamos de algo de una vez: me molesta un poco que esto lo haya hecho un cachaco. No, no es una cuestión regionalista, es que no me gusta que se siga cumpliendo el refrán de que nadie es profeta en su propia tierra. Y es que Buendía, eterno viajero y curioso sonoro, aterrizó en la costa norte de Colombia para impregnarse de este cliché tan real, tan nuestro, tan bello, que llamamos Caribe. Y sin adentrarnos en mucho detalle: ¡el man ha logrado disfrazar una champeta de pop! 

    Todo el álbum, En el caribe también pasa esto (que para cuestiones de mercadeo, ha debido titular, Grabado por una Serie De Cachacos en Tres Puntadas y una insolada Mal), vale la pena explorar.  Pero es la misma combinación de sensibilidad, unos buenos versos, y cosas que de alguna manera ya hemos escuchado. ¿Leíste lo de Shock, cierto? Difiero totalmente con su concepto, lleno pleitesías y demasiados adjetivos, en dónde llaman el álbum un "tesoro sonoro”. Al contrario, y lo hemos hablado, esto es una seguidilla  a todo lo que viene haciendo desde hace años, por ejemplo, El Caribefunk o Tribu Baharú, sin recibir la prensa que merece. También es una progresión natural del último álbum de Sidestepper o del espíritu de Paul Simon en Graceland.  

Ahora, detrás de la exploración de Buendía, detrás de su peregrinación por el Caribe (te pregunto, ¿tú crees que el man haya estado en Bosconia? ¿O que haya comido alfandoque en el valle? Pregunto porque el álbum tiene mucho de vallenato, aunque no de manera explícita, pero en su espíritu.) detrás de todo eso, hay una canción: "Every Light”.  Es por eso que te escribo. Es su sabor en pulpa. En 4:03 min, y con un poquito  ayuda de sus amigos, Buendía ha labrado, capaz, de las mejores grabaciones del año. Es sencilla, sin arandelas. A muchos en la costa no les gustará. Dirán que es gallega (pregunten qué significa a su amigo músico caribe más cercano), que es simplona, etc. Yo creo que es una joyita. Es suave, sin pretensiones.  

Me anticipo a tu por qué, así que aquí va:   

-Es en inglés. Primer punto a favor. Si queremos universalizar nuestros ritmos, no lo dudes, hay que meterle anglo. El idioma más internacional, el más juguetón, el más flexible, es el inglés. No es cuestión de complejos, es cuestión de marketing.  

-Segundo: las letras son pendejonas, repetitivas, máximas llenas de rimas fáciles. Varios puntos a favor. 

-Pero, lo que le de la medalla, es el hecho de que no tiene nada de vergüenza en ser una canción pop en su más puro estado. El problema es que dentro del snobismo colombiano, si es muy sencilla, la rechazamos, porque ajá, porque sí. Error. Componer una canción pop es capaz uno de los juegos más divertidos y complejos que hay. Esto se da porque el pop es para todos, es populista. Es el genero más subjetivo que existe, el más vasto, el más malentendido. Pero el pop tiene la capacidad de fregarte la semana porque cuando se instala, se instala a hacerte cosquillas constantes en el oído. ¿Ejemplos? “Oh what a night" de Frankie Vallie, “Dancing Queen” Abba, “Help” de The Beatles, “Mo’ Money Mo’ Problems" de Biggie, etc.  

     Sé que me he explayado más de la cuenta. Sé que le he dedicado más palabras a una canción que lastimosamente no tendrá mucha repercusión en el mundo “apayolado” de las emisoras y el “What’s Hot” de Spotify (aunque espero lo contrario). Pero lo he hecho por el más puro cariño que siento por nuestra amistad y nuestras innumerables noches de desvelo musical; por nuestros cocos, nuestro horizonte infinito, nuestra malentendida melancolía, y porque, nojoda, ¡tengo esta gran canción pegada hace semanas!  Espero tus comentarios. 

Cambio & fuera,  

Antonio Celia Maestre 

P.D. La próxima te va una diatriba sobre nuestra desconexión regional y empresarial con el mundo creativo que tanto nos informa y preocupa.  Además de una opinión sobre cómo y por qué necesitamos más política desde la música que creamos en Colombia. Es nuestro deber y salvación. 

En San Calixto y Hacarí, dos de los municipios del Catatumbo que quedaron incluidos dentro de una de las 16 circunscripciones especiales de paz y que llevan décadas a merced de la guerra, el poder político de las organizaciones sociales que se medirán en las urnas en 2018 ya se empezó a sentir con fuerza.

Las movidas de líderes locales de la Asociación de Campesinos del Catatumbo, Ascamcat, (en San Calixto), y el Movimiento por la Constituyente Popular, MCP, (en Hacarí) con miras a promover una eventual revocatoria a los alcaldes que ayudaron a elegir hace dos años, son una ‘pruebita’ de lo que se va a ver el próximo año cuando el país urbano mire en vivo el poder político de las organizaciones sociales.

En San Calixto Ascamcat reclama poder

En San Calixto, el alcalde Yadil Sanguino, quien ganó con el aval del la Alianza Verde, tuvo su principal respaldo en un movimiento sin nombre integrado por líderes comunales, concejales, funcionarios y políticos de varias vertientes que han puesto alcalde en los últimos tres períodos; y se apalancó con la Asociación de Campesinos del Catatumbo, Ascamcat, un movimiento que afín a los postulados políticos de las Farc, es el más fuerte en el municipio.

Para obtener ese apoyo, Sanguino se sometió a una consulta en una de las ‘asambleas populares’ que ese movimiento realizó en todo el Catatumbo para poner candidatos y para ello firmó un acuerdo programático con Ascamcat que debía cumplir si  salía elegido.

Ese acuerdo tuvo varios puntos, pero los más representativos fueron tres: la realización de ‘cabildos presupuestales’ para que los habitantes definieran cómo se iban a invertir los recursos del municipio; la elaboración del plan de desarrollo con los campesinos; y que Ascamcat escogiera los encargados de tres puestos que son claves en el engranaje de poder de un municipio en conflicto: los profesores, el enlace de las víctimas, y el promotor de desarrollo comunitario (es el que se encarga de capacitar a las juntas de acción comunal).

Sanguino fue el único candidato de Ascamcat que resultó elegido en el Catatumbo, y cuando la organización salió en medios a proclamar su victoria, anunció los acuerdos. Los dos primeros puntos se cumplieron, pero el de la definición burocrática naufragó.

Los docentes hacen parte del fortín burocrático de los políticos locales y cambiarlos de “dueño” no era tan fácil así que al final se mantuvieron como venían; por otro lado, el enlace de las víctimas que es uno de los cargos que da más visibilidad (en San Calixto 8 mil de los 13 mil están dentro de ese censo), se enredó, porque Ascamcat propuso un perfil que no cumplía las expectativas, y al final llegó alguien de la línea de Alcalde; y el del promotor de desarrollo comunitario se sometió a votación de los presidentes de las juntas de acción comunal y no ganó el delegado de Ascamcat.

Ese último cargo le daba a Ascamcat interlocución directa con todos los líderes del municipio, que están dispersos en otras organizaciones campesinas como el Cisca (de Congreso de los Pueblos) y el MCP (de Asonalcam), así que el hecho de que les incumplieran rompió la armonía de la elección.

Luego, las fracturas se empezaron a ahondar y aunque la razón que tuvo más eco es que la ejecución del Plan de Desarrollo iba a paso lento, según cinco fuentes de San Calixto, dos de las cuales lo saben de primera mano, el punto de inflexión fue la contratación para la formulación del Esquema de Ordenamiento Territorial, EOT, (el equivalente a los POT de los municipios más grandes).

“Ascamcat estaba interesado en ejecutar ese proyecto, y hubo una discusión por las condiciones del proceso, pero al final se dejaron los criterios más técnicos para seleccionar al ganador y ellos no se pudieron presentar”, le dijo a La Silla una de esas fuentes. 

“Ellos se querían presentar con Poder Paz, que es una corporación de Ascamcat”, dijo otra fuente.

La Silla le preguntó por esa versión a Juan Carlos Quintero, el principal vocero de Ascamcat, pero no contestó los mensajes; y Olger Pérez, el líder de esa asociación en San Calixto tenía el celular pagado.

A finales del año pasado, la Corporación Poder Paz, que es representada legalmente por Judith Maldonado, la excandidata de Ascamcat a la Gobernación de Norte y una de las representantes de Voces de Paz -el movimiento político de las Farc en el Congreso-, y por Guillermo Quintero, el fundador de Juventud Rebelde en el Catatumbo, y miembro de Ascamcat,  recibió un contrato de la Alcaldía de San Calixto por $22 millones para fortalecer las juntas de acción comunal.

“Eso sirvió para calmar los ánimos. No era lo que habían pedido pero se acercaba”, le dijo una fuente de adentro de la Alcaldía a La Silla.

Aún así, desde hace poco más de un mes en el municipio empezó a correr el rumor de que Ascamcat quería revocar al Alcalde porque los compromisos se habían incumplido.

Así se lo dijeron a La Silla siete fuentes del municipio. Una de ellas explicó que había presenciado cómo en algunas reuniones en las que Ascamcat afilia a nuevos campesinos se hablaba del descontento y la posibilidad de revocarlo.

Aunque intentamos verificar esa versión con los directivos de Ascamcat no obtuvimos respuesta de sus líderes.
 
“Si el señor Alcalde no cumple con lo pactado, se le harán mecanismos cabildo, audiencia popular, o  la revocatoria, pero ese sería en un caso extremo”, dijo a La Silla Serafín Vega, el director de la emisora local y militante de esa organización.

Por ahora, los ánimos están calmados porque la semana pasada en el Tarra (un municipio vecino de San Calixto), el Alcalde hizo una rendición de cuentas específica para Ascamcat, y allí explicó por qué no había hecho más inversión.

Si Ascamcat al final decide mover la revocatoria no es claro qué tanta fuerza tendrá, porque la principal fortaleza política del municipio viene del movimiento con el que alcalde se eligió, y por lo que La Silla pudo averiguar con tres líderes del sector rural y dos de la cabecera municipal, en ese sector el Alcalde no tiene resistencia.

De cualquier manera lo que sí queda claro, es que esa organización sí está dispuesta a medir su poder para presionar políticamente.

En Hacarí el MCP se hace sentir

El caso del alcalde de Hacarí es similar. Milciades Pinzón, quien antes de ser candidato se hizo popular en todo el municipio por ser el corresponsal de Radio Catatumbo, llegó a la Alcaldía con el impulso del MCP, la organización social más fuerte de Hacarí y que guarda afinidad con los postulados políticos del EPL. 

Sin embargo, se ha ido quedando en el camino sin su respaldo.
 
Las razones son dos: por un lado, en Hacarí se creó la sensación de que Pinzón empezó a gobernar con  gente que no lo apoyó y que va detrás de la contratación del municipio; y por otro, las juntas de acción comunal y los movimientos sociales con los que se apalancó se han sentido desconocidos y ya han empezado a hablar de los detalles para recoger firmas con el fin de buscar su revocatoria.

“Ya pasar por encima de los campesinos no se puede. Y pues si hay que firmar, firmamos”, le dijo a La Silla un líder de Hacarí.

Sobre las acusaciones, el alcalde Pinzón le dijo a La Silla, que si tiene una oposición tan marcada es porque no ha cedido a los intereses de quienes lo quieren revocar. “Solo buscan difamar porque en esta administración es cero corrupción”.

El riesgo de esa iniciativa para el Alcalde es que si hay un poder clave en Hacarí (así como en el Catatumbo) es el de las juntas de acción comunal, que no solo se han organizado de manera tal que tienen sus propios manuales de convivencia en el municipio, e imparten multas si alguien no los cumple; sino que también tienen los votos para elegir o revocar si es el caso.

Estaba sentada en la sombreada plaza central de Mocoa en enero del 2012, esperando que llegara la hora de mi cita para entrevistar un contratista de la alcaldía. No podía dejar de pensar en el documento publicado por Dejusticia sobre la ausencia del Estado, en la cual describía a Mocoa como un ejemplo de debilidad institucional,  ejemplo que me tenía confundida. Yo estaba sentada frente a un edificio que ocupaba todo un costado de la plaza y que era la enorme sede de la Policía Nacional. Tenía garitas semi-sumergidas en cada esquina, protegidas con sacos de arena, y toda la cuadra dedicada a la Policía no alcanzaba, de manera que detrás había un edificio separado para el Gaula, con un gran afiche que promocionaba a la Policía. Mocoa además era la sede de la vigésima séptima brigada de la selva, con un batallón en Villagarzón, a 45 minutos en carro, y un batallón de apoyo y servicio en el caso urbano de Mocoa. De hecho en mis seis visitas de ese año con los estudiantes aprendí a aceptar la presencia uniformada del Ejército en las tiendas y calles del centro como parte de la vida cotidiana. ¿Cuál debilidad del Estado?

Sin embargo, irradiando de la plaza hacia fuera, en los barrios periféricos construidos en buena parte por desplazados, en esa y otras visitas fui conociendo otras formas de la ausencia del Estado. Algunos de los barrios tenían por nombre fechas que yo no reconocía como parte del panteón nacional: (Cinco de Septiembre, Cinco y Seis de Enero.) Eran las fechas en las que se había dado la invasión de las tierras en las que estaba ubicado el barrio; eran barrios gobernados por las Juntas de Acción Comunal, con algo de ayuda de múltiples ONG. Ocasionalmente en los barrios más exitosos aparecía el Estado de repente, de la mano casi siempre de “la política,” es decir, de algún político amigo. Un buen día llegaba el Estado como la luz eléctrica, por ejemplo, a iluminar las noches putumayenses, o el Estado como cupos en la escuela, y útiles para estudiar. Pero el agua podía seguir siendo una manguera que usaba la gravedad para traerla de un río, y los ríos prestaban también servicios de recolección de basuras y manejo de aguas servidas.

El barro y las rocas se llevaron buena parte de ese mundo, y desde hace casi un mes el gobierno central visita en helicóptero, afanado por reconstruir y salir en las fotos. La reconstrucción de Mocoa después de la tragedia traerá, se supone, al Estado en todo su esplendor. No es el Estado que Michael Mann llama el poder despótico, la capacidad de imponerse por la fuerza, como la Policía y el Gaula y los batallones de selva, sino el poder infraestructural o administrativo, la capacidad de penetrar la sociedad y regularla- y es a la ausencia de este poder administrativo a lo que Dejusticia se referiría con la debilidad institucional del Estado en Mocoa.

Sin embargo, la irregular presencia del Estado colombiano en el territorio, y su debilidad administrativa, persistente a pesar de la expansión del poder militar, no tiene una solución fácil pues esta debilidad administrativa es parte deliberada del sistema político nacional. A pesar de la fantasía que donde no hay Estado no hay nada, muchos de los territorios colombianos, como Mocoa, sí han sido gobernados, y co-gobernados, por poderes privados con variables grados de legitimidad. Son poderes locales que han crecido y se han fortalecido con la descentralización, dominando con frecuencia la política subnacional, y las administraciones locales, ante la complicidad y la indiferencia de un gobierno central que depende de los votos de la provincia para mandar en Bogotá.

Así, la debilidad del Estado en lugares como Mocoa no es falta de fuerza pública, pero tampoco es sólo una debilidad administrativa, propia por ejemplo de la falta de servicios públicos, de controles ambientales, o de la capacidad para prevenir desastres naturales. La debilidad administrativa del Estado colombiano en la periferia es también el efecto deliberado de un sistema en el cual a los políticos nacionales sólo les ha importado que la periferia le ponga los votos que necesitan para gobernar, para ganar elecciones presidenciales y pasar leyes en el Congreso. Por lo tanto, los partidos y los políticos nacionales han favorecido es a los políticos locales que pueden garantizarles los votos, incluso en contra de alternativas más capacitadas e independientes, frustrando las esperanzas de un mejor gobierno local. Por ejemplo, desde Bogotá se ha ignorado, por miedo a perder los votos, problemas críticos para la probidad de la administración subnacional, como es el diseño de las contralorías regionales. Y la indiferencia de Bogotá se extiende a las formas, a veces violentas, como los poderes locales se consolidan en las administraciones de la periferia.

Al fin mi cita salió muy bien ese día de enero, pero no salieron bien todas las citas que hicimos en el 2011 y el 2012. Uno de mis primeros contactos, Eladio Yascual, fue asesinado antes que pudiéramos hablar con él, según los rumores por denunciar la corrupción del entonces alcalde, ahora investigado por la Fiscalía. Otro contacto fue entrevistada por las estudiantes que trabajaban conmigo, pero se desplazó a Ecuador por amenazas antes que yo pudiera conocerla. Las tres mujeres con las que trabajamos más de cerca ese año estaban amenazadas: una era una líder popular, las otras dos profesionales de una ONG local. Las tres habían sido “declaradas objetivo militar” en algún panfleto o mensaje de texto, por meterse con los delicados equilibrios del poder local.

Son ambiciosos, y benéficos, los planes del gobierno nacional de una reconstrucción adecuada, y esperanzadora la atención puesta en la periferia, más allá de la inversión en Ejército y en Policía. También es una gran oportunidad para que los bogotanos reconozcan el papel de la política nacional en el descalabro administrativo de la periferia que usualmente se limitan a denunciar, como si la debilidad institucional fuera un virus propio de la tierra caliente y la solución fuera llevar la vacuna en helicóptero.

”Gracias a la educación, los indígenas pasamos a contribuir al desarrollo del país, pasamos de ser menores de edad a ser sujetos de derechos plenos”: Gabriel Muyuy, líder indígena y profesor

“Existe evidencia contundente que muestra cómo las oportunidades de desarrollo de países y ciudades dependen de la calidad de la educación”: Darío Maldonado, profesor de la Universidad de los Andes en Escuela de Gobierno

“La inequidad de ingresos no se puede cambiar por educación, la educación está sobrevalorada”: José Herrera, profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de los Andes

“La educación es el bien cultural que nos permite ahorrarnos 2 mil años que le tomó a la humanidad lograr aprender algo”: María Carolina Meza, Directora Empresarios por la Educación

“Sin educación no hay paz, convivencia o democrácia”: Vicky Colbert, Directora de “Escuela Nueva”

“La educación con maestros y familia reconstruye tejido social en zonas donde hubo conflicto armado”: Natalia Linares, Gerente de comunidades en la Fundación Empresarios por la Educación

“Todos tenemos un profesor excepcional que nos llevó a ser personas excepcionales. Estas interacciones son de altísimo impacto": María Figueroa, Decana de la Facultad de Educación en la Universidad Externado

“Los exámenes estandarizados están sobrevalorados y muestra lo inequitativo de la educación”: Juan C. Cubillos, profesor del Colegio Los Pinos.

“Le hemos dado mucha fuerza a la medición de resultados y no tanto a la formación emocional”: Jesús Mejía, Consultor de la Fundación Empresarios por la Educación

“La educación de “Colegio, Universidad y Maestría" está sobrevalorada. Tener profesionales de Universidades no me garantiza calidades humanas”: Daniel Leguizamón, profesor en Qualia

“Esta especie no habría durado tanto si no fuera por nuestra capacidad de aprender”: Claudia Aparicio, Directora de Dividendo por Colombia

“La educación que tiene el ser humano en la familia es fundamental, más allá de la escuela”: Andrea Parra, Gerente de Proyecto Ola Escolar

“El fin último de la educación es el desarrollo de la personalidad”: María del Pilar Caicedo, Gerente de proyectos de la Facultad de Educación en la Universidad de los Andes

Con la desaparición de las Farc como guerrilla se ha cuestionando la necesidad de la figura del servicio militar obligatorio. A tal punto que el presidente Juan Manuel Santos  en su campaña de reelección llegó a decir que si se firmaba la paz la eliminaría.

Sin embargo, el mismo General Mejía, comandante general del Ejército, dijo defendiendo esta figura que “Una patria sin Ejército no puede ser soberana y un Ejército sin soldados no puede servir a esa patria”.

Para entender qué retos trae la firma del Acuerdo de Paz para el servicio militar obligatorio tal y como lo concebimos, qué cambia y que se queda invitamos a dos expertos a La Pepa.

Ellos son Andrés Dávila, director del Departamento de Ciencia Política de la universidad Javeriana y Javier Rincón, director del observatorio en derecho militar de la Universidad Javeriana.

Ante la negativa que dieron hoy el presidente del Senado, Mauricio Lizcano, y el de la Cámara, Miguel Ángel Pinto, a que Iván Márquez de las Farc y Pablo Beltrán, jefe guerrillero del ELN, entren al Capitolio mañana a la ceremonia de clausura del Congreso Nacional de Paz, el Alcalde de Bogotá le dio luz verde a un plan B para que la clausura del evento no sea cancelada.

Los miembros de la Comisión de Paz del Congreso, que liderados por la representante verde Ángela María Robledo organizaron el Congreso Nacional de Paz, solicitaron hoy que les permitan usar la Plaza de Bolívar para la clausura.

La Silla supo que el mismo alcalde Enrique Peñalosa le dio el visto bueno a ese préstamo, si es que finalmente es necesario.

“Nosotros mandamos la invitación a esta clausura desde el 2 de abril a los escritorios de Lizcano y Pinto”, dijo a La Silla la representante de Alianza Verde Ángela María Robledo, que fue una de las que organizó el evento porque está en la Comisión de Paz del Congreso.

“Que no dejen entrar a Márquez y a Beltrán no es solo cerrarle la puerta a ellos, sino a todos los que defendemos el Acuerdo”, agregó. Y contó que por eso siguen intentando que se haga en el Salón Elíptico.

"Nosotros seguimos explorando para ver si logramos hacerlo en el Congreso", dijo a La Silla la representante. 

Pero el presidente del Senado, Mauricio Lizcano, nos dijo que él se enteró de la presencia de Iván Márquez y de Pablo Beltrán en ese evento cuando vio hoy el comunicado que publicaron los organizadores del Congreso y no antes, como dijo Robledo, y que no le parecía que estos guerrilleros entraran al Congreso, si Márquez no ha entregado las armas y Beltrán sigue en proceso de negociación (que en realidad no ha avanzado ni en que se comprometan a no secuestrar más).

“El Acuerdo con las Farc dice claramente que los que no tengan antecedentes pueden entrar al Congreso, y por eso siempre van los voceros de Voces de Paz (la organización en la que aterrizarán las Farc cuando hagan política). Cuando entreguen las armas podrán entrar”, nos dijo.

Por eso, luego de comunicarse con el representante Miguel Ángel Pinto, decidieron detener el trámite del préstamo del Salón Elíptico. “Nos dijeron que era para un evento de la comisión de paz, no para que fueran guerrilleros”, dijo Lizcano.

Esta no es la primera vez que Peñalosa se muestra de acuerdo con que las Farc hagan eventos en la ciudad antes de su desarme total. Por ejemplo, ayer dijo que está de acuerdo con que Julián Conrado (el cantante guerrillero) participe en un concierto este domingo en la capital.

“Queremos que los ex guerrilleros hagan actividades, que hagan música, bienvenidos. No le veo problema a eso”, dijo Peñalosa.

El ‘Congreso Nacional de Paz’ arrancó ayer y su clausura será mañana, y están invitados desde el vicepresidente Óscar Naranjo, hasta el director del partido conservador, Hernán Andrade, entre académicos y líderes políticos de varios sectorses.

Con el salvavidas de Peñalosa a última hora, si el evento no finaliza en el Capitolio se cerrará a pocos metros de él.

La gran promesa de la Carta Política expedida en 1991 fue el cambio del sistema político: pasar de una democracia meramente representativa a una participativa. Para cumplir con esa promesa se adoptaron mecanismos de democracia directa como los referendos y se introdujeron diversos instrumentos como las consultas o la revocatoria de los mandatos de gobernadores y alcaldes todo lo cual está siendo objeto de una andanada que los pone en verdadero peligro.

La participación se ha convertido para algunos en una amenaza y un obstáculo. La decisión de la inmensa mayoría de los ciudadanos de Cajamarca, en el Tolima, de no querer en su territorio proyectos mineros ha sido como la prueba de fuego de ese nuevo modelo de democracia que nos ofrecieron hace 26 años. Ya el Ministro de Minas había tratado de desconocer el resultado. Ahora el propio Presidente de la República se reúne con los representantes de la empresa que pretendía desarrollar allí un macroproyecto de explotación aurífera y les ofrece, que por la vía del fast track, le pondrá límites a las consultas para evitar que terminen en la cancelación de un proyecto como el que ellos tenían.

¿Podrá haber paradoja más grande? Que la implementación de un acuerdo de paz con la guerrilla de las Farc sea el instrumento para recortar poderes a los ciudadanos y no para ampliar la democracia sería un contrasentido de dimensiones históricas.

Mientras eso ocurre en los medios de comunicación se expresan aterrados por las decenas de convocatorias que hay para que los ciudadanos firmen para que se les pregunte si revocan o no el mandato que confirieron a los alcaldes y gobernadores hace algo más de un año. Ese ha sido un instrumento ineficaz durante estos años de vigencia de la Constitución y para hacerlo posible en el Congreso expidieron una ley que facilitó el cumplimiento de los requisitos. Todo el mundo celebró la aprobación de esa norma y ahora que los ciudadanos se organizan para usarla se oyen voces de todas partes que proclaman lo inconveniente de que ello ocurra.

No importa si uno está o no de acuerdo, por ejemplo, con la revocatoria del mandato al alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, con lo que sí no se puede estar de acuerdo es con la intención de impedir que, si los ciudadanos completan los requisitos exigidos, no se haga la convocatoria. Hay la teoría absurda de que la revocatoria solo se puede intentar si previamente se ha probado el incumplimiento de programa ofrecido, como si eso no fuera precisamente lo que los ciudadanos van a decidir en las urnas. Si se tratara de una responsabilidad jurídica y no política, pues en una baranda de un despacho oficial se puede discutir y un funcionario decidiría, pero se trata de una responsabilidad política que precisamente por serlo está exenta de esa demostración que la convertiría en un debate probatorio y no en un debate político.

Peñalosa contrató un gran abogado, Humberto Sierra, para que trate de conseguir en el Consejo Electoral el rechazo de la convocatoria. Sierra es tan bueno que hay peligro de que gane y eso le haría un daño enorme a la democracia participativa y a su cliente que necesita como ninguno ganar la revocatoria para cerrar esa dura confrontación que sostiene con sectores sociales y políticos que de mantenerse pone en serio riesgo las posibilidades de éxito de su mandato. En el caso de Bogotá lo que deteriora la gobernabilidad no es que se convoque la revocatoria, sino que no se permita que sea en las urnas donde se resuelva ese pleito.

A pesar de la muy alta imagen desfavorable que el alcalde registra en las encuestas, las posibilidades de que se revoque su mandato son lejanas y en cambio le serviría mucho ganar esa votación o inducir a la abstención activa y obtener por esa vía el apoyo que no ha conseguido hasta ahora.

La senadora Viviane Morales promueve en el Congreso la convocatoria de un referendo inconstitucional para discriminar a la comunidad lgtbi e incluso a personas solteras. Ese referendo no se puede convocar porque viola la Constitución y por eso el Congreso debería rechazarlo o la Corte impedir su realización si se aprobara en el legislativo, pero el argumento de esta semana de que no se puede hacer porque vale 280 mil millones de pesos es inaceptable.

El costo se ha usado permanentemente para evitar el uso de mecanismos de participación ciudadana. Lo que habría que hacer es reducir los gastos porque nada justifica que en la era digital una consulta de esa naturaleza pueda costar lo que dijo el Ministro de Hacienda que costaría.

Cuando se clausuró la Asamblea Nacional Constituyente, el entonces Presidente César Gaviria proclamó que estábamos “frente a una nueva concepción de la democracia, quizás la más avanzada de que se tenga noticia” y más adelante dijo: “en esta democracia participativa lo más importante es el poder de cada ciudadano”. Han pasado 26 años, los instrumentos de ese “nuevo orden político” se han ido madurando y ahora cuando empiezan a asomar la cabeza hay una cruzada para  enterrarlos.

Era 2013 y Olga Lucía Velásquez, una ingeniera industrial que nunca se había presentado a elecciones, decidió lanzarse a la Cámara de Representantes por Bogotá convencida de que conseguiría 30 mil votos. Apenas se lo dijo a Juan Fernando Cristo, entonces senador liberal con el que logró hacer una alianza, él se rió.

—¡No, mija!, usted es técnica, no política —le respondió él, que quiso aterrizarla: Si saca 12 mil está bien.

Ella mantuvo su meta y en las elecciones del 10 de marzo de 2014 no solo alcanzó la curul, sino que logró la votación más alta para la Cámara liberal en Bogotá: 23 mil 600 votos. Cristo la llamó contento:

—¡Mija, nos pelamos por 6 mil!

Ella cuenta esa anécdota para demostrar que cumple lo que se propone, pero desde la noche en que ganó hubo ruido por su pasado como secretaria de Gobierno del condenado exalcalde Samuel Moreno y porque sus votos parecían muchos para una primípara.

Y ya está decidida, sin siquiera haber terminado su primer periodo en la Cámara, a saltar al Senado en 2018.

Si se suma lo que nos dijeron 13 fuentes, incluida ella, su poder después de pasar por el gobierno de los Moreno es fruto de una combinación entre una intensa política barrial, alianzas con políticos tradicionales (algunos cuestionados), capacidad de gestión para cumplirles a sus seguidores y el soporte de unos financiadores sólidos.

El comienzo: los hospitales

"Yo no llegué ayer al Distrito", le advierte Velásquez a cualquiera que le pregunta por qué sacó tantos votos en su primer intento.

Es de Villavicencio y llegó a Bogotá a los 17 años, pero sus cuentas como trabajadora oficial comienzan en 1999, en el primer gobierno de Enrique Peñalosa. Venía de asesorar proyectos de infraestructura en los hospitales San Blas (localidad de San Cristóbal) y Simón Bolívar (Usaquén), y ese año la nombraron jefe de planeación en el de Fontibón. El mismo cargo lo ocupó desde 2004 (alcaldía de Lucho Garzón) en el de Suba.

Esos puestos le dieron algún reconocimiento local porque ahí trataba, por ejemplo, con asociaciones de usuarios, ediles y alcaldes locales. Hizo contactos y le quedaron amigos.

Por ejemplo, el gerente del Hospital de Fontibón cuando ella trabajó allí, Édgar Zamudio Pulido, fue su gerente de campaña a la Cámara 15 años después. Y le donó $40 millones.

En Suba se ganó la confianza de la alcaldesa local, Mercedes Ríos, que, a diferencia de Velásquez, carecía de experiencia técnica. “Olga Lucía es muy buena para la planeación”, le dijo a La Silla una fuente que trabajó en la localidad por aquella época.

Ese vínculo fue clave. En 2008 el alcalde Samuel Moreno nombró a Ríos secretaria de Integración Social, y ésta se llevó a Velásquez como su directora de Planeación.

En el círculo de Samuel

Alba Luz Pinilla, que era la subsecretaria de Integración Social y en ese entonces eran tan cercana a Iván Moreno que fue su fórmula a la Cámara en 2010, le dijo a La Silla que le gustó tanto el trabajo de Velásquez, que le habló de ella a María Eugenia Rojas, la mamá de Samuel e Iván, cuya voz era tan fuerte en esa casa política que no en vano le decían “La Capitana”

“Dos o tres veces le dije a ‘la Capitana’ que Olga Lucía era muy buena, una berraca. También dos o tres veces le hablé al alcalde de ella”, cuenta Pinilla. “Yo creía que alguien así debía remplazarme” cuando renunció en 2009 para lanzarse a la Cámara. Así fue.

Velásquez, además, comenzó a ser reconocida en el círculo que rodeaba al alcalde porque “sabían que ella era de quienes lideraba la agenda de Integración Social”, nos dijo una fuente que trabajó en ese gobierno.

Así se fue haciendo un nombre dentro de la la administración. En medios solo trascendió su nombre en septiembre de 2010, cuando el alcalde la nombró secretaria de Gobierno.

Un político que trabajó en el Distrito por esa época y otra que estaba metida en el Palacio Liévano, le dijeron a La Silla que, por la forma como los Moreno manejaban la burocracia, era difícil que un puesto de ese calibre no se lo dieran a alguien de su entera confianza. Es una versión contraria a la que nos dio Velásquez, para quien se trató de un reconocimiento a su labor técnica.

“Yo no conocía a los Moreno”, insiste. “Con el alcalde me había visto unas tres veces porque él iba a consejos de política social”.

De todas formas, sí hubo una voz técnica que la impulsó: Juan Ricardo Ortega, que, cuando renunció en 2010 a la Secretaría de Hacienda para irse a dirigir la DIAN, la recomendó ante Samuel.

“Ella y yo tuvimos una buena relación profesional; me dí cuenta de que así como era una técnica competente, entendía el mundo real porque había trabajado en las localidades. Sabía lidiar con los políticos”, le dijo Ortega a La Silla.

En el Polo se desató una tormenta porque, en un cargo tan clave que lo venía de ocupar Clara López (quien renunció para ser la fórmula de Gustavo Petro en las presidenciales de 2010), a Velásquez no la identificaban como suya. Pero se impuso la decisión de Samuel y, como nos contó Velásquez, una vez ella se posesionó sacó mucha gente de la línea de Clara.

Para entonces, el escándalo del carrusel de la contratación comenzaba a tomar forma en los medios.

El carrusel apenas la rozó

Velásquez duró ocho meses como secretaria de Gobierno y logró implementar con la Policía el sistema de vigilancia por cuadrantes. Y de cara a su carrera política, ese cargo le permitió ganar mayor reconocimiento en las localidades, donde trató directamente con ediles y alcaldes.

Renunció en mayo de 2011, cuando Clara López asumió como alcaldesa encargada tras la suspensión de Samuel Moreno como consecuencia del carrusel.

El escándalo hasta ahora no ha afectado a Velásquez, a pesar de que entre 2008 y 2009, cuando ella era funcionaria de confianza de la secretaria de Integración Social, Mercedes Ríos, esta amañó contratos por $105 mil millones a favor de Julio Gómez para beneficiar a Iván Moreno.

Ríos aceptó los cargos y paga una condena de 10 años. Velásquez, reveló Noticias Uno, fue mencionada en ese proceso porque, según la Fiscalía, participó en una reunión entre Ríos y Julio Gómez en la que su jefa le pidió que cuadrara todo lo relacionado con un contrato para favorecerlo a él. La congresista lo niega y ha seguido su vida pública sin contratiempos.

Las campañas (y la plata)

Tras su salida del Distrito y un paso fugaz por el Ministerio del Interior con Fernando Carrillo (hoy procurador general), comenzó a trabajar en una fundación que montaron los inversionistas españoles de BD Promotores Colombia, la firma que construyó en el centro de Bogotá las torres BD Bacatá, los edificios más altos del país.

Fueron ellos quienes le financiaron la mayoría de su campaña a la Cámara.

La idea de lanzarse, dice, no le surgió a ella sino que se la propusieron unos amigos, aunque no especifica quiénes y La Silla no pudo averiguarlo con otras fuentes.

Fue entonces cuando comenzó a aprovechar los contactos políticos que le quedaron después de 14 años de ocupar cargos administrativos.

Tocó puertas en el Partido de La U con el senador Ángel Custodio Cabrera, al que conoció como concejal cuando ella trabajó en el Hospital de Suba. Pero él, dice Velásquez, no le dio esperanzas de ganar.

Llegó al Partido Liberal y Simón Gaviria, que era representante por Bogotá y director del Partido, la contactó con Juan Fernando Cristo. Este buscaba aliados en Bogotá que le pusieran votos a su hermano Andrés, a quien quería heredarle la curul en el Senado.

En el pasado, Cristo se había aliado en la ciudad con el concejal Jorge Ernesto Salamanca, cuyo hermano Pablo le servía al senador como fórmula a la Cámara. Pero para esas elecciones Pablo declinó su reelección, así que Olga Lucía Velásquez pasó a cubrir ese espacio.

Los Salamanca también la impulsaron. “El equipo de ellos con la edil de Puente Aranda Miriam Mora me ayudó en enero y febrero de 2014, al final de la campaña, pero ya estaban muy comprometidos con otros políticos”, es la versión de Velásquez.

Para el momento en que hizo esa alianza ya era público que el exsecretario de Salud de Samuel, el condenado Héctor Zambrano, había confesado que Jorge Ernesto Salamanca cobró una coima de $500 millones por el famoso contrato de las ambulancias por el que también condenaron a Samuel Moreno. Salamanca está pagando una pena por esos hechos desde su condena el año pasado.

Velásquez asegura que en su votación influyó más su labor puerta a puerta y su capacidad de buscar votos entre personas que no necesariamente son líderes políticos.

“En Kennedy, por ejemplo, hay una señora amiga mía con 11 hijos mayores de edad, cada uno con familia. Yo sé que en esa casa tengo 52 votos que tengo que cuidar”, argumenta.

”Yo no conocía a los Moreno. No les hice campaña.”

Olga Lucía Velásquez

De su campaña también llamó la atención el flujo de recursos, según  tres políticos que trabajaron para competidores de ella en 2014.

Aunque es difícil medir la plata que se mueve en las campañas por debajo de la mesa, como reafirmó el caso Odebrecht, los reportes oficiales dan algunas luces.

De los representantes liberales elegidos en Bogotá, Velásquez fue la segunda que más ingresos reportó ($692 millones), después de Andrés Felipe Villamizar ($700 millones). Les siguieron, muy por debajo, Juan Carlos Lozada ($270 millones), que luego perdió su curul con Villamizar; y Clara Rojas ($190 millones).

La diferencia entre Velásquez y Villamizar radica en que él se endeudó con los bancos para conseguir la plata, mientras que a ella se la donaron toda.

Tan solo los españoles del grupo BD, con los que había trabajado, le regalaron $254 millones (el equivalente a lo que se gastó en actos públicos).

Desde su victoria, su nombre ha ganado fuerza en el liberalismo de Bogotá, porque, según ella y varias fuentes consultadas, les responde a los de su base y les cumple a los de arriba.

Su primer reto, sin haberse posesionado, fue apoyar la campaña de reelección de Juan Manuel Santos, donde trabajó al lado de Alfonso Prada. Le correspondió moverse en el noroccidente de la ciudad, por Suba, un territorio que conoce bien.

Como lo contó La Silla, en ese momento los concejales liberales se quejaron porque la veían como una recién llegada a la que le dieron muchas alas. Perdieron en primer vuelta y ganaron en segunda.

Ese ejercicio lo repitió en la campaña de Rafael Pardo a la Alcaldía en 2015, cuando estrechó lazos con el entonces concejal y hoy secretario de Gobierno Miguel Uribe. Ambos se encargaron de la movilización en las localidades (incluso enganchando a la gente con electrodomésticos), pero “la capacidad de trabajo de ella era impresionante. La campaña no era capaz de seguirle el ritmo”, nos dijo un integrante del equipo de Pardo.

La fuente agregó que ahí notaron otro activo de Velásquez: su influencia en medios comunitarios, un sector estratégico para una campaña local. Ese gremio, de hecho, la condecoró hace un año.

Pardo perdió, pero Enrique Peñalosa nombró secretario de Gobierno a Miguel Uribe (que en el pasado tuvo nexos con el peñalosismo) en una jugada en la que aparentemente tuvo que ver hasta Santos.

Su poder actual

Velásquez es la directora del liberalismo en Bogotá, un cargo que le da capacidad de convocatoria entre los ediles para eventos del partido, sean estos del concejal que sean.

A esa incidencia local otros le suman una presunta influencia en la Alcaldía de Enrique Peñalosa, que ella niega de tajo.

Tres concejales y un político local aseguran que, por ejemplo, se benefició con la elección de alcaldes locales hace un año, debido a que Peñalosa escogió mandatarios que habían sido incluidos en las ternas por ediles cercanos a ella. Eso va en línea de lo que contamos en ese momento.

Y aunque ella admite que “preparó” candidatos, niega que Miguel Uribe le haya ayudado, como es frecuente leer en redes y nos lo dijeron tres concejales. “De la relación que forjé con ella deducen que eso ocurre, pero no hay la menor posibilidad. A los alcaldes locales los escogió el alcalde mayor”, nos respondió Uribe.

Velásquez sí admite que tramita ante la Alcaldía los problemas de sus seguidores, llamando secretarios si es del caso. Y es efectiva, nos dijo un funcionario del Gobierno Nacional que ha hecho política en Bogotá y pidió la reserva del nombre para no comprometer su trabajo: “a dónde uno va le dicen que Olga les está ayudando con esto o con lo otro”.

En el Congreso, con el padrinazgo del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, también se ha vuelto influyente, al punto que sonó para la Presidencia de la Cámara.

“Se mueve bien en el Gobierno y eso les gusta a los congresistas de provincia que no tienen tanta entrada”, le dijo a La Silla un asesor que trabaja en el Capitolio y conoce el trabajo de Velásquez.

Allá ha organizado 21 foros (una cifra que no alcanza ningún otro congresista) para los que ha llenado salones y convocado desde habitantes de calle hasta taxistas.

También se apropió las causas de las cooperativas y de los fondos de empleados, donde ya tiene reconocimiento nacional después de que evitó que los apretaran con la reforma tributaria.

“Ese es mi poder”, dice. “Cuando uno logra que las cosas sean posibles para la gente, genera poder. Eso no me lo puede quitar nadie. La única forma es que me desaparezcan”.

Así prepara su campaña al Senado, para lo que espera conseguir 100 mil votos. Si lo logra se convertirá en una baronesa electoral, aunque le falta definir las alianzas que le permitan lograrlo. “Voy a ser senadora, y no porque yo lo diga: es que así está establecido”.

Igual de segura ha dicho que, en un futuro, quiere ser alcaldesa de Bogotá.

Un parapolítico indígena, cuyo poder es bien conocido en los departamentos de Sucre y Córdoba, aunque pasa de agache a nivel nacional, fundó un imperio político y económico que tiene como base una EPS indígena que le ha permitido mantenerse vigente pese a haber sido condenado por tener vínculos con ilegales. Prófugo de la justicia, Pedro ‘el Indio’ Pestana manda en cuerpo ajeno a través de sus hermanos, pero ahora que el Estado ordenó liquidar la empresa base de su imperio queda golpeado para las elecciones que se vienen. 

Pese a no ser tan conocido a nivel nacional, el poder de Pestana no es poco. A su hermana Yamina la convirtió en Senadora de la República tras lograr la quinta mayor votación del Partido Conservador, pese a no tener ningún reconocimiento político previo. Tiene injerencias en cinco Alcaldías de Córdoba que fueron ganadas con su respaldo y Ana Luisa, otra de sus hermanas, es diputada en Sucre, en donde el cuatrienio anterior lo fue su hermana Sandra.

Pero el imperio de Pestana sufrió este mes un golpe precisamente en sus cimientos: desde el primero de abril la EPS indígena Manexka, con la que ha conseguido la fuerza política y económica que lo convierte en un súper poderoso de la región, quedó liquidada tras una orden de la Superintendencia de Salud.

La autoridad encargada de vigilar la prestación de servicios de salud encontró que la empresa de ‘El Indio’ ha ocasionado un desfalco a las arcas de la Nación que asciende a los 47 mil millones de pesos, dineros que recibía por los más de 210 mil afiliados en 18 pueblos de Sucre y Córdoba.

La historia de Pestana y su EPS

Como lo hemos contado en La Silla, el médico cordobés Pedro César Pestana Rojas o ‘el Indio’, como es más conocido en su región, nació en el seno de una familia de campesinos en el pueblo de Momil. Toda su carrera la ha desarrollado en los pueblos de Córdoba y Sucre, especialmente cerca de los indígenas de la etnia Zenú, de la cual hacía parte su padre.

Luego de haber terminado la medicina, Pestana cumplió su año rural en Chinú y más tarde trabajó en el hospital público de San Andrés de Sotavento. Entonces, no era más que “un simple médico general”, como nos detalló alguien de ese pueblo que le ha seguido la pista al cuestionado indígena.

Fue precisamente cuando estaba como médico en San Andrés que el líder campesino Juan Almanza lo invitó a hacer parte de un grupo de indígenas que, agrupados en el Resguardo Indígena Zenú Córdoba - Sucre, fundó el 1 de abril de 1998 la EPS Indígena Manexka.

Pestana fue clave en el proceso de creación de esa empresa indígena por sus conocimientos en medicina y por eso fue uno de los primeros gerentes.

En el año en el que se fundó, la empresa pasó de unos tres mil afiliados en abril a casi 10 mil en diciembre, la mayoría indígenas de los pueblos de San Andrés de Sotavento, Chinú y Momil, en Córdoba, y San Antonio de Palmitos y Sampués, en Sucre.

Entre el 2000 y el 2002 se consolidó en el sector salud en la región y amplió su red a más pueblos en los dos departamentos. Para entonces la empresa parecía prestar un buen servicio a sus afiliados, que legalmente tenían que ser mayoritariamente indígenas.

De hecho, hubo un tiempo en el que muchos lucharon para pasarse de las otras EPS ya existentes a esta nueva entidad, porque el servicio era “uno de los mejores”, según nos contaron por separado tres pobladores de la zona que estuvieron afiliados a Manexka hasta el día 31 de marzo.

Pero lo que parecía ser un feliz nacimiento para esa EPS indígena, empezó a tomar otro rumbo.

La sombra paramilitar que cubrió buena parte del Caribe se posó sobre Manexka y empezó a minar su, hasta entonces, buen nombre.

El asomo paramilitar a la entidad se dio precisamente a través de Pestana, quien fue acusado de hacer alianzas con el sanguinario Rodrigo Mercado Pelufo alias 'Cadena', a quien ‘el Indio’ supuestamente terminó rindiéndole cuentas y girándole recursos de la empresa de salud.

La sombra paramilitar

De acuerdo con el relato de una testigo de la Fiscalía citado por El Tiempo, la financiación de Pestana al grupo que Cadena comandaba desde el sucreño pueblo de San Onofre se habría dado entre 2002 y 2004. Y, según el mismo testimonio, la plata llegó por cuenta de unos afiliados que tenía la EPS indígena en el Meta.

Esa colaboración habría sido el inicio de la relación que hubo después entre el médico Pestana y Cadena: una amistad que los llevaba a departir en parrandas que, incluso, quedaron grabadas en videos, como lo informó la revista Semana.

Ese no fue el único lazo entre ‘el Indio’ y los paramilitares.

En 2006, cuando la Fiscalía reveló unas grabaciones que encontró en el computador del jefe paramilitar Jorge 40, en el que salieron salpicados varios diputados y políticos sucreños de la época, el médico cordobés también apareció mencionado.

La mención tiene que ver con un encuentro realizado en enero de ese año en Santa Marta por invitación de alias Don Antonio, el lugarteniente a quien Jorge 40 le encomendó la creación del llamado Frente Social por la Paz de Sucre, un pacto con políticos (similar al de Ralito) para influir en las elecciones legislativas de ese año.

A esa reunión Pestana no fue solo. Lo acompañó el que es hasta hoy uno de sus hombres de confianza: Antonio Martínez Hernández. Ahí lo presentó como su candidato a la Cámara y se comprometió a apoyar la causa del Frente Social por la Paz de Sucre.  

Así ocurrió: Martínez, quien había sido Alcalde de San Antonio de Palmito apoyado por Pestana, aspiró avalado por el Partido Conservador y como fórmula de la cuestionada exparlamentaria sucreña Muriel Benito Rebollo, quien pagó cárcel en el Buen Pastor por sus alianzas con los paras.

Precisamente por ese escándalo, en noviembre de 2006, la Fiscalía ordenó las capturas de Pestana y Martínez. Tres años después, en septiembre de 2009, el Tribunal de Bogotá los condenó a seis años de cárcel por el delito de concierto para delinquir, pero desde entonces han logrado burlar a la justicia ordinaria invocando una sentencia según la cual los indígenas condenados pueden cumplir sus penas en centros de reclusión de sus territorios.

Pestana y Martínez han pasado estos últimos ocho años recluidos en una supuesta cárcel indígena llamada Centro de Arrepentimiento y Resocialización ‘Cacique Mexión’, en una vereda entre San Andrés de Sotavento y Tuchín. Ahí son “vigilados” por guardias zenú.

Y, aunque en junio de 2014 lograron que un Juez de Bogotá les concediera la libertad tras valerle los años que llevan recluidos en ese centro, en febrero del año pasado la Corte Constitucional revocó esa medida y reactivó su orden de captura, pero hasta ahora siguen prófugos de la justicia y Pestana mandando en su empresa a la sombra.

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Pedro Pestana (de camiseta roja con listas blancas) y Antonio Martínez, su hombre de confianza, en el centro de reclusión indígena. (Foto tomada de Semana)

Un negocio de familia redondo

Desde la clandestinidad ‘el Indio’ ha seguido moviendo los hilos del poder en la EPS indígena Manexka y en una IPS del mismo nombre que él también ayudó a fundar en 2008.

En la EPS influye vía los gerentes, que son elegidos cada dos años en una junta en la que votan 129 capitanes indígenas. De ese grupo ‘el Indio’ tiene de su lado a unos 112 que respaldan siempre al que sea su candidato, según nos explicó un indígena que se ha opuesto sin éxito a que el parapolítico siga mandando.

El gerente que estaba hasta su liquidación también defendía ahí los intereses del médico Pestana. Se trata del administrador de empresas Saúl Lucas, un indígena que en los últimos años ha trabajado como asesor en salud de la Alcaldía de Tuchín, pueblo cuya fundación fue impulsada por el clan Pestana para mandar en él.

Como lo contamos en La Silla, la creación de ese municipio la movió desde la Asamblea de Córdoba Eligio Pestana, hermano de ‘el Indio’, quien después, en 2011, se hizo elegir como el primer alcalde.

Ahora quien manda es Nuris Hernández, una artesana que tiene el respaldo de los Pestana y cuya gestión es vigilada desde adentro por la abogada Sandra Pestana, la hermana de Pedro que fue diputada en Sucre hasta el 2015 y que le heredó esa curul a la profesora Ana Luisa, otra de sus hermanas. Desde 2016 Sandra tiene una OPS como asesora jurídica, pero dos personas que conocen por dentro esa Alcaldía nos dijeron que la abogada Pestana es quien realmente manda ahí.

A ese poder que logra Pestana en la EPS vía los gerentes que llegan con su respaldo se suma la presencia de familiares suyos en altos cargos en esa empresa. Su hermana, la senadora Yamina, por ejemplo, trabajó como asesora entre 2008 y 2012. De esa época tiene un lío por el cual fue demandada ante la Fiscalía: unos cheques a nombre de particulares que fueron cobrados por ella. Plata que, según la denuncia, pudo ir a parar a su campaña al Congreso en 2014.

Consultada al respecto, Yamina nos dijo que se trató de “favores” que hacía a compañeros que también trabajaban en Manexka. “Yo les cobraba, pero la plata no era para mí. Era un simple favor”, nos respondió.

En la IPS indígena la injerencia del médico Pestana también es evidente. Desde hace más de cuatro años, la gerente es su hermana Domitila Pestana Rojas.

Esa IPS fue creada precisamente para ser la principal contratista de la EPS indígena. Algo que en contratación en salud se conoce como una integración vertical y que sólo está permitido, por ley, para entidades de salud indígena, porque las demás EPS del régimen subsidiado deben hacer una distribución más o menos equitativa de sus afiliados entre varias IPS.

“Ese fue su negocio redondo. Ellos (los Pestana) en esa IPS no tenían pierde porque ya sabían que tenían una EPS para contratar todo con ellos”, como nos comentó un político de San Andrés de Sotavento.

En efecto tener una EPS Indígena es más rentable que una EPS normal porque a las entidades que atienden a esa minoría el Estado les da un trato diferencial que se traduce en más dinero.

Por cada paciente una EPS del régimen subsidiado que no sea indígena recibe del Gobierno Nacional 667.429 pesos anuales. Mientras que una entidad indígena recibe por cada afiliado 779.770 pesos anuales.

Como Manexka EPS había superado los 210 mil afiliados recibía anualmente cerca de 144 mil millones de pesos, dineros que eran girados directamente desde la Nación.

Con todo el poder económico que eso representa y teniendo la principal contratista de la EPS también bajo su control Pestana se convirtió en un súper poder electoral porque además Manexka contaba con más de 1.500 empleados en cuya contratación el podía influir.

Eso lo confirmamos en La Silla Caribe con reportería tanto con personas del interior de Manexka como con usuarios.

Alguien que trabajó en la entidad nos detalló que en época electoral “cuando es para Senador y Cámara piden de a 10 votos por empleado en adelante. Eso también depende del cargo que tengas. Y si es para Alcalde o Concejo sí piden, además de votos, participar en caminatas y reuniones”, nos detalló la persona, cuya identidad no revelamos por su seguridad.

Con los usuarios es distinto: una afiliada de un pueblo de Sucre que tenía en Manexka a sus cinco hijos nos contó, off the record, que en las pasadas elecciones a Congreso el coordinador de Manexka en su pueblo le pidió votos para Yamina Pestana. A cambio, detalla la fuente, le dieron unas láminas de Eternit. 

En el grupo de Pestana no nos negaron que sus empleados e incluso sus usuarios puedan moverse en época electoral con ellos, lo que sí nos negaron fue que eso pasara bajo alguna presión. “Si ellos lo hacen debe ser por un tema más de gratitud con nosotros”, le dijo a La Silla Caribe la Senadora Yamina Pestana.

Como hasta antes de su liquidación Manexka fue vista como la explicación a la fuerza económica y política del grupo que lidera Pedro Pestana, en su movimiento aseguran que detrás de la movida de la Supersalud para liquidarlos estuvieron fuerzas políticas de Córdoba opuestas que tienen en los Pestana una fuerte competencia.

De hecho, el saliente gerente general, el administrador de empresa Saúl Lucas, quien es del corazón del pestanismo, dijo en medios locales que detrás de la liquidación estaban los liberales Arleth Casado y Fabio Amín.

En la Superintendencia de Salud nos negaron que alguno de estos políticos haya estado moviéndose allá para este tema y nos aseguraron que la intervención tiene que ver es con irregularidades que ya están en manos de la Fiscalía y que ya tienen a varios ex altos funcionarios de la EPS indígena detenidos.

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Aparecen en esta imagen Sandra Pestana, Yamina Pestana, el excandidato a la Gobernación de Córdoba Carlos Gómez, la acaldesa de Tuchín Noris Hernández y el parapolítico Pedro Pestana Rojas, durante la celebración por la victoria de Hernández.

Las perlas de Manexka

Uno de los principales argumentos de la Superintendencia de Salud para haber decretado la liquidación de la EPS Indígena Manexka tiene que ver con que no cumplían con el porcentaje de población indígena que establece la norma.

Resulta que para que una EPS sea indígena (condición que le otorga beneficios), además de estar ubicada en zonas con alta presencia de esa población del total de sus afiliados el 60 por ciento debe ser indígena.

Manexka estaba incumpliendo esa regla básica porque, según la revisión que hizo el Ministerio del Interior, de su censo de afiliados sólo el 18 por ciento es indígena y el porcentaje restante, aunque es población pobre, no es de esa minoría.

La liquidación estuvo antecedida de varios momentos clave.

El primer momento ocurrió en agosto del año pasado cuando la Supersalud ordenó una vigilancia especial a la EPS indígena, lo que representó una revisión exhaustiva de documentos y movimientos de la entidad.

En noviembre, al tiempo que seguían las pesquisas por parte de la Superintendencia, la Dijin capturó a seis altos funcionarios de la entidad. Ellos están detenidos porque las autoridades consideran que tuvieron que ver con el llamado ‘cartel de cirugías’, procedimientos que la EPS pagaba a privados con la plata del Estado sin que hubieran sido realizados.

Luego, en diciembre, la vigilancia especial arrojó un rosario de irregularidades que hicieron más sólido el argumento de la liquidación:

Encontraron que, por ejemplo, la EPS Indígena había reportado en sus cuentas ingresos que nunca existieron, por el orden de 13 mil millones de pesos. Esa trampa, según explicaron en la Supersalud, los ayudó a mantenerse como prestadores del servicio sin tener la capacidad financiera para hacerlo.

Además de eso, emitieron autorizaciones de servicios en salud para unas 513 personas ya fallecidas, por las que recibieron del Gobierno 733 millones de pesos.

Y por si fuera poco, no estaban cumpliendo con los indicadores mínimos de atención.

Ahora los 210 afiliados de la liquidada Manexka fueron distribuidos en Mutual Ser, Confamiliar Sucre, Cajacopi, Coosalud y Nueva EPS.

Lo que sige es la venta de los activos de la EPS que básicamente están conformados por un edificio construido en San Andrés de Sotavento y que era su sede principal.Con el dinero de la venta se pagará a los acreedores.

Los más de 1500 empleados que tenía la empresa serán indemnizados, como ocurre cuando el Estado interviene entidades como Manexka.

Mientras todo eso pasa hay expectativa en el Córdoba político porque sin ese imperio jugando de su lado los Pestana podrían empezar a flaquear su poder de cara a las elecciones de Congreso de 2018.

Hasta ahora parece que no está del todo claro si Yamina será la carta con la que “el Indio” Pestana se la siga jugando para el Senado. Ella nos dijo que sí repite, pero tres líderes de su grupo (dos de Córdoba y uno de Sucre) que hablaron por separado con La Silla Caribe nos aseguraron que todavía no les han dado las coordenadas de cara a las parlamentarias, algo que llama la atención porque ya hay otros movimientos haciedo campañas por los laditos.

Las legislativas de marzo de 2018 serán clave para saber si el golpe al núcleo del poder del clan Pestana fue certero y lo debilita o si para este parapolítico prófugo sigue brillando la buena estrella que le alumbró con Manexka en sus manos.

Con la llegada de Trump al poder y el triunfo del Brexit, la palabra posverdad se puso de moda.

Con el triunfo del No en el plebiscito y la carrera al 2018, la idea de que la gente ahora le cree más a sus emociones que a los hechos se volvió tema en los debates políticos del país.

En esta edición del podcast de La Silla Llena hablamos con Juanita Léon, la directora de La Silla Vacía, sobre el sentido de este debate en la realidad del país.

Nota: Este programa lo grabamos en vivo, desde la Feria del Libro en la Carpa de la Revista Arcadia en los estudios que Akörde FD adecuó para este evento. Este y el resto de programas los pueden bajar de iTunes, Stitcher y Akörde FD.

Durante la aprobación vía fast-track del acto legislativo que crea la Jurisdicción Especial de Paz -JEP- uno de los puntos que más polémica generó fue el de la responsabilidad de los no-armados que cometieron crímenes en el conflicto. Dadas las últimas modificaciones que sufrió, y la experiencia internacional sobre el tema, es posible anticipar que serán muy pocas las empresas y los empresarios que terminarán siendo juzgados por la justicia transicional.

La complicidad corporativa

Aunque los periodistas normalmente hemos cubierto la guerra como una confrontación entre grupos armados, el conflicto también ha tenido toda una variable económica que más temprano que tarde saldrá a relucir en la Comisión de la Verdad y también en la JEP.

Así como muchos empresarios en Colombia han sido víctimas de las guerrillas y extorsionados tanto por ellas como por los paramilitares, muchos otros financiaron la expansión de grupos paramilitares, se aliaron con ellos para despojar tierras valiosas para sus proyectos productivos y fueron cómplices de muchas violaciones de derechos humanos.

En un estudio reciente, la Universidad de Oxford (2016) identificó 26 procesos judiciales en Justicia y Paz iniciados en contra de empresarios en el país por su complicidad con la violencia de los grupos paramilitares. Entre estos están los casos de Urapalma en el Urabá, del Fondo Ganadero de Córdoba y de Chiquita Brands en el Urabá.

En los procesos de Justicia y Paz al que acudieron los paramilitares que se desmovilizaron, más de 450 empresarios o empresas fueron mencionados casi 600 veces como colaboradores y financiadores de grupos paramilitares, en especial los pertenecientes a las AUC.

En el funcionamiento de los grupos paramilitares estuvieron involucrados todo tipo de sectores económicos, desde aquellos que se dedicaban al comercio a pequeña escala como grandes hacendados ganaderos, pasando por multinacionales bananeras y gremios empresariales.

La mayoría de los casos ocurrieron en Antioquia, la costa Caribe, Norte de Santander y el Valle del Cauca. Y los municipios más mencionados son Buenaventura (relación de comerciantes del puerto con el Bloque Calima), Puerto Boyacá, Tame y Turbo.

Evidencia de lo que se ha llamado ‘complicidad corporativa’ en la guerra colombiana es lo que hay.  Sin embargo, con las modificaciones que ha sufrido el tema de la responsabilidad de los terceros no armados desde que se negoció inicialmente el Acuerdo con las Farc hasta hoy es muy probable que solo una fracción de estos empresarios terminen condenados por la JEP.

La evolución legal

Inicialmente, irían a la JEP los colaboradores o financiadores que habían tenido “una participación determinante o habitual” en la comisión de crímenes de competencia de la JEP.

Después de la renegociación con los del No, se modificó que ya no fuera solo para los que colaboraron con los paramilitares sino con cualquier actor del conflicto y se introdujo la posibilidad de una presentación voluntaria ante la JEP. Pero lo clave es que se elevó el estándar para ser llamados a esta justicia, al introducir que se requería “una participación activa y determinante”.

Luego, durante la discusión de la reforma constitucional que aterrizó la JEP, por iniciativa de Cambio Radical, le metió un ajuste que restringe aún más la posibilidad de que un empresario sea juzgado por la JEP.

Dice que la participación determinante es aquella que hubiera sido “eficaz y decisiva en la realización de los delitos”. Y, además, que los informes que hagan llegar las organizaciones de víctimas o de derechos humanos deben ser contrastados con otros medios (como las investigaciones de la Fiscalía.)

Según un estudio hecho por Dejusticia a las compulsas hechas por jueces de Justicia y Paz contra empresarios o empresas, menos del 4 por ciento de los casos en donde aparecen mencionados los empresarios lo hacen como determinadores. Y solo en menos del 5 por ciento como autores. El resto aparecen (94,41%) como cómplices, lo que ya los sacaría de la JEP.

De las 533 menciones de empresarios o empresas registradas, en un 81 por ciento no fue posible relacionar el financiamiento o colaboración con el actor armado con la comisión de una grave violación de los derechos humanos.

Solo hay 85 menciones en estas compulsas en las que la colaboración del empresario o empresa iba dirigido a la comisión de una grave violación a los derechos humanos. Es decir que solo en esos casos habría cómo probar que su participación fue “decisiva” en la realización del delito.

Esa reforma constitucional ahora será estudiada por la Corte Constitucional y luego desarrollada en una ley estatutaria. Los sindicatos y organizaciones de víctimas tienen sus ojos puestos en estas dos instancias para tratar de influir para garantizar que los empresarios sean obligados a contar sobre su participación en el conflicto y a pagar una pena por eso.

Pero si la experiencia internacional es un indicador para eso, el camino para lograrlo no será fácil. Así lo indica el estudio comparado “La paz, responsabilidad de todos”, publicado hace unos días por la ONG holandesa Pax sobre la responsabilidad corporativa en la justicia transicional.

Este muestra que si bien las comisiones de la verdad de los procesos de justicia transicional han arrojado bastante información sobre la complicidad de las empresas en la guerra, solo en unos pocos casos han sido juzgados, y en aún menos han sido obligados a reparar a las víctimas.

Hay varias razones para esto, pero la principal es que los gobiernos requieren del apoyo del sector privado para lograr la reconciliación después de un proceso de paz y temen poner ese respaldo en juego llevandolos a la justicia transicional. Los empresarios son claves para que el posconflicto sea un éxito o un fracaso no solo porque en gran parte lo financian vía impuestos sino por su influencia política, mediática y como generadores de posibilidades de empleo para los desmovilizados y de revitalizar las zonas golpeadas por la guerra.  

Sin el respaldo del Gobierno, las víctimas difícilmente pueden enfrentarse a los recursos y poder del empresariado. En Colombia la situación será aún más difícil porque en no pocas ocasiones los empresarios que fueron cómplices de los victimarios fueron a la vez víctimas.

“Este es el amor amor, el amor que me divierte, cuando estoy en la parranda no me acuerdo de la muerte”, dice el himno parrandero. Así no se acuerden de la muerte, lo que sí no olvidan muchos de los poderosos que parrandean en el Festival de la Leyenda Vallenata, que terminó este fin de semana, son las movidas y relaciones que históricamente se han cocinado o destapado a ritmo de acordeón. Este año preelectoral, en el que la atención empieza a centrarse en quién estará con quién para las legislativas y las presidenciales de 2018, no fue la excepción.

El jueves de inauguración, en el llamado parque de la Leyenda, en el que se realizan los costosos conciertos con artistas internacionales y algunos concursos, fue unánime el aplauso al espectáculo musical que celebró el comienzo de la fiesta determinante para que el vallenato hoy sea uno de los símbolos más queridos y universales del país.

El comentario político corrió por cuenta de la ausencia ese día del mandatario Juan Manuel Santos, quien no asistió pese a que aparecía en la programación oficial.

Dicen que algunos le tenían preparada una rechifla. Una parecida al abucheo del año pasado, cuando tampoco asistió, pero sí envió un saludo en video para cumplir con la costumbre presidencial de no fallar al primer día del Festival. Esta vez ni video.

Pero si alguien se quedó con ganas de chiflar a un personaje nacional, seguramente pudo desquitarse al día siguiente en la tradicional plaza Alfonso López, en donde se llevan a cabo presentaciones gratuitas, que básicamente son las rondas de los concursos de acordeón y canción inédita.

Aunque en ocasiones algunos creen que la nuez del Festival Vallenato son los conciertos internacionales, es ahí en esa plaza en donde está el corazón y la razón de ser del evento que dura cuatro días todos los abriles.

El viernes la gente estaba precisamente esperando que arrancaran los concursos. Las cientos de personas, entre asistentes y vendedores de trago, comida y chucherías, que colmaban no sólo el área de la explanada sino el cuadrado que forman las calles a su alrededor, a las 10 de la mañana padecían como si estuvieran dentro de un horno prendido.

La cosa, sin embargo, no arrancaba y el sol tenía encendido el desespero. Es muy posible que ese estado de sofoco infinito haya sido definitivo para lo que pasó: el atraso en la presentación de los concursantes a rey de reyes del vallenato se debía a que el ministro de TIC David Luna iba a inaugurar unas zonas de internet gratis allí. Cuando apareció lo abuchearon a él y al expresidente Ernesto Samper que también subió a la tarima Francisco el Hombre.

“¡La plaza se respeta, esto ahora es de los músicos!”, gritó un señor. “¡8.000, 8.000!”, corearon otros, como lo registró en video el columnista Jacobo Solano.

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Samper al momento de la rechifla. Foto: tomada del twitter de costanoticias.com

Al final, la inauguración de Luna no duró mucho y el tema no pasó a mayores.

En la tarde de ese día arrancaron las parrandas privadas, el centro de las movidas de los poderosos nacionales y locales.

Desde 1967, cuando nació, el Festival Vallenato ha festejado a los viejos juglares y su canto poético, y se ha convertido en un soporte de la economía formal e informal que mueve unos 40 mil millones de pesos anuales. Pero, al tiempo, ha servido para que fuerzas locales hayan creado y sigan creando lazos clave con las élites de Bogotá.

Ese matrimonio se forjó justamente en las parrandas y se explica en que fue precisamente un hijo de esa élite cachaca quien impulsó la creación del evento: el expresidente Alfonso López Michelsen, homenajeado en esta versión 50 junto a los otros dos fundadores, el maestro Rafael Escalona y la asesinada exministra Consuelo Araújo Noguera ‘La Cacica’.      

La parranda es un ritual de gozo arrebatado y compañerismo que congrega. Repetirlo cada año con personas que tienen poder de decisión a nivel central ha sido fundamental para levantar el departamento del Cesar, que tiene exactamente la misma edad del Festival. Y para impulsar nombres de procuradores, contralores, ministros, magistrados y congresistas vallenatos, como ya lo hemos contado en La Silla Caribe.

El alcalde de Valledupar Tuto Uhía, quien además ha sido cantante, lo explica así en la lógica de su función como mandatario: “La verdadera parranda es la que se dialoga, por eso es la oportunidad de los acercamientos institucionales. Ahí no se cierra la gestión, pero se afianza la amistad. Mañana, cuando te pones la corbata y vas a Bogotá a tocar la puerta, allá ya saben quién eres”.

“Lo que pasa es que aquí los ministros, los embajadores, los altos funcionarios, toda la cachaquera (como le dicen los vallenatos a la ola de interioranos que se toma su ciudad en el festejo), se vuelven locos”, agrega por su lado un congresista, “uno los consiente y después ellos lo consienten a uno”.

Ya no se hacen en viejas casonas con los músicos bajo el palo de mango, sino más bien en clubes o casas de campo exclusivas, invitadas por políticos o por grandes marcas como Old Parr, y con artistas en tarimas.

Una de las primeras en esta ocasión la ofreció el portal kienyke. Fue en una casa de campo, a eso de las 4 de la tarde, y estuvo combinada con un conversatorio en homenaje al acordeón.

Entre los panelistas estuvieron el Alcalde Uhía, el gobernador Franco Ovalle, el cantante Peter Manjarrés, el compositor y gestor cultural Beto Murgas y el gobernador de Antioquia Luis Pérez, quien en cuestión de semanas pasó de condecorar en su tierra al reguetonero Maluma a hablar de La Gota Fría en Valledupar.

Por la noche, cuando ya sonaba la música y se repartían el whiskey, las cervezas y los pasabocas, llegó al lugar la excanciller y actual secretaria de Integración Social de Bogotá, María Consuelo Araújo Castro. Vallenata. La acompañaban su esposo y una de sus hermanas.

Una persona en una mesa cercana comentó al ratico que probablemente el otrora poderoso grupo político que tuvo la familia de la exministra va a intentar jugar en las elecciones de 2018 vía las movidas de dos de sus hermanos. Pero que, a pesar de eso, los Araújo Castro “no gastan, pues este año no tienen parranda”.

Araújo Castro, ¿sin parranda pero con reencauche?

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María Consuelo Araújo, en la parranda de Kienyke.

Varias de las parrandas privadas más famosas y recordadas en la historia del Festival Vallenato se realizaron en casa de los Araújo Castro, cuyo patriarca es el exministro Álvaro Araújo Noguera, hermano de La Cacica. En el pasado tuvieron mucho poder y fueron dueños de las mejores relaciones con la dirigencia del país, especialmente durante los gobiernos de Álvaro Uribe.

La sombra de la parapolítica los hizo entrar en decadencia. Sucedió luego de que el excongresista Álvaro Araújo Castro, hijo de Araújo Noguera y hermano de María Consuelo, fuera condenado por hacer alianzas con los paramilitares. (También por la condena que recibió por los mismos motivos el exgobernador Hernando Molina Araújo, hijo de La Cacica).

El comentado reencauche, como contaron dos fuentes de primera mano en un escenario distinto a la fiesta de kienyke, tiene que ver justamente con el excongresista Álvaro Araújo Castro.

Resulta que en una medida cautelar, el Consejo de Estado le devolvió la personería jurídica del partido llamado Alas que ese político fundó a fines de los 90 y que se hizo nacionalmente famoso porque varios de sus militantes resultaron condenados por parapolítica.

“Alvarito” o “Varo”, como le llaman algunos de sus conocidos, se está moviendo para apostar en las legislativas del año entrante con una lista a la Cámara por esa colectividad.

Las dos fuentes cercanas a él aseguran por aparte que se lo escucharon decir: Araújo Castro ha viajado ya a varias ciudades para hablar con posibles aliados sobre eventuales candidaturas por Alas.

De hecho, en el Cesar le ofreció un cupo a la Cámara al excandidato a la Alcaldía por Cambio Radical Jaime González, quien es pariente suyo. González no aceptó porque quiere volver a aspirar al primer cargo de Valledupar y hoy está más cerca al grupo del exmandatario Fredys Socarrás.

Aunque ya él no pueda aspirar debido a su condena, dicen que seguramente a Alvarito le servirá para su imagen en estos meses el lanzamiento de la serie ‘La Cacica’, que Caracol Televisión grabó sobre la vida de la fundadora del Festival Vallenato.

Allí, el excongresista, que de hecho comenzó su vida pública como actor, hace el papel de su padre Álvaro Araújo Noguera. El programa iba a salir este semestre, pero fue aplazado para el siguiente.

A su movida se suma la aspiración que suena a Senado de su hermano mayor Sergio Araújo Castro, una de las figuras importantes del uribista Centro Democrático.

La candidatura de Sergio, que en 2015 aspiró por el uribismo a la Alcaldía del Valle, no es un hecho. Pero se está cocinando y por ahora depende de si Uribe decide presentar lista abierta o cerrada. El excandidato preferiría lo segundo o lo primero únicamente en caso de que en su colectividad le aseguren un buen puesto.

Parranda pintada de rojo

El sábado fue el día de las parrandas.

Una de las más sencillas fue la del exalcalde de Valledupar por firmas Fredys Socarrás. Él, que en su Gobierno creó la escuela vallenata de paz (para la cual contrató a la polémica Natalia Springer), ofreció un festejo en honor al ministro del Interior Juan Fernando Cristo. En las invitaciones recordó que este fue el primer Festival Vallenato en tiempos de paz con las Farc.

Además de Cristo, entre otros, asistieron el senador liberal del Huila Rodrigo Villalba, el excandidato liberal a la Gobernación del Cesar Arturo Calderón y el exaspirante a la Alcaldía de Valledupar por Cambio Radical, Jaime González.

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El exalcalde Socarrás y el Ministro Cristo, que no se pierde Festival Vallenato.

Fue un almuerzo sencillo en una casa de campo, pasado con whiskey, y amenizado por Emilianito Zuleta (uno de los mejores acordeoneros de la música vallenata) y por el grupo llamado Los Juglares Vallenatos, que está conformado por viejas glorias como el rey vallenato Chema Ramos y que también fue creado por la Alcaldía durante la Administración de Socarrás para apoyar a los juglares.

El trasfondo de este festejo es el acercamiento del grupo de Socarrás al Partido Liberal, que quedó diezmado y sin mayor representación en el Cesar desde la captura en 2014 del excongresista rojo Pedro Muvdi (investigado por sus presuntas relaciones con los paramilitares).

El exmandatario -que se eligió con casi 50 mil votos y en las pasadas regionales jugó por el vargasllerismo en apoyo a Jaime González- y varios de sus hoy aliados están pensando respaldar la eventual precandidatura presidencial del liberal Cristo. Y, más allá, de quedarse con la carta que definan los rojos para la Presidencia en 2018.

La parranda fue una manera de declarar esa intención. Hasta 2015, cuando las locales, esos votos se veían más cerca de la candidatura de Germán Vargas Lleras.

Pero aún perdiendo a Socarrás y sin necesidad de pasar por el Festival, podría decirse que Vargas fue uno de los reyes del evento, pues durante el mismo quedó ratificado el súper poder que ostentan sus principales aliados cesarenses.

Sucedió en la que llaman “la mamá de las parrandas”.

(Por el Festival este año pasó hasta el precandidato del Polo Jorge Enrique Robledo, que el jueves se reunió con unos líderes indígenas para hablar de la Sierra Nevada y luego ofreció un almuerzo a los periodistas. “Soy un cachaco que disfruta la Costa y el Festival”, dijo).  

El poder Gnecco ratificado en La María

En Valledupar dicen algunos que la mamá de las parrandas en época de Festival es la que ofrecen desde hace 10 años los Gnecco, en cabeza de la matrona Cielo Gnecco Cerchar, en su casa de campo llamada ‘La María’.

El festejo es una suerte de mito para muchos vallenatos que nunca han podido entrar a la rumba en la que además de que nunca falta el whiskey, la comida y las atenciones, se presentan en una seguidilla de conciertos los mejores grupos vallenatos bajo una gran carpa con aire acondicionado.

Los invitados exclusivos siempre evidencian las grandes relaciones que tiene con la dirigencia nacional y local la casa política más poderosa del Cesar. (Tienen la Gobernación, al único senador, alianza con las cuatro cámaras e influencia en casi todas las 25 alcaldías, incluyendo la de Valledupar).

Un clan proveniente del sur de La Guajira que, por un lado, es señalado por tener de pariente al condenado exgobernador guajiro Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez y por haber tenido como cabeza a un hombre referenciado como protagonista en la génesis del paramilitarismo en el Cesar. Y, por el otro, es buscado por los dirigentes de Bogotá que quieren sus votos y su gran poder económico.

Como lo hemos detallado en La Silla Caribe, los Gnecco fueron clave en la reelección del presidente Juan Manuel Santos. Se echaron al hombro la búsqueda de los apoyos del Cesar para el santismo en segunda vuelta. En varias historias que hemos publicado, numerosas fuentes han asegurado que ese grupo asumió los gastos del departamento para esas elecciones y no pidieron recursos a la campaña en Bogotá.

A su fiesta (a la que asistí con invitación formal) estuvieron altos funcionarios del Estado y políticos importantes.

El procurador general Fernando Carrillo, el registrador nacional Juan Carlos Galindo, el presidente del Consejo Nacional Electoral CNE Álex Vega, el presidente del Congreso Mauricio Lizcano, congresistas como el liberal Lidio García y el uribista Jaime Amín, la mayoría de los 12 gobernadores que fueron al Festival, exgobernadores, posibles candidatos…

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El registrador nacional Juan Carlos Galindo, uno de los invitados a la parranda de los Gnecco.

Todo un collage de poderosos y súper poderosos que pocas casas políticas son capaces de congregar en un solo espacio. Mucho más teniendo en cuenta que algunos de esos personajes, como por ejemplo el Procurador o el Presidente del CNE, pueden eventualmente llegar a tener en sus manos averiguaciones que tengan que ver con ellos.

Probablemente, el jolgorio y la algarabía por las presentaciones de Poncho Zuleta, el ‘Churo’ Diaz, Silvestre Dangond, los músicos del fallecido Martín Elías, Jorge Celedón, no dieron tiempo ni espacio para definir movidas políticas. De hecho, en esta ocasión ni siquiera hubo saludos a políticos en micrófono, como otras veces los ha habido.

Pero el solo hecho de la mega parranda ya es una gran movida política.

Los Gnecco, según se comenta en el Cesar político, intentarán el año entrante ganar otro senador, Pero no por La U, en donde tienen ya al congresista José Alfredo Gnecco. Por Cambio Radical, con el que sellaron una alianza desde 2015.

Ese año, el vargasllerismo y los Gnecco se unieron para hacer gobernador a Franco Ovalle, que es uno de los mejores amigos de Vargas y a la vez recibió el respaldo de ese clan.

La movida, según un político de Cambio Radical en el Cesar, incluye que en estas legislativas la casa Gnecco respalde a un senador cesarense con sello vargasllerista, que por ahora sería el exalcalde de La Jagua Didier Lobo. Y a Vargas a la Presidencia.

Pero el sábado de parranda en La María con seguridad no hubo momento ni silencio para hablar de eso. La rumba vallenata que arrancó después de mediodía seguía prendida pasada la medianoche.

(Encuentre en esta galería de fotos las sociales de los poderosos en el Festival Vallenato. Haga clic en los puntos para verlas).

Esta tarde la Plenaria del Senado escucha a los seis candidatos ternados por el presidente Juan Manuel Santos para dos plazas de la Corte Constitucional. En la primera terna están candidatizados los abogados María Margarita Zuleta, Néstor Osuna y Carlos Bernal. Entre ellos saldrá el reemplazo de María Victoria Calle.

En la segunda terna, para reemplazar al destituido Jorge Pretelt, están las abogadas Natalia Ángel, Cristina Pardo e Isabel Cristina Jaramillo.

Los partidos políticos definirán sus candidatos luego de esta audiencia para mañana elegir a los nuevos magistrados.

Tweets por el @lasillaenvivo.

La conciliación del proyecto de ley que crea el partido político de las Farc y les da 10 curules (5 en Senado y 5 en Cámara) incluyó todo el texto aprobado en Senado, que trae la polémica proposición impulsada por el senador Carlos Galán para que cuando un guerrillero que haya dejado las armas quiera inscribir su nombre como candidato al Congreso por ese partido deba “expresar formalmente su voluntad de acogerse a los mecanismos” de la Justicia Transicional.

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Esta propuesta la que avaló el Gobierno en el Senado, con firma del Ministro del Interior, y que produjo un debate porque supuestamente Iván Márquezmedió a la distancia para que no fuera incluida en el texto final, algo que el senador de Cambio Radical negó después.

Ahora, Galán logró que la propuesta fuera incluida, mientras que en el debate de la reforma constitucional que crea la Justicia Especial para la Paz fracasó cuando propuso que los guerrilleros hayan cumplido su condena si querían lanzarse a la política

Pero la dicha no es completa porque el Gobierno moduló su propuesta antes de avalarla; en principio el Senador quería que la inscripción de los candidatos quedara “sujeta a su cumplimiento de los deberes de verdad plena, reparación a las víctimas y garantías a la no repetición”, algo que avalaron varios senadores.

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Al final no quedó el requisito que quería Galán, de que estuvieran cumpliendo esos deberes, sino el más laxo del Gobierno, que solo los obliga a comprometerse a hacerlo.

Mañana las plenarias de Senado y Cámara deben aprobar ese texto conciliado, algo que usualmente es un formalismo, para que el presidente Juan Manuel Santos firme la ley.